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Opinión

La súper-crisis capitalista y los cambios necesarios en nuestra América

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Por Narciso Isa Conde

La reestructuración neoliberal, el proceso de contrarreforma que la caracterizó, al tiempo de acelerar el empobrecimiento de los pueblos de nuestra América, generó una intensa y prolongada resistencia popular que no tardó en convertirse en ofensiva.

El continente se convirtió en escenario de una ola de cambios políticos progresivos y luchas ascendentes, combinación de reformas avanzadas y reformas limitadas y procesos hacia la revolución o con vocación revolucionaria.

Una ola desigual, donde cambios de corte netamente reformistas coexisten con cambios de mayor profundidad estructural y perspectivas revolucionarias; siempre con la crisis mundial del capitalismo presente y constantemente agravada hasta devenir recientemente en una crisis general de gran escala, que tiende a emplazar a gobiernos de derecha y a gobiernos de izquierdas en términos diferentes.

A los de derecha porque afecta gravemente su gobernabilidad.

A los de izquierda, o simplemente progresistas, porque se le plantea el dilema de profundizar los cambios hacia la revolución o de correr el riesgo de ser desplazados por las derechas, en tanto una crisis como ésta, sin respuesta superadora desde su interior, erosionaría aceleradamente su popularidad.

Crisis y Revoluciones

Las grandes crisis no son sinónimo de revoluciones. Ellas pueden tener distintas salidas en función de la correlación de fuerzas. Son solo grandes oportunidades para actuar en uno u otro sentido.

Ahora bien, esta crisis, que es el producto acrecentado de múltiples crisis, no tiene salida superadora dentro del capitalismo, sino contra el capitalismo.

El capitalismo puede perdurar si no hay salida revolucionaria.

Pero perduraría en crisis, generando caos, produciendo barbarie, creando inestabilidad en gran escala y deteriorando mucho más la calidad de vida de un número cada vez mayor de seres humanos.

Así pasó con sus recientes crisis de sobreproducción, canalizadas hacia el militarismo, la financierización, el deterioro del medio ambiente, la precarización del trabajo…hasta crear una gran crisis de sub-producción, hasta destruir parte de su cultura productiva, hasta agotar sus posibilidades de recuperación.

Y ahora, llegado este punto alto de la crisis sistémica, con la confluencia de múltiples crisis (financiera, inmobiliaria, alimentaría, urbanística, institucional, tecnológica, medioambiental, de producción…) es totalmente ilusorio pretender volver a un modelo keynesiano, recomponer estructuras productivas, generar reformas sociales avanzadas…dentro del sistema dominante.

La crisis del neoliberalismo es la crisis de lo que parece ser el único capitalismo posible después de desmantelado el modelo keynesiano (cuando se tornó decadente), después de fraccionarse y de intentar sobrevivir por la vía de las privatizaciones, las des-regulaciones, las áreas de libre comercio, la financierización, las burbujas y las especulaciones.

Es tarde al parecer para volver atrás. Ese pasado también hizo crisis y por eso el keynesianismo solo se emplea a favor del complejo militar industrial, para los «salvatajes» financieros, para socorrer las empresas en quiebras y para intentar recuperar las economías privadas que se hunden.

Revolución o Barbarie

La dialéctica reforma-revolución ahora se convierte en la dialéctica revolución o barbarie. El capitalismo no tiene posibilidad alguna de detener la barbarie y el caos que ha engendrado. El socialismo se torna mucho más necesario y pertinente.

Es impensable hoy un capitalismo reformador social, distribuidor de ingresos, creador de espacios más democráticos. Su dinámica es inversa a todo eso, porque ha entrado en su fase senil o decadente.

La supervivencia del capitalismo es inseparable de la contrarreforma. En su contexto se han agotado las reformas avanzadas del pasado.

El impacto de la crisis mundial sobre los gobiernos de izquierda o progresista solo puede contrarrestarse radicalizando los cambios hacia la revolución y la socialización. Solo así pueden evitarse los retrocesos y la derechización, cuyos protagonistas se aprovecharían y se nutrirían del descontento popular generado por el impacto de la crisis mundial.

Porque administrar esta gran crisis del capitalismo desgasta, aumenta la vulnerabilidad frente a las derechas opositoras y equivale a una especie de suicidio, abriéndole paso a una barbarie mayor.

Esta crisis nos convoca a impedir que el gran capital privado y la burocracia sigan captando, controlando y apropiándose los excedentes.

Convoca a luchar por arrebatarles a los ricos sus grandes ganancias y fortunas, para emplear los excedentes a favor de los (as) pobres del planeta.

Convoca al combate por superar todas las modalidades de explotación, opresión y discriminación (de clase, géneros, etnias, generaciones…) que son funcionales al capitalismo y al boato de las elites que lo administran.

Convoca a crear fuerza, conciencia y organización a favor de un socialismo participativo, autogestionario, democrático…, de la justicia social y de las transiciones revolucionarias que conduzcan a esa meta.

Artículo original publicado en el periódico El Nacional

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Opinión

Un País en Tinieblas

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Por Isaías Ramos

El país  se encuentra nuevamente al borde de un abismo que amenaza no solo con oscurecer nuestras calles, sino con apagar la esperanza de un pueblo que lucha por un futuro mejor. Desde octubre de 2024, el sistema eléctrico nacional ha entrado en un estado de colapso programado, reviviendo los fantasmas de tragedias pasadas como las de 1984 y 2002. Apagones de hasta 16 horas diarias no solo paralizan nuestra vida cotidiana, sino que exponen la desgarradora realidad de un modelo energético corrupto, negligente y diseñado para el lucro de unos pocos a costa de la dignidad de muchos.

Mientras la paciencia de los ciudadanos se agota, el gobierno, incapaz de asumir su responsabilidad, recurre a la excusa de que 800 mil usuarios son «ilegales». Pero esta narrativa no solo es ofensiva, sino que oculta el verdadero problema: estamos atrapados en un sistema diseñado para el saqueo y la explotación, un sistema donde la energía, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un negocio para las élites.

Esta crisis no es casualidad ni un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas que comenzaron con la Ley de Capitalización 141-97. Bajo la promesa de «eficiencia» y «estabilidad», el Estado entregó el sistema eléctrico a manos privadas, prometiendo tarifas justas y un servicio estable. Sin embargo, lo que ocurrió fue el despojo del patrimonio nacional.

Desde entonces, s de 30 mil millones de dólares en “subsidios han sido transferidos a estas empresas eléctricas, una cifra que hoy pesa como una carga insoportable sobre el endeudamiento nacional. Con esos recursos, podríamos haber instalado 20 mil megavatios de energía solar o 15 mil de energía eólica, garantizando nuestra soberanía energética y dejando atrás este modelo obsoleto. En cambio, seguimos pagando tarifas abusivas, soportando apagones interminables y viendo cómo las ganancias de unos pocos crecen mientras el pueblo vive en la penumbra.

La privatización no solo nos arrebató el control de nuestra energía; nos convirtió en rehenes de un sistema donde la dignidad del pueblo es la moneda más barata.

En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por criminalizar al pueblo. Etiquetar a miles de familias como «ladrones» de energía no solo es una muestra de desprecio, sino también una estrategia que intenta desviar la atención de la verdadera raíz del problema.

El pueblo dominicano no es ladrón. Es víctima de un sistema roto y de un liderazgo incapaz de garantizar soluciones reales. Si existen usuarios irregulares, el Estado tiene la obligación de regularizarlos con dignidad y justicia. Ir casa por casa, instalar contadores y garantizar un servicio digno y accesible. Pero lo que vemos es lo contrario: un castigo colectivo que penaliza incluso a quienes cumplen con sus obligaciones.

No podemos ignorar los paralelismos con eventos pasados. En 1984, las decisiones erradas llevaron a un estallido social que dejó más de 100 muertos. En septiembre del 2002, el descontento popular derivó en protestas masivas con resultados de más de una docena de muertos  y cientos de heridos que sacudieron al país.

Hoy, la situación es alarmantemente similar. La indignación popular crece, las protestas aumentan y la frustración se siente en cada rincón del país. Las voces de los ciudadanos se alzan en un grito colectivo, exigiendo justicia y soluciones reales. Estas no son señales que se deban ignorar. Hacerlo sería abrir la puerta a un nuevo estallido social que podría superar las tragedias del pasado.

En pleno siglo XXI, la energía no es un lujo ni un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce la ONU en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que establece: «Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».

Nuestra nación  no puede seguir siendo esclava de un modelo que prioriza el lucro sobre las personas. Es momento de recuperar lo que nunca debimos perder: el control de nuestra energía y el compromiso con el bienestar colectivo.

Debemos construir un sistema energético basado en la sostenibilidad, accesible para todos y gestionado con justicia. Pero esta transición debe ir acompañada de un enfoque que respete la dignidad del pueblo.

El futuro de nuestro país está en juego. Cada día que pasa sin soluciones es un paso más hacia el colapso, pero también cada acción, por pequeña que sea, puede encender una luz. Una luz que nos guíe hacia un futuro donde la energía sea un derecho garantizado, no una mercancía para el lucro.

Desde el Frente Cívico y Social (FCS), estamos convencidos de que el país necesita un liderazgo renovado, uno que priorice al pueblo sobre los intereses privados, que construya un sistema energético digno y que transforme la crisis en oportunidad.

La pregunta es clara: ¿Seguiremos siendo esclavos de las tinieblas o nos levantaremos para construir el país que merecemos?

¡Despierta, RD!

 

 

 

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Opinión

Cumplimiento de las solicitudes  de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar  asistencia en el trámite.

En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.

El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado  Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.

Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.

Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.

En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte  requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga  o haga ese Estado Parte.

Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para  la ejecución de una solicitud de conformidad con  las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.

Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información  confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente  artículo.

Rommelsantsodiaz@gmail.com

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Opinión

Importante alerta fitosanitaria

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Por Nelson Encarnación

Una de las medidas más saludables adoptadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader relativas a la alimentación escolar fue establecer que en la elaboración de las raciones servidas en los centros educativos se emplee leche de producción nacional, con lo cual se obtienen variados beneficios.

El principal es apoyar y fomentar la ganadería dominicana, cuya incidencia en varias regiones ha sido tradicionalmente muy importante, logrando mantenerse como proveedores que cuentan con una infraestructura confiable, sólida y segura.

El otro beneficio es el control eficaz de la calidad de la leche que se sirve en estos alimentos, así como a los consumidores en general.

Esto alcanza mayor importancia ante las informaciones relacionadas con la aparición de un brote de fiebre aftosa en Alemania, donde se da cuenta de que esa enfermedad, que afecta animales de granja, ha provocado el sacrificio de determinadas especies.

Las acciones adoptadas en ese país se ajustan a los protocolos sanitarios internacionales que exigen sacrificar a los animales expuestos al contagio para evitar la propagación, debido a su alta tasa de infección.

El brote ha generado alarma en Europa, pues es el primero que se registra en Alemania en los últimos 35 años y que aún no ha podido ser controlado de forma completa y radical, según las informaciones de prensa.Esto obliga a las autoridades nacionales a extremar la vigilancia preventiva para evitar su ingreso a la República Dominicana, ya sea a través de leche o de derivados lácteos que lleguen por canales de importación.

Es una alerta oportuna para llamar la atención a fin de que se fortalezcan los controles fitosanitarios para mantener al país libre de una amenaza cuyas repercusiones serian altamente dañinas para el sector.

Sobre todo cuando, según los especialistas, un factor de gravedad y complicación es que no existe tratamiento para los animales infectados, lo cual—como medida extrema—obliga al sacrificio para combatir los brotes.

Es importante resaltar que, afortunadamente, no afecta a los humanos, pero tiene un gran impacto en la ganadería y en toda la cadena de producción asociada a este rubro.

Suponemos que las autoridades del área están edificadas, pues debemos recordar el trabajo que le costó al país restaurar la confianza de nuestros compradores de productos de origen animal, luego de estar vedados precisamente por no extremar los controles.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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