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Partidos políticos y sociedad civil se avocan a discusión de agenda de trece puntos, entre ellos la modificación constitucional.
Por Elba García
Todas las organizaciones políticas con por lo menos representación en el Congreso Nacional iniciaron este lunes discusión de una serie de planteamientos del Gobierno que busca modificar la Constitución de la República en lo que respecta a establecer de hecho y de derecho la independencia de órganos tan importantes para la democracia como el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y la defensoría del pueblo, entre otras.
La agenda de antemano tiene el rechazo de los partidos mayoritarios de la oposición como el de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, ya que ambos han dejado saber públicamente que no están de acuerdo con los temas planteados por el presidente Luis Abinader en lo atinente a la Carta Magna.
Podría decirse que las posiciones de ambas parcelas políticas tienen sentido desde la perspectiva de que con su conducta o actuaciones tanto el PLD como la FP han dejado claro que no comparten la solicitada independencia del Ministerio Público, cuyos archivos definitivos han evitado que muchos de sus dirigentes hayan ido a la cárcel por malversación de fondos públicos.
Igual situación se ha producido con la Cámara de Cuentas, la cual se ha convertido en cómplice de aquellos que han ido a la administración pública a apropiarse de lo que no es suyo, por lo que mal podrían estas organizaciones propiciar una independencia del Ministerio Público para propiciar que muchos de sus dirigentes sean juzgados y condenados por el crimen de la corrupción administrativa.
En esa virtud, no es mucho lo que se puede esperar de unos temas que necesitan del consenso de los partidos con gran incidencia en el Congreso Nacional, ya que al final de la jornada los legisladores son los únicos con facultad de modificar la Constitución de la República, quienes para dar su voto por un proyecto generalmente necesitan la anuencia del líder de su partido.
De manera, que la reunión de los partidos a través del Consejo Económico y Social (CES) no parece crear muchas expectativas de que el fin buscado se logre, porque la posición del PLD y la FP no es sólo por enarbolar conceptos diferentes al respecto, sino por la existencia de grandes intereses que irse en contra de ellos es ponerles una espada de Democles en la cabeza a muchos de sus dirigentes comprometidos con la corrupción administrativa.
Además, en la República Dominicana no hay una cultura de establecer consenso a través de los diálogos de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, porque se sabe de más que en los partidos políticos pesan más los intereses particulares que los colectivos, que aquellos que puedan impactar positivamente a la sociedad.
El asunto es tan complejo que incluso en el propio seno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) son muy pocos de sus dirigentes los que comparten que el Ministerio Público cuente con independencia, porque esa condición del órgano persecutor es una especie de arma en su contra, ya que la mayoría van a la administración pública con la idea de resolver sus problemas económicos a través de la llamada acumulación originaria.
La cuestión es que en la República Dominicana no es tan fácil establecer mecanismos de control de la corrupción, porque se trata de una cultura que alcanza no sólo al sector público, sino también al privado, lo cual no deja de ser un gran problema para la sociedad.
Sin embargo, a pesar de los escollos que hay en el camino el ciudadano debe convertirse en la principal presión para procurar que estos propósitos se logren, porque en ellos descanse el establecimiento de un futuro más promisorio para sus hijos y nietos.
El Gobierno informó que todas las organizaciones políticas confirmaron sus representaciones para participar este lunes en el inicio del diálogo convocado por el presidente Luis Abinader, para buscar consenso que permitan reformas estructurales.
Los partidos que han confirmado su participación a la convocatoria hecha por el mandatario son el Partido Revolucionario Moderno (PRM); el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); la Fuerza del Pueblo (FP); Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y Alianza País.
También aceptaron participar en el diálogo el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); el Frente Amplio; Dominicanos por el Cambio; Partido Cívico Renovador y el Partido Liberal Reformista.
Los debates empezaran mañana lunes, con la asistencia de una representación del gobierno, y la coordinación de la comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), en su sede del Edificio Caribalico en la avenida Abraham Lincoln, a partir de las 10:00 de la mañana.
La representación del gobierno estará encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; Andrés Lugo Risk, viceministro administrativo de la Presidencia; Pedro Montilla, sub-consultor jurídico del Poder Ejecutivo; y Ernesto Bournigal, director del gabinete del ministro Administrativo de la Presidencia.
Por el CES estará presente su presidente, Rafael Toribio; su directora ejecutiva, Iraima Capriles; y los miembros de su comisión ejecutiva.
El PRM estará representado por Carolina Mejía, Orlando Jorge Mera y Eduardo Sanz Lovatón.
La comisión del PLD estará compuesta por Charlie Mariotti, secretario general, Juan Ariel Jimenez, Francisco Javier García, Cristina Lizardo, Rafael Paz y Karen Ricardo.
Por la Fuerza del Pueblo estarán Radhames Jiménez, Roberto Rosario, Nathanael Concepción y Daniel Beltré.
Mientras que Miguel Vargas Maldonado y Junior Santos son los representantes por el PRD.
Federico Antún y Ramón Rogelio Genao, serán los miembros por el PRSC.
Por Alianza País estarán Guillermo Moreno, Wellington Martínez, Pedro Martínez y José Horacio Rodríguez.
Manuel Oviedo y Gilberto Valdez serán los representantes de Dominicanos por el Cambio.
Por el BIS, José Frank Peña Guaba, José Francisco Peña Tavares, Miguel Bogaert y Manuel Soto Lara.
Los comisionados por el PQDC son Elías Wessin y Edward Veras, y por el Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez y Heidy Adon.
Por el PCR estarán Jorge Zorrilla Ozuna, Franklin Wite y Miguel Angel Figueroa.
Amaury Guzmán y Esther Castillo son los designados por el PLR.
En este primer encuentro se conversará sobre la forma y el protocolo de discusión de las doce reformas planteadas, así como la amplitud de las próximas convocatorias con las organizaciones sociales y las demás fuerzas políticas.
La agenda nacional de reformas que ha presentado el presidente Abinader está articulada en torno a doce ejes temáticos: transparencia e institucionalidad; sector eléctrico; sector agua; reforma de la Policía Nacional; modernización del Estado; calidad educativa; salud y seguridad social; transporte; transformación digital; fiscal integral; hidrocarburos; y laboral.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.