Opinión
La sargento dominicana del Army-USA Johanny Rosario: víctima en Afganistán
Como nada humano me es ajeno, entendemos el dolor de sus familiares en EE.UU y aquí, entre sus amistades cercanas y su comunidad.
Por Narciso Isa Conde
El diario El Caribe de nuestro país, en su edición del pasado 28 de agosto, reseñó de la siguiente manera la estremecedora muerte de una joven dominicana incorporada a una de las unidades de la Marina de EEUU radicada en Afganistán:
“La embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, anunció la muerte de una joven de origen dominicano de 25 años, producto del atentado suicida ocurrido el pasado jueves en el aeropuerto de Kabul.”
“Se trata de Johanny Rosario, quien formaba parte del equipo militar de los Estados Unidos y se encontraba en Afganistán, junto a otros soldados estadounidenses en la misión especial de protección de miles de personas que pretendían salir del país tras el asentamiento de los talibanes.”
La joven Johanny Rosario Pichardo, ciudadana estadounidense de origen dominicano de 25 años de edad, residía en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, y se desempeñaba en la unidad de la Fuerza Anfibia Naval, Task Force 51/ 5ta Brigada Expedicionaria de Infantería de Marina de los Estados Unidos, con el rango de sargento, según los datos publicados en el portal de la embajada dominicana en Estados Unidos.
Junto a ella murieron un gran número de civiles que decidieron abandonar por vía aérea Afganistán, luego de la toma de Kabul y la conquista del poder estatal por el Ejército Guerrillero Talibán, como culminación de 20 años de resistencia contra la cruel y repudiable ocupación militar estadounidense de ese país ubicado en el Lejano Oriente.
El hecho es conmovedor e injustificable por tratarse de una acción genocida de corte terrorista dirigida contra personas que no estaban en un escenario de combate, incluidos/as muchos civiles, niños/as inocentes y personas de diferentes edades sin responsabilidad directa en las pasadas confrontaciones militares.
Nos duele intensamente que esa dominicana, descendiente de una familia trabajadora emigrante, haya fallecido en esas circunstancias en los albores de su vida; extensivo el dolor por las demás víctimas de una acción indiscriminada, movida solo por el afán de venganza y alimentada por un fanatismos aberrante.
Como nada humano me es ajeno, entendemos el dolor de sus familiares en EE.UU y aquí, entre sus amistades cercanas y su comunidad.
Una cosas son las guerras entre ejércitos estatales o entre ejércitos invasores y movimientos insurgentes liberadores, y otras el ejercicio del terror indiscriminado en cualquier tipo de confrontación.
Es distinto hacer la guerra dentro de normas de respeto a la población civil y otra practicar indiscriminadamente el terrorismo estatal, de grupo o individual.
Igual hay agresiones militares y guerras destinadas a dominar y oprimir, y guerras emancipadoras. Guerras justas y guerras injustas. Violencia dominante y opresora, y violencias liberadoras.
De las insurgencia e insumisiones violentas contra la tiranía, la opresión y el coloniaje -universalmente consagradas como derecho de los pueblos- surgen las gestas heroicas, y los héroes y heroínas de la naciones y del mundo. No así de violencia y la acción militar opresora. ¡Jamás de los ejércitos verdugos e invasores!
El Che es un ser querido y asumido como símbolo del bien a nivel mundial, lo que nunca pasará con Hitler, Reagan y Bush, por ejemplo.
· UNA REFLEXIÓN IMPRESCINDIBLE.
Todo esto nos obliga a reflexionar más allá de lo repudiable del hecho de terror acaecido y de los sufrimientos que ha causado.
El terrorismo tiene varias caras y no pocas características y modalidades. No solo se trata del que practican ciertos grupos armados del islamismo fundamentalistas; o del asumido por determinados comandos ultraizquierdistas, no en pocos casos provocados o estimulados por intensos y largos periodos de violencia imperialista y/o tiránica.
Hay otros terrorismos, como el terrorismo de Estado a nivel nacional y a escala transnacional.
Los Estados de EEUU, Israel, Colombia son Estados Terroristas responsables de innumerables acciones genocidas, masacres y asesinatos en masa.
La llamada Guerra Global Antiterrorista declarada y asumida por presidentes de EEUU y Gobiernos aliados, desplegada por el PENTÁGONO y CIA, acompañada por la OTAN y ejércitos locales bajo su tutela, es una GUERRA TERRORISTA, ejecutada por Estados y fuerzas militares con gran poder destructivo y de exterminio, responsables de millones de civiles muertos y heridos, incluida población infantil.
Bombardeos de ciudades, aldeas, escuelas, hospitales, invasiones destructivas a países soberanos, paramilitarismo asesino, operaciones encubiertas, sabotajes, bloqueos criminales, desapariciones, masacres, guerras de diferentes intensidades y generaciones, centros de torturas y políticas de terror, centros de torturas, guerras bacteriológicas y químicas…son recursos del TERRORISMO DEL ESTADO aplicado recientemente por EU y aliados contra Cuba, Venezuela, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Perú…
Pero donde se han roto todos los récords del TERROR IMPERIALISTA ha sido en Vietnam, Camboya, Laos, Congo, África del Sur, Ruanda, Somalia, Kosovo y la ex -Yugoslavia… y todavía en tiempos más cercanos en PALESTINA, AFGANISTÁN, IRAK, LIBIA, YEMEN, SIRIA…
Solo en IRAK los muertos superan el millón.
En AFGANISTÁN, veinte años de invasión militar y masacres, precedidas de tres intervenciones militares de Inglaterra y una de la URSS, todas fracasadas.
Los sufrimientos del pueblo afgano por culpa del IMPERIALISMO OCCIDENTAL han sido enormes, y sin que justifiquen las reacciones terroristas de los grupos talibanes más fundamentalistas de la resistencia nacional, sí explican la bravura de un pueblo empobrecido con una fuerte identidad nacional que le permiten derrotar los ejércitos más poderosos en los últimos dos siglo y recuperar reiterada veces su independencia.
La historia moderna de la humanidad no conoce de un poder más criminal y terrorista a nivel internacional que el de EEUU en su fase imperialista.
Pertenecer a su unidad de la Fuerza Anfibia Naval, Task Force 51/ 5ta Brigada Expedicionaria de Infantería de su Marina de Guerra (ARMY) fue también causa de la muerte de la joven dominicana víctima de un horripilante y vengativo acto terrorista, en tanto fuerza invasora generadora de odios merecidos.
Ella ni su familia son culpables de haberse dejado embaucar por una propaganda alienante y clientelista en lo militar, que presenta el terrorismo de Estado y las criminales intervenciones militares de EEUU y la OTAN, para tratar de preservar o recuperar dominios, como si fueran acciones patrióticas estadounidenses en defensa de su seguridad.
A la luz de hechos estremecedores como éste, las familias migrantes dominicanas y sus jóvenes descendientes están en el deber de reflexionar sobre el significado de integrarse y acompañar al ejército invasor de ese imperio en sus aventuras de conquista y reconquista violenta de territorios pertenecientes a otros pueblos, víctimas de sus genocidios y saqueos. Igual los integrantes de otras poblaciones de inmigrantes tercermundistas y la propia juventud estadounidense.
Ser valiente no equivale ni a ser héroe o heroína, ni a asumir causas justas,
Hay que resistirse a desplegar valor y talento para convertirse en carne de cañón del TERRORISMO DE ESTADO.
Es preciso recordar y reivindicar el digno ejemplo del campeón mundial de boxeo MOHAMED ALÍ (CASSIUS CLAY) cuando se resistió, como otros/as estadounidenses valientes, a ir a masacrar al pueblo vietnamita.
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.