Opinión
La sin razón se apropia de la sociedad dominicana
Por José Cabral
Por doquier aparece la figura de la sin razón o en derecho la irrazonabilidad, lo cual explica con lujos de detalles en qué consiste el argumento de que somos una sociedad gravemente enferma.
En esta materia uno se encuentra con la sin razón o irrazonabilidad a nivel de todas las instancias sociales, profesionales, empresariales, médicas y en la propia profesión de abogado.
Pero el fenómeno es también encontrado en todas y cada una de las actividades diarias del ciudadano, cuya justificación también se hace en el marco de un gran despropósito.
Este tipo de situación regularmente se produce cuando se maneja en cualquier calle del territorio nacional y aparece un conductor que se le mete por la izquierda y cuando se le llama a la atención lo menos que dice es que le pagará un tiro a quien rechaza su proceder, lo cual ha ocurrido una gran cantidad de veces.
Otra conducta que entra en el campo de la sin razón o irracionabilidad es cuando se compra una propiedad y el abogado del vendedor prepara dos contratos, uno que tiene la cantidad que involucra la transacción y otro por una suma menor, como una forma de beneficiarse de una evasión fiscal.
Sin innumerables las conductas que revelan la figura de la sin razón o la irracionabilidad en derecho, pero habría que escribir bastante para sólo citar una parte de ellas.
Sin embargo, hay una que ha tomado fuerza por las redes sociales y aunque no se ha podido saber la causa de esta sin razón o irracionabilidad, lo cierto es que hay personas, incluidos supuestos comunicadores, que califican la denuncia hecha en contra del señor Roque Espaillat, quien es acusado de incesto por supuestamente haber violado a su propio hijo, a una campaña del gobierno para desacreditarlo.
Esta es una sin razón que revela hasta dónde muchos dominicanos parecen estar locos, porque un hecho que se produjo en el año 2008 y que nadie puede negar que ocurrió, el cual debe ser denunciado no importa por quién, porque probablemente se está frente a un depredador que busca tener poder público para no se sabe si incurrir en la comisión de cualquier otra diablura o en vicios peores y más aberrantes.
Cuando digo que no importa quién haga la denuncia es porque toda persona lo primero que debe determinar es si la misma es verdad o mentira y en este caso es su propio hijo que se presenta en los medios para ratificar lo que está en poder del Ministerio Público.
Aunque debo aclarar que el Gobierno de Luis Abinader es tan torpe que es capaz de cometer cualquier irracionabilidad para buscar neutralizar a cualquiera que represente una amenaza para las autoridades, pero evidentemente que este no es el caso.
Incluso, el Ministerio Público si no fuera controlado por un gobierno torpe debió hacer una investigación profunda sobre la quema de un autobús del referido personaje, porque evidentemente que se trata de un montaje para ganar capital político.
Esta sin razón, que evidentemente tiene que ver con el personaje involucrado, indica qué tanto una buena parte del país está gravemente enfermo, al punto que se busca justificar lo injustificable.
En este caso nadie puede poner en dudas de que el incesto ocurrió y que independientemente de que quien haga la denuncia tenga diferencias políticas o de otras índoles con el imputado, la realidad es que el órgano competente del Estado confirma que ciertamente es así, lo que resulta una pena que haya personas que quieran tapar el sol con un dedo, todo como resultado de la falta de razonabilidad o de la sin razón.
Evidentemente que quienes apoyan semejante desviación no parece que son padres ni madres, sino unos irracionales por recibir alguna paga, pero que más temprano que tarde entrarán en conflicto con su conciencia.
Por Danilo Cruz Pichardo
La gran mayoría de los que incursionan en la actividad política es con el objetivo del lucro social, la vanidad, tener sentimientos de grandeza y que se le rinda culto a su persona. Regularmente predican lo que no practican. Verdaderos simuladores. Y no faltan aquellos que se valen de métodos maquiavélicos para aferrarse al poder y aplastar a sus opositores, violándoles derechos que son universales, como la libertad de expresión (para solo citar uno).
No es que se llenan de soberbia al llegar al poder, que su forma de ser cambió, como suele decir la gente. Sencillamente es desde un cargo público que sale a relucir la verdadera personalidad de un sujeto, que estuvo fingiendo desde la oposición y solo esperaba dotarse de poder para descargar todas sus pasiones y prejuicios políticos, sociales y personalescontra los demás, inclusive contra antiguos colaboradores.
Estamos en un mundo político donde todos admiran la práctica de personajes como Nelson Mandela, José (Pepe) Mujica y Jimmy Carter, tres antiguos presidentes de Sudáfrica, Uruguay y Estados Unidos, pero pocos son capaces de emular su ejemplo de desprendimiento por lo material, no robar, acabar con los privilegios tradicionales hacia los poderosos, luchar a favor de los más débiles o vulnerables sociales, procurar justicia e igualdad entre todos sus conciudadanos y ampliar las libertades y todos los derechos humanos. Ese sería el mejor legado que dejaría un estadista, razón por la cual, al abandonar el poder, pasan a ser personajes universales y paradigmáticos.
¿Cuántos presidentes ha tenido Sudáfrica, Estados Unidos y el pequeño Uruguay? ¿A cuálesusted conoce? De seguro que sí ha escuchado hablar de estos tres gigantes, los cuales ejercieron la actividad política para servir a sus respectivos pueblos, sin albergar rencores ni odios contra ningún sector, ni siquiera contra aquellos que fueron sus verdugos en el pasado.
Nelson Mandela fue abogado, pensador y filántropo, que estuvo preso durante más de 27 años, 1962-1990, por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero a su salida de la cárcel se convirtió en un símbolo contra la segregación racial y abogó por la libertad y la igualdad, resultando ser electo presidente de ese país en 1994. Desde el poder acabó con la discriminación, perdonó a sus adversarios e impulsó la reconciliación nacional. Antes de morir repartió su herencia de unos cuatro millones de dólares, generados mayormente por la venta de sus libros, entre familiares, su partido, el Consejo Nacional Africano y escuelas que él ayudaba. Hoy es un referente político en el ámbito mundial.
José Alberto (Pepe) Mujica Cordano fue un agricultor y revolucionario uruguayo que inicialmente concibió la lucha guerrillera para derrocar la dictadura gubernamental de su país. Permaneció 14 años en prisión y al salir renunció de los Tupamaros y del utópico marxismo leninismo, haciendo vida política en el Frente Amplio, alcanzando una diputación, después una senaduría y finalmente la presidencia de ese país en las elecciones de 2009. Al asumir el poder en el 2010 se negó a usar corbata, a cambiar su carro cepillo y la modesta casa donde siempre residió.
En su gobierno se despenalizó el aborto y la marihuana, se aprobó el matrimonio igualitario, se elevó el salario y amplió las libertades. El 90% de su sueldo como presidente, que ascendía a 12 mil dólares, los distribuía entre entidades benéficas. Salió del poder con el mismo vehículo y la misma casa como llegó. Nunca se consideró un hombre pobre, sino austero y condenó siempre la acumulación de riquezas materiales, la cual no da felicidad. Todo lo que hablaba tenía fundamento, era un pensador. Lo que más lejos tenían los uruguayos es que uno de los suyos sería en el futuro un ejemplar referente político, pese a que fue subestimado en la campaña electoral de 2009.
Finalmente, está el caso de Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos durante el período 1977-1981, el cual no pudo reelegirse al ser considerado “blandito” por los conservadores. Es que este hombre era un cristiano de verdad, contrario a matar seres humanos, nunca dio órdenes de bombardeo contra ninguna nación del mundo, partidario del respeto a los derechos de losciudadanos, opuesto a las dictaduras y a los fraudes electorales. Llevó siempre una vida modesta, residiendo en la misma casa y atendiendo a su granja.
En República Dominicana hemos tenido líderes políticos que se pueden calificar de modelos, por lo menos en término moral. Con defectos y virtudes (uno con más defectos que virtudes que otros), pero Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Peña Gómez no dejaron fortunas económicas, lo que revela cierta honradez y desprendimiento de lo material.
Por lo menos ese es un dato digno de resaltar, sin entrar en otras facetas de la vida política de estos gigantes. La gran sorpresa ha estado en los discípulos políticos de los tres, naturalmente sin generalizar. Y no es que cambiaron, siempre fueron así, sencillamente no les interesó las ens
Por Isaías Ramos
Hay algo más devastador que la pobreza.
Más humillante que la desigualdad.
Más corrosivo que la corrupción.
Es la desconfianza.
Cuando la confianza se pierde, la esperanza se convierte en frustración. La gente deja de creer en las instituciones, en los líderes, en la política, en el prójimo… y hasta en el futuro.
Lamentablemente, esa es la herida más profunda que sufre hoy nuestro país: la confianza está rota, traicionada y pisoteada por una élite política que ha convertido el poder en su botín personal.
Durante casi tres décadas, lo único que ha prevalecido es el engaño, la mentira, la manipulación, la perversión y la impunidad. Y como prueba de ello, lo confirman los propios datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en la Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023:
7 de cada 10 dominicanos desconfían de la mayoría de las personas.
Apenas 2 de cada 10 confían en el Congreso, la Justicia, la Policía Nacional y los partidos políticos.
Incluso el Poder Ejecutivo, que mantiene el nivel más alto de confianza institucional, apenas alcanza un 40%, una cifra que en cualquier democracia responsable sería motivo de alarma nacional.
¿Y qué hace ese Ejecutivo con la poca confianza que le queda?
¿Fortalecer la justicia?
¿Combatir la corrupción?
¿Romper con el clientelismo?
¿Modificar las leyes o introducir reformas que hagan realidad el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en nuestra Constitución?
No.
Envía al Congreso una ley mordaza, disfrazada de protección a la niñez y al honor, pero diseñada para controlar, limitar y castigar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Lo más grave es que los derechos que esta ley dice “proteger” ya están garantizados en nuestra Constitución y en leyes vigentes, como el Código Penal, la Ley sobre Protección de la Imagen, el Honor y la Intimidad Familiar, la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia y la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta propuesta no es una necesidad jurídica, es una estrategia política para silenciar la crítica, intimidar a la prensa libre y castigar a quienes se atrevan a denunciar los abusos del poder.
Mientras el pueblo clama por justicia y oportunidades, ellos solo buscan más poder y menos rendición de cuentas.
Ya lo vimos con la vergonzosa elección de la Cámara de Cuentas.
Prometieron transparencia y meritocracia, pero montaron un circo mediático para legitimar un proceso que ya estaba decidido entre bastidores.
Usaron a decenas de profesionales como tontos útiles, mientras el clientelismo y la complicidad sellaban los pactos ocultos por debajo de la mesa.
¿Cómo puede el pueblo confiar en instituciones que ya no responden a la ciudadanía, ignoran la Constitución y solo protegen los privilegios del poder político?
Y sin embargo, no todo está perdido.
La historia y la experiencia internacional lo demuestran:
La confianza se reconstruye cuando el pueblo despierta y asume su rol como verdadero dueño del poder.
No necesitamos parecernos a los países nórdicos para lograrlo.
Necesitamos un pueblo que se levante, que diga basta y que reclame lo que por derecho le pertenece:
una democracia verdadera, donde se gobierne con transparencia, se rinda cuentas y se respete la voz del ciudadano.
Porque una nación sin confianza deja a sus ciudadanos sin brújula moral, sin comunidad y sin propósito.
Las sociedades más prósperas son aquellas donde la gente no teme ser manipulada, engañada o robada, porque sus instituciones funcionan y sus líderes respetan al pueblo y cumplen con su deber.
La honestidad cívica es la base del desarrollo y del bienestar colectivo.
Sin ella, todo se convierte en un círculo vicioso de engaños, manipulación, inseguridad y corrupción.
La falta de confianza destruye el capital humano, ahuyenta las inversiones, frena el crecimiento económico y condena a la sociedad a vivir en la pobreza y la desesperanza.
Por eso, la confianza no se decreta, se construye.
Y se construye cuando el pueblo deja de ser un espectador pasivo y se convierte en el verdadero protagonista del cambio.
Hoy, desde el Frente Cívico y Social, hacemos un llamado urgente y firme a cada dominicano y dominicana:
- A rechazar esta ley mordaza, que amenaza nuestras libertades fundamentales.
- A defender nuestra Constitución, que ya protege lo que esta ley pretende manipular.
- A exigir que se haga realidad el Estado Social y Democrático de Derecho, donde se gobierne para el bienestar colectivo, donde todos seamos iguales ante la ley y donde nadie tema alzar su voz.
Porque sin confianza no hay nación… pero con un pueblo unido, hay esperanza.
Y cuando el pueblo se levanta, ni mil leyes mordaza podrán detener su voz.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la CPI tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, y la salud, asi como la índole del crimen, en particular cuando este entrañe violencia sexual o por razones de género , o violencia contra niños.
En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con estos.
Como excepción al principio del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67 del Estatuto de Roma, las Salas de la CPI podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medio electrónicos u otros medios especiales.
En particular, se aplicaran estas medidas en el caso de una víctima de violencia sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte Penal Internacional atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.
La Corte Penal Internacional permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos.
Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte Penal Internacional lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la Corte Penal Internacional acerca de las medidas adecuadas de protección , los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace referencia en el artículo 43 del Estatuto de Roma.
Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el Estatuto de Roma entrañar un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentar dichas pruebas o información y presentar en cambio un resumen de estas. Las medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo o imparcial ni serán incompatibles con estos.
Finalmente, todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus funcionarios o agente, así como de la protección de información de carácter confidencial o restringido..