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Sociedad cuestiona conducta de los partidos políticos que han tenido el control del Estado y que muy poco les importa la ética.
Por Elba García
La audiencia para la imposición de medidas de coerción en contra de los más importantes funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina implica un serio cuestionamiento al comportamiento de los partidos políticos en general que han tenido el control del Estado.
El debate parece centrarse en una figura jurídica que no ha recibido ninguna atención del régimen punitivo dominicano y que consiste en la utilización de dinero de la corrupción administrativa para el financiamiento de las campañas electorales.
En esta materia son pocos los que salen libres de culpas, ya que el primero que creo las condiciones para que Danilo Medina fuera presidente de la República fue el entonces mandatario Leonel Fernández, que en su momento anuncio que tenia 40 mil millones de pesos para invertirlos en la campaña de su ahora rival.
Pero el asunto se extiende a otros que han buscado que algunos de sus patrocinados también alcancen la presidencia de la República, como por ejemplo Danilo Medina en favor de Gonzalo Castillo.
Naturalmente, todo esto es en el contexto del uso del dinero del patrimonio público, pero la cuestión se vuelve muy compleja cuando además llega el dinero procedente del bajo mundo, que en la práctica convierte el delito o crimen en una razón para que en el país haya lo que muy bien se puede definir como un narco-Estado.
El dinero del bajo mundo todavía no ha sido seriamente ponderado por los tribunales nacionales mediante el sometimiento de algún expediente en contra de expresidentes de la República, pese a que es mucho lo que se ha hablado al respecto.
En el caso de Leonel Fernández siempre se habló de sus vínculos con Ernesto Quirino García, quien, siempre de acuerdo a lo que se ventiló públicamente, recibió millones de pesos de este convicto narcotraficante, que purgó pena en los Estados Unidos luego de ser extraditado hacia esa nación.
Pero igual se ha dicho de Danilo Medina, quien era compadre de Juancito de los Santos, que era concuñado de Cesar Emilio Peralta ( Abusador) y un cuadro muy importante de su tendencia hasta el punto de convertirlo en alcalde de Santo Domingo Oeste.
Hay quienes sostienen que El Abusador era protegido por personajes muy importantes del gobierno de Danilo Medina en razón de que la esposa de Juancito de los Santos es hermana de la compañera sentimental del narcotraficante.
Pero igual debe decirse del financiamiento de la campaña de Luis Abinader, la cual aparece en el caso Calamar por supuestamente haber recibido dinero de uno de los imputados, concretamente de Angel Lockuard, quien dice haber entregado 400 millones de pesos al actual mandatario.
Este domingo se conoce las medidas de coerción que solicita el Ministerio Público para todos los implicados en uno de los actos de corrupción más cuantiosos y escandalosos que conozca el país, pero todavía no ha salido a la luz pública en qué consiste la delación premiada de Angel Lockuard, quien no se sabe si ha dado detalles de los fondos multimillonarios entregados a Luis Abinader y de cuya revelación el presidente no ha dicho absolutamente nada.
El financiamiento ilícito de las campañas electorales es sancionado por la Ley 33-18 con una multa del doble del monto aceptado ilegalmente, pero muchas personas se preguntan si recibirán la sanción correspondiente prácticamente todos los actuales aspirantes presidenciales en las elecciones del 2024.
De todos ellos no hay uno solo que no esté imputado o cuando menos señalado de corrupción, ya que así como pasa con Leonel Fernández igual ocurre con Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, y quien es señalado de haberse enriquecido ilícitamente mediante sus funciones en la Cámara de Diputados y del soborno de Odebrecht.
Pero esa es la situación para los expresidentes del país, ya que no hay uno solo que no esté señalado de cuestiones que constituyen graves violaciones a la ética y en consecuencia esa conducta daña gravemente la democracia.
Ahora lo que más despierta curiosidad es si el Ministerio Público ha logrado alguna revelación en torno a lo dicho por Angel Lockuard de que donó 400 millones de pesos al entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, porque de no haber investigado semejante testimonio le quita credibilidad a la imparcialidad que debe exhibir el órgano persecutor del crimen y el delito del Estado.
Estas investigaciones representan el más grande reto para los partidos, los candidatos y la propia JCE, ya que se trata de unos ilícitos que son de dominio público que nunca se habían ventilados a nivel de los tribunales nacionales.
Desde hace muchos años que ha habido serios cuestionamientos al recibimiento de dinero procedente de la administración pública y del bajo mundo a las campañas electorales, fuentes incluso de enriquecimiento de los candidatos con mayores posibilidades de alcanzar el poder, pero ahora a pesar de que el asunto toma ribetes muy serios la pregunta que se mantiene sobre la mesa es si todos serán medidos con la misma vara.
Incluso debe decirse que una expresión de la corrupción en prácticamente todos los partidos políticos del país es través del dinero que les entrega la Junta Central Electoral, porque tanto los de derecha como los de izquierda, no manejan transparentemente esos recursos y generalmente se quedan en manos de dos o tres de sus dirigentes, quienes falsifican documentos para justificar gastos que no se han producido.
Entonces se impone preguntarse si a partir de todo lo revelado a través del caso Calamar el órgano competente para dirigir el proceso electoral tomará alguna medida cautelar para que por lo menos la democracia representativa recupere alguna credibilidad de toda la perdida.
Se recuerda que el Pleno de la JCE se adelantó a adoptar algunas medidas a pocos meses de asumir los actuales miembros, dado que en noviembre del 2020 creo la Unidad Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que manda la ley 33-18 con carácter permanente, es decir, que funcione no sólo en años electorales y preelectorales, cuya división goza en la actualidad con rango de dirección.
En su momento se explicó que había el propósito de que esa unidad esté integrada por funcionarios que lleven un control y seguimiento eficiente del régimen de financiamiento que reciben los partidos y además que esté en condiciones de detectar a tiempo las posibles violaciones a la ley y poner en conocimiento oportuno al Pleno de la JCE para que imponga las medidas y sanciones correspondientes.
Las normas del régimen electoral le otorga la facultad a la Junta Central Electoral “para regular y en caso necesario anular, cualquier operación ilícita de la cual sea apoderada o tenga conocimiento.”
Tanto es así, que la ley le confiere competencia para incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar respecto a un bien o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos y medios del Estado., cuyo fin puede hacerlo valer mediante el auxilio de la fuerza pública.
Podrá actuar a solicitud de parte interesada o por iniciativa propia y gestionar el auxilio de la fuerza pública.
La Ley 20-23 concede a la JCE la potestad para elaborar un procedimiento sancionador, las cuales van desde lo meramente administrativo hasta lo judicial, las cuales también estaban contempladas en la norma derogada, la 15-19.
El exceso de un cinco por ciento del gasto de campaña financiado como tope, es sancionado en el artículo 221 de la Ley electoral con una multa equivalente al triple del monto sobrepasado.
Según lo prescrito en el artículo 219 de la norma legal, el límite de gastos para las entidades políticas será el equivalente a RD$1.75 por electores hábiles inscritos en el padrón.
Se establece en el artículo 220 un tope de gastos para los candidatos a cargos electivos, incluido el presidencial que es de RD$ 122.50 por electores hábiles; para senadores y diputados de RD$105,00; para alcaldes y directores de distritos municipales, de RD$87.50, y para regidores y vocales, de RD$43.00.
En el caso de directores de Distritos Municipales con menos de 5,000 electores, el tope es de RD$150.00.
Las contribuciones individuales a los candidatos no podrán ser superiores al 1% de los límites establecidos, según la ley, que dispone que los fondos sobrantes de las recaudaciones se destinen a los programas de formación política de sus miembros.
La nueva ley electoral llenó el vacío de la derogada 15-19 en cuanto al monto del financiamiento público, ya que establece en el artículo 224 que en el Presupuesto General del Estado se consignará una suma equivalente al 1/2% de los ingresos nacionales en los años de comicios generales y de un 1/4% en los no electorales.
Las leyes del régimen electoral contemplan que los partidos están obligados a depositar su presupuesto de ingresos y gastos en un plazo inferior a los 30 días después de publicada la resolución de la JCE, que establece los topes de gastos de campaña.
La ley de partidos también impone un límite de gastos a los aspirantes a candidatos en el periodo de la precampaña.
En todos los niveles de elección la ley establece que en lo referente a lo presidencial es de RD$70.00 por electores hábiles; en el congresual, de RD$60.00,; en el municipal, de RD$50.00 para alcaldes, y RD$25.00 para regidores, y en los distritos municipales de RD$100.00 para directores y RD25,00 para vocales.
El país está prácticamente en la etapa iniciar de la precampaña cuando intervienen los actores del bajo mundo a partir de las posibilidades de los aspirantes, pero en realidad no existe mucha esperanza de que este fenómeno del financiamiento ilegal disminuya porque en la República Dominicana son bastantes los sectores que se crean expectativas al respecto, pero a partir del 2 de julio cuando arrancará oficialmente la precampaña política se verá hasta dónde casos como el de Calamar ha surtido efecto en la vida política nacional.
Por el momento la sociedad está a la expectativa no solo de las medidas de coerción que se les impondrán a los principales imputados en Calamar, sino que tan poco parcializado resulta el proceso a partir de la función del Ministerio Público, porque si se investiga y sanciona a unos igual debe ocurrir con los otros.
La gran pregunta del momento es si Luis Abinader será investigado por el Ministerio Público ante recibimiento de una donación de 400 millones de pesos que provienen del patrimonio público y que parece ser parte de una estrategia de los inculpados para buscar impunidad, pero lo más grave del asunto es que el presidente se niega a hablar al respecto, lo cual es un motivo más que suficiente para que sea investigado, igual como debe ocurrir con los exmandatarios.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.