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Nombre de Luis Abinader en paraísos fiscales crea confusión y escepticismo en sociedad dominicana.
El supuesto o verdadero propósito de Abinader ha sido puntualizado por un espacio pagado de la Presidencia de la República en el que se hace énfasis en el interés del mandatario de que cada día sean más fuertes los esfuerzos en favor de la transparencia, la democracia y la lucha en contra de la impunidad y la corrupción.
El presidente Abinader ha dicho que siempre ha predicado con el ejemplo, como nadie antes, sin esconder propiedades y sostiene que todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales, siempre de acuerdo con las leyes nacionales.
El Consorcio Internacional de Periodistas ha realizado unas investigaciones que no dejan dudas de la forma de manejarse de todo el que busca estos paraísos fiscales para evadir impuestos o para lavar activos provenientes del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilegal.
Lo que el presidente Abinader tiene en su contra en el presente caso, que ocupa las primeras planas de todos los diarios del mundo, en cuya revelación hay otros mandatarios como Sebastián Piñeira de Chile y Guillermo Lazo de Ecuador, entre otros funcionarios y artistas de todas partes del mundo, es que esta información sale a la superficie en un momento muy difícil para su gobierno y para mucha de su gente por estar involucrada en actividades del bajo mundo.
Son más de cinco los diputados del PRM oficialmente involucrados en por lo menos la última red de narcotráfico desmantelada por el Ministerio Público, ya que con la misma también tiene que ver la familia de la diputada del PRM en La Vega y el otro legislador preso en los Estados Unidos.
Es un asunto sumamente grave, sobre todo cuando circula una información muy comprometedora de que el diputado Miguel Gutiérrez, preso en Miami, ha hecho delaciones premiadas de que a través de su esposa, Rosa Jiménez, , entregó al presidente Luis Abinader, a los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Educación, Roberto Fulcar, más de 158 millones de dólares durante la pasada campaña electoral.
De acuerdo a lo que ha trascendido al respecto, los tres son investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de cuyo expediente no tiene ninguna constancia este periódico, pero este no es el primer medio que habla del asunto. La República ha recibido extraoficialmente información sobre lo que ocurre con el presidente y su partido, el PRM, pero reitera que no tiene ninguna prueba sobre el particular y el Gobierno norteamericano nunca confirma ni niega este tipo de información.
En lo que se refiere a la declaración de bienes del presidente Abinader es importante que el capital que él dice tener conjuntamente con su esposa que sea transparentado mediante la presentación de la determinación de herederos de ambos, a fin de no dejar ninguna duda a una sociedad que ya no soporta la doble moral de sus políticos y la práctica de alterar riquezas con propósitos diversos.
En el año 2016 el presidente Luis Abinader en una entrevista concedida al periodista Jorge Ramos de Univisión declaró que tenía una fortuna familiar que alcanzaba el millón doscientos mil dólares, pero luego de su llegada al poder en el 2020 habla de una riqueza entre él y su esposa que alcanza la suma de 4,396 millones de pesos.
Seria de un gran interés para el pueblo dominicano saber cómo se llegó a esa cantidad de dinero, porque para que así fuera debieron tasarse los bienes dejados por su padre e incluso podría tener un gran valor informar si los hermanos recibieron la misma cantidad como herederos que son e igual requerimiento debía hacérsela a la esposa del jefe de Estado.
Frente a lo ocurrido con los paraísos fiscales con Abinader seria saludable que todo pueda quedar lo suficientemente transparentado, ya que este medio de comunicación encuentra que hay detalles que no cuadran en lo que respecta al patrimonio de la familia presidencial.
La Presidencia de la República publicó un espacio pagado donde indica que el mandatario Luis Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones “y activos locales que cumplen sus obligaciones tributarias en el país”.
El documento señala que es de interés del mandatario que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.
“… predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales”, indica la publicación.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
COMUNICADO
El Gobierno Dominicano entiende que la rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos es una obligación ineludible para todos los servidores públicos. En este sentido, consideramos oportuno dar una respuesta oficial a las informaciones liberadas por el Consorcio Internacional de Periodistas que incluye compañías que son parte del patrimonio personal y familiar del presidente de la República Dominicana.
El compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia es una constante en su carrera política. En el año 2020, cuando se convierte en Presidente de la República, cumplió con el mandato establecido en la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que obliga a todos los funcionarios que manejen fondos públicos a transparentar su realidad patrimonial.
En su Declaración Jurada de Patrimonio el presidente Abinader presentó toda la arquitectura legal con la que maneja los activos del patrimonio acumulado por el esfuerzo empresarial propio y de toda su familia. Como parte de estos activos fueron declaradas diversas compañías extranjeras (offshore), como pocos presidentes en el mundo. La razón fundamental de utilizar este tipo de compañías se debe a que hasta finales del año 2008, la República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derecho societario. Producto de esa realidad, adquirir activos e incluso realizar negocios locales o internacionales utilizando compañías dominicanas presentaba obstáculos importantes.
La facilidad en el proceso de incorporación, la flexibilidad en su gobernanza y el hecho de que el sistema jurídico local permitiera utilizar este tipo de sociedades volvió una práctica común utilizar entidades legales incorporadas en el extranjero para manejar inversiones y activos. El presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias en el país.
Los diarios internacionales que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas reconocen la transparencia del presidente Abinader, porque al juramentarse en el cargo incluyó en el patrimonio declarado a las dos compañías señaladas en los documentos publicados. En las compañías panameñas citadas -Padreso S.A. y Litlecot Inc.- Abinader comparte la propiedad con sus hermanos.
Como parte de un proceso de reestructuración patrimonial para lograr la desvinculación total de la gestión de los bienes familiares, al momento de ejercer el cargo que actualmente ocupa, el presidente
Abinader, junto a los miembros de su familia, decidió constituir un fideicomiso de administración en República Dominicana para manejar todo su patrimonio y el de su familia.
Es importante destacar que desde el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero.
Es interés del presidente Abinader que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia, la lucha contra la impunidad y la corrupción, predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales.
Santo Domingo, 03 de octubre de 2021
Por considerarlo de un gran interés reproducimos el reportaje de El País sobre las cuentas offshore en las que está involucrado el presidente Luis Abinader.
Los más poderosos de América Latina y sus vinculaciones con negocios ‘offshore’ en los ‘Papeles de Pandora’
La investigación internacional liderada por el ICIJ destapa las sociedades opacas que políticos y empresarios de todo el continente han abierto con 14 despachos de abogados
Al menos 92 políticos o altos funcionarios de América Latina crearon sociedades opacas con la ayuda de los 14 despachos de abogados de Los Papeles de Pandora: 11,9 millones de documentos confidenciales que se hacen públicos por primera vez gracias a una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
¿Qué son los ‘Papeles de Pandora’? Diez claves para entender la investigación
Son los documentos que acreditan los negocios, las estructuras, la compraventa de acciones y de casas de quienes han decidido durante décadas las políticas de América Latina, la región más desigual del mundo. Algunos de ellos siguen en el cargo o mantienen posiciones muy cercanas al poder. Otros han pasado a la actividad privada. En este gráfico, EL PAÍS recopila los más relevantes de entre aquellos que los medios del Consorcio hacen públicos este domingo. En los próximos días y semanas se añadirán otros nombres.
Las llamadas sociedades offshore, radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, son legales siempre que el propietario las declare allí donde resida. Pero a menudo se crean en alguna jurisdicción opaca en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos. La OCDE calcula que el equivalente al 27% de la riqueza financiera de la región está desviada en sociedades offshore, lo que supone 19.000 millones de euros, unos 22.000 millones de dólares, en impuestos perdidos cada año.
Más de 600 periodistas de 117 países han analizado durante dos años los 11,9 millones de documentos. Páginas independientes, grandes periódicos, reporteros freelance y televisiones han tenido acceso a los mismos escritos que destapan negocios hasta ahora desconocidos en su mayoría. Los medios que se enlazan debajo de cada mandatario o empresario son los que, desde el comienzo, han llevado la investigación en su país.
Presidente
CHILE — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Los negocios offshore de Sebastián Piñera involucran varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Una de esas compañías se usó para la compraventa de una minera en Chile con un empresario. Otras dos entidades registradas en las Islas Vírgenes Británicas entre 1997 y 2000 recibieron fondos de los negocios del mandatario. Uno de sus hijos fue director de una de las compañías, antes de que se cerraran en 2018. “Hoy ni Piñera ni su familia poseen o controlan vehículos de inversión en el extranjero”, ha defendido un portavoz.
Investigación en CIPER y La Bot
Presidente
REPÚBLICA DOMINICANA — PANAMÁ — REP. DOMINICANA
Los documentos revelan que el presidente es beneficiario junto a sus hermanos de dos sociedades en Panamá, ambas creadas antes de asumir el cargo, que se usaban para gestionar activos en República Dominicana. Las acciones de estas sociedades estuvieron asignadas hasta 2018 “al portador”, una fórmula utilizada para ocultar los beneficiarios de las compañías. Al convertirse en presidente en 2020, declaró tener nueve sociedades offshore. Abinader asegura haber utilizado esas compañías para gestionar activos vinculados a la familia. Fueron creadas por unos asesores, quienes las mantuvieron al portador hasta que se asignaron a un cliente concreto.
Investigación en El Informe con Alicia Ortega
Presidente
ECUADOR — PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES
Los Papeles de Pandora revelan que Lasso ha estado vinculado a 14 sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos y Canadá. Al menos una decena de ellas quedaron inactivas antes de que el mandatario se convirtiera en candidato en las elecciones presidenciales de 2017. “Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore”, ha defendido Lasso.
Primer Ministro (2012-2014)
HAITÍ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Lamothe se había desvinculado de sus compañías antes de entrar en el Gobierno. Pero los Papeles de Pandora revelan que siguió siendo accionista en algunas sociedades durante su mandato, como tres en las Islas Vírgenes Británicas que Trident Trust creó entre 2002 y 2008. Lamothe declinó responder las preguntas por tratarse de “asuntos privados” y aseguró que no usó su cargo para “promover ningún interés comercial”.
Expresidente del Gobierno (2010-2014)
HONDURAS — PANAMÁ
Los archivos internos de Alcogal revelan que Lobo creó tres compañías en Panamá, dos de ellas mientras era presidente. Los documentos también apuntan a una conexión con otras dos sociedades panameñas con su hijo y una con su esposa. Lobo argumentó que las abrió para gestionar un préstamo en Panamá, por seguridad y por las tasas de interés preferenciales.
Investigación en Contra Corriente
Expresidente (2013-2018)
PARAGUAY — PANAMÁ — MIAMI
Los documentos revelan que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de un millón de dólares. A través de una de las compañías, con sede en Panamá, tenía una cuenta en un banco de su país y un apartamento en Miami. Un apoderado legal de Cartes ha admitido el vínculo con una sociedad y ha asegurado que reportaron la actividad ante las autoridades fiscales.
Investigación en ABC (Paraguay)
Expresidente (1998-2002
COLOMBIA — PANAMÁ — EE UU
Andrés Pastrana es dueño de una sociedad de Panamá desde 2016. La offshore, cuya accionista es otra compañía colombiana, controla una cuenta bancaria en Estados Unidos. Los beneficiarios finales de todo el esquema son el expresidente y su familia. Pastrana ha explicado que ”buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio” y ha asegurado que reportó la entidad ante las autoridades fiscales.
Investigación en EL PAÍS Edición América
Expresidente (1990-1994)
COLOMBIA — PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Los Papeles de Pandora revelan la relación entre varias compañías creadas en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas por Gaviria y familiares cercanos suyos, entre los que se encuentran sus hijos. El expresidente declinó responder por las sociedades y justificó que la información financiera de los colombianos está amparada por una reserva documental.
Expresidente (1999-2004)
EL SALVADOR — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Francisco Flores ha sido el beneficiario de varias sociedades creadas en Panamá en 2005 y en las Islas Vírgenes Británicas en 2006. Una de ellas apareció en la investigación judicial sobre una posible malversación de fondos de emergencia para zonas del país afectadas por un terremoto. Se habría usado para transferir casi un millón de dólares desde la sociedad a una cuenta de Flores en un banco panameño. Flores falleció en 2016.
Expresidente (1989-1994)
EL SALVADOR — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Alfredo Cristiani fue director, propietario o presidente de al menos 15 compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. La primera fue creada en 1992, cuando ocupaba la presidencia. Varios miembros de su familia fueron copropietarios o directores en la mayoría de las sociedades. Siete de esas entidades permanecían activas en 2018. Cristiani declinó responder, pero un representante legal aseguró que todos los negocios que realizó el exmandatario fueron de acuerdo a la ley.
Expresidente de Panamá (2014-2019)
PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Varela ha sido dueño de una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas durante toda su etapa en el Gobierno, incluso durante su presidencia. Sigue siendo accionista de la compañía y, asegura, informó de ello a las autoridades durante su candidatura a la presidencia del país.
Expresidente (1994-1999)
PANAMÁ — –
Los documentos filtrados señalan al expresidente como director de tres compañías offshore, dos creadas durante su mandato. Pérez Balladares aparece vinculado a otra sociedad en las Islas Vírgenes señalada en un caso de sobornos en Panamá. Las tres hijas y la esposa del exmandatario también están en la filtración. Ni el exmandatario ni sus hijas respondieron las múltiples peticiones de comentario.
Expresidente (2009-2014)
PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Martinelli aparece como accionista y agente registrado de varias compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas. También está vinculado a dos sociedades que fueron incorporadas en Belice y transferidas a Panamá a petición de la entidad Banca Privada de Andorra (BPA). En el marco de la investigación sobre Odebrecht, la constructora en el centro del mayor caso de corrupción en América Latina, un exdirectivo de la compañía aseguró que las compañías se usaron para pagar sobornos a los hijos de Martinelli a cambio de contratos públicos. El expresidente respondió que nunca ha sido cliente del despacho Alcogal ni está vinculado a las empresas señaladas en el caso Lava Jato.
Expresidente (2016-2018)
PERÚ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Los Papeles de Pandora arrojan nuevos datos sobre Dorado Asset Management LTD, una compañía creada en las Islas Vírgenes Británicas por Kuczynski, cuando era ministro de Finanzas. La empresa estuvo en el centro de las acusaciones de corrupción contra el expresidente en la investigación de la rama local del caso Odebrecht. El abogado del expresidente declinó responder al ICIJ varias solicitudes de declaraciones.
Asesor político (de Mauricio Macri y Guillermo Lasso, entre otros)
ARGENTINA Y ECUADOR —
Gurú de comunicación política y asesor de muchos mandatarios de América Latina. Alemán, Cordero, Galindo y Lee fue el despacho encargado de gestionar la documentación que EL PAÍS y los medios del consorcio revelarán en los próximos días.
Consejero jurídico del presidente López Obrador, hasta septiembre de 2021
MÉXICO — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS — FLORIDA
Julio Scherer era en 2017 propietario único de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que tenía activos por dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado. Esta offshore controlaba una compañía en Florida registrada como propietaria de un lujoso inmueble en Miami. Scherer declinó responder las preguntas y solo justificó que la investigación alude a un período en su carrera en el cual no era funcionario público.
Ministro de Economía
BRASIL — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
El ministro de Economía de Jair Bolsonaro (cargo que ostenta desde 2019) es accionista de una compañía creada en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. Desde el año siguiente, también figura su mujer como propietaria. A finales de agosto de 2021, la sociedad seguía activa. Guedes ha asegurado en un comunicado que su actuación “respetó la legislación aplicable y se guio por la ética y la responsabilidad”.
Secretario de Comunicaciones y Transportes
MÉXICO — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Arganis ha sido propietario de Desbond Finance Limited, una sociedad creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del financiero Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario. El secretario ha reconocido su participación en la empresa, pero ha dicho que se abrió con recursos privados y que lo hizo por recomendación de sus gestores financieros.
Empresario, segundo hombre más rico de México
MÉXICO — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS — CHICAGO — COLORADO
Larrea es accionista de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas que, a su vez, controlaban otras sociedades estadounidenses propietarias de bienes inmuebles en zonas exclusivas de EE UU. Las mansiones tenían un valor conjunto de 36,9 millones de dólares. El empresario no ha hecho comentarios sobre sus inversiones offshore.
Empresaria, mujer más rica de México
MÉXICO — NUEVA ZELANDA — DELAWARE
Aramburuzabala adquirió dos aviones privados y movió al menos 40 millones de dólares al extranjero a través de un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba una empresa espejo en Delaware, uno de los Estados con la tasa impositiva más baja de EE UU. La empresaria no ha contestado a múltiples solicitudes de comentarios.
Han colaborado en este reportaje: Mariano Zafra, Yolanda Clemente y Antonio Alonso (infografía), Sr. García (ilustración), Jacob Vicente López (desarrollo).
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IA entra a justicia dominicana: entre la eficiencia tecnológica y el desafío de preservar el criterio humano
El uso de herramientas inteligentes comienza a transformar procedimientos judiciales y la práctica jurídica en República Dominicana. La promesa es una justicia más rápida y eficiente, pero su expansión abre interrogantes sobre privacidad, transparencia, responsabilidad, debido proceso y el papel insustituible de jueces y abogados.
Por Elba Rosa García
La inteligencia artificial dejó de ser un asunto reservado a especialistas en tecnología para entrar en uno de los espacios más sensibles de la vida democrática: la administración de justicia.
República Dominicana comienza a experimentar esa transformación. Herramientas capaces de procesar grandes cantidades de información, asistir en la elaboración de documentos y automatizar determinadas tareas ya forman parte de iniciativas desarrolladas dentro del Poder Judicial.
El cambio promete eficiencia, pero también plantea una pregunta que trasciende la tecnología: ¿hasta dónde debe permitirse que la inteligencia artificial intervenga en procesos donde están en juego derechos, patrimonio, libertad y decisiones que pueden modificar la vida de una persona?
La IA ya está entrando a los tribunales
En julio de 2026, el Poder Judicial informó que avanza en la incorporación de soluciones apoyadas en inteligencia artificial con el propósito de optimizar la gestión judicial, fortalecer la transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de justicia.
Entre las iniciativas anunciadas figura una implementación piloto de Microsoft Copilot en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y en determinadas áreas administrativas y de apoyo a tribunales.
De acuerdo con la institución, estas herramientas permiten apoyar tareas repetitivas, asistir en la redacción jurídica y facilitar el análisis de información legal. El Poder Judicial sostiene, sin embargo, que la tecnología debe funcionar como instrumento auxiliar y no sustituir la función jurisdiccional ni el criterio humano.
Ese último aspecto constituye probablemente el punto central de la discusión.
Una cosa es ayudar al juez y otra decidir por él
La inteligencia artificial puede localizar información en segundos, organizar documentos, comparar grandes cantidades de datos y generar borradores. Pero administrar justicia no consiste solamente en procesar información.
Juzgar supone interpretar normas, valorar pruebas, ponderar derechos, motivar decisiones y comprender circunstancias humanas que difícilmente pueden reducirse a una operación matemática.
El debate ya ha llegado al Tribunal Constitucional dominicano.
Durante el Congreso Mundial de Derecho Constitucional de 2026, el magistrado Amaury A. Reyes Torres abordó el impacto de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional y sostuvo que una decisión producida mediante IA generativa no puede considerarse final sin revisión o confirmación humana. También llamó la atención sobre cuestiones como la trazabilidad, la protección de información sensible, el uso ético y la denominada “caja negra” de determinados sistemas tecnológicos.
La reflexión revela que el problema no consiste simplemente en determinar si la justicia utilizará inteligencia artificial.
La cuestión verdaderamente importante será establecer qué puede hacer la IA, qué no debe hacer y quién responde por sus resultados.
El riesgo de una justicia de “caja negra”
Cuando un juez dicta una decisión, debe explicar jurídicamente las razones que sustentan su conclusión.
Pero ¿qué sucede cuando un sistema informático recomienda un determinado resultado y no puede conocerse claramente cómo llegó hasta él?
Ahí aparece uno de los grandes problemas jurídicos de la inteligencia artificial: la explicabilidad.
En un Estado de derecho no debería bastar con afirmar que un algoritmo produjo determinado resultado. Cuando una decisión afecta derechos, la persona necesita conocer las razones, cuestionarlas y disponer de mecanismos efectivos para impugnarlas.
El debido proceso, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica adquieren así una dimensión tecnológica que hasta hace pocos años parecía lejana.
Los abogados tampoco quedan fuera de la transformación
El cambio no se limita a los tribunales.
Los abogados ya tienen acceso a sistemas capaces de resumir expedientes, estructurar argumentos, comparar documentos, preparar borradores contractuales y asistir en investigaciones jurídicas.
Utilizadas correctamente, estas herramientas pueden ahorrar tiempo y permitir que el profesional concentre mayores esfuerzos en el razonamiento jurídico y la estrategia del caso.
Pero existe una frontera que no debe perderse de vista: la inteligencia artificial puede asistir al abogado, pero no asumir su responsabilidad profesional.
Una respuesta generada automáticamente puede contener errores, omitir elementos relevantes o presentar como cierta información que no ha sido debidamente comprobada. En materia jurídica, un dato incorrecto puede comprometer la defensa de una persona o la credibilidad del profesional.
Por eso, verificar las fuentes, comprobar la jurisprudencia y revisar personalmente cualquier documento producido con asistencia tecnológica se convierte en una nueva obligación práctica del jurista contemporáneo.
Privacidad y expedientes judiciales
Existe otro problema menos visible, pero igualmente importante: los datos.
Los expedientes pueden contener información financiera, familiar, empresarial, médica, penal o patrimonial. Introducir indiscriminadamente esos datos en plataformas tecnológicas externas podría generar riesgos de confidencialidad y protección de información sensible.
Precisamente por ello, el Poder Judicial ha señalado que sus proyectos se desarrollan bajo criterios de seguridad, gobernanza tecnológica, trazabilidad, transparencia y supervisión humana.
La transformación digital de la justicia tendrá que avanzar, por tanto, acompañada de reglas estrictas sobre qué información puede ser procesada, dónde se almacena, quién puede acceder a ella y durante cuánto tiempo permanece disponible.
Los deepfakes: un nuevo desafío para la prueba
La inteligencia artificial también introduce dificultades fuera de los sistemas institucionales.
Hoy es posible generar o alterar imágenes, voces y videos con niveles crecientes de realismo. Una grabación que parece auténtica puede haber sido manipulada; una voz aparentemente perteneciente a determinada persona puede ser artificial.
Las consecuencias para el proceso judicial son evidentes.
La autenticidad, integridad, cadena de custodia y valoración de la prueba digital adquieren una importancia creciente en un entorno donde ver o escuchar algo ya no necesariamente significa que haya ocurrido de esa manera.
En junio de este año, el Poder Judicial recibió una misión de asistencia técnica vinculada con la Unión Europea para analizar la actualización del marco normativo dominicano frente a la inteligencia artificial y los delitos tecnológicos. Entre los fenómenos mencionados estuvieron fraudes, extorsiones, suplantaciones de identidad y deepfakes.
El Derecho comienza a correr detrás de la tecnología
La velocidad de la innovación presenta otro desafío.
La tecnología evoluciona en meses; las leyes necesitan discusión, consensos, aprobación y aplicación.
En la nueva legislatura iniciada en agosto, el Congreso dominicano mantiene entre su agenda diferentes reformas y proyectos vinculados con justicia, ciberseguridad e inteligencia artificial, en momentos en que esta última impacta áreas como educación, salud, empleo, seguridad y servicios públicos.
Regular demasiado pronto o con excesiva rigidez podría limitar innovaciones beneficiosas. Pero llegar demasiado tarde podría dejar a ciudadanos e instituciones sin respuestas claras frente a nuevos riesgos.
El equilibrio será complejo.
La tecnología debe servir a la justicia
La inteligencia artificial puede convertirse en una extraordinaria aliada para un sistema judicial que necesita rapidez, organización, accesibilidad y reducción de tareas repetitivas.
Pero eficiencia y justicia no son necesariamente sinónimos.
Una decisión puede producirse rápidamente y ser injusta. Un algoritmo puede procesar miles de casos y reproducir errores a gran escala. Una herramienta puede aumentar la productividad y, al mismo tiempo, generar riesgos para la privacidad.
Por eso, la transformación que comienza a experimentar la justicia dominicana no debería medirse exclusivamente por la cantidad de procesos que logren automatizarse.
El verdadero indicador será determinar si la tecnología contribuye a ofrecer una justicia más rápida sin hacerla menos humana; más moderna sin hacerla menos transparente; y más eficiente sin debilitar las garantías fundamentales de quienes acuden a los tribunales.
La inteligencia artificial llegó al Derecho y difícilmente retrocederá.
Ahora corresponde al Derecho establecer sus límites.
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Motoconchismo en República Dominicana: entre el sustento de miles de familias y el desafío de la seguridad vial
Una actividad que resuelve necesidades de transporte y genera ingresos, pero cuya informalidad y elevada exposición a los accidentes obligan al país a replantear su regulación
Por Elba García
Para una parte importante de la población dominicana, el motoconcho representa mucho más que una motocicleta estacionada en una esquina esperando pasajeros. Es fuente de ingresos, transporte rápido, conexión entre comunidades y, en numerosos sectores donde el transporte colectivo resulta insuficiente, una alternativa prácticamente indispensable.
Sin embargo, detrás de esa utilidad social y económica existe una realidad preocupante: la motocicleta ocupa un lugar central en la grave problemática de seguridad vial que enfrenta la República Dominicana.
El motoconchismo se encuentra así entre dos realidades difíciles de separar. Por un lado, proporciona sustento a miles de trabajadores y facilita la movilidad de ciudadanos; por otro, su crecimiento desorganizado, la informalidad de una parte del sector y el incumplimiento de las normas de tránsito aumentan los riesgos tanto para conductores como para pasajeros y peatones.
Un país sobre dos ruedas
La magnitud del fenómeno puede apreciarse observando la composición del parque vehicular dominicano. Al cierre de 2025, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabilizaba 3,846,694 motocicletas, equivalentes al 57.9 % de los 6,640,871 vehículos registrados en el país. En apenas un año, la cantidad de motocicletas aumentó en 314,727 unidades, un crecimiento de 8.9 %.
No todas esas motocicletas están destinadas al motoconcho, naturalmente, pero las cifras permiten dimensionar hasta qué punto este vehículo se ha integrado a la movilidad cotidiana de los dominicanos.
En barrios urbanos, municipios y comunidades rurales, el motoconcho llega allí donde muchas veces no lo hacen los autobuses, carros públicos o corredores organizados. Permite recorrer distancias cortas con rapidez y, para muchas personas que no poseen vehículo propio, constituye la forma más inmediata de llegar al trabajo, la escuela, un centro médico o una parada de transporte colectivo.
Esa flexibilidad explica parte de su permanencia y expansión.
Fuente de trabajo y supervivencia
El otro rostro del motoconcho es económico.
Para numerosos trabajadores, conducir una motocicleta para transportar pasajeros constituye una oportunidad de obtener ingresos sin depender de un empleo asalariado tradicional. En una economía donde la informalidad laboral continúa teniendo un peso significativo, la motocicleta se convierte en una herramienta de trabajo relativamente accesible.
La actividad también produce un movimiento económico indirecto: talleres de reparación, venta de repuestos, neumáticos, lubricantes, combustible y otros servicios relacionados dependen en alguna medida del enorme universo de motocicletas que circula diariamente.
Por eso, cualquier política pública destinada a enfrentar los problemas del motoconchismo debe evitar una simplificación: el motoconchista no puede ser considerado únicamente como un problema de tránsito. Es también un trabajador y un prestador de un servicio que responde a una necesidad real de movilidad.
El precio humano de la motocicleta
Pero los beneficios económicos y sociales conviven con una realidad dramática.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó en julio de 2026 que durante 2025 fallecieron 2,992 personas en siniestros de tránsito en República Dominicana y más del 65 % de las víctimas eran motociclistas.
La cifra no significa que todas esas víctimas fueran motoconchistas, pero demuestra la vulnerabilidad extraordinaria de quienes utilizan motocicletas en las vías dominicanas.
El problema tampoco se limita a las muertes. El Plan Estratégico Institucional 2025-2028 del INTRANT señala que entre 2021 y 2024 se registraron 473,850 personas lesionadas en accidentes de tránsito, una carga considerable tanto para las familias como para el sistema sanitario y la economía nacional.
Cada accidente grave puede representar hospitalización, cirugía, rehabilitación, incapacidad laboral, pérdida de ingresos y, en los casos más extremos, la muerte de quien sostiene económicamente a una familia.
Informalidad: el gran desafío
Una de las principales debilidades históricas del motoconchismo ha sido la informalidad.
Paradas improvisadas, motocicletas sin las condiciones adecuadas, conductores sin la documentación requerida, ausencia de identificación uniforme y poca capacitación vial han dificultado convertir esta actividad en un verdadero servicio organizado de transporte.
En 2026 las autoridades intensificaron las acciones para cambiar esa realidad.
Entre el 3 y el 24 de junio, el INTRANT y otros organismos estatales intervinieron 488 paradas de motoconcho en diferentes puntos del territorio nacional como parte de un proceso de regularización. Las jornadas incluyeron levantamiento documental, fiscalización y depuración de operadores.
Uno de los resultados destacados por la institución fue el incremento de 107.5 % en la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas, al pasar de 1,843 en marzo a 3,824 en junio de 2026.
La tendencia evidencia que la fiscalización, cuando está acompañada de mecanismos que permitan cumplir la normativa, puede conducir progresivamente hacia la formalización.
Seguridad ciudadana y confianza
La regulación tiene otra dimensión: la seguridad del pasajero.
Quien aborda un motoconcho entrega temporalmente su seguridad a una persona que muchas veces desconoce. De ahí la importancia de establecer mecanismos efectivos de identificación de los operadores y de las motocicletas utilizadas para prestar el servicio.
Un sistema organizado permitiría saber quién conduce, si posee licencia vigente, si la motocicleta está debidamente registrada y si cumple con los requisitos establecidos por las autoridades.
Eso protegería al pasajero, pero también al propio motoconchista responsable, porque contribuiría a diferenciar al trabajador formal de quien utiliza una motocicleta al margen de las normas.
El casco no puede ser opcional
La transformación del sector tampoco puede descansar exclusivamente sobre operativos policiales.
Debe acompañarse de educación vial permanente y de una cultura de prevención. El uso correcto del casco protector tanto por el conductor como por el pasajero, el respeto a los semáforos, la prohibición de circular en sentido contrario, el control de velocidad y la eliminación de maniobras temerarias tienen que convertirse en prácticas habituales.
El motoconchista profesional debería asumir que transportar una persona implica una responsabilidad adicional: no solamente llegar rápido, sino llevar al pasajero seguro hasta su destino.
De igual manera, los usuarios deben comprender que aceptar viajar sin casco o con un conductor que viola reiteradamente las normas también los coloca innecesariamente en peligro.
¿Eliminar o transformar?
Plantear la desaparición del motoconchismo no parece responder a la realidad social dominicana.
La actividad cumple una función que el sistema de transporte público todavía no ha podido sustituir completamente, especialmente en sectores periféricos y comunidades donde las rutas tradicionales no llegan con suficiente frecuencia.
El desafío consiste entonces en transformar el motoconcho informal en un servicio regulado, identificable y seguro.
Esto requiere registro de operadores, licencias correspondientes, motocicletas en condiciones técnicas adecuadas, uso obligatorio de equipos de protección, capacitación periódica, organización de las paradas y una fiscalización que sea constante y no solamente producto de operativos ocasionales.
También supone incorporar al propio sector a las soluciones. Las asociaciones de motoconchistas pueden desempeñar un papel importante en la organización de paradas, identificación de conductores y promoción del cumplimiento de las normas.
Entre necesidad y transformación
El motoconchismo dominicano refleja, en cierto modo, las contradicciones del sistema nacional de movilidad.
Surgió y se expandió porque había una necesidad. Generó empleos porque había personas que necesitaban trabajar. Creció en numerosos lugares porque el transporte convencional no podía responder completamente a la demanda.
Pero aquello que nació como una solución espontánea necesita evolucionar.
República Dominicana no tiene que escoger entre proteger el trabajo de los motoconchistas o garantizar la seguridad vial. Ambas cosas pueden y deben coexistir.
Formalizar el sector, capacitar a sus trabajadores y hacer cumplir la ley permitiría conservar sus beneficios económicos y sociales mientras se reducen sus consecuencias negativas.
El verdadero problema, por tanto, quizás no sea la existencia del motoconcho. El problema es permitir que un servicio utilizado diariamente por miles de ciudadanos continúe funcionando sin alcanzar los niveles de organización y seguridad que exige una sociedad moderna.
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República Dominicana crea empleos, pero la informalidad sigue siendo el gran desafío del mercado laboral
Por Elba García
El aumento de la población ocupada convive con una informalidad de 54.1 %. El desafío nacional ya no consiste únicamente en generar puestos de trabajo, sino en conseguir que más empleos ofrezcan productividad, estabilidad y protección social.
La República Dominicana continúa mostrando capacidad para generar empleos, pero detrás de las cifras positivas del mercado laboral permanece una realidad que condiciona la calidad del crecimiento económico: más de la mitad de los ocupados continúa en la informalidad.
El Boletín Trimestral del Mercado Laboral del Banco Central correspondiente a enero-marzo de 2026 sitúa la proporción de ocupados informales en 54.1 % y la de formales en 45.9 %. El dato obliga a mirar más allá del número total de personas con trabajo y preguntarse por la calidad, estabilidad y protección asociadas a esos empleos.
Una economía que recupera dinamismo
El debate adquiere mayor relevancia en momentos en que la actividad económica dominicana muestra señales de recuperación. El Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 6.4 % interanual en junio de 2026; durante abril-junio la expansión promedio fue de 5.0 %, y en el primer semestre el crecimiento acumulado alcanzó 4.5 %. Construcción, minería, zonas francas y servicios estuvieron entre las actividades de mayor dinamismo.
Ese desempeño confirma que crecimiento y generación de actividad productiva están presentes. Sin embargo, el reto consiste en lograr que una mayor proporción de ese dinamismo se traduzca en empleos formales y sostenibles.
Tener trabajo no siempre significa tener protección
La informalidad es un fenómeno más complejo que el simple hecho de trabajar por cuenta propia. Desde la perspectiva del desarrollo, plantea interrogantes sobre protección social, estabilidad de los ingresos, productividad, acceso al crédito y capacidad de trabajadores y pequeños negocios para incorporarse plenamente a la economía organizada.
Por eso, una política laboral moderna no puede limitarse a contar cuántas personas están ocupadas. Debe observar también bajo qué condiciones trabajan y qué posibilidades tienen de progresar.
El pequeño negocio también enfrenta barreras
La formalización tampoco puede abordarse únicamente desde la fiscalización. Para muchos pequeños negocios, el tránsito hacia la formalidad implica costos, trámites y obligaciones que pueden resultar difíciles de asumir. El desafío de las políticas públicas es conseguir que formalizarse represente una ventaja real: acceso a financiamiento, capacitación, mercados, protección y oportunidades de crecimiento.
Una estrategia efectiva necesita combinar simplificación administrativa, incentivos, educación financiera, productividad y cumplimiento de las obligaciones legales. Perseguir la informalidad sin comprender sus causas podría terminar debilitando a unidades productivas que generan sustento para miles de familias.
El desafío de los jóvenes
Para los jóvenes, la discusión tiene una dimensión adicional. El primer empleo suele ser la puerta de entrada a la experiencia, al crédito y a la independencia económica. Cuando esa puerta conduce principalmente a ocupaciones precarias o informales, el país corre el riesgo de reproducir durante años una estructura laboral de baja productividad.
La formación técnica, la educación vinculada a las necesidades productivas y las competencias digitales serán cada vez más importantes ante la transformación tecnológica del mercado de trabajo.
Crecer no será suficiente
La República Dominicana necesita continuar creciendo. Pero el desarrollo no puede medirse únicamente por la velocidad de expansión de la economía. También importa la capacidad de ese crecimiento para elevar la productividad, los ingresos y la seguridad económica de las familias.
La informalidad de 54.1 % registrada en el primer trimestre de 2026 resume uno de los grandes desafíos pendientes. El país ha demostrado que puede generar actividad económica; la próxima tarea es conseguir que una mayor parte de esa actividad se convierta en oportunidades formales, productivas y sostenibles.
La verdadera medida del progreso no estará solamente en cuántos dominicanos trabajan, sino también en cómo trabajan, qué protección reciben y qué posibilidades tienen de construir un futuro mejor.
FUENTES DE REFERENCIA
- Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral del Mercado Laboral, enero-marzo de 2026.
- Banco Central de la República Dominicana, “Economía dominicana registra expansión de 6.4 % en junio 2026”, 23 de julio de 2026.