Opinión
La soberanía: Ni se patea ni patalea
Por Rosario Espinal
El desafío argumentativo consiste en ser coherente, el humano en ser justo, y el jurídico en apegarse a la ley. Cuando estos desafíos marchan por caminos diferentes, la difícil tarea humana de convivir se complica aún más y se propagan los argumentos errados.
Durante el último siglo, los gobiernos dominicanos no debieron permitir la migración ilegal haitiana, pero más pudo el afán de lucro que la previsión de los problemas sociales que derivarían de ella.
Trujillo y Balaguer trajeron haitianos a los bateyes porque la mano de obra era barata, y en su miseria, esos trabajadores estaban dispuestos a realizar trabajos duros. Ambos denigraban los haitianos, pero los usaron para beneficio económico y para elevar con simulacros la dominicanidad que ellos herían constantemente con su despotismo. Si hay que buscar culpables del tollo migratorio actual, hay que comenzar con ellos, porque después de la Independencia y la Restauración, la nación dominicana quedó establecida con soberanía de Haití y España.
Con posterioridad al dúo Trujillo-Balaguer, todos los gobiernos dominicanos han permitido la migración ilegal de haitianos para beneficio empresarial, y de vez en cuando, arman un alboroto nacionalista con el discurso de que otros países, organismos internacionales y algunas ONG obligan al Gobierno dominicano a acogerlos. Con este falso argumento patean la soberanía dominicana y hacen un flaco servicio al país. Nadie, absolutamente nadie, obligó el Gobierno dominicano a traer los obreros haitianos. El Gobierno lo hizo solito a cambio de grandes ganancias económicas, aunque ahora las llamadas fuerzas nacionalistas pataleen por la soberanía que no han protegido.
Que quede claro, los gobiernos dominicanos han permitido la migración haitiana para la explotación, no por imposición extranjera. Los trabajadores haitianos fueron aceptados como válidos en la agricultura y la construcción, aunque muchos nunca recibieran documentos oficiales de identificación, ni tampoco sus descendientes.
La mayoría de los dominicanos concuerda en que la migración haitiana constituye un serio problema social para República Dominicana, y hay razones válidas para la preocupación. Las diferencias radican en cómo abordar la desorganización migratoria y el estatus de los descendientes de inmigrantes indocumentados.
Cuando la Suprema Corte de Justicia en 2005, y ahora el Tribunal Constitucional, reinterpretaron la Constitución, poniendo a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos y criados en República Dominicana en un categoría similar al de personas “en tránsito”, recurrieron a un razonamiento ilógico desde el punto de vista jurídico, histórico y humano, y eso debilita la soberanía.
La República Dominicana es un país pequeño, con una economía abierta y altamente dependiente de Haití para la mano de obra barata y la exportación de productos. Entonces, ¿qué persigue el gobierno con el mal manejo de la cuestión migratoria?
La comunidad internacional estaría del lado de República Dominicana si existiera realmente una política coherente y justa de control migratorio. Lo que no puede hacer el país es sostener un sistema de súper-explotación laboral, y a la vez, negar derechos a la comunidad migratoria y a sus descendientes.
La controversia que ha generado la Sentencia TC 168/13 se debe a que unos desean declarar extranjeros en base al criterio de “transitoriedad” e “ilegalidad” a personas que nacieron y se criaron en República Dominicana, mientras otros consideramos que a esos nacidos y criados en territorio dominicano les corresponde la nacionalidad dominicana por las disposiciones constitucionales dominicanas anteriores a 2010, y porque la misma Constitución de 2010 garantiza derechos previamente adquiridos.
La soberanía nacional se construye con coraje, justicia e ideales nobles, no pateando derechos humanos ni con pataleos nacionalistas que denigran la dominicanidad y crispan la nación.
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.