Opinión
La situación de Chávez y los desafíos del proceso bolivariano
El Comandante Chávez, desde la lógica del actual modelo de conducción del proceso revolucionario venezolano –informado por sus médicos de la gravedad de su recaída- previó el peor de los desenlace y recomendó vehementemente su fórmula para darle continuidad: elecciones anticipadas (como establece la Constitución) y candidatura de Nicolás Maduro, actual vicepresidente.
Es claro que todos/as los/as que admiramos a Chávez, reconocemos su trascendencia y apreciamos sus aportes, seguimos desplegando energías y sentimientos vitales en favor de su recuperación a corto y mediano plazo.
Pero es claro también, que anunciada la insuficiencia pulmonar post-operatoria que lo afecta -aunque no necesariamente fatal pero si altamente riesgosa en su situación- debemos admitir la posibilidad de su inhabilitación para tomar posesión de su cargo en la fecha indicado o a breve plazo. Y habría que pensar ya en un próximo periodo constitucional sin Chávez como presidente de Venezuela.
Él lo pensó y lo sugirió así, situando su propuesta de continuidad del proceso en los términos señalados.
- Inminencia del relevo presidencial vía nuevos comicios.
Parece que ahora, o un poquito más tarde, llegará el instante de poner en marcha sus recomendaciones, sin mayores dilaciones, con el dolor que provoca el hecho de que él esté físicamente imposibilitado de ocupar la presidencia que volvió a ganar con un singular despliegue de heroísmo, luchando a contracorriente de su grave enfermedad, a plena conciencia de riesgos mayores como los que se les han presentado.
Y digo sin mayores dilaciones, o sin dilaciones mayores, porque el presente venezolano, paradójicamente, es bueno para volver a triunfar incluso con otra candidatura que represente la continuidad del proceso; aunque no sin riesgos de una relativa involución o un perjudicial estancamiento de las transformaciones emprendidas a consecuencia de mayores indecisiones en la necesaria radicalización de las mismas y de nuevos déficit frente a los nuevos retos de este periodo crucial.
No veo además –puedo equivocarme- la necesidad de postergar por mucho tiempo esta inédita salida constitucional (recurriendo a la idea de una postergación sensible de la juramentación del comandante Chávez) en espera de una mejoría, que aun en el mejor de los casos podría dilatarse demasiado y ofrecer pretextos a la sedición ultraderechista-imperialista y dejar atrás el mejor momento para asestarle otra derrota político-electoral contundente a esas fuerzas.
Solo si la posibilidad de recuperación es a cortísimo plazo y el pronóstico médico es buenoaun en condiciones de trabajo estresante, tendría sentido una postergación de la juramentación y un descarte de las nuevas elecciones.
- La derecha puede y debe ser derrotada nuevamente.
Aprecio, que pese al agravamiento de su perversidad, esa oposición contra-revolucionaria está a la defensiva, con dos derrotas sucesivas trascendentes en su costillar y de frente a una expansión impetuosa de la solidaridad humana y política hacia el comandante Chávez, potenciadas por un inmenso sentimiento de compasión y reconocimiento que brota de la religiosidad popular venezolana.
Considero que si las elecciones anticipadas venezolanas se realizaran en el cortísimo plazo, aceptada la inhabilitación por este periodo del presidente Chávez, es muy posible, casi seguro, que Nicolás Maduro y el pueblo chavista triunfen; lo que a la vez invalidaría políticamente a ese candidato presidencial de las derechas para la contienda del 2019.
En esas circunstancias si Chávez sobrevive a esta gravedad, tendría más espacio para su recuperación y para influir a mediano plazo, liberado de la pesada carga estatal; algo mucho más difícil de lograr si se insiste en asignarles las responsabilidades y los trabajos más tensionantes.
Si no sobrevive –lo que nadie que valore sus dimensiones humanas y políticas podría desear- el proceso estaría mucho más impelido, aunque contaría con tiempo para ello, a crear una dirección colectiva capaz de llenar ese enorme vacío; mientras la conciencia revolucionaria antiimperialista, anticapitalista y pro-socialista acumulada a escala nacional, tendría que hacer de contrapeso activo para impedir el estancamiento, la involución o degradación mayor del PSUV y del Estado; y, sobretodo, para frustrar la contrarrevolución burguesa-imperialista que se nutre de ellas.
Pondrían ser genuinas las aspiraciones no centradas en la candidatura de Nicolás Maduro, pueden ser ciertas o no la competencia al interior del poder chavista, pero de ninguna manera es oportuno ni útil para el proceso desplegarlas en un momento tan delicado; como tampoco le veo certeza a una posposición significativa del nuevo momento electoral.
Ahora Maduro, el PSUV, el Polo Patriótico y el pueblo chavista-bolivariano -repito- tienen una alta probabilidad de victoria.
El problema más grave y preocupante en perspectiva no es ese, aunque ciertamente hay que darle la respuesta acertada para resolverlo en favor de la continuidad del proceso bolivariano. Y se puede.
- Otro riesgo y un desafío de gran envergadura.
Hay otro de mayor envergadura, sino inminente como éste, de mucha gravedad a corto o mediano plazo.
Me refiero al riesgo de la involución-degradación interna, de un retraso mayor en el abordamiento de problemas imperiosos, de la profundización de déficits y situaciones que no resisten más postergaciones y que exigen respuestas superadoras en este periodo, para impedir que la amenaza de regresión política se convierta en cruel realidad.
Es cada vez más evidente que un freno a la necesaria radicalización, a la profundización del proceso bolivariano; un bloqueo a la socialización en grande de la economía y del poder, podría abrirle rutas al retroceso político en favor de EE.UU. y de las derechas.
Más aun, una involución-derechización interna, que distancien al nuevo gobierno del pueblo chavista y le sirva de caldo de cultivo al crecimiento de la oposición derechista cara a las próximas elecciones congresuales y cara a las presidenciales del 2019, sería fatal.
Es preciso reflexionar sobre esos riesgos y pensar en los antídotos posibles a partir de un nuevo posicionamiento y un nuevo accionar de las fuerzas revolucionarias que dentro del gran torrente bolivariano han planteado y están dispuestas a impulsar la profundización de la revolución; pensar en una nueva dinámica del propio pueblo enfrentado al gran capital que procura prolongar su existencia, restaurar su dominio político, arrasar con las grandes conquistas sociales, revertir la dinámica hacia la segunda independencia y los cambios estructurales producidos en ese hermano país y en otros del Continente.
- El viraje necesario propuesto por Chávez.
Es necesario tomar muy en serio el diagnóstico que recientemente hiciera el propio Comandante Chávez para fundamentar el SEGUNDO PLAN SOCIALISTA 2013-2019, acompañado de un vigoroso llamado a la crítica y autocrítica; citado y apuntalado por el intelectual venezolano Carlos Lanz en su brillante ensayo titulado:EL VIRAJE O “GOLPE DE TIMON” COMO PARTE DE LA LINEA DE NO RETORNO O IRREVERSABILIDAD DE LA TRANSICION SOCIALISTA. Transcribo las palabras de Chávez referidadas por Lanz, atención:
“No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Éste es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo.
“Este es un programa que busca traspasar “la barrera del no retorno”.
Para explicarlo con Antonio Gramsci, lo viejo debe terminar de morir definitivamente, para que el nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud.
La coherencia de este Programa de Gobierno responde a una línea de fuerza del todo decisiva:nosotros estamos obligados a traspasar la barrera del no retorno, a hacer irreversible el tránsitohacia el socialismo…”
…:
“Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo.Esto pasa por pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política.”
- Nuevas postergaciones podrían ser fatales.
En mi opinión la prolongada y previa dilación de esos pasos abultaron la degeneración burocrática del Estado surgido de la Constitución bolivariana en el marco de la V República hasta llegar al nivel actual, en el que se torna imperiosa su superación a través de nuevos y profundos cambios estructurales que posibiliten una refundación institucional en armonía con una expansión del poder popular capaz de controlar las nuevas formas de gestión pública y de reducir progresivamente el peso del Estado y el manejo de la renta petrolera y su relación con el modelo productivo, traspasándolos a la sociedad más allá de las formidables inversiones realizadas.
Igual pienso que esa realidad ha determinado la pervivencia del capitalismo y del rentismo en grados ya inaceptables para avanzar hacia el socialismo, determinando a la vez la recuperación política de la derecha y su lento pero progresivo crecimiento electoral, reproducido por su base económica burguesa de sustentación y las relaciones de propiedad capitalistas prevalecientes.
Estos próximos años, pues, lucen decisivos y desafiantes para golpear a fondo la posibilidad del retroceso y arrancar de raíz las bases materiales y culturales de la contrarrevolución interna y externa. Pero es evidente que el actual Estado venezolano, más aun sin la conducción de Chávez, no estaría en condiciones de asumir ese desafío.
El “viraje o golpe de timón” de que nos habla Carlos Lanz en el referido ensayo, es a mi modo de ver imprescindible en los términos dramáticos anunciados por Chávez y en dirección a la “invención de nuevas formas de gestión política”. Y esto requiere no solo de una voluntad política fuerte e influyente, sino de la entrada en escena de todas las reservas revolucionarias de esa sociedad.
- Perspectivas inciertas y exigencias desafiantes.
En ese sentido, en el mejor de los casos, hay que esperar que el pueblo chavista –acompañado de las corrientes políticas revolucionarias socialistas más consecuentes- sea menos permisivo con su sucesor que con el propio Chávez, lo que posibilitaría su conversión en factor más dinámico y presionante de las transformaciones necesarias contenidas en el Segundo Programa Socialista;necesarias para profundizar el tránsito y minimizar las derechas opositoras sustentadas y alimentadas por la gran burguesía transnacionalizada.
De todas maneras esa apuesta no es fácil de desplegar, por lo que es preciso contemplar la posibilidad de múltiples resistencias que prolonguen el status quo y retracen aun más las transformaciones “hacia la radical supresión de la lógica del capital” y el “nacimiento de lo nuevo en toda su plenitud”, y faciliten en consecuencia el viraje a la derecha y las amenazas francamente contra-revolucionarias.
Esto tendría no solo un costo político alto para el proceso hacia la revolución emprendido en Venezuela, sino también para la OLA DE CAMBIOS que ella contribuyó a catalizar en todo el Continente, como también para los planes integradores puestos en marcha.
En lo inmediato esto exige, además de la activación de todos los factores transformadores internos, la recomposición inmediata del liderazgo colectivo continental de avanzada frente a un eventual fortalecimiento de la supremacía de las posiciones de Brasil y otros componentes moderados y frente la contraofensiva imperialista que habrá de arreciarse, cargando sobre Rafael Correa y Evo Morales mayores responsabilidades desde la parte suramericana del ALBA en tanto a la necesaria radicalidad antiimperialista.
Exige, sobretodo, relanzar con vigor las luchas populares y la construcción de alternativas en toda nuestra América. Mover y remover las bases de las sociedades y debilitar los frenos que imponen los intereses e Estado.
- Nuevas luces.
En este nuevo contexto, de todas maneras no es saludable abrirle un espacio excesivo al escepticismo, pues hay que esperar que al compás de la agudización de la multi-crisis capitalista, dentro y fuera de nuestro Continente, se desaten nuevas indignaciones que faciliten la creación de nuevos sujetos revolucionarios. Esa tendencia está a la vista a escala mundial, sólo que falta una mayor intervención del factor conciencia-organización anticapitalista a tono con un mayor optimismo basado en la voluntad de revolucionarlo todo.
En ese plano en nuestra América sobresale positivamente la nueva situación colombiana, la cual luce cada vez más esperanzadora en la medida ha crecido la autoridad política de la insurgencia (FARC-EP, ELN…) en todo el país (y más allá) y emergen nuevos sujetos activos y nuevos actores políticos y sociales en las crecientes luchas civiles; acentuando las debilidades y las contradicciones internas del régimen, hegemonizando el anhelo de una paz justa y digna, prefigurando la conformación de un contra-poder alternativo más integral y de una nueva oposición con perspectivas de avances sustanciales y nuevas victorias. Entre esas fuerzas se destaca el MOVIMIENTO MARCHA PATRIÓTICA.
Aprecio que un viraje democrático y hacia la izquierda en Colombia –complejo, duro, difícil, pero posible a mediano plazo- e incluso avances significativos en esa dirección, podrían convertirse en un nuevo dínamo de la OLEADA TRANSFORMADORA EN NUESTRO CONTINENTE, por lo que urge desplegar toda la solidaridad mundial posible -y hasta la imposible- a su favor.
Cierto: hay grandes dificultades en el panorama político de nuestra América en lucha por su emancipación definitiva. Pero no les será fácil a los imperialismos decadentes y en crisis mayor, especialmente a EE.UU., sofocar la rebeldía transformadora y apagar la luz de la nueva independencia y la nueva democracia camino al nuevo socialismo.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.