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Sociedad cuestiona conducta de los partidos políticos que han tenido el control del Estado y que muy poco les importa la ética.
Por Elba García
La audiencia para la imposición de medidas de coerción en contra de los más importantes funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina implica un serio cuestionamiento al comportamiento de los partidos políticos en general que han tenido el control del Estado.
El debate parece centrarse en una figura jurídica que no ha recibido ninguna atención del régimen punitivo dominicano y que consiste en la utilización de dinero de la corrupción administrativa para el financiamiento de las campañas electorales.
En esta materia son pocos los que salen libres de culpas, ya que el primero que creo las condiciones para que Danilo Medina fuera presidente de la República fue el entonces mandatario Leonel Fernández, que en su momento anuncio que tenia 40 mil millones de pesos para invertirlos en la campaña de su ahora rival.
Pero el asunto se extiende a otros que han buscado que algunos de sus patrocinados también alcancen la presidencia de la República, como por ejemplo Danilo Medina en favor de Gonzalo Castillo.
Naturalmente, todo esto es en el contexto del uso del dinero del patrimonio público, pero la cuestión se vuelve muy compleja cuando además llega el dinero procedente del bajo mundo, que en la práctica convierte el delito o crimen en una razón para que en el país haya lo que muy bien se puede definir como un narco-Estado.
El dinero del bajo mundo todavía no ha sido seriamente ponderado por los tribunales nacionales mediante el sometimiento de algún expediente en contra de expresidentes de la República, pese a que es mucho lo que se ha hablado al respecto.
En el caso de Leonel Fernández siempre se habló de sus vínculos con Ernesto Quirino García, quien, siempre de acuerdo a lo que se ventiló públicamente, recibió millones de pesos de este convicto narcotraficante, que purgó pena en los Estados Unidos luego de ser extraditado hacia esa nación.
Pero igual se ha dicho de Danilo Medina, quien era compadre de Juancito de los Santos, que era concuñado de Cesar Emilio Peralta ( Abusador) y un cuadro muy importante de su tendencia hasta el punto de convertirlo en alcalde de Santo Domingo Oeste.
Hay quienes sostienen que El Abusador era protegido por personajes muy importantes del gobierno de Danilo Medina en razón de que la esposa de Juancito de los Santos es hermana de la compañera sentimental del narcotraficante.
Pero igual debe decirse del financiamiento de la campaña de Luis Abinader, la cual aparece en el caso Calamar por supuestamente haber recibido dinero de uno de los imputados, concretamente de Angel Lockuard, quien dice haber entregado 400 millones de pesos al actual mandatario.
Este domingo se conoce las medidas de coerción que solicita el Ministerio Público para todos los implicados en uno de los actos de corrupción más cuantiosos y escandalosos que conozca el país, pero todavía no ha salido a la luz pública en qué consiste la delación premiada de Angel Lockuard, quien no se sabe si ha dado detalles de los fondos multimillonarios entregados a Luis Abinader y de cuya revelación el presidente no ha dicho absolutamente nada.
El financiamiento ilícito de las campañas electorales es sancionado por la Ley 33-18 con una multa del doble del monto aceptado ilegalmente, pero muchas personas se preguntan si recibirán la sanción correspondiente prácticamente todos los actuales aspirantes presidenciales en las elecciones del 2024.
De todos ellos no hay uno solo que no esté imputado o cuando menos señalado de corrupción, ya que así como pasa con Leonel Fernández igual ocurre con Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, y quien es señalado de haberse enriquecido ilícitamente mediante sus funciones en la Cámara de Diputados y del soborno de Odebrecht.
Pero esa es la situación para los expresidentes del país, ya que no hay uno solo que no esté señalado de cuestiones que constituyen graves violaciones a la ética y en consecuencia esa conducta daña gravemente la democracia.
Ahora lo que más despierta curiosidad es si el Ministerio Público ha logrado alguna revelación en torno a lo dicho por Angel Lockuard de que donó 400 millones de pesos al entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, porque de no haber investigado semejante testimonio le quita credibilidad a la imparcialidad que debe exhibir el órgano persecutor del crimen y el delito del Estado.
Estas investigaciones representan el más grande reto para los partidos, los candidatos y la propia JCE, ya que se trata de unos ilícitos que son de dominio público que nunca se habían ventilados a nivel de los tribunales nacionales.
Desde hace muchos años que ha habido serios cuestionamientos al recibimiento de dinero procedente de la administración pública y del bajo mundo a las campañas electorales, fuentes incluso de enriquecimiento de los candidatos con mayores posibilidades de alcanzar el poder, pero ahora a pesar de que el asunto toma ribetes muy serios la pregunta que se mantiene sobre la mesa es si todos serán medidos con la misma vara.
Incluso debe decirse que una expresión de la corrupción en prácticamente todos los partidos políticos del país es través del dinero que les entrega la Junta Central Electoral, porque tanto los de derecha como los de izquierda, no manejan transparentemente esos recursos y generalmente se quedan en manos de dos o tres de sus dirigentes, quienes falsifican documentos para justificar gastos que no se han producido.
Entonces se impone preguntarse si a partir de todo lo revelado a través del caso Calamar el órgano competente para dirigir el proceso electoral tomará alguna medida cautelar para que por lo menos la democracia representativa recupere alguna credibilidad de toda la perdida.
Se recuerda que el Pleno de la JCE se adelantó a adoptar algunas medidas a pocos meses de asumir los actuales miembros, dado que en noviembre del 2020 creo la Unidad Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que manda la ley 33-18 con carácter permanente, es decir, que funcione no sólo en años electorales y preelectorales, cuya división goza en la actualidad con rango de dirección.
En su momento se explicó que había el propósito de que esa unidad esté integrada por funcionarios que lleven un control y seguimiento eficiente del régimen de financiamiento que reciben los partidos y además que esté en condiciones de detectar a tiempo las posibles violaciones a la ley y poner en conocimiento oportuno al Pleno de la JCE para que imponga las medidas y sanciones correspondientes.
Las normas del régimen electoral le otorga la facultad a la Junta Central Electoral “para regular y en caso necesario anular, cualquier operación ilícita de la cual sea apoderada o tenga conocimiento.”
Tanto es así, que la ley le confiere competencia para incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar respecto a un bien o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos y medios del Estado., cuyo fin puede hacerlo valer mediante el auxilio de la fuerza pública.
Podrá actuar a solicitud de parte interesada o por iniciativa propia y gestionar el auxilio de la fuerza pública.
La Ley 20-23 concede a la JCE la potestad para elaborar un procedimiento sancionador, las cuales van desde lo meramente administrativo hasta lo judicial, las cuales también estaban contempladas en la norma derogada, la 15-19.
El exceso de un cinco por ciento del gasto de campaña financiado como tope, es sancionado en el artículo 221 de la Ley electoral con una multa equivalente al triple del monto sobrepasado.
Según lo prescrito en el artículo 219 de la norma legal, el límite de gastos para las entidades políticas será el equivalente a RD$1.75 por electores hábiles inscritos en el padrón.
Se establece en el artículo 220 un tope de gastos para los candidatos a cargos electivos, incluido el presidencial que es de RD$ 122.50 por electores hábiles; para senadores y diputados de RD$105,00; para alcaldes y directores de distritos municipales, de RD$87.50, y para regidores y vocales, de RD$43.00.
En el caso de directores de Distritos Municipales con menos de 5,000 electores, el tope es de RD$150.00.
Las contribuciones individuales a los candidatos no podrán ser superiores al 1% de los límites establecidos, según la ley, que dispone que los fondos sobrantes de las recaudaciones se destinen a los programas de formación política de sus miembros.
La nueva ley electoral llenó el vacío de la derogada 15-19 en cuanto al monto del financiamiento público, ya que establece en el artículo 224 que en el Presupuesto General del Estado se consignará una suma equivalente al 1/2% de los ingresos nacionales en los años de comicios generales y de un 1/4% en los no electorales.
Las leyes del régimen electoral contemplan que los partidos están obligados a depositar su presupuesto de ingresos y gastos en un plazo inferior a los 30 días después de publicada la resolución de la JCE, que establece los topes de gastos de campaña.
La ley de partidos también impone un límite de gastos a los aspirantes a candidatos en el periodo de la precampaña.
En todos los niveles de elección la ley establece que en lo referente a lo presidencial es de RD$70.00 por electores hábiles; en el congresual, de RD$60.00,; en el municipal, de RD$50.00 para alcaldes, y RD$25.00 para regidores, y en los distritos municipales de RD$100.00 para directores y RD25,00 para vocales.
El país está prácticamente en la etapa iniciar de la precampaña cuando intervienen los actores del bajo mundo a partir de las posibilidades de los aspirantes, pero en realidad no existe mucha esperanza de que este fenómeno del financiamiento ilegal disminuya porque en la República Dominicana son bastantes los sectores que se crean expectativas al respecto, pero a partir del 2 de julio cuando arrancará oficialmente la precampaña política se verá hasta dónde casos como el de Calamar ha surtido efecto en la vida política nacional.
Por el momento la sociedad está a la expectativa no solo de las medidas de coerción que se les impondrán a los principales imputados en Calamar, sino que tan poco parcializado resulta el proceso a partir de la función del Ministerio Público, porque si se investiga y sanciona a unos igual debe ocurrir con los otros.
La gran pregunta del momento es si Luis Abinader será investigado por el Ministerio Público ante recibimiento de una donación de 400 millones de pesos que provienen del patrimonio público y que parece ser parte de una estrategia de los inculpados para buscar impunidad, pero lo más grave del asunto es que el presidente se niega a hablar al respecto, lo cual es un motivo más que suficiente para que sea investigado, igual como debe ocurrir con los exmandatarios.
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Práctica política dominicana deja claro que legado de grandes líderes de últimas décadas ha servido poco para enderezar el país.
Por Elba García
El pensamiento profundo de los tres grandes líderes nacionales de las últimas décadas parece que no ha surtido el efecto esperado y que su legado político prácticamente ha desaparecido al correr el tiempo, cuya memoria, a pesar de ser un recuerdo obligado, es como si no hubieran existido, ya que su conducta, visión y propuestas de cambios reposan en el saco del olvido.
La República Dominicana era controlada y manejada políticamente en las décadas de los 70,80 y 90 por tres grandes líderes, uno casi siempre desde el poder y dos desde la oposición, hasta que los tres fallecieron y sus partidos, uno prácticamente ha desaparecido o se ha disminuido ostensiblemente y los otros dos han corrido la misma suerte a partir de que han combatido desde la oposición lo que después han practicado desde el control del Estado.
Joaquín Balaguer, José Francisco Pena Gómez y Juan Bosch, el primero fundador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el segundo continuador de una fuerza con gran arrastre popular como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el tercero en el momento de su desaparición física fundador y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Analistas políticos del país en más de una ocasión han dicho que la República Dominicana durará varios siglos para que surjan otros líderes de la categoría y la formación de estos tres referentes de la vida política nacional, los cuales tenían sus debilidades y también sus virtudes, cuyas últimas pesaban más que la primera.
Es tanto así que hay quienes piensan que la política ideológica desaparece en el país con la muerte de Balaguer, Peña y Bosch, lo que más que una expresión fría se trata de una verdad indiscutible, ya que después de la inexistencia de ellos la política partidaria se ha convertido en un verdadero mercado clientelar que ha creado un deterioro de la actividad que luce irrecuperable frente a la problemática nacional.
La crisis en este aspecto es tan notable que ya cualquiera se atreve a decir que quiere dirigir el país sin tener la más mínima formación como estadista, cuya tendencia toma mayor impulso a propósito de la desnaturalización de la vida político-partidista y por la llegado al control del Estado de personas que sólo han sido favorecidas por circunstancias muy especiales que se han presentado.
De los tres líderes que sirven de base a este trabajo interpretativo, el primero citado, Joaquín Balaguer, se echó la vida en el poder, siempre fiel a su pensamiento político conservador, aunque en términos del peor lastre nacional como lo es la corrupción administrativa, supo manejar el tema con una notable dualidad, ya que mientras decía que la misma se detenía en la puerta de su despacho, pero auspiciaba que algunos personajes de sus gobiernos se enriquecieran, aunque él de manera personal no lo hizo.
Los gobiernos de Balaguer, por lo menos durante sus primeros doce años en el poder, tuvieron un perfil de neo-dictadura, lo que se entendió como una expresión fiel con un régimen del que fue una ficha estelar durante una buena parte de su vida como lo fue la sanguinaria dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina e influyó en su visión sus vínculos familiares con Ulises Heureaux (LILIS), pero además hubo un asunto que tiene que ver con la época en que desempeñó su liderazgo.
Lo cierto es que el liderazgo de Balaguer para bien o para mal tuvo mucho peso en la historia nacional e incluso trilló el camino para un cambio que no hubo forma de que fuera excluido del mismo y mucho menos perseguido por crímenes que siempre se consideraron de Estado y que era muy difícil no pensar en su participación mediante alguna incitación, cuyo mejor ejemplo fue el asesinato del periodista Orlando Martínez, sin entrar en la gran cantidad de jóvenes que desaparecieron misteriosamente por sus ideas y militancia política
Sin embargo, Balaguer sale del control del Estado prácticamente sin un centavo, aunque con una fuerte mancha en el orden democrático porque mostró una tendencia a no tolerar el libre juego de las ideas y el desarrollo de las diferentes corrientes del pensamiento político nacional.
Por su parte, Peña Gómez, el más grande líder de masas, pero que no pudo llegar al control del Estado porque fue muy emocional y repentista, cuya conducta fue fundamentalmente ética, aunque fue cuestionado en algunas ocasiones por su tolerancia con personajes de la vida nacional que no eran muy amantes de la transparencia.
Sin lugar a dudas, que Peña Gómez dejó un legado ético que pesa más que cualquier error cometido en el curso de su vida público-partidista, lo cual representa un legado muy positivo para el pueblo dominicano.
Profesor Juan Bosch fotos históricas de cuando era presidente.
El tercero de ellos, Bosch, cuyo lugar no implica que ese sea su puesto en términos de importancia, fue un ejemplo, principalmente ético e ideológico, fundador de un partido como el PLD que en algún momento fue considerado un patrimonio nacional, porque el mismo se fundó inspirado en dos instituciones con una gran mística y disciplina como las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica.
Tanto fue así que amplios sectores de la vida nacional tenían la esperanza de que el PLD produjera los cambios que demandaba la sociedad dominicana para enrumbarse por el camino del progreso, el crecimiento y el desarrollo nacional.
Bosch en el momento en que crea el PLD concibe unas ideas que buscaban atraer a una pequeña burguesía difícil de manejar y que había marcado la historia nacional a propósito de la independencia nacional del yugo haitiano y cuyos principales protagonistas provenían de ese sector de clase y que son despiadados cuando de la búsqueda de bienes materiales se trata.
Por esa razón en el naciente PLD no valían mucho los títulos académicos que generalmente son exhibidos como una exigencia social para poder escalar a la adquisición de poder político y económico y aun así fueran muchas las decepciones que se llevó Bosch con algunos personajes de esa pequeña burguesía que le acompañaron cuando él decidió dejar el PRD para fundar la nueva organización.
Bosch años después de la fundación del PLD presentó renuncia de esta organización porque en su opinión sus dirigentes y miembros tenían un comportamiento muy parecido al del PRD, pero posteriormente reconsideró su salida y permaneció en su máxima dirección.
En el PLD al momento de la renuncia de Bosch había diferentes grupos que buscaban el control de la organización, entre ellos, Antonio Abreu (TONITO), Rafael Alburquerque y Norge Botello, cuyos grupos daban la razón al líder político de que su partido tomaba el mismo camino del PRD.
No bien Bosch entra en una situación delicada de salud y tras la firma de un Pacto Patriótico, en el que Balaguer era una ficha clave y ya luego de la llegada al poder de Leonel Fernández, el PLD sigue el camino del PRSC y el PRD para al final los tres terminar con su credibilidad totalmente erosionada por lo que en los actuales momentos el país está estacionario en la misma situación de precariedad de cuando se crea el Partido de la Liberación Dominicana, el cual buscaba mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano a través del poder a partir de la anhelada dignidad humana a que aspiran todos los países del mundo.
La cuestión es que la República Dominicana llega a décadas de lucha democrática, sin prácticamente ningún avance, cuya propia constitución si se mide por el sistema de justicia fácilmente se llega a la conclusión de que la misma no supera una de fachada, es decir, que existe en el papel, pero no en la realidad, con el agravante de que ya en el país no existen este tipo de líderes que procuraban cambios profundos en la sociedad.
De manera, que en la actualidad es muy poco lo que se puede pedir, porque en una gran mayoría, por no decir prácticamente todos los que van a la política partidista, prevalece más la búsqueda de intereses individuales y materiales que el bienestar general de la nación, es decir, que en su mente está más el espíritu del depredador histórico que el legado dejado por líderes de la talla de Bosch, Pena Gómez y de alguna manera de Balaguer.
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Haití en el mismo escenario de toda América Latina impactada por una visión hegemónica y fuera de toda lógica democrática.
La República de Haití, la más pobre del hemisferio occidental y de más allá hoy entra en otro mar de incertidumbres y poca certeza del destino de un pueblo abatido por la pobreza y la violencia, cuya manipulación por parte de los Estados Unidos de América. la condena a una situación más deplorable y preocupante.
La debilidad institucional del vecino territorial de la República Dominicana, o mejor decir de su hermano gemelo, pese a las diferencias culturales y socio-económicas, se profundiza sin que se vea una solución viable en el tiempo.
Este sábado 7 de febrero Haití entró nuevamente en un vacío de poder, pero con la imposición y la intromisión de la potencia del norte, que crea mayores dificultades para la elección de autoridades nacionales con algún nivel de legitimidad, ya que existe la voluntad de Trump de llevar al control del inexistente Estado a quien le viene en gana.
El Consejo Presidencial de Transición (CPT) se disuelve sin haber cumplido con una de sus principales metas de escoger un presidente de la República mediante elecciones amplias y populares, a los fines de que ese mecanismo condujera a Haití a un clima de mayor seguridad para su población.
Es un problema institucional de nunca acabar, porque cada intento por reorientar la nación sucumbe por una diversidad de problemas que tienen que ver con el control externo y por los profundos niveles de corrompimiento de todo su tejido social.
El proceso ahora se complica más porque el Gobierno de los Estados Unidos se ha propuesta imponer a una persona que aparentemente no cuenta con el apoyo de sectores claves de la sociedad haitiana.
Se trata de Alix Didier Fils-Aimé, predilecto de Trump, quien ostenta en la actualidad la posición de primer ministro, que recibició las riendas de la vecina nación de Saint-Cyr, a los fines de garantizar la continuidad de un Estado que es una quimera, cuyos límites son inciertos e indefinidos.
Hasta este sábado el CPT era el que gestionaba las acciones públicas, pero ahora, muerta sus funciones, el país entra en un hoyo mucho más profundo institucional, el cual ha resultado contminado como las autoridades anteriores de abusos, corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, privilegios indebidos y ventajas consideradas indecentes.
La situación haitiana deja al Estado vecino, correspondiente a la República Dominicana, antigua colonia española, en una situación, sino de alta preocupación, por el impacto en una nación con profundas debilidades institucionales y con un comportamiento que presenta similitudes con su hermano territorial, por lo menos de alerta máxima.
La situación haitiana no deja de ser un callo en los zapatos de su vecino República Dominicana, donde no se sale de escándalos de corrupción y debilidades institucionales que hoy cuestionan su pobre democracia, pese a que vende una percepción que no tiene nada que ver con su realidad.
El deterioro de la realidad de Haití se caracteriza por la ausencia total del Estado, cuyo panorama lo deja sin presidente, senadores, diputados, alcaldes y otras autoridades públicas, lo cual puede profundizar los niveles de violencia que la impactan.
Todo parece indicar que las bandas criminales ahora actuarán más impunemente y a sus anchas, porque no hay quien pueda detenerlas, lo cual profundiza los problemas de seguridad y deja en total estado de indefensión a la población civil.
En pocas palabras, todas las acciones públicas quedan paralizadas y habría que ver cómo se comportan los cuerpos creados para mantener el orden público como la Policía haitiana, sin una dirección que indique el camino a recorrer.
Debe decirse que mientras Estados Unidos ve a Fils-Aimé como una salida inteligente a la crisis haitiana, amplios sectores de ese pueblo la consideran como una acción ilegal, ya que no se trata del resultado de una elección popular, lo cual puede profundizar el problema de ingobernabilidad de la nación más pobre del hemisferio.
La inclinación de Trump por Fils-Aimé ratifica la política autoritaria y de imposición de los Estados Unidos de América, la cual no ha dejado dudas de que los resultados son peores que las vías democráticas para instaurar autoridades nacionales en cualquier país del mundo.
La utilización por parte de la potencia de norte de la fuerza de las armas lleva a la eliminación del derecho internacional o cuando menos a debilitar el respeto a los derechos humanos consignados mediante avances importantes del derecho constitucional comparado.
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R.D. parte de fenómeno que replica precaria formación académica y vulgar negocio universitario.
Por Elba García
En la República Dominicana hay universidades por doquier, son licencias que se otorgan, principalmente por razones políticas, como las franquicias a los partidos políticos, a las emisoras de radio y a las estaciones de televisión, es decir, que se trata de un problema integral o general.
Sin embargo, Pese a que en las naciones del tercer mundo se abusa con el otorgamiento de licencias para operar a universidades que se forman sin las calificaciones que dispone la ley, el Ministerio de Educación Superior, al menos en la República Dominicana, no toma en cuenta el problema, dado que pesa más la politiquería que la fiscalización y supervisión de los centros de estudios superiores que no se ajustan a una filosofia de buena enseñanza, que en algunos casos pone en peligro la salud pública, cuando se trata de carreras como la Medicina, el Derecho o la Ingeniería, lo que representa una verdadera amenaza en contra del desarrollo nacional.
Los dominicanos deben verse en el espejo de los brasileños que tras un examen de evaluación por parte del Ministerio de Educación para medir la formación de los futuros médicos dio como resultado que un tercio de las licenciaturas de Medicina analizadas no preparan a los alumnos para ejercer la profesión en condiciones mínimas aceptables, lo que motivó la suspensión de un 25 por ciento del alumnado.
Los resultados son alarmantes y causan aprensión entre la ciudadanía, además de un debate sobre dos cuestiones, la facilidad para implantar facultades universitarias y como lograr médicos aceptablemente formados para atender en Brasil a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos, cuyo sistema de salud es inmenso.
El fenómeno, que obedece a la crisis que vive la mayoría de las naciones del tercer mundo, donde la fiscalización del Estado es prácticamente nula, sobre todo en educación, es encontrado en muchos otros lugares como la República Dominicana, donde cursar una carrera universitaria se inscribe más que en otra cosa en satisfacer una exigencia social que convierte en muy buen negocio las universidades con la venta de una enseñanza deficiente y pobre.
La proliferación de universidades, no sólo impacta la calidad de la educación, sino también el comportamiento ético de los egresados, quienes sólo toman en cuenta el mercado donde van a ejercer una carrera para la que no se han preparado lo suficientemente bien, cuyos resultados ponen en peligro la salud de la gente.
La modalidad de crear universidades vistas más como negocio que como instrumento para crear los técnicos que necesita el país para fines de mejorar su desarrollo, propicia una verdadera desgracia nacional que no es tan fácil revertirla.
El problema, por ejemplo, de la República Dominicana es que el asunto de las universidades no sólo tiene que ver con la poca formación de los profesionales que egresan, sino de los docentes de esos centros de estudios que todavía están necesitados de recibir adiestramiento o educación para cumplir bien con su rol.
La formación a troche y moche de médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales académicos plantea un problema más serio del que cualquiera puede pensar, porque si al cabo de los años el país cambiara o mejorara sus niveles de fiscalización, supervisión y de institucionalidad los profesionales que han egresado de la mayoría de las universidades serian desperdicios que no habría forma de enderezarlos, ya que ya están ajustados a una cultura de improvisación y de hacer lo que no se debe hacer.
Entonces, lo que ocurre en Brasil con el examen de evaluación a los futuros médicos y cuyas deficiencias salieron a la superficie, puede asegurarse que en la República Dominicana los resultados pueden ser peores, máxime que ese país sudamericano es una plaza para que el profesional de esta disciplina vaya de todos los demás países del hemisferio a hacer postgrados y en consecuencia se supone que las regulaciones tienen que ser mayores.
El primer examen de este tipo en Brasil evaluó a 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, los cuales abarcan a 90 mil estudiantes que deben demostrar habilidades y capacidades de conocimientos básicos para ejercer como médicos, pero la realidad fue que el mismo conllevó la suspensión de aquellas universidades con menos del 40 por ciento de los alumnos que deben tomar el mismo.
Brasil en estos momentos está lleno de temor y preocupación causado con el hecho de que alrededor de 13 mil estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial, a los fines de ejercer la carrera sin haber sido evaluados, mientras el Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo, cuyas peores notas son de escuelas de niveles municipales, creadas por los ayuntamientos o dependencias de entidades privadas con fines de lucro.
La medida tomada en Brasil ante el fenómeno es sancionar las facultades de Medicina, aunque la misma no va a repercutir en los alumnos, ya que las universidades tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, aunque podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que sea su calificación.
La pregunta que se impone es que en un país como la República Dominicana, donde las universidades aparecen auspiciadas por instituciones sin fines de lucro, como patronatos y fundaciones, pero que operan con el criterio de cualquier negocio y que son el resultado de las políticas neoliberales que han entrado salvajemente al escenario nacional y que al momento de ser evaluadas pesan más como parte del libre mercado que de los beneficios que proporciona una buena educación al desarrollo nacional.
La educación superior es un negocio que se ha multiplicado al margen de los propósitos de la Ley 139-01 que les sirve de sustento y en consecuencia está en el marco de vender lo que no se tiene y procurar acogerse más a la politiquería que a una enseñanza de calidad para una mejor proyección del país en el campo del conocimiento científico y tecnológico.