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Nombre de Luis Abinader en paraísos fiscales crea confusión y escepticismo en sociedad dominicana.
El supuesto o verdadero propósito de Abinader ha sido puntualizado por un espacio pagado de la Presidencia de la República en el que se hace énfasis en el interés del mandatario de que cada día sean más fuertes los esfuerzos en favor de la transparencia, la democracia y la lucha en contra de la impunidad y la corrupción.
El presidente Abinader ha dicho que siempre ha predicado con el ejemplo, como nadie antes, sin esconder propiedades y sostiene que todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales, siempre de acuerdo con las leyes nacionales.
El Consorcio Internacional de Periodistas ha realizado unas investigaciones que no dejan dudas de la forma de manejarse de todo el que busca estos paraísos fiscales para evadir impuestos o para lavar activos provenientes del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilegal.
Lo que el presidente Abinader tiene en su contra en el presente caso, que ocupa las primeras planas de todos los diarios del mundo, en cuya revelación hay otros mandatarios como Sebastián Piñeira de Chile y Guillermo Lazo de Ecuador, entre otros funcionarios y artistas de todas partes del mundo, es que esta información sale a la superficie en un momento muy difícil para su gobierno y para mucha de su gente por estar involucrada en actividades del bajo mundo.
Son más de cinco los diputados del PRM oficialmente involucrados en por lo menos la última red de narcotráfico desmantelada por el Ministerio Público, ya que con la misma también tiene que ver la familia de la diputada del PRM en La Vega y el otro legislador preso en los Estados Unidos.
Es un asunto sumamente grave, sobre todo cuando circula una información muy comprometedora de que el diputado Miguel Gutiérrez, preso en Miami, ha hecho delaciones premiadas de que a través de su esposa, Rosa Jiménez, , entregó al presidente Luis Abinader, a los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Educación, Roberto Fulcar, más de 158 millones de dólares durante la pasada campaña electoral.
De acuerdo a lo que ha trascendido al respecto, los tres son investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de cuyo expediente no tiene ninguna constancia este periódico, pero este no es el primer medio que habla del asunto. La República ha recibido extraoficialmente información sobre lo que ocurre con el presidente y su partido, el PRM, pero reitera que no tiene ninguna prueba sobre el particular y el Gobierno norteamericano nunca confirma ni niega este tipo de información.
En lo que se refiere a la declaración de bienes del presidente Abinader es importante que el capital que él dice tener conjuntamente con su esposa que sea transparentado mediante la presentación de la determinación de herederos de ambos, a fin de no dejar ninguna duda a una sociedad que ya no soporta la doble moral de sus políticos y la práctica de alterar riquezas con propósitos diversos.
En el año 2016 el presidente Luis Abinader en una entrevista concedida al periodista Jorge Ramos de Univisión declaró que tenía una fortuna familiar que alcanzaba el millón doscientos mil dólares, pero luego de su llegada al poder en el 2020 habla de una riqueza entre él y su esposa que alcanza la suma de 4,396 millones de pesos.
Seria de un gran interés para el pueblo dominicano saber cómo se llegó a esa cantidad de dinero, porque para que así fuera debieron tasarse los bienes dejados por su padre e incluso podría tener un gran valor informar si los hermanos recibieron la misma cantidad como herederos que son e igual requerimiento debía hacérsela a la esposa del jefe de Estado.
Frente a lo ocurrido con los paraísos fiscales con Abinader seria saludable que todo pueda quedar lo suficientemente transparentado, ya que este medio de comunicación encuentra que hay detalles que no cuadran en lo que respecta al patrimonio de la familia presidencial.
La Presidencia de la República publicó un espacio pagado donde indica que el mandatario Luis Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones “y activos locales que cumplen sus obligaciones tributarias en el país”.
El documento señala que es de interés del mandatario que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.
“… predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales”, indica la publicación.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
COMUNICADO
El Gobierno Dominicano entiende que la rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos es una obligación ineludible para todos los servidores públicos. En este sentido, consideramos oportuno dar una respuesta oficial a las informaciones liberadas por el Consorcio Internacional de Periodistas que incluye compañías que son parte del patrimonio personal y familiar del presidente de la República Dominicana.
El compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia es una constante en su carrera política. En el año 2020, cuando se convierte en Presidente de la República, cumplió con el mandato establecido en la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que obliga a todos los funcionarios que manejen fondos públicos a transparentar su realidad patrimonial.
En su Declaración Jurada de Patrimonio el presidente Abinader presentó toda la arquitectura legal con la que maneja los activos del patrimonio acumulado por el esfuerzo empresarial propio y de toda su familia. Como parte de estos activos fueron declaradas diversas compañías extranjeras (offshore), como pocos presidentes en el mundo. La razón fundamental de utilizar este tipo de compañías se debe a que hasta finales del año 2008, la República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derecho societario. Producto de esa realidad, adquirir activos e incluso realizar negocios locales o internacionales utilizando compañías dominicanas presentaba obstáculos importantes.
La facilidad en el proceso de incorporación, la flexibilidad en su gobernanza y el hecho de que el sistema jurídico local permitiera utilizar este tipo de sociedades volvió una práctica común utilizar entidades legales incorporadas en el extranjero para manejar inversiones y activos. El presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias en el país.
Los diarios internacionales que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas reconocen la transparencia del presidente Abinader, porque al juramentarse en el cargo incluyó en el patrimonio declarado a las dos compañías señaladas en los documentos publicados. En las compañías panameñas citadas -Padreso S.A. y Litlecot Inc.- Abinader comparte la propiedad con sus hermanos.
Como parte de un proceso de reestructuración patrimonial para lograr la desvinculación total de la gestión de los bienes familiares, al momento de ejercer el cargo que actualmente ocupa, el presidente
Abinader, junto a los miembros de su familia, decidió constituir un fideicomiso de administración en República Dominicana para manejar todo su patrimonio y el de su familia.
Es importante destacar que desde el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero.
Es interés del presidente Abinader que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia, la lucha contra la impunidad y la corrupción, predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales.
Santo Domingo, 03 de octubre de 2021
Por considerarlo de un gran interés reproducimos el reportaje de El País sobre las cuentas offshore en las que está involucrado el presidente Luis Abinader.
Los más poderosos de América Latina y sus vinculaciones con negocios ‘offshore’ en los ‘Papeles de Pandora’
La investigación internacional liderada por el ICIJ destapa las sociedades opacas que políticos y empresarios de todo el continente han abierto con 14 despachos de abogados
Al menos 92 políticos o altos funcionarios de América Latina crearon sociedades opacas con la ayuda de los 14 despachos de abogados de Los Papeles de Pandora: 11,9 millones de documentos confidenciales que se hacen públicos por primera vez gracias a una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
¿Qué son los ‘Papeles de Pandora’? Diez claves para entender la investigación
Son los documentos que acreditan los negocios, las estructuras, la compraventa de acciones y de casas de quienes han decidido durante décadas las políticas de América Latina, la región más desigual del mundo. Algunos de ellos siguen en el cargo o mantienen posiciones muy cercanas al poder. Otros han pasado a la actividad privada. En este gráfico, EL PAÍS recopila los más relevantes de entre aquellos que los medios del Consorcio hacen públicos este domingo. En los próximos días y semanas se añadirán otros nombres.
Las llamadas sociedades offshore, radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, son legales siempre que el propietario las declare allí donde resida. Pero a menudo se crean en alguna jurisdicción opaca en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos. La OCDE calcula que el equivalente al 27% de la riqueza financiera de la región está desviada en sociedades offshore, lo que supone 19.000 millones de euros, unos 22.000 millones de dólares, en impuestos perdidos cada año.
Más de 600 periodistas de 117 países han analizado durante dos años los 11,9 millones de documentos. Páginas independientes, grandes periódicos, reporteros freelance y televisiones han tenido acceso a los mismos escritos que destapan negocios hasta ahora desconocidos en su mayoría. Los medios que se enlazan debajo de cada mandatario o empresario son los que, desde el comienzo, han llevado la investigación en su país.
Presidente
CHILE — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Los negocios offshore de Sebastián Piñera involucran varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Una de esas compañías se usó para la compraventa de una minera en Chile con un empresario. Otras dos entidades registradas en las Islas Vírgenes Británicas entre 1997 y 2000 recibieron fondos de los negocios del mandatario. Uno de sus hijos fue director de una de las compañías, antes de que se cerraran en 2018. “Hoy ni Piñera ni su familia poseen o controlan vehículos de inversión en el extranjero”, ha defendido un portavoz.
Investigación en CIPER y La Bot
Presidente
REPÚBLICA DOMINICANA — PANAMÁ — REP. DOMINICANA
Los documentos revelan que el presidente es beneficiario junto a sus hermanos de dos sociedades en Panamá, ambas creadas antes de asumir el cargo, que se usaban para gestionar activos en República Dominicana. Las acciones de estas sociedades estuvieron asignadas hasta 2018 “al portador”, una fórmula utilizada para ocultar los beneficiarios de las compañías. Al convertirse en presidente en 2020, declaró tener nueve sociedades offshore. Abinader asegura haber utilizado esas compañías para gestionar activos vinculados a la familia. Fueron creadas por unos asesores, quienes las mantuvieron al portador hasta que se asignaron a un cliente concreto.
Investigación en El Informe con Alicia Ortega
Presidente
ECUADOR — PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES
Los Papeles de Pandora revelan que Lasso ha estado vinculado a 14 sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos y Canadá. Al menos una decena de ellas quedaron inactivas antes de que el mandatario se convirtiera en candidato en las elecciones presidenciales de 2017. “Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore”, ha defendido Lasso.
Primer Ministro (2012-2014)
HAITÍ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Lamothe se había desvinculado de sus compañías antes de entrar en el Gobierno. Pero los Papeles de Pandora revelan que siguió siendo accionista en algunas sociedades durante su mandato, como tres en las Islas Vírgenes Británicas que Trident Trust creó entre 2002 y 2008. Lamothe declinó responder las preguntas por tratarse de “asuntos privados” y aseguró que no usó su cargo para “promover ningún interés comercial”.
Expresidente del Gobierno (2010-2014)
HONDURAS — PANAMÁ
Los archivos internos de Alcogal revelan que Lobo creó tres compañías en Panamá, dos de ellas mientras era presidente. Los documentos también apuntan a una conexión con otras dos sociedades panameñas con su hijo y una con su esposa. Lobo argumentó que las abrió para gestionar un préstamo en Panamá, por seguridad y por las tasas de interés preferenciales.
Investigación en Contra Corriente
Expresidente (2013-2018)
PARAGUAY — PANAMÁ — MIAMI
Los documentos revelan que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de un millón de dólares. A través de una de las compañías, con sede en Panamá, tenía una cuenta en un banco de su país y un apartamento en Miami. Un apoderado legal de Cartes ha admitido el vínculo con una sociedad y ha asegurado que reportaron la actividad ante las autoridades fiscales.
Investigación en ABC (Paraguay)
Expresidente (1998-2002
COLOMBIA — PANAMÁ — EE UU
Andrés Pastrana es dueño de una sociedad de Panamá desde 2016. La offshore, cuya accionista es otra compañía colombiana, controla una cuenta bancaria en Estados Unidos. Los beneficiarios finales de todo el esquema son el expresidente y su familia. Pastrana ha explicado que ”buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio” y ha asegurado que reportó la entidad ante las autoridades fiscales.
Investigación en EL PAÍS Edición América
Expresidente (1990-1994)
COLOMBIA — PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Los Papeles de Pandora revelan la relación entre varias compañías creadas en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas por Gaviria y familiares cercanos suyos, entre los que se encuentran sus hijos. El expresidente declinó responder por las sociedades y justificó que la información financiera de los colombianos está amparada por una reserva documental.
Expresidente (1999-2004)
EL SALVADOR — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Francisco Flores ha sido el beneficiario de varias sociedades creadas en Panamá en 2005 y en las Islas Vírgenes Británicas en 2006. Una de ellas apareció en la investigación judicial sobre una posible malversación de fondos de emergencia para zonas del país afectadas por un terremoto. Se habría usado para transferir casi un millón de dólares desde la sociedad a una cuenta de Flores en un banco panameño. Flores falleció en 2016.
Expresidente (1989-1994)
EL SALVADOR — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Alfredo Cristiani fue director, propietario o presidente de al menos 15 compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. La primera fue creada en 1992, cuando ocupaba la presidencia. Varios miembros de su familia fueron copropietarios o directores en la mayoría de las sociedades. Siete de esas entidades permanecían activas en 2018. Cristiani declinó responder, pero un representante legal aseguró que todos los negocios que realizó el exmandatario fueron de acuerdo a la ley.
Expresidente de Panamá (2014-2019)
PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Varela ha sido dueño de una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas durante toda su etapa en el Gobierno, incluso durante su presidencia. Sigue siendo accionista de la compañía y, asegura, informó de ello a las autoridades durante su candidatura a la presidencia del país.
Expresidente (1994-1999)
PANAMÁ — –
Los documentos filtrados señalan al expresidente como director de tres compañías offshore, dos creadas durante su mandato. Pérez Balladares aparece vinculado a otra sociedad en las Islas Vírgenes señalada en un caso de sobornos en Panamá. Las tres hijas y la esposa del exmandatario también están en la filtración. Ni el exmandatario ni sus hijas respondieron las múltiples peticiones de comentario.
Expresidente (2009-2014)
PANAMÁ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Martinelli aparece como accionista y agente registrado de varias compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas. También está vinculado a dos sociedades que fueron incorporadas en Belice y transferidas a Panamá a petición de la entidad Banca Privada de Andorra (BPA). En el marco de la investigación sobre Odebrecht, la constructora en el centro del mayor caso de corrupción en América Latina, un exdirectivo de la compañía aseguró que las compañías se usaron para pagar sobornos a los hijos de Martinelli a cambio de contratos públicos. El expresidente respondió que nunca ha sido cliente del despacho Alcogal ni está vinculado a las empresas señaladas en el caso Lava Jato.
Expresidente (2016-2018)
PERÚ — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Los Papeles de Pandora arrojan nuevos datos sobre Dorado Asset Management LTD, una compañía creada en las Islas Vírgenes Británicas por Kuczynski, cuando era ministro de Finanzas. La empresa estuvo en el centro de las acusaciones de corrupción contra el expresidente en la investigación de la rama local del caso Odebrecht. El abogado del expresidente declinó responder al ICIJ varias solicitudes de declaraciones.
Asesor político (de Mauricio Macri y Guillermo Lasso, entre otros)
ARGENTINA Y ECUADOR —
Gurú de comunicación política y asesor de muchos mandatarios de América Latina. Alemán, Cordero, Galindo y Lee fue el despacho encargado de gestionar la documentación que EL PAÍS y los medios del consorcio revelarán en los próximos días.
Consejero jurídico del presidente López Obrador, hasta septiembre de 2021
MÉXICO — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS — FLORIDA
Julio Scherer era en 2017 propietario único de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que tenía activos por dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado. Esta offshore controlaba una compañía en Florida registrada como propietaria de un lujoso inmueble en Miami. Scherer declinó responder las preguntas y solo justificó que la investigación alude a un período en su carrera en el cual no era funcionario público.
Ministro de Economía
BRASIL — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
El ministro de Economía de Jair Bolsonaro (cargo que ostenta desde 2019) es accionista de una compañía creada en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. Desde el año siguiente, también figura su mujer como propietaria. A finales de agosto de 2021, la sociedad seguía activa. Guedes ha asegurado en un comunicado que su actuación “respetó la legislación aplicable y se guio por la ética y la responsabilidad”.
Secretario de Comunicaciones y Transportes
MÉXICO — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Arganis ha sido propietario de Desbond Finance Limited, una sociedad creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del financiero Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario. El secretario ha reconocido su participación en la empresa, pero ha dicho que se abrió con recursos privados y que lo hizo por recomendación de sus gestores financieros.
Empresario, segundo hombre más rico de México
MÉXICO — ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS — CHICAGO — COLORADO
Larrea es accionista de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas que, a su vez, controlaban otras sociedades estadounidenses propietarias de bienes inmuebles en zonas exclusivas de EE UU. Las mansiones tenían un valor conjunto de 36,9 millones de dólares. El empresario no ha hecho comentarios sobre sus inversiones offshore.
Empresaria, mujer más rica de México
MÉXICO — NUEVA ZELANDA — DELAWARE
Aramburuzabala adquirió dos aviones privados y movió al menos 40 millones de dólares al extranjero a través de un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba una empresa espejo en Delaware, uno de los Estados con la tasa impositiva más baja de EE UU. La empresaria no ha contestado a múltiples solicitudes de comentarios.
Han colaborado en este reportaje: Mariano Zafra, Yolanda Clemente y Antonio Alonso (infografía), Sr. García (ilustración), Jacob Vicente López (desarrollo).
De portada
El camino tortuoso de crear una micro, pequena o mediana empresa en R.D. y cuyo principal desafio es el de sobrevivir.
Por Elba García
En República Dominicana, abrir un pequeño negocio puede comenzar con una idea, unos cuantos ahorros y el deseo de progresar.
Mantenerlo abierto, sin embargo, es otra historia.
Detrás de cada colmado, salón de belleza, taller, cafetería, pequeña tienda, empresa de servicios, fábrica artesanal o negocio familiar existe una estructura que genera empleo, mueve dinero en los barrios y sostiene a miles de familias.
Son las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y aunque constituyen una de las principales columnas de la economía dominicana, para muchas de ellas sobrevivir significa enfrentar todos los días una carrera contra los costos, la falta de liquidez y las dificultades para financiarse.
EL PESO DE LAS MIPYMES
Su importancia no es marginal.
La Encuesta Nacional de MIPYMES 2022-2023 contabilizó unas 404 mil unidades empresariales, generadoras de alrededor de 3 millones 52 mil empleos. El MICM señala que el sector representa aproximadamente el 61.6% del empleo total y alrededor del 32% del Producto Interno Bruto.
Por su parte, los registros tributarios muestran la magnitud de su presencia dentro del empresariado formal.
La Dirección General de Impuestos Internos registró 275,950 MIPYMES en 2024, equivalentes al 98.5% de las empresas registradas consideradas en ese boletín.
De ese total, 232,459 eran microempresas, 35,327 pequeñas y 8,164 medianas.
Esto significa que cuando una pequeña empresa atraviesa dificultades, no estamos hablando simplemente del problema particular de un comerciante.
Estamos hablando de empleo, consumo, producción, impuestos y sustento familiar.
¿CUÁNTAS LOGRAN SOBREVIVIR?
Aquí aparece una de las cifras más reveladoras.
La Oficina Nacional de Estadística establece que durante 2025 sobrevivieron 109,192 empresas formales, equivalentes al 87.4% del stock de empresas activas de ese año.
La tasa general de supervivencia fue de 91.4%.
Pero cuando se observa el tamaño de las empresas, aparece una diferencia significativa.
Por cada cien microempresas activas en 2024, aproximadamente 90 continuaron funcionando en 2025.
La tasa de supervivencia de las microempresas fue de 90.2%.
En las pequeñas empresas alcanzó 96%.
Y en las medianas llegó hasta 98%.
Es decir, mientras más pequeño es el negocio, mayor parece ser su vulnerabilidad.
Y esa diferencia importa.
Porque una microempresa dispone generalmente de menos capital de respaldo, menos capacidad para absorber pérdidas y menores posibilidades de resistir varios meses de reducción en sus ventas.
EL COSTO DE MANTENER LAS PUERTAS ABIERTAS
El empresario pequeño no solo necesita vender.
Tiene que pagar alquiler.
Electricidad.
Nómina.
Seguridad Social.
Transporte.
Combustibles.
Impuestos.
Servicios tecnológicos.
Inventarios.
Materias primas.
Mantenimiento.
Y muchas veces tiene que reponer mercancías a precios superiores antes de haber recuperado completamente el dinero invertido en las anteriores.
Cuando esos costos aumentan, una empresa grande puede contar con reservas, negociar mejores precios con proveedores o acudir al financiamiento.
Una microempresa tiene mucho menos espacio para maniobrar.
Los datos internacionales más recientes también retratan parte del problema empresarial dominicano.
La Encuesta Empresarial 2025 del Banco Mundial identificó entre los obstáculos mencionados por las empresas las tasas impositivas, la competencia del sector informal, la electricidad, la disponibilidad de trabajadores adecuadamente preparados y el acceso al financiamiento.
La propia base del estudio muestra empresas que calificaron el acceso al crédito como un obstáculo moderado, importante o muy severo. La encuesta advierte, sin embargo, que los conteos de esa base no deben interpretarse directamente como porcentajes representativos de todas las empresas dominicanas.
EL CRÉDITO: NECESARIO, PERO CARO
El financiamiento constituye otro punto crítico.
Según el Monitor de Industria del MICM, durante el último cuatrimestre de 2024 la tasa de interés promedio aplicada a las MIPYMES fue de aproximadamente 17.2%.
Pero las microempresas pagaban más.
La tasa promedio para ellas alcanzaba 18.4%, frente a 16.9% para las pequeñas y 15.3% para las medianas.
Esto plantea una paradoja:
quien tiene menor capacidad económica puede terminar enfrentando un financiamiento proporcionalmente más costoso.
Y cuando un préstamo se utiliza no para ampliar una empresa, comprar maquinaria o innovar, sino para pagar nómina, alquiler, suplidores o deudas anteriores, el crédito deja de convertirse en una herramienta de crecimiento y puede transformarse en una extensión del problema de liquidez.
¿SIGNIFICA ESTO QUE NO EXISTEN PROGRAMAS DE CRÉDITO?
No.
Y esta precisión es importante.
El Estado dispone de mecanismos dirigidos al sector, aunque necesariamente se debe examinar el criterio del manejo de los mismos, porque generalmente hay favoritismos y se privilegia no al más necesitado, sino al que mayores conexiones políticas tiene.
PROMIPYME informó que durante 2025 desembolsó más de RD$8,169 millones, impactando a 36,981 micro, pequeños y medianos empresarios.
Para junio de 2026, la institución informó que su cartera había alcanzado alrededor de RD$11,846 millones y que los desembolsos acumulados entre 2024 y junio de 2026 superaban los RD$19,800 millones.
PROMIPYME también ha ofrecido créditos alrededor del 12% anual y ha incorporado mecanismos como “Tu Firma es Tu Garantía” y nuevos modelos de evaluación crediticia.
El problema, por tanto, no puede resumirse diciendo que no existe financiamiento, pero de cualquier modo se debe determinar cómo se indica más arriba cuál es el criterio de la colocación o otorgamiento de los mismos.
Pero a la luz de los informes oficiales sobre financiamiento, la pregunta correcta es otra:
¿es suficiente, accesible, oportuno y adecuado para las necesidades de cientos de miles de pequeñas unidades productivas?
EL PROBLEMA DEL TAMAÑO
La vulnerabilidad se concentra precisamente donde está la mayoría.
De las 275,950 MIPYMES registradas por la DGII para 2024, 84.2% eran microempresas.
Y dentro de ese grupo, cerca del 59.7% estaba clasificado como microempresa de subsistencia.
Esto ayuda a explicar el fenómeno.
No estamos hablando únicamente de pequeñas compañías con oficinas estructuradas y capital acumulado.
Estamos hablando también de negocios que dependen diariamente de lo que venden para volver a comprar, pagar sus compromisos y sostener a sus propietarios.
En esos casos, una caída en las ventas, una avería, una factura elevada, una enfermedad, la pérdida de mercancía o varias semanas con poca actividad pueden convertirse en una crisis empresarial.
FORMALIDAD VERSUS SUPERVIVENCIA
Aquí surge otra contradicción.
El país necesita que los pequeños negocios se formalicen.
Pero formalizarse también significa asumir responsabilidades tributarias, laborales y administrativas.
Si el empresario formal compite al mismo tiempo contra unidades económicas que operan fuera de esos costos, aparece una desigualdad competitiva.
Por eso, formalizar no debe consistir únicamente en registrar una empresa.
Debe significar también crear las condiciones para que esa empresa pueda permanecer formal, crecer y generar empleos.
¿QUÉ NECESITAN LAS MIPYMES?
El desafío dominicano parece exigir algo más amplio que simplemente prestar dinero.
Se requiere financiamiento competitivo.
Pero también educación financiera.
Asistencia técnica.
Digitalización.
Acceso a mercados.
Compras públicas.
Innovación.
Capacitación empresarial.
Mecanismos de garantías.
Y políticas que permitan que una empresa pase de sobrevivir a crecer.
Porque prestar dinero a un negocio sin analizar su capacidad para producir, vender y pagar puede resolver una urgencia, pero no necesariamente garantiza su sostenibilidad, lo que no parece garantizar el Estado en esta materia.
Las MIPYMES dominicanas representan una paradoja económica.
Son pequeñas individualmente…
pero gigantes cuando se observa su impacto colectivo.
Generan millones de empleos y constituyen prácticamente todo el tejido empresarial del país.
Sin embargo, son precisamente las unidades más pequeñas las que presentan la menor tasa de supervivencia.
En 2025, mientras las medianas empresas, según estadísticas oficiales, alcanzaron una supervivencia de 98%, las microempresas se situaron en 90.2%.
Detrás de esa diferencia hay historias empresariales que merecen ser estudiadas.
Porque el gran desafío económico no es solamente conseguir que cada año nazcan miles de negocios.
Es lograr que puedan llegar al segundo año.
Al quinto.
Al décimo.
Que puedan contratar trabajadores.
Invertir.
Crecer.
Y transformarse algún día de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y, por qué no, de medianas a grandes.
Porque cuando desaparece una pequeña empresa no siempre cierra solamente un establecimiento.
Muchas veces desaparece un empleo.
Una fuente de ingresos.
Una inversión familiar.
Y quizás el proyecto económico de toda una vida, cuyo desenlace también implica un problema humano.
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Los pesticidas en los alimentos son un riesgo invisible para la salud humana y un desafío para el Estado en R. D.
Es un problema que está presente todos los días sobre nuestras mesas con los productos agrícolas que consumimos como tomates, lechugas, ajíes, pepinos, plátanos, frutas, vegetales, entre otros.
Por Elba García
Estos productos son asociados con una alimentación saludable, pero detrás de cada uno de ellos existe una pregunta que pocas veces se hace el consumidor, como qué cantidad de pesticidas fue utilizada durante su producción y cuántas de esas sustancias podrían permanecer en el alimento que finalmente consumimos.
El uso de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas forma parte de la agricultura moderna, a los fines de combatir insectos, hongos, malezas y otras amenazas capaces de destruir plantaciones enteras.
Por tanto, el problema no está necesariamente en utilizar productos fitosanitarios autorizados, sino también en que el verdadero peligro aparece cuando se utilizan productos prohibidos en una sociedad sin controles eficientes y donde se aplican dosis superiores a las permitidas, se mezclan sustancias incorrectamente o no se respeta el periodo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
La Organización Mundial de la Salud advierte que los pesticidas pueden ser potencialmente tóxicos para los seres humanos y producir efectos agudos o crónicos dependiendo del producto, la dosis y la forma de exposición y ya en el país ha habido secuelas en este sentido.
El mayor riesgo comienza en el campo, donde los primeros expuestos son los propios trabajadores agrícolas, porque quien prepara el producto, quien llena una mochila de fumigación, quien aplica el químico, quien permanece dentro de la plantación y también las personas que viven cerca de áreas donde se realización las aplicaciones sufre una mayor exposición, especialmente cuando no utilizan correctamente guantes, mascarillas, ropa protectora y demás equipo de seguridad.
Según la OMS, entre sus posibles manifestaciones pueden encontrarse irritaciones de piel y ojos, mareos, náuseas, vómitos, dificultades respiratorias y alteraciones neurológicas, dependiendo de la sustancia involucrada y de la cantidad recibida, pero peor aún se corre el riesgo de padecer de enfermedades catastróficas como cáncer
La misma OMS señala que determinadas exposiciones elevadas o prolongadas a pesticidas pueden relacionarse, según la sustancia, con efectos además sobre el sistema nervioso, la reproducción y otros problemas de salud, las cuales en algún momento provocaron prácticamente una epidemia de cirrosis hepática en el país.
Sin embargo, no todos los pesticidas pueden colocarse bajo una misma categoría de riesgo, ya que cada sustancia posee características toxicológicas diferentes.
El problema abordado en este reportaje toma otra dimensión cuando los productos del campo llegan a la mesa del consumidor, lo que indica que el riesgo no termina necesariamente cuando concluye la fumigación.
Porque una parte de los productos utilizados puede permanecer como residuo en frutas, verduras, cereales y otros productos agrícolas, lo que motiva que haya los llamados límites máximos de residuos, conocidos como LMR.
Estos límites establecen cuánto residuo de una sustancia puede permanecer legalmente en determinado alimento, lo cual en la República Dominicana se dispone de una base oficial máxima de los mismos que contempla diferentes principios activos y los compara, entre otros parámetros, con estándares del CODEX Alimentarius, Estados Unidos y la Unión Europea.
La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura evalúan periódicamente pesticidas y establecen parámetros científicos destinados a determinar niveles de exposición considerados aceptables para los consumidores.
En el informe conjunto correspondiente a 2025 fueron evaluados 38 pesticidas, incluyendo aspectos de toxicología y exposición alimentaria, lo cual permite establecer que la presencia de un residuo de pesticida en un alimento no significa automáticamente que ese producto es peligroso.
Realmente el riesgo depende de cuál sustancia está presente, y fundamentalmente, de su concentración y del nivel de exposición del consumidor, ya que el problema aparece cuando los residuos superan los límites de seguridad establecidos.
El principal desafío en esta materia ocurre cuando falla el control en muchos países agrícolas, porque no basta con establecer normas, dado que es necesario comprobar que realmente se cumplen.
Un sistema efectivo necesita vigilancia desde la importación y comercialización del pesticida hasta su utilización en la finca y además necesita de agricultores capacitados, y registros de los productos utilizados, lo cual no es tan fácil en el país por los bajos niveles de fiscalización y control del Estado.
De igual modo se imponen inspecciones, laboratorios, toma periódica de muestras, análisis de frutas y vegetales, control de los establecimientos que comercializan agroquímicos, a los fines de promover sanciones cuando se detecten prácticas que puedan poner en peligro la salud humana o el medio ambiente.
La propia Organización Mundial de la Salud sostiene que, debido a que los pesticidas son sustancias intrínsecamente tóxicas utilizadas deliberadamente en el ambiente, su producción, distribución y aplicación requieren regulación estricta, además del monitoreo periódico de residuos en alimentos y en el medio ambiente.
En República Dominicana no existe un marco de regulación y vigilancia de plaguicidas eficiente, pese a que en el 2024 el Ministerio de Agricultura dijo que actualizó disposiciones relacionadas con el registro de los mismos y reafirmó su responsabilidad de supervisar los productos que se formulan, comercializan, utilizan o aplican en territorio dominicano, procurando reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente.
En la teoría, aunque no en la práctica, también existen programas oficiales para el monitoreo de residuos en frutas y vegetales nacionales e importados, pese a que el funcionario competente regularmente insiste en la existencia de control.
De cualquier modo, la interrogante al respecto debe versar sobre si son suficientes la vigilancia, la frecuencia de análisis, la capacidad de fiscalización y la educación de todos los productores para garantizar que cada producto agrícola que llega al consumidor cumpla con los niveles establecidos.
Pero si se profundizara la discusión sobre este particular, necesariamente habría que decir que, de acuerdo con un informe de monitoreo divulgado por el Ministerio de Agricultura fueron analizadas 1,188 muestras de frutas y vegetales, de las cuales el 97 por ciento se encuentra conforme con los parámetros técnicos utilizados, mientras que solo una proporción reducida presentó residuos que excedían los niveles establecidos.
De ser como lo plantea el órgano oficial y competente, entonces podría decirse por qué los controles son necesarios, porque cuando la mayoría de las muestras cumple, basta la existencia de productos fuera de los parámetros.
Hay otra realidad que preocupa y es cuando un producto sale del país hacia mercados internacionales, el mismo debe enfrentarse a controles establecidos por los compradores, como los Estados Unidos y la Unión Europea, quienes aplican limites específicos de residuos de pesticidas.
Otro informe que habría que determinar su efectividad es que el Ministerio de Agricultura dijo que reforzó en zonas fronterizas dominicanas medidas que incluían monitoreo de residuos de plaguicidas en productos destinados a exportación hacia Estados Unidos y Europa, lo cual plantea otra pregunta.
¿Debe existir el mismo nivel de vigilancia sobre los alimentos destinados al mercado dominicano que sobre aquellos destinados a la exportación?
La respuesta desde el punto de vista de la salud pública debería conducir a un principio fundamental:
el consumidor dominicano merece los mismos niveles de inocuidad y seguridad alimentaria.
También sería un error generar la percepción de que consumir frutas y vegetales representa automáticamente un peligro, aunque hay una gran diferencia de los productos destinados a la exportación y los que se comercializan en el mercado local.
Aunque la Organización Mundial de la Salud explica que la población general normalmente está expuesta a niveles mucho menores de pesticidas que los trabajadores que los manipulan directamente, el consumidor al final de la jornada resulta ser el más perjudicado por la existencia del elemento cuantitativo.
Además, la evaluación científica internacional busca precisamente establecer límites que permitan utilizar determinados productos agrícolas sin representar riesgos inaceptables para el consumidor.
El problema surge con el uso incorrecto.
Cuando se aplica más cantidad de la recomendada.
Cuando se fumiga demasiado cerca de la cosecha.
Cuando alguien utiliza sustancias no autorizadas.
Cuando los trabajadores manipulan productos sin protección.
Cuando se contaminan fuentes de agua.
O cuando los mecanismos de vigilancia no detectan a tiempo las irregularidades.
No obstante, también debe decirse que el consumidor también puede adoptar algunas medidas básicas, como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que se debe lavar adecuadamente frutas y vegetales, y, cuándo es apropiado para determinados alimentos, pelarlos.
Estas medidas pueden contribuir a disminuir ciertos residuos superficiales y otros contaminantes microbiológicos, pero algo debe quedar claro que la responsabilidad principal no puede recaer sobre quien compra los alimentos, porque debe entenderse que el consumidor no cuenta con un laboratorio en su casa, lo que imposibilita si una lechuga contiene determinado pesticida.
Es decir, que no puede determinar con mirar un tomate qué producto químico fue utilizado hace algunos días, pero esta inocuidad alimentaria depende fundamentalmente de controles anteriores a la comercialización.
El gran reto de la República Dominicana como un país con una importante actividad agrícola es que miles de familias viven de la producción de frutas, vegetales, arroz, plátanos, café, cacao, habichuelas y otros productos y que se hace necesario protegerla.
Pero también es necesario proteger a quienes trabajan la tierra y a quienes consumen sus productos, por lo que el problema debe trascender el debate del uso o no de pesticidas, sino qué productos se usan y en qué cantidades.
Además, ¿quién supervisa su aplicación?
¿y si se respetan los tiempos antes de cosechar?
¿con qué frecuencia se analizan los alimentos que llegan a nuestros mercados?
¿qué ocurre cuando un producto supera los límites permitidos?
¿se informa al consumidor?
Porque si bien es cierto que es de primer orden garantizar alimentos suficientes, también es fundamental que los mismos sean seguros, porque en una sociedad donde cada día millones de personas consumen productos provenientes directamente de la agricultura, controlar adecuadamente los pesticidas no debe ser considerado solamente un asunto del campo, sino que se trata de un asunto de salud pública.
Es una cuestión ambiental.
Es un asunto de seguridad alimentaria.
Y, sobre todo, es una responsabilidad que comienza en la finca…
pero termina en la mesa de cada familia dominicana.
De portada
Peregunta obligada del momento ¿Qué pesa más en la sociedad dominicana: el miedo o la vergüenza?
Por Elba García
En la sociedad dominicana existen sentimientos que, aunque muchas veces permanecen ocultos, condicionan decisiones personales, familiares y hasta colectivas. Dos de ellos tienen una presencia particularmente fuerte: el miedo y la vergüenza.
Miedo a denunciar una injusticia. Miedo a perder el empleo. Miedo a enfrentar a quien tiene poder. Miedo a las consecuencias de hablar.
Pero también vergüenza: de reconocer dificultades económicas, de admitir que se sufre violencia, de pedir ayuda, de aceptar un fracaso o de revelar una realidad que no coincide con la imagen que se proyecta ante los demás.
De ahí surge una pregunta que merece una reflexión profunda: ¿qué pesa más en la sociedad dominicana, el miedo o la vergüenza?
El peso del “qué dirán”
Durante generaciones, en numerosos hogares dominicanos se ha repetido una expresión aparentemente sencilla, pero cargada de significado: “¿Qué va a decir la gente?”
La frase forma parte de una cultura en la que la valoración social puede llegar a influir considerablemente sobre las decisiones individuales. Cuando una persona comienza a organizar su vida pensando permanentemente en la opinión de los demás, la vergüenza deja de ser un sentimiento pasajero y puede convertirse en una forma de presión social.
De ahí que algunas personas aparenten una estabilidad económica que realmente no poseen, permanezcan en relaciones profundamente deterioradas para evitar comentarios o escondan conflictos familiares, adicciones, violencia, problemas financieros y otras situaciones que consideran vergonzosas.
En determinadas circunstancias, la apariencia termina ocupando un lugar más importante que la propia realidad.
No se trata únicamente de preservar la intimidad, algo legítimo y necesario, sino de analizar hasta qué punto el temor al juicio social impide reconocer problemas que requieren atención.
El miedo también impone silencio
Junto a la vergüenza aparece otra fuerza igualmente poderosa: el miedo.
Una persona puede conocer una irregularidad y decidir no denunciarla por temor a las consecuencias. Un trabajador puede considerar injusta una situación laboral y guardar silencio porque necesita conservar su empleo. Una víctima puede tardar meses o años en hablar porque teme represalias.
También puede ocurrir que un ciudadano prefiera no enfrentarse a una persona con poder político, económico o social porque entiende que hacerlo podría ocasionarle problemas.
En esos casos, el silencio no necesariamente significa indiferencia, conformidad o complicidad.
Muchas veces significa miedo.
Ese temor adquiere especial relevancia cuando comienza a limitar la participación ciudadana, la denuncia de abusos, la búsqueda de justicia o la capacidad de reclamar derechos.
Una sociedad en la que amplios sectores sienten que hablar puede tener consecuencias negativas corre el riesgo de normalizar situaciones que deberían ser cuestionadas.
Cuando miedo y vergüenza se encuentran
La situación se vuelve todavía más compleja cuando ambos sentimientos aparecen simultáneamente.
Una persona que sufre violencia puede sentir miedo de su agresor y, al mismo tiempo, vergüenza de contar lo que está viviendo.
Una familia con graves dificultades económicas puede temer perder su vivienda, pero también experimentar vergüenza de solicitar ayuda.
Una persona víctima de una estafa puede callar no solamente por temor a las consecuencias, sino porque le cuesta reconocer públicamente que fue engañada.
En esos escenarios, miedo y vergüenza dejan de competir.
Se convierten en aliados del silencio.
Ese silencio puede prolongar situaciones dolorosas, impedir la búsqueda de ayuda y mantener ocultos problemas que, con una intervención oportuna, podrían enfrentarse de otra manera.
¿Cuál pesa más?
No existe una respuesta única aplicable a toda la sociedad dominicana.
El miedo suele aparecer cuando una persona percibe que hablar, actuar o enfrentarse a determinada situación podría producirle consecuencias negativas.
La vergüenza, en cambio, guarda una relación más directa con la mirada ajena: con la posibilidad de ser juzgado, señalado, ridiculizado o rechazado.
Existe, sin embargo, una diferencia importante.
El miedo puede impedir que una persona actúe; la vergüenza puede impedir incluso que reconozca públicamente lo que le está ocurriendo.
Cuando una sociedad concede una importancia excesiva a las apariencias, al prestigio y al “qué dirán”, muchos problemas terminan escondidos detrás de una imagen de normalidad.
La dificultad no consiste en sentir miedo o vergüenza, porque ambos son sentimientos humanos. El verdadero problema aparece cuando comienzan a gobernar las decisiones de las personas.
Las redes sociales y la nueva cultura de la apariencia
Las redes sociales han añadido una dimensión distinta a este fenómeno.
Nunca como ahora había existido una exposición tan permanente de la vida privada. Fotografías de viajes, vehículos, celebraciones, relaciones aparentemente perfectas, éxitos profesionales y estilos de vida cuidadosamente seleccionados forman parte de una vitrina digital que millones de personas observan diariamente.
Sin embargo, una fotografía no siempre cuenta una historia completa.
Detrás de una sonrisa pueden existir conflictos familiares. Detrás de una imagen de prosperidad puede existir endeudamiento. Y detrás de una relación presentada como perfecta puede esconderse una realidad profundamente distinta.
Las redes sociales no son responsables por sí solas de esta conducta, pero pueden reforzar la presión por proyectar éxito, felicidad y estabilidad.
Y vuelve entonces aquella vieja pregunta que durante generaciones ha acompañado a muchas familias:
“¿Qué van a pensar de mí?”
La diferencia es que hoy esa mirada ya no proviene únicamente del vecino, del familiar o del círculo cercano. Puede provenir de cientos o miles de personas conectadas a una pantalla.
Romper la cultura del silencio
Una sociedad saludable no debería obligar a sus ciudadanos a escoger entre vivir con miedo o vivir pendientes de la vergüenza.
Resulta necesario construir espacios sociales, familiares e institucionales donde una persona pueda pedir ayuda sin sentirse inferior; denunciar sin ser estigmatizada; reconocer un fracaso sin considerarse derrotada; y expresar una situación difícil sin convertirse automáticamente en objeto de burla o condena.
Reconocer un problema no representa necesariamente una debilidad.
En muchas ocasiones constituye el primer paso para enfrentarlo.
También es importante comprender que quienes atraviesan situaciones difíciles necesitan acompañamiento, orientación y respuestas institucionales efectivas, no únicamente discursos que les pidan valentía.
Superar el miedo y la vergüenza no depende exclusivamente de decisiones individuales. También exige instituciones confiables, comunidades solidarias y una cultura menos inclinada a juzgar y más dispuesta a comprender.
Una reflexión necesaria
Quizás la pregunta no sea solamente qué pesa más en la sociedad dominicana: el miedo o la vergüenza.
Tal vez convenga formular otras preguntas.
¿Cuántas decisiones dejamos de tomar por miedo?
¿Cuántas verdades escondemos por vergüenza?
¿Cuántas personas permanecen en silencio porque consideran que hablar puede traerles problemas?
¿Y cuántas veces vivimos intentando satisfacer la mirada de los demás en lugar de enfrentar nuestra propia realidad?
El miedo nos advierte: “No lo hagas, porque algo puede ocurrir.”
La vergüenza nos recuerda: “No lo digas, porque van a hablar de ti.”
Entre ambos sentimientos puede instalarse el silencio.
Un silencio que, cuando se prolonga, puede impedir denunciar una injusticia, buscar ayuda, reconocer un problema, defender un derecho o comenzar nuevamente.
Por eso, posiblemente el verdadero desafío de la sociedad dominicana no sea determinar cuál de los dos sentimientos pesa más.
El desafío consiste en lograr que ninguno pese tanto como para impedirnos hablar, actuar y enfrentar la realidad.
Porque una sociedad también comienza a transformarse cuando sus ciudadanos dejan de preguntarse únicamente “¿qué dirán?” y comienzan a preguntarse con mayor frecuencia:
“¿Qué debemos hacer?”