Opinión
La sociedad dominicana y las elecciones del 2016
Por Narciso Isa Conde
Al modelo de la dominación clasista imperante en este país, esto es, a la dictadura de clase conformada por la burguesía transnacional y la gran burguesía local, con una fuerte y destructiva impronta minero-energética y su permanente agresión financiera-especulativa, se le ha superpuesto una especie de dictadura política basada en la Constitución neoliberal y antidemocrática del 26 de enero del 2010 y en la características del Senado de la República, surgido del proceso electoral (especialmente congresual) realizado en mayo ese mismo año.
En el contexto de ese proceso político institucional se ha producido el paso acelerado de la dictadura política bi-partidista, bajo el mando de las cúpulas del PLD y el PRD (que se encargaban de manipular al decadente PRSC y a los partidos garrapatas y/o satélites), a la dictadura del Comité Político del PLD, que a la larga ha podido controlar todas las instituciones elegidas en los dos últimos comicios (con una fuerte gravitación de su facción leonelista).
A esto hay que agregarle significativas conexiones y asociaciones de ese cohollo peledeísta con sectores del gran empresariado y de las altas jerarquías policiales-militares y eclesiales; así como la fuerza propia y las articulaciones de la Corporación Económica, conformada desde el poder político-estatal por Leonel Fernández y sus socios en suciedades, a través de todas las modalidades de corrupción, incluida la narco-corrupción.
Entre esas instituciones están las electorales (JCE y TSE) y las llamadas altas cortes (SCJ, TC, Cámara de Cuenta..), que funcionan para reproducir y reciclar la supremacía y la impunidad de la partidocracia morada mediante todo tipo de de trampas, sobornos, abusos de poder, fraudes y arbitrariedades.
UN PRD COMPRADO Y OTRO ENTRAMPADO.
En el despliegue de esa vocación absolutista, la cúpula peledeísta captó y convirtió en instrumento a su servicio lo que queda del PRSC (matricula incluida), dividió al PRD, compró su matricula en manos de la sobornada facción Vargas Maldonado (refrendada por la JCE, el TSE y el TC) y entrampó de mala manera a su facción mayoritaria bajo control de un clan corrupto, torpe y neoliberal liderado por Hipólito Mejía.
Esa facción comienza ya a exhibir peligrosas grietas en las que puede estar metida una mano peluda con guante morado.
En tales condiciones es sumamente difícil, aunque no imposible, que el PRD (y muy específicamente la facción mayoritaria opuesta a Vargas Maldonado) pueda recuperarse como fuerza “opositora” dentro del sistema, con capacidad de polarizar y restablecer el bi-partidismo en los términos anteriores.
En el tratamiento de esa vertiente del problema político y de las contradicciones que genera, soy de los que pienso que a la izquierda revolucionaria y a todas las fuerzas realmente alternativas y transformadoras, le conviene adoptar posiciones que dificulten la recuperación del PRD; evitando, contrario lo que hace la izquierda reformista y derechizada, darle oxigeno con cuestionables pactos y alianzas que solo sirven para alimentarlo electoralmente.
En fin de cuentas, el PRD, todas sus facciones dirigentes, están bajo control de fuerzas atadas al modelo neoliberal, a la partidocracia corrompida y al bloque clasista dominante.
Somos de opinión de que las fuerzas realmente alternativas no deberían favorecer alianzas con esas cúpulas. Sus energías deben dirigirse a atraer sus bases maltratadas y desorientadas, siempre dentro de un plan mayor destinado a forjar una nueva oposición: transformadora, antineoliberal, anti-partidocrática, portadora de una propuesta de Constituyente Popular y Soberana en todos los terrenos.
No hay que lamentar que el PRSC esté prácticamente liquidado como tercer polo, reducido y subordinado por el PLD. Como no hay que lamentar la decadencia del PRD. Son señales de que el camino se va despejando, quedando en pie solo el PLD, al frente de Estado y cada vez más fundido con el Estado y sus instituciones. En esa dirección debería ir el principal poder de fuego de los adversarios de este sistema, sin descuidar otros componentes del mismo.
UN PLD DIVIDIDO y MONTADO SOBRE UNA CRISIS SISTÉMICA
La dictadura bajo el mando del Comité Político del PLD se ha oxigenado con Danilo Medina al frente del Poder Ejecutivo y con sus maniobras destinadas a preservar su imagen, a diferenciarse frente al estilo de Leonel, a aprovechar las “ventajas corporativas”; registrándose, dentro de las contradicciones típicamente grupales, una soterrada competencia interna; en el marco de un pacto partidista y gubernamental que incluye a Leonel y a su facción en ara de la gobernabilidad y de la hegemonía del partido y su dictadura, que a su vez inclina a la nueva administración a volver sobre caminos trillados por las anteriores.
Leonel esta desacreditado, es vulnerable, pero no se le debe quitar el guante de la cara, dada su fortaleza al interior del PLD y de las instituciones estatales, y dadas las trabas que tiene Danilo Medina para romper con él, lo que aumenta la vulnerabilidad de su gobierno.
No se trata de emprenderla exclusivamente contra Leonel y su claque para aupar o tirarle la toalla a Danilo. Eso nos metería en otra trampa y dentro de un juego pendular que favorece el ciclaje periódico de las opciones de derecha. Hay que evidenciar la maniobra del nuevo gobernante, la esencia neoliberal de su gobierno, su pacto con los corruptos y sus vínculos de clase (ahora a flor de piel con lo del Código de Trabajo), denunciando el paquetazo tributario y todos los pactos sistémicos, su subordinación a EEUU, sus acuerdos con los corruptos; indicando su ambigüedad y su respaldo esencial a la ofensiva minero-energética transnacional.
No se debe perder de vista que el capitalismo mundial y su derivación dependiente dominicana están en medio de un gran multi-crisis crónica, que no cesa de agudizarse
El gobierno de Danilo está entrampado en esa crisis e imposibilitado de enfrentarla con propuestas superadoras, con medidas que puedan ir mas allá de los remiendos, maniobras, poses progre y variaciones limitadas, que tienden a agotarse.
La protección de los corruptos, la impunidad, los efectos del paquetazo, los estragos de la mega-minería destructiva, la agudización de la crisis del sistema eléctrico, el auge de la violencia de género, el incremento de la inseguridad ciudadana, la permanencia del Estado delincuente y del modelo neoliberal, el desborde del racismo anti-haitiano, el repunte del fascismo con fuertes enclaves institucionales, el desastre en materia de salud pública y la seguridad social…son temas claves, que bien enfrentados, asumiendo una línea independiente de protestas y movilizaciones, potenciando las indignaciones y vinculándolas al cambio político-institucional -vía Constituyente participativa soberana- podrían ayudar a hacer una oposición que se proponga erosionar, desgastar, meter en dificultades al gobierno del PLD-Danilo Medina y al régimen político vigente, además de tener la virtud de poner en jaque a Leonel y “tuche” a las facciones del PRD y aliados; siempre en favor de las esfuerzas alternativas y transformadoras de la sociedad, cuyos diversos componentes es preciso hacer confluir.
Esto implica politizar las luchas sociales, forjar contra-poder, crear un nuevo referente político-social nacional, con presencia en todos los espacios y en todas las confrontaciones. Y permitiría crear una oposición transformadora, una nueva oposición y, sobretodo, una situación política diferente, después de agrietar en grande y debilitar sensiblemente la dictadura morada; objetivo político sumamente importante en este período.
¿CÓMO ABORDAR LO ELECTORAL DESDE ESTAS VALORACIONES?
Este posicionamiento frente a la crisis y a la degradación institucional, es sumamente importante, pero no basta, dado el peso de lo electoral en nuestra sociedad y la aproximación de los dos comicios del 2016.
Creo que procede declarar la disposición a participar en ambos comicios, sin dejar de potenciar la crítica y la indignación popular respecto al modelo de dominación y al régimen político, incluido su sistema electoral excluyente y manipulado por el PLD; proponiendo su superación en términos bien concretos y desde una actitud propositiva.
Esa vertiente de las instituciones electorales, basadas en leyes y estructuras profundamente antidemocráticas y en prácticas peores, propias de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia, merece ser enérgicamente confrontada, precisamente en dirección a forzar en el sentido de su democratización, de hecho y de derecho.
Hablo de pensar en intervenir en las elecciones de medio tiempo y en las presidenciales con modalidades no predeterminadas, que posibiliten crear nuevas coyunturas, acumular fuerza y generar una amplia confluencia a favor de una nueva institucionalidad, vía la Constituyente.
A mi entender esto, para ser eficaz, debe acompañarse de las luchas extra-institucionales, de calles, de plazas… tendentes a crear una nueva situación en el país, que obligue a los derechas a ceder frente a precisos reclamos democratizadores o de lo contrario a arriesgarse a un proceso de debilitamiento institucional y profundización de la crisis política.
Sentadas estas premisas, en las elecciones de febrero, las izquierdas revolucionarias, transformadoras (sociales, políticas, culturales…) podríamos ingeniárnoslas para concentrar esfuerzos en algunos puntos del país y crear -donde se pueda y donde existan los actores sociales y liderazgos idóneos- movimiento electorales provinciales de nuevo tipo, con matriculas propias y autogestionadas, con propuestas transformadoras y candidatos/as congresuales populares comprometidos/as con el tema de la Constituyente y la línea alternativa.
Hablo de concentrar fuerzas en cuanto territorio y en cuanto a realidad social y política previamente seleccionada, y concéntralas agresivamente en la promoción de candidaturas al Congreso, con la bandera de la Constituyente y la nueva institucionalidad, dejando por ahora a un lado lo municipal. Y hacerlo en muy pocos lugares, con el solo propósito de meterle algunas tachuelas en los zapatos del modelo de dominación y del régimen político.
Para una intervención significativa, impactante, en las presidenciales de mayo, habría que crear previamente esa nueva situación a escala nacional, que facilite obtener la matrícula necesaria para participar y la confluencia adecuada; así como desarrollar anticipadamente, al calor de las luchas, un proceso de articulación de fuerzas alrededor de un programa transformador y de candidatos presidencial y vice-presidencial que lo asuman desde la democracia de calle.
En lo inmediato no hay que atormentarse con el tema de la matricula electoral necesaria para participar en las votaciones, ni lanzarse ahora a buscar matricula propia por la vía tradicional, con todo lo abrumador e incierto de ese proceso plagado de injusticias y trapisondas, bajo un sistema excluyente y un arbitro institucional desvergonzado (dadas las características de la actual ley y de la actual JCE). Primero hay que debilitar esa ignominiosa camisa de fuerza.
Conviene concentrarse en calentar el proceso, procurado crear situaciones parecidas a las que tuvieron lugar en Venezuela, Bolivia y Ecuador… antes de sus respectivos triunfos electorales de corte popular e inspiración transformadora.
Así, ni las derechas ni las izquierdas reformistas, podrían salirse con las suyas.
Hay que someter a todo el mundo a presión y tratar de romper los moldes actuales.
Y de no ser esto posible –porque no se logre ese punto de debilitamiento o resquebrajadura institucional- entonces habría que pensar en una innovadora participación paralela de carácter extrainstitucional que permita seguir acumulando fuerzas.
De todas maneras hay que evitar la gran trampa.
Hay que cuidarse de precipitarse al mundito del electoralismo chiquito, el de las candidaturas de las pequeñas izquierdas reformistas y de las seudo-izquierdas compitiendo entre sí, emplazadas por una franja de la sociedad a una unión que no aceptan y que nunca se da en frío. Un mundito en el que solo ALIANZA PAÍS, con la candidatura de Guillermo Moreno, tendría posibilidad de un crecimiento limitado dentro de un encuadre sistémico, a no ser que cambie de concepción y de actitud para ser parte de algo mucho más grande, popular contestatario e incluyente de la diversidad de las izquierdas políticas, sociales y culturales transformadora.
Tengamos presente que en este país las izquierdas y las fuerzas transformadoras existen más allá de las fronteras de las organizaciones y grupos reconocidos como tal. Son mucho más sus componentes reales y potenciales en los espacios de las mujeres, de la juventud, de los movimientos ambientalistas, del el mundo cultural, las bases de las iglesias, de las fuerzas del trabajo, de todos/as los/as excluidos/as.
Solo atreviéndonos a ser fuertes desde lo extrainstitucional, confrontando modelo, régimen y las reglas electorales de las partidocracias sistémicas y las elites empresariales neoliberales, podríamos cambiar el vicioso y viciado círculo electoral y convertir lo acumulado en opción electoral respetable.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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