Opinión
La tabla de salvación de Danilo Medina
Por: MELVIN MAÑON
A finales de 2016, gobierno de Danilo Medina, seguro de si mismo,trabajaba para la reelección; convencidos de que el viento soplaba a su favor, de que las condiciones políticas eran prometedoras porque, eliminadas todas las alternativas, cerradas todas las demás puertas el descontento ciudadano no tenía partidos, líderes ni alternativas donde ir. Bailan conmigo a no bailan.
¿Por que iba Medina a preocuparse con una oposición escuálida y unos dirigentes sin arrojo ni arraigo? Estaba claro y lo está aun hoy que, descuartizado el Partido Reformista, secuestrado el PRD, muerto de aburrimiento el PRM, la JCE en manos de un tipo como Castaños Guzmán y la maquinaria de sobornos trabajando a todo vapor no había como disputarle unas elecciones al gobierno. Leonel Fernández estaba bajo control perseguido y acosado por el propio Medina resueltoa cerrarle toda posibilidad de cara al 2020.
De repente como las tormentas de verano, estalla el escándalo ODEBRECHT e interrumpe los sueños y el ambiente festivo del campo de Medina. Nadie previó en ese momento el tamaño y escala del caso, sus ramificaciones y consecuencias. Como el escándalo ODEBRECHT estalló fuera del país y las denuncias vinieron refrendadas por las autoridades judiciales de Brasil y de los EEUU era imposible ignorarlas. El gobierno se vio obligado a hacerle frente a un situación doblemente compleja a indeseable para ellos.
El descontento acumulado contra la gestión de Medina y la dominación del PLD por las innumerables y reiteradas denuncias contra la corrupción y la impunidad resultaron legitimadas, alentadas y concurrentes con la denuncia contra ODEBRECHT y ambas situaciones se expresaron políticamente, por primera vez y masivamente en la Marcha Verde del 22 de enero.
El gobierno que todavía se sentía seguro pretendió no darse por enterado. Esperaban que, como en otras ocasiones, la gente se olvidaría y/o se cansaría. No sucedió. Jugaron a sepultar elcaso ODEBRECHTcon otrosescándalos, no funcionó. Trataron de desacreditar las marchas verdes, no lo lograron.
Salieron a comprar dirigentes, no pudieron identificar a quienes. No les quedó mas remedio que enfrentarse a una nueva realidad donde el descontento y la indignación local encontraron apoyo en el exterior y el propio procurador fue requerido a rendir cuentas a Washington. Esta convergencia circunstancial de fuerzas e intereses no solo han estremecido el país sino que han cambiado la correlación de fuerzas y la agenda nacional.
DE REPENTE
Cuando los estrategas del señor Medina ya estaban armando el discurso para legitimar una nueva reforma constitucional para el 2020, de repente se encuentran con que, desde la entrañas mismas de la nación, en lugar de apoyo o tolerancia a ese proyecto reeleccionista, surge primero como murmullo y luego como reclamo, un pedido: la renuncia de Medina.
¿Qué había sucedido?. Entre enero y junio de 2017 el gobierno perdió la iniciativa política y ellos, de repente se han visto enfrentados –sin transición- a un reclamo de renuncia que para ellos es desquiciante. Alarmado al cobrar consciencia de la amplitud del reclamo, de la magnitud del descontento y del enojo ciudadano, el gobierno procede a satanizar por todos los medios a su alcance – que son muchos- el pedimento de renuncia contra Danilo Medina y al hacerlo intenta, astutamente, retomar la ofensiva.
El gobierno reclama a plumas pagadas de perfil mas bajo o gente que tiene compromisos pero no necesariamente del mismo tipo que las bocinas para que todos ingresen al debate: demonizar el pedido de renuncia como si se tratara de clamar por el fin del mundo.
Toda sociedad tiene pleno derecho de reclamar la renuncia de un gobernante cuando es agredida, burlada, estafada y robada por este y quienes le acompañan y a quienes ese presidente protege y encubre. Por eso las constituciones consagran referendum revocatorios y consignan otros recursos y procedimientos mediante los cuales deshacer un matrimonio entre gobernante y gobernados.
LO UNICO OBJETABLE
Lo único objetable del documento en que se pidió la renuncia de Medina es que, se adelanta al grueso del cuerpo social que avanza en esa dirección, pero aun no ha llegado a ese punto y además introduce otras propuestas sobre las cuales ni hay consenso ni se le reconoce a ese grupo la autoridad para hacerlas parte del pedido de renuncia.
Pero el poder tiene otra, aun mas poderosa razón para demonizar el pedido de renuncia: apagar ese reclamo persuadiendo a la ciudadanía de la ilegalidad sediciosa e inoportuna del pedido. Quieren obligar a esa misma ciudadanía a seguir reclamando al poder existente que se haga justicia. Es decir pedirle al propio Medina que se investigue y se persiga a si mismo.
Si el país fuera llevado al punto de creer que ha habido algo malo o impropio en el pedido de renuncia, entonces solamente le queda seguir protestando contra la impunidad y la corrupción y seguir pidiéndole que hagan justicia –contra si mismos- a los mismos criminales y delincuentes imputados. ¿A quien le conviene eso?
La tabla de salvación de Medina es lograr que la gente deje de pedir su renuncia y se mantengan confinados al plano de exigir y demandar que se haga justicia. Ese pedido no le quita el sueño al gobierno por cuanto deja en sus propias manos la labor de perseguir y condenar el crimen, o lo que es lo mismo, pone a los peledeistas a perseguirse y juzgarse ellos mismos.
¿Para qué?. Para que no pase nada. O dicho con mas propiedad, para que pase lo menos posible porque la presión nacional y extranjera, combinadas con la fortaleza de las evidencias han obligado al gobierno a simular persecución y enjuiciamiento contra un grupo muy reducido y escogido de víctimas o chivos expiatorios donde, todavía pensando en reelección, incriminan a políticos de la oposición en el PRM y partidarios del ex presidente Leonel Fernández pero no se toca ni señala a ninguno de los delincuentes del gobierno de Medina, no se toca el mas grande y grave de todos los expedientes, el dinero de ODEBRECHT financiando su campaña del 2012, la compra de la reelección del propio Medina entre 2014-2016 y la operación de Punta Catalina.
El proceso de denuncias nacional e internacional no hacía falta para que la gente supiera lo que estaba pasando pero si ha servido para queuna parte del país, conjuntamente con la amenaza de acción judicial y el encarcelamiento de unos pocos que no son y muchos que deberían ser y no están entiendan que esa conducta es inaceptable, que no tiene justificación y que debe ser perseguida y castigada.
La corrupción, de repente,ha dejado de ser algo de lo cual un hijo de puta cualquiera se vanaglorie en eventos sociales para convertirse en otra cosa de la que quizás no se avergüenza pero a cuyas consecuencias por primera vez le tiene miedo.
En relación a los que han criticado el pedido de renuncia héchole a Danilo Medina desde Vincho Castillo hasta Ubi Rivas pasando por no se cuantos otros, me permito anexar una cita que recién me enviara un amigo: “Nadie en el mundo, nadie en la historia, ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores” (AssataShakur).
Danilo Medina nunca va a hacer lo correcto porque tuvo cuatro años y ni lo intentó. ¿Por que lo haría ahora? Nuestro futuro no puede depender de su generosidad ni de su miedo a ser expulsado del poder.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?