Opinión
La soberanía: Ni se patea ni patalea
Por Rosario Espinal
El desafío argumentativo consiste en ser coherente, el humano en ser justo, y el jurídico en apegarse a la ley. Cuando estos desafíos marchan por caminos diferentes, la difícil tarea humana de convivir se complica aún más y se propagan los argumentos errados.
Durante el último siglo, los gobiernos dominicanos no debieron permitir la migración ilegal haitiana, pero más pudo el afán de lucro que la previsión de los problemas sociales que derivarían de ella.
Trujillo y Balaguer trajeron haitianos a los bateyes porque la mano de obra era barata, y en su miseria, esos trabajadores estaban dispuestos a realizar trabajos duros. Ambos denigraban los haitianos, pero los usaron para beneficio económico y para elevar con simulacros la dominicanidad que ellos herían constantemente con su despotismo. Si hay que buscar culpables del tollo migratorio actual, hay que comenzar con ellos, porque después de la Independencia y la Restauración, la nación dominicana quedó establecida con soberanía de Haití y España.
Con posterioridad al dúo Trujillo-Balaguer, todos los gobiernos dominicanos han permitido la migración ilegal de haitianos para beneficio empresarial, y de vez en cuando, arman un alboroto nacionalista con el discurso de que otros países, organismos internacionales y algunas ONG obligan al Gobierno dominicano a acogerlos. Con este falso argumento patean la soberanía dominicana y hacen un flaco servicio al país. Nadie, absolutamente nadie, obligó el Gobierno dominicano a traer los obreros haitianos. El Gobierno lo hizo solito a cambio de grandes ganancias económicas, aunque ahora las llamadas fuerzas nacionalistas pataleen por la soberanía que no han protegido.
Que quede claro, los gobiernos dominicanos han permitido la migración haitiana para la explotación, no por imposición extranjera. Los trabajadores haitianos fueron aceptados como válidos en la agricultura y la construcción, aunque muchos nunca recibieran documentos oficiales de identificación, ni tampoco sus descendientes.
La mayoría de los dominicanos concuerda en que la migración haitiana constituye un serio problema social para República Dominicana, y hay razones válidas para la preocupación. Las diferencias radican en cómo abordar la desorganización migratoria y el estatus de los descendientes de inmigrantes indocumentados.
Cuando la Suprema Corte de Justicia en 2005, y ahora el Tribunal Constitucional, reinterpretaron la Constitución, poniendo a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos y criados en República Dominicana en un categoría similar al de personas “en tránsito”, recurrieron a un razonamiento ilógico desde el punto de vista jurídico, histórico y humano, y eso debilita la soberanía.
La República Dominicana es un país pequeño, con una economía abierta y altamente dependiente de Haití para la mano de obra barata y la exportación de productos. Entonces, ¿qué persigue el gobierno con el mal manejo de la cuestión migratoria?
La comunidad internacional estaría del lado de República Dominicana si existiera realmente una política coherente y justa de control migratorio. Lo que no puede hacer el país es sostener un sistema de súper-explotación laboral, y a la vez, negar derechos a la comunidad migratoria y a sus descendientes.
La controversia que ha generado la Sentencia TC 168/13 se debe a que unos desean declarar extranjeros en base al criterio de “transitoriedad” e “ilegalidad” a personas que nacieron y se criaron en República Dominicana, mientras otros consideramos que a esos nacidos y criados en territorio dominicano les corresponde la nacionalidad dominicana por las disposiciones constitucionales dominicanas anteriores a 2010, y porque la misma Constitución de 2010 garantiza derechos previamente adquiridos.
La soberanía nacional se construye con coraje, justicia e ideales nobles, no pateando derechos humanos ni con pataleos nacionalistas que denigran la dominicanidad y crispan la nación.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.