Opinión
La Revolución del Agua
Por Freddy E. Núñez M.
A partir de la llegada del Lic. Danilo Medina a la dirección del gobierno, hemos visto una notoria diferencia en el manejo de los asuntos del estado, se han dinamizado muchas áreas del mismo y se respira un aire diferente en cuanto a las repuestas que el ejecutivo da a las demandas de la población, independientemente de la filiación política, de la posición social o económica, esa es una verdad que a pesar de todos los “peros” que se puedan emitir es innegable.
Uno de los sectores en donde más se ha sentido esta situación es el sector agua, representado por las instituciones que trabajan el preciado líquido, como son entre otras, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, INAPA, con su Director Ejecutivo a la cabeza Ingeniero Alberto Holguín, quien está desarrollando un programa de construcción y adecuación de acueductos por todo el país de una magnitud impresionante, también la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAASD con el Arquitecto Alejandro Montas como su director ejecutivo, y la mayor de todas el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulico, INDRHI, con el Ingeniero Olgo Fernández al frente de la misma.
La dinámica observada y la disposición a darle solución a los problemas que se heredaron y que se van sucediendo en la operación de dichas instituciones en muy notoria, pero en este escrito queremos destacar lo que está sucediendo en el INDRHI y sus áreas de responsabilidad, que dicho sea de paso es la institución del sector agua que más interactúa y tiene más interoperabilidad con otras instituciones, entre las cuales podemos citar el sector energía, por lo de la generación hidroeléctrica, la agropecuaria, por lo vital que es el recurso agua para la misma, la salud, el medio ambiente y hasta la seguridad nacional, pues ya hemos visto lo que puede suceder por una mala operación del embalse de una presa, en caso de que nos azote un fenómeno natural capaz de causar un desastre importante.
Pero lo que debemos destacar de la actual gestión del Ing. Olgo Fernández al frente del INDRHI, es la forma en que en tan corto tiempo se han puesto en operación importantes sistemas de riegos del país, que se encontraban fuera de servicio o en operación mínima solo por falta de mantenimiento, la integración y participación entusiasta de los productores y miembros de las comunidades; a las Juntas de Regantes, cuyo fortalecimiento es innegable en la actual gestión del INDRHI, el mantenimiento de grandes sistemas hidráulicos de gran importancia para la agricultura y el control de crecidas extraordinarias de los ríos en varias provincias del país, así como la preparación y sometimiento de los grandes proyectos hidráulicos, y la correcta continuación de los encontrados en ejecución.
La actual gestión de Olgo Fernández, se deja sentir en todos los rincones del país, en el este, el sur, el norte, la región fronteriza, la línea y en donde sea necesaria la construcción y el mantenimiento de canales, presas, sistemas de electrobombas, diques, drenajes, bermas, sifones y otras infraestructuras hidráulica de apoyo a la producción agropecuaria nacional, la generación eléctrica y el consumo humano.
Sin embargo, y a pesar de todo lo antes dicho el sistema de obras más grande y auténticamente revolucionario que está llevando a cabo el INDRHI, es el “Plan de Desarrollo de la Cuenca del rio Yaque del Sur: Proyecto Múltiple Montegrande, Rehabilitación de la Presa de Sabana Yegua, y el Proyecto Azua II- Pueblo Viejo, un conjunto de obras interrelacionadas, que se han comenzado a ejecutar en la región más olvidada y pobre del país, la región sur.
Es imposible en el espacio que dan estas líneas plasmar la totalidad de particularidades y características, así como los beneficios que dejaran estas obras a la gente de la región por lo que destacaremos solo las más importantes, como es el hecho que estas obras regularan el 56% de la cuenca sur del Yaque del Sur que no está regulado actualmente, es decir unos 2,700 Km2, aportando regadío para más de 200,000 mil tareas que no están en producción ahora mismo.
El proyecto Azua II-Pueblo Viejo, mejorara la eficiencia de riego, duplicando el área de tierra actualmente con la misma cantidad de agua, proporcionando riego a 71,500 tareas más, beneficiando a comunidades como Estebanía, Las Charcas, Pueblo Viejo, Los Tramojos que en la actualidad no tienen sistemas de riego, con obras como la construcción de lagunas de regulación y almacenamiento, construcción y reconstrucción de canales laterales, aumentando considerablemente la capacidad de distribución de agua, mejorando el nivel de vida a unos de 9,152 usuarios del riego y a sus familiares.
La presa de Montegrande, aportara agua para acueductos por unos 2 metros cúbicos por segundo, siempre por gravedad, e irrigara unas 18,943 hectáreas adicionales a las 25,160 existentes, a las cuales mejorara su operación, esta presa aportara también unos 68.6 Megawatts/hora anualmente, con sus 7.83 Mw de capacidad instalada, pero también controlara las inundaciones en la parte baja del Yaque del Sur, ya que el área regulada pasara de 48% al 80%, siendo esta la parte más importante de todo el sistema, por lo que representa para la conservación de vidas, propiedades y evitar las grandes pérdidas económicas en la producción agrícola, seriamente afectada cada vez que nos azota un fenómeno meteorológico, pues se habilitaran y construirán canales de desvío y aliviaderos en Canoa, Jaquimeyes, Palo Alto y otras comunidades altamente afectadas por las crecidas del rio Yaque del Sur, la adecuación del Caño Lucas para aliviadero de la laguna de Cabral, rehabilitación y protección del canal Cristóbal, la reconstrucción del sistema original de compuertas del caño Trujillo, lo cual regulara los flujos de caudales hacia el Lago Enriquillo, eliminando una de las causas que aportan a su conflictivo aumento de nivel.
En definitiva, lo que está ocurriendo con el agua en el país y el manejo que le está dando el INDRHI en esta gestión gubernamental encabezada por el Ing. Olgo Fernández, es sencillamente revolucionario, los datos son contundentes, pero también se siente en el aumento de la oferta de productos agrícolas, que ya comienzan hacer presencia en el mercado nacional y en el nivel de conformidad que manifiestan los productores y agentes que interactúan con la institución en las operaciones de las diferentes infraestructuras hidráulicas de la nación, también en las operaciones de generación eléctrica de las presas, y de la disponibilidad de agua para los acueductos que se surten de los sistemas que maneja la institución, sin dudas una silenciosa revolución.
El autor es Politólogo
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Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.