Opinión
La situación de Chávez y los desafíos del proceso bolivariano
El Comandante Chávez, desde la lógica del actual modelo de conducción del proceso revolucionario venezolano –informado por sus médicos de la gravedad de su recaída- previó el peor de los desenlace y recomendó vehementemente su fórmula para darle continuidad: elecciones anticipadas (como establece la Constitución) y candidatura de Nicolás Maduro, actual vicepresidente.
Es claro que todos/as los/as que admiramos a Chávez, reconocemos su trascendencia y apreciamos sus aportes, seguimos desplegando energías y sentimientos vitales en favor de su recuperación a corto y mediano plazo.
Pero es claro también, que anunciada la insuficiencia pulmonar post-operatoria que lo afecta -aunque no necesariamente fatal pero si altamente riesgosa en su situación- debemos admitir la posibilidad de su inhabilitación para tomar posesión de su cargo en la fecha indicado o a breve plazo. Y habría que pensar ya en un próximo periodo constitucional sin Chávez como presidente de Venezuela.
Él lo pensó y lo sugirió así, situando su propuesta de continuidad del proceso en los términos señalados.
- Inminencia del relevo presidencial vía nuevos comicios.
Parece que ahora, o un poquito más tarde, llegará el instante de poner en marcha sus recomendaciones, sin mayores dilaciones, con el dolor que provoca el hecho de que él esté físicamente imposibilitado de ocupar la presidencia que volvió a ganar con un singular despliegue de heroísmo, luchando a contracorriente de su grave enfermedad, a plena conciencia de riesgos mayores como los que se les han presentado.
Y digo sin mayores dilaciones, o sin dilaciones mayores, porque el presente venezolano, paradójicamente, es bueno para volver a triunfar incluso con otra candidatura que represente la continuidad del proceso; aunque no sin riesgos de una relativa involución o un perjudicial estancamiento de las transformaciones emprendidas a consecuencia de mayores indecisiones en la necesaria radicalización de las mismas y de nuevos déficit frente a los nuevos retos de este periodo crucial.
No veo además –puedo equivocarme- la necesidad de postergar por mucho tiempo esta inédita salida constitucional (recurriendo a la idea de una postergación sensible de la juramentación del comandante Chávez) en espera de una mejoría, que aun en el mejor de los casos podría dilatarse demasiado y ofrecer pretextos a la sedición ultraderechista-imperialista y dejar atrás el mejor momento para asestarle otra derrota político-electoral contundente a esas fuerzas.
Solo si la posibilidad de recuperación es a cortísimo plazo y el pronóstico médico es buenoaun en condiciones de trabajo estresante, tendría sentido una postergación de la juramentación y un descarte de las nuevas elecciones.
- La derecha puede y debe ser derrotada nuevamente.
Aprecio, que pese al agravamiento de su perversidad, esa oposición contra-revolucionaria está a la defensiva, con dos derrotas sucesivas trascendentes en su costillar y de frente a una expansión impetuosa de la solidaridad humana y política hacia el comandante Chávez, potenciadas por un inmenso sentimiento de compasión y reconocimiento que brota de la religiosidad popular venezolana.
Considero que si las elecciones anticipadas venezolanas se realizaran en el cortísimo plazo, aceptada la inhabilitación por este periodo del presidente Chávez, es muy posible, casi seguro, que Nicolás Maduro y el pueblo chavista triunfen; lo que a la vez invalidaría políticamente a ese candidato presidencial de las derechas para la contienda del 2019.
En esas circunstancias si Chávez sobrevive a esta gravedad, tendría más espacio para su recuperación y para influir a mediano plazo, liberado de la pesada carga estatal; algo mucho más difícil de lograr si se insiste en asignarles las responsabilidades y los trabajos más tensionantes.
Si no sobrevive –lo que nadie que valore sus dimensiones humanas y políticas podría desear- el proceso estaría mucho más impelido, aunque contaría con tiempo para ello, a crear una dirección colectiva capaz de llenar ese enorme vacío; mientras la conciencia revolucionaria antiimperialista, anticapitalista y pro-socialista acumulada a escala nacional, tendría que hacer de contrapeso activo para impedir el estancamiento, la involución o degradación mayor del PSUV y del Estado; y, sobretodo, para frustrar la contrarrevolución burguesa-imperialista que se nutre de ellas.
Pondrían ser genuinas las aspiraciones no centradas en la candidatura de Nicolás Maduro, pueden ser ciertas o no la competencia al interior del poder chavista, pero de ninguna manera es oportuno ni útil para el proceso desplegarlas en un momento tan delicado; como tampoco le veo certeza a una posposición significativa del nuevo momento electoral.
Ahora Maduro, el PSUV, el Polo Patriótico y el pueblo chavista-bolivariano -repito- tienen una alta probabilidad de victoria.
El problema más grave y preocupante en perspectiva no es ese, aunque ciertamente hay que darle la respuesta acertada para resolverlo en favor de la continuidad del proceso bolivariano. Y se puede.
- Otro riesgo y un desafío de gran envergadura.
Hay otro de mayor envergadura, sino inminente como éste, de mucha gravedad a corto o mediano plazo.
Me refiero al riesgo de la involución-degradación interna, de un retraso mayor en el abordamiento de problemas imperiosos, de la profundización de déficits y situaciones que no resisten más postergaciones y que exigen respuestas superadoras en este periodo, para impedir que la amenaza de regresión política se convierta en cruel realidad.
Es cada vez más evidente que un freno a la necesaria radicalización, a la profundización del proceso bolivariano; un bloqueo a la socialización en grande de la economía y del poder, podría abrirle rutas al retroceso político en favor de EE.UU. y de las derechas.
Más aun, una involución-derechización interna, que distancien al nuevo gobierno del pueblo chavista y le sirva de caldo de cultivo al crecimiento de la oposición derechista cara a las próximas elecciones congresuales y cara a las presidenciales del 2019, sería fatal.
Es preciso reflexionar sobre esos riesgos y pensar en los antídotos posibles a partir de un nuevo posicionamiento y un nuevo accionar de las fuerzas revolucionarias que dentro del gran torrente bolivariano han planteado y están dispuestas a impulsar la profundización de la revolución; pensar en una nueva dinámica del propio pueblo enfrentado al gran capital que procura prolongar su existencia, restaurar su dominio político, arrasar con las grandes conquistas sociales, revertir la dinámica hacia la segunda independencia y los cambios estructurales producidos en ese hermano país y en otros del Continente.
- El viraje necesario propuesto por Chávez.
Es necesario tomar muy en serio el diagnóstico que recientemente hiciera el propio Comandante Chávez para fundamentar el SEGUNDO PLAN SOCIALISTA 2013-2019, acompañado de un vigoroso llamado a la crítica y autocrítica; citado y apuntalado por el intelectual venezolano Carlos Lanz en su brillante ensayo titulado:EL VIRAJE O “GOLPE DE TIMON” COMO PARTE DE LA LINEA DE NO RETORNO O IRREVERSABILIDAD DE LA TRANSICION SOCIALISTA. Transcribo las palabras de Chávez referidadas por Lanz, atención:
“No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Éste es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo.
“Este es un programa que busca traspasar “la barrera del no retorno”.
Para explicarlo con Antonio Gramsci, lo viejo debe terminar de morir definitivamente, para que el nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud.
La coherencia de este Programa de Gobierno responde a una línea de fuerza del todo decisiva:nosotros estamos obligados a traspasar la barrera del no retorno, a hacer irreversible el tránsitohacia el socialismo…”
…:
“Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo.Esto pasa por pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política.”
- Nuevas postergaciones podrían ser fatales.
En mi opinión la prolongada y previa dilación de esos pasos abultaron la degeneración burocrática del Estado surgido de la Constitución bolivariana en el marco de la V República hasta llegar al nivel actual, en el que se torna imperiosa su superación a través de nuevos y profundos cambios estructurales que posibiliten una refundación institucional en armonía con una expansión del poder popular capaz de controlar las nuevas formas de gestión pública y de reducir progresivamente el peso del Estado y el manejo de la renta petrolera y su relación con el modelo productivo, traspasándolos a la sociedad más allá de las formidables inversiones realizadas.
Igual pienso que esa realidad ha determinado la pervivencia del capitalismo y del rentismo en grados ya inaceptables para avanzar hacia el socialismo, determinando a la vez la recuperación política de la derecha y su lento pero progresivo crecimiento electoral, reproducido por su base económica burguesa de sustentación y las relaciones de propiedad capitalistas prevalecientes.
Estos próximos años, pues, lucen decisivos y desafiantes para golpear a fondo la posibilidad del retroceso y arrancar de raíz las bases materiales y culturales de la contrarrevolución interna y externa. Pero es evidente que el actual Estado venezolano, más aun sin la conducción de Chávez, no estaría en condiciones de asumir ese desafío.
El “viraje o golpe de timón” de que nos habla Carlos Lanz en el referido ensayo, es a mi modo de ver imprescindible en los términos dramáticos anunciados por Chávez y en dirección a la “invención de nuevas formas de gestión política”. Y esto requiere no solo de una voluntad política fuerte e influyente, sino de la entrada en escena de todas las reservas revolucionarias de esa sociedad.
- Perspectivas inciertas y exigencias desafiantes.
En ese sentido, en el mejor de los casos, hay que esperar que el pueblo chavista –acompañado de las corrientes políticas revolucionarias socialistas más consecuentes- sea menos permisivo con su sucesor que con el propio Chávez, lo que posibilitaría su conversión en factor más dinámico y presionante de las transformaciones necesarias contenidas en el Segundo Programa Socialista;necesarias para profundizar el tránsito y minimizar las derechas opositoras sustentadas y alimentadas por la gran burguesía transnacionalizada.
De todas maneras esa apuesta no es fácil de desplegar, por lo que es preciso contemplar la posibilidad de múltiples resistencias que prolonguen el status quo y retracen aun más las transformaciones “hacia la radical supresión de la lógica del capital” y el “nacimiento de lo nuevo en toda su plenitud”, y faciliten en consecuencia el viraje a la derecha y las amenazas francamente contra-revolucionarias.
Esto tendría no solo un costo político alto para el proceso hacia la revolución emprendido en Venezuela, sino también para la OLA DE CAMBIOS que ella contribuyó a catalizar en todo el Continente, como también para los planes integradores puestos en marcha.
En lo inmediato esto exige, además de la activación de todos los factores transformadores internos, la recomposición inmediata del liderazgo colectivo continental de avanzada frente a un eventual fortalecimiento de la supremacía de las posiciones de Brasil y otros componentes moderados y frente la contraofensiva imperialista que habrá de arreciarse, cargando sobre Rafael Correa y Evo Morales mayores responsabilidades desde la parte suramericana del ALBA en tanto a la necesaria radicalidad antiimperialista.
Exige, sobretodo, relanzar con vigor las luchas populares y la construcción de alternativas en toda nuestra América. Mover y remover las bases de las sociedades y debilitar los frenos que imponen los intereses e Estado.
- Nuevas luces.
En este nuevo contexto, de todas maneras no es saludable abrirle un espacio excesivo al escepticismo, pues hay que esperar que al compás de la agudización de la multi-crisis capitalista, dentro y fuera de nuestro Continente, se desaten nuevas indignaciones que faciliten la creación de nuevos sujetos revolucionarios. Esa tendencia está a la vista a escala mundial, sólo que falta una mayor intervención del factor conciencia-organización anticapitalista a tono con un mayor optimismo basado en la voluntad de revolucionarlo todo.
En ese plano en nuestra América sobresale positivamente la nueva situación colombiana, la cual luce cada vez más esperanzadora en la medida ha crecido la autoridad política de la insurgencia (FARC-EP, ELN…) en todo el país (y más allá) y emergen nuevos sujetos activos y nuevos actores políticos y sociales en las crecientes luchas civiles; acentuando las debilidades y las contradicciones internas del régimen, hegemonizando el anhelo de una paz justa y digna, prefigurando la conformación de un contra-poder alternativo más integral y de una nueva oposición con perspectivas de avances sustanciales y nuevas victorias. Entre esas fuerzas se destaca el MOVIMIENTO MARCHA PATRIÓTICA.
Aprecio que un viraje democrático y hacia la izquierda en Colombia –complejo, duro, difícil, pero posible a mediano plazo- e incluso avances significativos en esa dirección, podrían convertirse en un nuevo dínamo de la OLEADA TRANSFORMADORA EN NUESTRO CONTINENTE, por lo que urge desplegar toda la solidaridad mundial posible -y hasta la imposible- a su favor.
Cierto: hay grandes dificultades en el panorama político de nuestra América en lucha por su emancipación definitiva. Pero no les será fácil a los imperialismos decadentes y en crisis mayor, especialmente a EE.UU., sofocar la rebeldía transformadora y apagar la luz de la nueva independencia y la nueva democracia camino al nuevo socialismo.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.