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Nombre de Luis Abinader en paraísos fiscales crea confusión y escepticismo en sociedad dominicana.

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El supuesto o verdadero propósito de Abinader ha sido puntualizado por un espacio pagado de la Presidencia de la República en el que se hace énfasis en el interés del mandatario de que cada día sean más fuertes los esfuerzos en favor de la transparencia, la democracia y la lucha en contra de la impunidad y la corrupción.

El presidente Abinader ha dicho que siempre ha predicado con el ejemplo, como nadie antes, sin esconder propiedades y sostiene que todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales, siempre de acuerdo con las leyes nacionales.

El Consorcio Internacional de Periodistas ha realizado unas investigaciones que no dejan dudas de la forma de manejarse de todo el que busca estos paraísos fiscales para evadir impuestos o para lavar activos provenientes del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilegal.

Presidente Luis Abinader

Lo que el presidente Abinader tiene en su contra en el presente caso, que ocupa las primeras planas de todos los diarios del mundo, en cuya revelación hay otros mandatarios como Sebastián Piñeira de Chile y Guillermo Lazo de Ecuador, entre otros funcionarios y artistas de todas partes del mundo, es que esta información sale a la superficie en un momento muy difícil para su gobierno y para mucha de su gente por estar involucrada en actividades del bajo mundo.

Son más de cinco los diputados del PRM oficialmente involucrados en por lo menos la última red de narcotráfico desmantelada por el Ministerio Público, ya que con la misma también tiene que ver la familia de la diputada del PRM en La Vega y el otro legislador preso en los Estados Unidos.

Diputado Miguel Gutiérrez

Es un asunto sumamente grave, sobre todo cuando circula una información muy comprometedora de que el diputado Miguel Gutiérrez, preso en Miami, ha hecho delaciones premiadas de que a través de su esposa, Rosa Jiménez, , entregó al presidente Luis Abinader, a los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Educación, Roberto Fulcar, más de 158 millones de dólares durante la pasada campaña electoral.

De acuerdo a lo que ha trascendido al respecto, los tres son investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de cuyo expediente no tiene ninguna constancia este periódico, pero este no es el primer medio que habla del asunto. La República ha recibido extraoficialmente información sobre lo que ocurre con el presidente y su partido, el PRM, pero reitera que no tiene ninguna prueba sobre el particular y el Gobierno norteamericano nunca confirma ni niega este tipo de información.

En lo que se refiere a la declaración de bienes del presidente Abinader es importante que el capital que él dice tener conjuntamente con su esposa que sea transparentado mediante la presentación de la determinación de herederos de ambos, a fin de  no dejar ninguna duda  a una sociedad que ya no soporta la doble moral de sus políticos y la práctica de alterar riquezas con propósitos diversos.

Diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Féliz Féliz

En el año 2016 el presidente Luis Abinader en una entrevista concedida al periodista Jorge Ramos de Univisión declaró que tenía una fortuna familiar que alcanzaba el millón doscientos mil dólares, pero luego de su llegada al poder en el 2020 habla de una riqueza entre él y su esposa que alcanza la suma de 4,396 millones de pesos.

Seria de un gran interés para el pueblo dominicano saber cómo se llegó a esa cantidad de dinero, porque para que así fuera debieron tasarse los bienes dejados por su padre e incluso podría tener un gran valor informar si los hermanos recibieron la misma cantidad como herederos que son e igual requerimiento debía hacérsela a la esposa del jefe de Estado.

Frente a lo ocurrido con los paraísos fiscales con Abinader seria saludable que todo pueda quedar lo suficientemente transparentado, ya que este medio de comunicación encuentra que hay detalles que no cuadran en lo que respecta al patrimonio de la familia presidencial.

Diputada Rosa Amalia Pilarte López

La Presidencia de la República publicó un espacio pagado donde indica que el mandatario Luis Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones “y activos locales que cumplen sus obligaciones tributarias en el país”.

El documento señala que es de interés del mandatario que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.

“… predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales”, indica la publicación.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

COMUNICADO

El Gobierno Dominicano entiende que la rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos es una obligación ineludible para todos los servidores públicos. En este sentido, consideramos oportuno dar una respuesta oficial a las informaciones liberadas por el Consorcio Internacional de Periodistas que incluye compañías que son parte del patrimonio personal y familiar del presidente de la República Dominicana.

El compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia es una constante en su carrera política. En el año 2020, cuando se convierte en Presidente de la República, cumplió con el mandato establecido en la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que obliga a todos los funcionarios que manejen fondos públicos a transparentar su realidad patrimonial.

En su Declaración Jurada de Patrimonio el presidente Abinader presentó toda la arquitectura legal con la que maneja los activos del patrimonio acumulado por el esfuerzo empresarial propio y de toda su familia. Como parte de estos activos fueron declaradas diversas compañías extranjeras (offshore), como pocos presidentes en el mundo. La razón fundamental de utilizar este tipo de compañías se debe a que hasta finales del año 2008, la República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derecho societario. Producto de esa realidad, adquirir activos e incluso realizar negocios locales o internacionales utilizando compañías dominicanas presentaba obstáculos importantes.

La facilidad en el proceso de incorporación, la flexibilidad en su gobernanza y el hecho de que el sistema jurídico local permitiera utilizar este tipo de sociedades volvió una práctica común utilizar entidades legales incorporadas en el extranjero para manejar inversiones y activos. El presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias en el país.

Los diarios internacionales que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas reconocen la transparencia del presidente Abinader, porque al juramentarse en el cargo incluyó en el patrimonio declarado a las dos compañías señaladas en los documentos publicados. En las compañías panameñas citadas -Padreso S.A. y Litlecot Inc.- Abinader comparte la propiedad con sus hermanos.

Como parte de un proceso de reestructuración patrimonial para lograr la desvinculación total de la gestión de los bienes familiares, al momento de ejercer el cargo que actualmente ocupa, el presidente

Abinader, junto a los miembros de su familia, decidió constituir un fideicomiso de administración en República Dominicana para manejar todo su patrimonio y el de su familia.

Es importante destacar que desde el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero.

Es interés del presidente Abinader que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia, la lucha contra la impunidad y la corrupción, predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales.

Santo Domingo, 03 de octubre de 2021

Por considerarlo de un gran interés reproducimos el reportaje de El País sobre las cuentas offshore en las que está involucrado el presidente Luis Abinader.

Los más poderosos de América Latina y sus vinculaciones con negocios ‘offshore’ en los ‘Papeles de Pandora’

La investigación internacional liderada por el ICIJ destapa las sociedades opacas que políticos y empresarios de todo el continente han abierto con 14 despachos de abogados

Al menos 92 políticos o altos funcionarios de América Latina crearon sociedades opacas con la ayuda de los 14 despachos de abogados de Los Papeles de Pandora: 11,9 millones de documentos confidenciales que se hacen públicos por primera vez gracias a una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

¿Qué son los ‘Papeles de Pandora’? Diez claves para entender la investigación

Son los documentos que acreditan los negocios, las estructuras, la compraventa de acciones y de casas de quienes han decidido durante décadas las políticas de América Latina, la región más desigual del mundo. Algunos de ellos siguen en el cargo o mantienen posiciones muy cercanas al poder. Otros han pasado a la actividad privada. En este gráfico, EL PAÍS recopila los más relevantes de entre aquellos que los medios del Consorcio hacen públicos este domingo. En los próximos días y semanas se añadirán otros nombres.

Las llamadas sociedades offshore, radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, son legales siempre que el propietario las declare allí donde resida. Pero a menudo se crean en alguna jurisdicción opaca en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos. La OCDE calcula que el equivalente al 27% de la riqueza financiera de la región está desviada en sociedades offshore, lo que supone 19.000 millones de euros, unos 22.000 millones de dólares, en impuestos perdidos cada año.

Más de 600 periodistas de 117 países han analizado durante dos años los 11,9 millones de documentos. Páginas independientes, grandes periódicos, reporteros freelance y televisiones han tenido acceso a los mismos escritos que destapan negocios hasta ahora desconocidos en su mayoría. Los medios que se enlazan debajo de cada mandatario o empresario son los que, desde el comienzo, han llevado la investigación en su país.

Sebastián Piñera
Presidente

CHILE — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Los negocios offshore de Sebastián Piñera involucran varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Una de esas compañías se usó para la compraventa de una minera en Chile con un empresario. Otras dos entidades registradas en las Islas Vírgenes Británicas entre 1997 y 2000 recibieron fondos de los negocios del mandatario. Uno de sus hijos fue director de una de las compañías, antes de que se cerraran en 2018. “Hoy ni Piñera ni su familia poseen o controlan vehículos de inversión en el extranjero”, ha defendido un portavoz.

Investigación en CIPER y La Bot

Luis Abinader
Presidente

REPÚBLICA DOMINICANA — PANAMÁ — REP. DOMINICANA

Los documentos revelan que el presidente es beneficiario junto a sus hermanos de dos sociedades en Panamá, ambas creadas antes de asumir el cargo, que se usaban para gestionar activos en República Dominicana. Las acciones de estas sociedades estuvieron asignadas hasta 2018 “al portador”, una fórmula utilizada para ocultar los beneficiarios de las compañías. Al convertirse en presidente en 2020, declaró tener nueve sociedades offshore. Abinader asegura haber utilizado esas compañías para gestionar activos vinculados a la familia. Fueron creadas por unos asesores, quienes las mantuvieron al portador hasta que se asignaron a un cliente concreto.

 Investigación en El Informe con Alicia Ortega

Guillermo Lasso Mendoza
Presidente

ECUADOR — PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES

Los Papeles de Pandora revelan que Lasso ha estado vinculado a 14 sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos y Canadá. Al menos una decena de ellas quedaron inactivas antes de que el mandatario se convirtiera en candidato en las elecciones presidenciales de 2017. “Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore”, ha defendido Lasso.

Investigación en El Universo

Laurent Salvador Lamothe
Primer Ministro (2012-2014)

HAITÍ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Lamothe se había desvinculado de sus compañías antes de entrar en el Gobierno. Pero los Papeles de Pandora revelan que siguió siendo accionista en algunas sociedades durante su mandato, como tres en las Islas Vírgenes Británicas que Trident Trust creó entre 2002 y 2008. Lamothe declinó responder las preguntas por tratarse de “asuntos privados” y aseguró que no usó su cargo para “promover ningún interés comercial”.

 Investigación en ICIJ

Porfirio Lobo Sosa
Expresidente del Gobierno (2010-2014)

HONDURAS — PANAMÁ

Los archivos internos de Alcogal revelan que Lobo creó tres compañías en Panamá, dos de ellas mientras era presidente. Los documentos también apuntan a una conexión con otras dos sociedades panameñas con su hijo y una con su esposa. Lobo argumentó que las abrió para gestionar un préstamo en Panamá, por seguridad y por las tasas de interés preferenciales.

 Investigación en Contra Corriente

Horacio Cartes
Expresidente (2013-2018)

PARAGUAY — PANAMÁ — MIAMI

Los documentos revelan que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de un millón de dólares. A través de una de las compañías, con sede en Panamá, tenía una cuenta en un banco de su país y un apartamento en Miami. Un apoderado legal de Cartes ha admitido el vínculo con una sociedad y ha asegurado que reportaron la actividad ante las autoridades fiscales.

Investigación en ABC (Paraguay)

Andrés Pastrana
Expresidente (1998-2002

COLOMBIA — PANAMÁ — EE UU

Andrés Pastrana es dueño de una sociedad de Panamá desde 2016. La offshore, cuya accionista es otra compañía colombiana, controla una cuenta bancaria en Estados Unidos. Los beneficiarios finales de todo el esquema son el expresidente y su familia. Pastrana ha explicado que ”buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio” y ha asegurado que reportó la entidad ante las autoridades fiscales.

 Investigación en EL PAÍS Edición América

César Gaviria
Expresidente (1990-1994)

COLOMBIA — PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Los Papeles de Pandora revelan la relación entre varias compañías creadas en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas por Gaviria y familiares cercanos suyos, entre los que se encuentran sus hijos. El expresidente declinó responder por las sociedades y justificó que la información financiera de los colombianos está amparada por una reserva documental. ​​

 Investigación en Connectas

Francisco Flores
Expresidente (1999-2004)

EL SALVADOR — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Francisco Flores ha sido el beneficiario de varias sociedades creadas en Panamá en 2005 y en las Islas Vírgenes Británicas en 2006. Una de ellas apareció en la investigación judicial sobre una posible malversación de fondos de emergencia para zonas del país afectadas por un terremoto. Se habría usado para transferir casi un millón de dólares desde la sociedad a una cuenta de Flores en un banco panameño. Flores falleció en 2016.

 Investigación en El Faro

Alfredo Félix Cristiani Burkard
Expresidente (1989-1994)

EL SALVADOR — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Alfredo Cristiani fue director, propietario o presidente de al menos 15 compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. La primera fue creada en 1992, cuando ocupaba la presidencia. Varios miembros de su familia fueron copropietarios o directores en la mayoría de las sociedades. Siete de esas entidades permanecían activas en 2018. Cristiani declinó responder, pero un representante legal aseguró que todos los negocios que realizó el exmandatario fueron de acuerdo a la ley.

 Investigación en El Faro

Juan Carlos Varela
Expresidente de Panamá (2014-2019)

PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Varela ha sido dueño de una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas durante toda su etapa en el Gobierno, incluso durante su presidencia. Sigue siendo accionista de la compañía y, asegura, informó de ello a las autoridades durante su candidatura a la presidencia del país.

 Investigación en ICIJ

Ernesto Pérez Balladares y su familia
Expresidente (1994-1999)

PANAMÁ — –

Los documentos filtrados señalan al expresidente como director de tres compañías offshore, dos creadas durante su mandato. Pérez Balladares aparece vinculado a otra sociedad en las Islas Vírgenes señalada en un caso de sobornos en Panamá. Las tres hijas y la esposa del exmandatario también están en la filtración. Ni el exmandatario ni sus hijas respondieron las múltiples peticiones de comentario.

 Investigación en ICIJ

Ricardo Martinelli Berrocal y familiares
Expresidente (2009-2014)

PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Martinelli aparece como accionista y agente registrado de varias compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas. También está vinculado a dos sociedades que fueron incorporadas en Belice y transferidas a Panamá a petición de la entidad Banca Privada de Andorra (BPA). En el marco de la investigación sobre Odebrecht, la constructora en el centro del mayor caso de corrupción en América Latina, un exdirectivo de la compañía aseguró que las compañías se usaron para pagar sobornos a los hijos de Martinelli a cambio de contratos públicos. El expresidente respondió que nunca ha sido cliente del despacho Alcogal ni está vinculado a las empresas señaladas en el caso Lava Jato.

 Investigación en ICIJ

Pedro Pablo Kuczynski
Expresidente (2016-2018)

PERÚ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Los Papeles de Pandora arrojan nuevos datos sobre Dorado Asset Management LTD, una compañía creada en las Islas Vírgenes Británicas por Kuczynski, cuando era ministro de Finanzas. La empresa estuvo en el centro de las acusaciones de corrupción contra el expresidente en la investigación de la rama local del caso Odebrecht. El abogado del expresidente declinó responder al ICIJ varias solicitudes de declaraciones.

 Investigación en Convoca

Durán Barba
Asesor político (de Mauricio Macri y Guillermo Lasso, entre otros)

ARGENTINA Y ECUADOR —

Gurú de comunicación política y asesor de muchos mandatarios de América Latina. Alemán, Cordero, Galindo y Lee fue el despacho encargado de gestionar la documentación que EL PAÍS y los medios del consorcio revelarán en los próximos días. 

Investigación en La Nación

Julio Scherer Ibarra
Consejero jurídico del presidente López Obrador, hasta septiembre de 2021

MÉXICO — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS — FLORIDA

Julio Scherer era en 2017 propietario único de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que tenía activos por dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado. Esta offshore controlaba una compañía en Florida registrada como propietaria de un lujoso inmueble en Miami. Scherer declinó responder las preguntas y solo justificó que la investigación alude a un período en su carrera en el cual no era funcionario público.

 Investigación en EL PAÍS

Paulo Guedes
Ministro de Economía

BRASIL — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

El ministro de Economía de Jair Bolsonaro (cargo que ostenta desde 2019) es accionista de una compañía creada en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. Desde el año siguiente, también figura su mujer como propietaria. A finales de agosto de 2021, la sociedad seguía activa. Guedes ha asegurado en un comunicado que su actuación “respetó la legislación aplicable y se guio por la ética y la responsabilidad”.

 Investigación en Piauí

Jorge Arganis Díaz Leal
Secretario de Comunicaciones y Transportes

MÉXICO — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Arganis ha sido propietario de Desbond Finance Limited, una sociedad creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del financiero Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario. El secretario ha reconocido su participación en la empresa, pero ha dicho que se abrió con recursos privados y que lo hizo por recomendación de sus gestores financieros.

 Investigación en EL PAÍS

Germán Larrea
Empresario, segundo hombre más rico de México

MÉXICO — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS — CHICAGO — COLORADO

Larrea es accionista de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas que, a su vez, controlaban otras sociedades estadounidenses propietarias de bienes inmuebles en zonas exclusivas de EE UU. Las mansiones tenían un valor conjunto de 36,9 millones de dólares. El empresario no ha hecho comentarios sobre sus inversiones offshore. 

Investigación en EL PAÍS

María Asunción Aramburuzabala
Empresaria, mujer más rica de México

MÉXICO — NUEVA ZELANDA — DELAWARE

Aramburuzabala adquirió dos aviones privados y movió al menos 40 millones de dólares al extranjero a través de un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba una empresa espejo en Delaware, uno de los Estados con la tasa impositiva más baja de EE UU. La empresaria no ha contestado a múltiples solicitudes de comentarios.

 Investigación en EL PAÍS

Han colaborado en este reportaje: Mariano Zafra, Yolanda Clemente y Antonio Alonso (infografía), Sr. García (ilustración), Jacob Vicente López (desarrollo).

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Multinacionales de telecomunicaciones incurren en fraude a través de recargas telefónicas y estafan millones de dominicanos.

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Por Elba García

En la República Dominicana existe una situación que merece una investigación profunda y una respuesta contundente de las autoridades en torno a la rapidez con que se consume el dinero de las recargas telefónicas de miles de ciudadanos que dependen del sistema prepago para comunicarse.

El gigantesco fraude plantea serias interrogantes sobre la transparencia de las tarifas, la protección de los consumidores y la responsabilidad de las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones, pero muy particularmente de cuál es en esta materia la responsabilidad del Estado.

Una persona compra una recarga de cien pesos, realiza una primera llamada y descubre que una parte considerable de su dinero ha desaparecido, ya que cuando intenta comunicarse nuevamente se encuentra con que ya no dispone de balance suficiente.

La irregular situación deja la interrogante inevitable: ¿cómo es posible que cien pesos se consuman con tanta rapidez y que el usuario, muchas veces, no comprenda exactamente por qué?, cuyo fraude toma mayor relevancia cuando se observa la dimensión del mercado y que el mismo alcanza a cerca de nueve millones de usuarios.

Según estadísticas correspondientes al cierre de 2025, recogidas en el Anuario de Estadísticas Económicas de la Oficina Nacional de Estadística, la República Dominicana contaba con aproximadamente 8.3 millones de líneas móviles bajo la modalidad prepago, equivalentes al 75.5 % del total.

Aunque estas cifras representan líneas y no necesariamente personas diferentes, muestran la extraordinaria dimensión social del problema, sobre todo porque en algún momento las telecomunicaciones fue el renglón preponderante del producto interno bruto del país.

La modalidad de prepago es utilizada por trabajadores, estudiantes, comerciantes, agricultores, amas de casa y ciudadanos que necesitan controlar diariamente sus gastos y que para muchos hogares dominicanos cien pesos no es una cantidad insignificante, la cual forma parte del presupuesto destinado a necesidades esenciales.

Y cuando ese dinero se consume sin una explicación comprensible, surge una legítima preocupación sobre la justicia de las condiciones comerciales, amén de que son también victimas de otros fraudes que les crea una situación difícil para su sobrevivencia.

Entonces, en el proceso queda la incógnita de a dónde va el dinero sustraído, sobre todo que cuando se suma la cantidad de usuarios se habla de un robo que supera los miles de millones de pesos dominicanos.

Naturalmente, habría que tomar en cuenta uno de los aspectos menos conocidos por los consumidores, que es la carga tributaria que afecta los servicios telefónicos, lo cual de ninguna manera justifica lo que ocurre.

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, ha advertido que estos servicios soportan tres gravámenes, el ITBIS del 18 %, el Impuesto Selectivo al Consumo del 10 % y la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones del 2 %, por lo que una recarga de cien pesos habría que agregarle los impuestos sobre el consumo telefónico.

Sin embargo, es importante aclarar que estos porcentajes no necesariamente equivalen a descuentos separados y directos sobre cada recarga, pues su aplicación depende de la base imponible y de la estructura del precio, ya que los impuestos no explican por sí solos todos los casos de consumo acelerado.

En este caso también debe examinarse las tarifas por minuto, los servicios de datos móviles, las renovaciones automáticas, los paquetes contratados y los posibles cargos adicionales, lo cual constituye una cuestión fundamental.

Además, frente a la situación creada habría que preguntarse ¿recibe realmente el consumidor información suficientemente clara para comprender cuánto le cuesta cada llamada y por qué disminuye su balance?

Porque una cosa es cobrar por un servicio efectivamente prestado y otra muy distinta es aplicar cargos incorrectos, no autorizados o insuficientemente informados y esta diferencia resulta esencial para determinar si estamos frente a una práctica comercial legítima o ante posibles violaciones de los derechos del consumidor.

El tema tiene un impacto social que afecta principalmente a los más vulnerables y las consecuencias al respecto del fenómeno trasciende las relaciones comerciales.

Una madre que necesita comunicarse con sus hijos, un trabajador que busca empleo o un agricultor que debe coordinar la venta de sus productos pueden quedar incomunicados cuando se agota inesperadamente una recarga, ya que la telefonía móvil no se trata de un lujo, sino de una herramienta indispensable de integración económica y social.

En esta virtud, cuando los ciudadanos de menores ingresos terminan pagando proporcionalmente más por mantenerse comunicados, se profundizan las desigualdades y el problema también tiene una dimensión económica que merece atención, porque una pequeña cantidad cobrada indebidamente a cientos de miles de usuarios termina en un monto acumulado que representan muchos millones de pesos.

Todo esto, aunque no existe una comprobación de la irregularidad, pero es una forma que se estila regularmente cuando el Estado no tiene niveles importantes de institucionalidad, fiscalización y regulación por razones de colonización política, económica, social y cultural, lo cual merece una investigación lo suficientemente rigurosa para detener la comisión de un fraude que daña a la sociedad y a la democracia.

En una sociedad donde las telecomunicaciones resultan fundamentales para trabajar, estudiar y acceder a servicios, la transparencia no puede ser opcional, sino una regla del juego para los negocios nacionales y extranjeros.

La Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 establece el marco regulatorio del sector y atribuye al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL, funciones de regulación y protección de los usuarios.

Además, el Reglamento de Derechos y Obligaciones reconoce el derecho de los clientes a recibir información gratuita sobre su saldo y vigencia, así como a presentar reclamaciones e incluso disponer que los saldos prepagados no consumidos sean reconocidos cuando el usuario efectúa una nueva recarga dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de su vigencia.

Por consiguiente, el debate no debe limitarse a determinar cuánto cobran las compañías, sino que se hace necesario establecer cómo fiscaliza el organismo regulador los sistemas de facturación, los descuentos de balance y la información suministrada a los consumidores.

Sobre el tema abordado en este reportaje hay que preguntarse: ¿Se realizan auditorías técnicas independientes sobre los mecanismos de descuento? ¿Pueden los usuarios conocer, de manera sencilla, cuánto consumieron por llamadas, navegación y otros servicios? o si ¿Existe suficiente vigilancia para identificar posibles cobros duplicados, errores de tarificación o activaciones no autorizadas?

Estas son preguntas que requieren respuestas públicas, dado que las compañías de telecomunicaciones tienen la obligación de explicar sus estructuras tarifarias y demostrar que sus cargos corresponden a servicios prestados conforme a las condiciones contratadas.

Sin embargo, la explicación debe ser verificable, comprensible y accesible para cualquier ciudadano, sin que medie una investigación y medidas correctivas, porque ante la dimensión del mercado de prepago, resulta pertinente que el INDOTEL impulse una evaluación pública e independiente de los mecanismos de tarificación utilizados por las empresas.

Una investigación de esta naturaleza debería examinar las condiciones de las recargas, el costo real de las llamadas, los consumos de datos y los mecanismos de información al usuario, así como también debería determinar cobros injustificados y, en caso de comprobarse, establecer las responsabilidades correspondientes y ordenar las compensaciones que procedan conforme a la ley.

La protección del consumidor no puede reducirse a reconocer su derecho a reclamar, sino que debe incluir mecanismos efectivos para detectar y corregir irregularidades.

La Ley 358-05, sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, también establece obligaciones de respeto a las condiciones ofrecidas y contratadas y en consecuencia, las empresas no solo deben garantizar la calidad técnica de las comunicaciones, sino también la transparencia de las relaciones comerciales.

La República Dominicana no puede aspirar a convertirse en una sociedad digital moderna mientras persistan dudas razonables sobre la forma en que se consume el dinero de las recargas telefónicas, aunque no se trata de condenar anticipadamente a las compañías ni de afirmar que cada balance agotado constituye un fraude, pero la forma como ocurre el problema planteado deja dudas en torno a la transparencia de las empresas que ofrecen el servicio.

No se trata de condenar anticipadamente a las compañías ni de afirmar que cada balance agotado constituye un fraude, sino de algo mucho más importante, que es determinar si los consumidores están pagando exactamente por los servicios que reciben.

Cuando un ciudadano compra una recarga de cien pesos, tiene derecho a saber cuánto dinero representa realmente esa transacción, cuáles tarifas se le aplicarán y por qué se reduce su saldo, porque detrás de cada compra existe el esfuerzo económico de una persona y, muchas veces, el sacrificio de una familia.

La pregunta que las autoridades y las empresas deben responder es sencilla: ¿está suficientemente protegido el dinero de millones de dominicanos que utilizan servicios telefónicos prepagados?

Mientras esa interrogante no tenga una respuesta transparente, verificable y convincente, continuará abierta una discusión que involucra derechos económicos, responsabilidad empresarial y protección ciudadana.

Porque en una sociedad de derechos, ningún consumidor debería perder su dinero sin saber exactamente por qué.

 

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Los partidos y el lucrativo negocio de la politica que daña la democracia representativa en la República Dominicana.

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La gran cantidad de partidos políticos pequeños, medianos y grandes y peor aún ante el hecho de que existen proyectos de creación de muchos más de éstos ante la Junta Central Electoral permite observar que el país está frente al montaje de un negocio para resolver problemas personales y grupales, pero no con el fin de mejorar la democracia.

En la República Dominicana se registra una proliferación de partidos políticos que plantea una interrogante de profundo interés nacional, la cual consiste en que ¿estamos frente al fortalecimiento del pluralismo democrático o ante la consolidación de estructuras cuya principal actividad consiste en montar un negocio con intereses personales a través de alianzas, candidaturas y espacios de poder?

La Constitución reconoce el derecho de asociación política y atribuye a los partidos una función esencial en la formación de la voluntad popular, porque su existencia jurídica no garantiza, por sí sola, una contribución efectiva al desarrollo democrático.

En una sociedad marcada por las desigualdades sociales, las deficiencias educativas, la inseguridad ciudadana, el desempleo y las limitaciones de los servicios públicos, cabe preguntarse cuánto aportan estas organizaciones a la búsqueda de soluciones.

La discusión no consiste en negar el derecho a fundar partidos, sino en examinar una contradicción, ya que mientras aumenta la cantidad de organizaciones políticas, persisten problemas nacionales que demandan propuestas serias, permanentes y verificables.

La proliferación de partidos es una realidad documentada, dado que según datos de la Junta Central Electoral recogidos en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la República Dominicana pasó de 16 organizaciones de este tipo en el año 2000 a 35 en abril de 2025.

Para octubre de 2026 se reportaban 34 partidos con personalidad juridica y numerosas organizaciones adicionales interesadas en obtener reconocimiento para participar en las elecciones de 2028, las cuales lucen estar más interesadas en el gran negocio de la política porque obtienen beneficios diversos, constituyéndose además en un patrimonio familiar.

Sin embargo, ya está establecido que la cantidad de partidos no necesariamente equivale a calidad democrática, pese a que una organización política debería constituirse alrededor de una visión de país, un programa de gobierno y una propuesta ideológica capaz de distinguirla de las demás, dado que los ciudadanos no consiguen identificar diferencias sustanciales entre numerosas organizaciones y entonces surge la pregunta obligada ¿ Qué sentido tiene y cuál es la justificación de la existencia de tantos partidos políticos en el país?

Prácticamente todos, incluidos los que tienen reales posibilidades de llegar al poder, observan una conducta que los identifica como maquinarias electorales sin el menor interés de plantear soluciones a la problemática nacional.

Esta realidad obliga a diferenciar entre el pluralismo auténtico, que enriquece la representación ciudadana, y la fragmentación partidaria, que puede dificultar la construcción de proyectos sólidos, lo que indica que los partidos políticos han pasado a ser un negocio de “vivos” que sólo procuran crear un proyecto para la sobrevivencia o para el enriquecimiento individual.

Una característica del sistema político dominicano es la importancia que tienen los pactos electorales entre organizaciones grandes y pequeñas, las cuales están marcadas por el interés pecuniario y el otorgamiento de un cargo público para sustraer parte del patrimonio nacional mediante la corrupción administrativa.

Durante las elecciones presidenciales de 2024, la Junta Central Electoral aprobó múltiples acuerdos de alianza mediante su Resolución número 19-2024, mediante la cual el Partido Revolucionario Moderno concurrió acompañado de numerosas organizaciones, pero igual ocurrió con la Fuerza del Pueblo, que también formalizó acuerdos con varios partidos.

Estas coaliciones no buscan contribuir a construir mayorías con el propósito de una mejor democracia, sino de participar en el reparto del botín público y beneficiarse de los recursos del Estado y de esa manera satisfacer apetencias personales.

En el proceso de alianzas se suscitan cuestionamientos porque las negociaciones parecen concentrarse más en candidaturas, posiciones administrativas y ventajas electorales que en compromisos programáticos, cuyo beneficio de la ciudadanía queda en un segundo plano.

En el contexto de esta realidad se formula la pregunta ¿Existen compromisos públicos para mejorar la educación, enfrentar la corrupción, fortalecer los hospitales o impulsar la productividad nacional?, cuya respuesta es definitivamente no, ya que su contenido real está fuera de los intereses de los ciudadanos.

La transparencia de los acuerdos resulta fundamental para distinguir una alianza basada en propuestas de otra orientada principalmente a obtener beneficios políticos, porque una coalición puede ser legítima desde el punto de vista electoral y, al mismo tiempo, necesitar una explicación más convincente sobre su utilidad para el interés colectivo.

Este panorama descripto más arriba deja claro que el objetivo de los que conforman un partido político es el financiamiento público y los incentivos económicos que se derivan de la actividad, cuya nobleza desapareció hace décadas, lo cual crea un preocupante descrédito en la democracia nacional.

Desde hace tiempo que ha surgido una discusión sobre el financiamiento estatal de los partidos políticos, ya que el mismo sirve más que nada para enriquecer a los actores del sistema que a un verdadero fortalecimiento de la democracia.

Durante el año electoral 2024, las contribuciones públicas a las organizaciones políticas ascendieron a aproximadamente cinco mil cuarenta y un millones de pesos, conforme al informe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, pero los mismos son distribuidos de forma desigual y sin que exista rendición de cuentas.

Estos fondos representan recursos públicos destinados a contribuir al funcionamiento del sistema democrático, no concebidos como patrimonio particular de los dirigentes, aunque los resultados hasta el momento confirman esta distorsión, ya que incluso en el país hay familias que viven y se enriquecen de un pequeño partido, sin que esta aberración le importa a alguien.

La Ley número 33-18 establece finalidades específicas para esos recursos, incluyendo actividades administrativas, apoyo electoral y capacitación política, pero la realidad es que el problema de fondo trasciende su legalidad, porque es innegable que el dinero entregado por el Estado a los partidos políticos termina en los bolsillos de algunos de sus dirigentes.

La pregunta fundamental es si la sociedad recibe resultados institucionales proporcionales a la inversión que realiza en el sostenimiento de estas organizaciones y cuántas desarrollan programas contínuos de formación política o presentan estudios técnicos sobre el déficit educativo, el endeudamiento publico, la contaminación ambiental o el desarrollo municipal?

Pero, además, ¿Cuántas rinden cuentas con suficiente claridad sobre la utilización de sus recursos? y en qué medida el financiamiento estatal puede proteger el pluralismo y reducir la dependencia de intereses privados, cuya fiscalización requiere transparencia y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.

El debate sobre este tema adquiere mayor profundidad cuando se examina la representación ciudadana o su cuota de poder y de igual modo la relación entre los partidos minoritarios y las estructuras gubernamentales, aunque ello no tiene una gran significación por la vocación que prevalece en estas entidades y el fin que los mueve a hacer alianzas cuyo objetivo es buscar nombramientos y la distribución de posiciones estatales.

De manera, que, aunque toda participación en el gobierno regularmente constituye una práctica indebida, pese a que el problema aparece cuando los compromisos políticos no se traducen en programas verificables y transparentes.

La investigadora Marisol Guzmán, en declaraciones publicadas por Diario Libre en 2024, advirtió que la multiplicación de partidos no garantiza una democracia de mayor calidad, especialmente cuando prácticamente todas las organizaciones dependen de alianzas temporales y carecen de bases sociales sólidas.

Desde esta perspectiva, el desafío dominicano no consiste únicamente en determinar cuántos partidos deben existir, sino en establecer qué funciones cumplen y a quiénes representan verdaderamente.

Una democracia necesita organizaciones capaces de canalizar las preocupaciones ciudadanas, ejercer una oposición responsable y participar en la construcción de políticas públicas, ya que cuando la negociación electoral desplaza permanentemente la discusión de los problemas colectivos, se corre el riesgo de convertir la competencia política en una actividad desconectada de las necesidades sociales.

Todo esto tiene un costo democrático que se traduce en la fragmentación y en consecuencia la República Dominicana necesita fortalecer la calidad de su sistema de partidos sin restringir injustificadamente el derecho de participación política, porque al contrario la misma debe estimularse para la mejoría de la democracia.

Sin embargo, para lograrlo resulta necesario profundizar la fiscalización del financiamiento, promover la democracia interna, transparentar los pactos electorales y exigir mayor claridad en las propuestas programáticas, así como construir una ciudadanía que evalúe a las organizaciones más allá de sus símbolos, dirigentes y discursos de campaña.

Es importante que se tenga presente que el verdadero aporte de un partido no debería medirse exclusivamente por su capacidad para negociar alianzas o conseguir posiciones de poder, sino por su importancia democrática a partir de examinar su capacidad para representar intereses legítimos, promover soluciones y contribuir al financiamiento institucional del país.

En el contexto de los intereses y la proliferación de los partidos políticos en la República Dominicana, se abre un debate sobre el aporte a la democracia de los organizaciones grandes, medianas y pequeñas, cuyo pluralismo no tiene ningún valor democrático ni progreso en esta materia.

Entonces, el desafío está en determinar si las organizaciones cumplen su función constitucional de contribuir a la formación de la voluntad popular o si algunas han reducido su actividad a conservar reconocimiento electoral y negociar espacios de influencia.

La investigadora Marisol Guzmán, en declaraciones publicadas por Diario Libre en 2024, advirtió que la multiplicación de partidos no garantiza una democracia de mayor calidad, especialmente cuando prácticamente todas las organizaciones dependen de alianzas temporales y carecen de bases sociales sólidas. no necesita únicamente partidos que participen en elecciones, sino organizaciones que rindan cuentas, representen a la ciudadanía y presenten soluciones concretas a los problemas nacionales.

Y queda una interrogante que merece una discusión pública profunda: ¿Cuántos de los partidos existentes tienen verdaderos proyectos de nación y cuántos concentran sus esfuerzos en negociar su permanencia dentro del sistema político?

La respuesta surge de los hechos, de la transparencia institucional y de la evaluación ciudadana, porque la democracia se fortalece no solamente con más opciones electorales, sino con una representación política responsable y comprometida con el bienestar colectivo.

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El descrédito de la democracia representantiva en America Latina es producto de la conducta de los partidos políticos.

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La democracia representativa en América Latina atraviesa una de sus contradicciones más preocupantes, entre cuyas consecuencias está la disminución de la participación ciudadana en los procesos electorales, lo que lesiona el valor del sistema y el aumento de la desconfianza hacia los partidos políticos, los representantes electos y las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio del poder.

Esta situación plantea una interrogante fundamental: ¿puede mantenerse una democracia representativa cuando los ciudadanos dejan de confiar en quienes tienen la responsabilidad de representarlos?

La respuesta exige comprender que la democracia no se sostiene únicamente mediante elecciones periódicas, ya que su legitimidad depende también de la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y, sobre todo, de la correspondencia entre la voluntad popular y la conducta de los gobernantes.

En América Latina, el deterioro de esa relación constituye una amenaza para la estabilidad institucional, la gobernabilidad y la propia supervivencia del sistema democrático.

La democracia representativa descansa sobre un principio esencial, el cual consiste en que la soberanía pertenece al pueblo, que delega temporalmente el ejercicio del poder en representantes elegidos mediante el sufragio.

Sin embargo, esa delegación no constituye una autorización ilimitada para gobernar al margen de los intereses colectivos, por lo que cuando los representantes incumplen sus compromisos, utilizan las instituciones para obtener beneficios particulares o se distancian de las necesidades ciudadanas, surge una fractura entre gobernantes y gobernados.

Los datos regionales de la encuesta Latino barómetro del 2024 permite dimensionar este fenómeno, porque la misma establecen que un 52 % de los ciudadanos apoya la democracia como sistema de gobierno, pero baja a apenas a un 17 % la confianza en los partidos políticos y desciende a un 33 % los que están satisfechos con el funcionamiento de la democracia y sube a un 42 los que consideran que este sistema de gobierno puede funcionar sin las organizaciones partidarias.

Estas cifras revelan una distinción fundamental: el ciudadano puede creer en la democracia como ideal político y, simultáneamente, desconfiar profundamente de quienes la administran, aunque ello no representa un rechazo absoluto a este sistema de gobierno, sino una manifestación de inconformidad con su funcionamiento y con el comportamiento de sus principales autores.

Existe, sin lugar a dudas, la responsabilidad de  los partidos políticos en  el debilitamiento democrático, porque pese a  que son instituciones consideradas por algunos como esenciales en la democracia representativa, cuya función consiste en organizar la participación ciudadana, canalizar las demandas sociales, formar dirigentes  y presentar propuestas, la misma no ha sido satisfecha en razón de estas organizaciones se han convertido en instrumentos de corrupción y distorsión de los valores democráticos y éticos.

Ello así, porque determinados comportamientos partidarios han contribuido al deterioro de su legitimidad, como el fenómeno del clientelismo, que consiste en utilizar empleos, recursos y beneficios públicos como mecanismo para obtener respaldo electoral, pero peor aún se trata de la poca transparencia y la corrupción en el manejo del patrimonio del Estado.

Estas prácticas sustituyen el ejercicio libre de la ciudadanía por relaciones de dependencia y debilita la igualdad de oportunidades y estimula la corrupción y la impunidad, ya que regularmente los dirigentes políticos utilizan sus posiciones públicas para enriquecerse, favorecer intereses privados o proteger a determinados grupos, lo que erosiona la confianza en la política

El problema se agrava cuando las instituciones responsables de investigar y sancionar estas conductas carecen de independencia o eficacia, además de la ausencia de democracia interna en los partidos políticos, los cuales concentran sus decisiones en pequeños grupos de dirigentes, restringen la competencia interna o imponen candidaturas que contradicen los valores democráticos que dicen defender.

De manera, que no resulta coherente exigir democracia en el Estado mientras se reproducen prácticas autoritarias dentro de las organizaciones políticas, así como el incumplimiento de las promesas electorales, produciéndose una distancia entre el discurso de campaña y las actuaciones gubernamentales, lo que genera frustración, desconfianza y desinterés ciudadano.

Cuando las propuestas electorales se convierten exclusivamente en instrumentos para conquistar el poder, la representación pierde su contenido ético, agregándose el transfuguismo y el oportunismo político, lo que trae cambio de afiliación partidaria motivada principalmente por ventajas personales, cargos o beneficios que debilitan la coherencia ideológica y la confianza del electorado.

No debe confundirse, sin embargo, el oportunismo con el derecho legítimo de una persona a modificar sus convicciones políticas, aunque otra cosa es la utilización del patrimonio del Estado al considerar el riesgo de que un partido gobernante considera las instituciones públicas como extensiones de su propia organización.

En tales circunstancias, puede debilitarse la frontera entre los intereses del Estado y los del partido que ejerce el gobierno, cuyos principales riesgos es el surgimiento de liderazgos autoritarios en el marco de la democracia representativa.

El descrédito de los partidos tradicionales puede favorecer la aparición de dirigentes que prometen solucionar los problemas nacionales mediante la concentración del poder y el debilitamiento de los controles institucionales, lo cual puede generar la deslegitimación de los procesos electorales

Cuando los ciudadanos consideran que todos los partidos responden a los mismos intereses, puede aumentar la abstención, el voto de protesta y el cuestionamiento de la utilidad de las elecciones, como ocurre en la actualidad  en la República Dominicana, donde los tres  partidos mayoritarios o  principales son considerados como un partido único con  la única diferencia del color que los distingue y los nombres de sus dirigentes, aunque con igual comportamiento cuando de política pública se trata.

El fenómeno debilita el Estado de derecho, porque subordina la justicia a su comportamiento, así como a los órganos de fiscalización y otras instituciones, lo que pone en peligro la separación de poderes y la igualdad ante la ley, trayendo consigo la apatía y la exclusión política

La pérdida de confianza puede alejar a jóvenes, profesionales y sectores sociales de la participación institucional, reduciendo la renovación del liderazgo político, así como la polarización y la intolerancia.

Cuando los partidos sustituyen el debate de ideas por ataques personales, desinformación y confrontaciones permanentes, deterioran la convivencia democrática y la posibilidad de alcanzar acuerdos nacionales.

Estos riesgos no son meramente hipotéticos, ya que el informe regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2026 identifica la crisis de los partidos, la desigualdad, la desinformación, el crimen organizado y la polarización como factores que presionan a las democracias latinoamericanas.

Una de las mayores amenazas contemporáneas consiste en reducir la democracia al simple acto de votar cada cuatro, cinco o seis años.

Desde esta visión limitada, un gobierno podría considerar que haber ganado unas elecciones le concede legitimidad suficiente para ejercer el poder sin controles efectivos, pero la legitimidad electoral no elimina las obligaciones constitucionales.

Una mayoría obtenida en las urnas no autoriza a vulnerar los derechos fundamentales, perseguir a la oposición, restringir las libertades públicas ni debilitar la independencia judicial, porque la democracia exige tanto el respeto a la voluntad mayoritaria como la protección de las minorías.

Desde esta perspectiva es indispensable diferenciar dos dimensiones, las cuales tienen que ver con la legitimidad de origen, que se obtiene mediante elecciones libres, competitivas y transparentes y la legitimidad de ejercicio, que se obtiene a través de una gestión pública sometida a la Constitución, la legalidad, la transparencia y la responsabilidad institucional.

Un gobierno puede haber llegado legítimamente al poder y, posteriormente, comprometerla mediante actuaciones antidemocráticas y contrarias al orden constitucional.

La República Dominicana no está aislada de los desafíos que afectan a la representación política regional, cuya falta de legitimidad de los funcionarios electos en los últimos procesos electorales así lo explica por la baja participación electoral, lo que plantea un problema con un profundo contenido democrático.

Otro asunto que afecta a la democracia dominicana es sobre la calidad de la representación, el financiamiento de la política, la democracia interna partidaria y la efectividad de los mecanismos de fiscalización, pero sobre todo la falta de transparencia y la corrupción generalizada en la administración pública.

Desde el punto de vista jurídico, el artículo 2 de la Constitución dominicana establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emanan todos los poderes, mientras que el artículo 216 reconoce a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos como instrumentos fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático, pero en los últimos años ha habido cambios de criterios a través de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en esta materia.

Esto implica que los partidos no son propietarios de la soberanía popular, sino instrumentos constitucionales para facilitar su ejercicio, aunque ya no es la única vía, sino también la directa a través del mismo ciudadano, cuya referencia normativa para ambas opciones es la Ley 33-18

Asimismo, la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, regula aspectos esenciales de la competencia electoral dominicana.

Desde esta perspectiva, la discusión nacional debe superar la simple preocupación por quién gana las elecciones y concentrarse también en cómo los partidos seleccionan sus dirigentes, administran sus recursos, cumplen sus responsabilidades y respetan las instituciones.

La recuperación de la confianza ciudadana requiere transformaciones que no pueden limitarse a campañas publicitarias o promesas de renovación política, entre las que deben prevalecer democratizar los partidos políticos, garantizar procesos internos transparentes, participación efectiva de sus miembros y renovación de sus dirigentes.

De igual modo, fortalecer la transparencia del financiamiento político, establecer controles eficaces sobre el origen y destino de los recursos partidarios, así como combatir la corrupción y la impunidad, asegurar investigaciones independientes y sanciones conforme al debido proceso.

Asimismo, promover la formación política y ética, preparar liderazgos comprometidos con el servicio público y los principios constitucionales, fortalecer la independencia institucional: impedir que los órganos de control, justicia y fiscalización sean subordinados a intereses partidarios, ampliar la participación ciudadana, promover mecanismos de consulta, vigilancia social y rendición de cuentas entre procesos electorales.

En este contexto, recuperar la función programática de los partidos, exigir propuestas verificables y compromisos que puedan evaluarse durante el ejercicio del gobierno.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó en su estudio regional de confianza de 2025 que los partidos políticos se encuentran entre las instituciones menos confiables, con un promedio de confianza del 19 % en los países estudiados, cuyo resultado refuerza la necesidad de reformas institucionales y de representación.

La realidad es que los partidos políticos pueden perder credibilidad sin que la ciudadanía haya abandonado completamente su compromiso con los valores democráticos, pero cuando esa desconfianza se prolonga y las organizaciones políticas son incapaces de renovarse, el desprestigio partidario puede extenderse hacia las instituciones, las elecciones y la propia legitimidad del Estado.

En ese escenario surge un riesgo especialmente delicado, que una parte de la población comience a considerar preferible un gobierno autoritario que ofrezca resultados inmediatos, aunque para alcanzarlos restrinja libertades o debilite los controles constitucionales.

La eficacia gubernamental es importante, pero no puede presentarse como una justificación para sacrificar la institucionalidad democrática, por lo que el desafío latinoamericano no consiste únicamente en defender la existencia de elecciones, sino en garantizar que estas conduzcan a gobiernos responsables, instituciones independientes y una representación política auténtica.

La democracia representativa en América Latina enfrenta una amenaza que no proviene exclusivamente de fuerzas externas al sistema, sino de las conductas de quienes tienen la responsabilidad de preservarla.

La corrupción, el clientelismo, la concentración del poder, la falta de democracia interna, el oportunismo político y el incumplimiento sistemático de los compromisos electorales han contribuido a erosionar la confianza ciudadana.

Cuando los partidos abandonan su vocación de servicio y convierten la política en un instrumento de beneficios particulares, debilitan los fundamentos de la representación popular.

Sin embargo, la solución no consiste en eliminar los partidos políticos ni en sustituir la democracia por fórmulas autoritarias, sino en recuperar su función constitucional y reconstruir el vínculo entre los ciudadanos, sus representantes y las instituciones.

La democracia no comienza ni termina en las urnas, sino que se fortalece todos los días mediante el respeto a la Constitución, la responsabilidad de los gobernantes y la vigilancia permanente de la ciudadanía.

, sobre todo, es necesario comprender una verdad fundamental:

El mayor peligro para la democracia representativa no es solamente que los ciudadanos dejen de creer en los partidos políticos, sino que, como consecuencia de sus actuaciones, terminen perdiendo la fe en la democracia misma.

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