Opinión
La tecnocracia choca con la realidad política y obliga al presidente Abinader a enmendar
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Luis Abinader rectificó el primer tropiezo de su gobierno al anunciar que no habrá incremento de ningún impuesto en el presupuesto del próximo año y que se buscará consensuar los pactos Fiscal y Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para aplicarlos a partir del 2022, por lo cual merece reconocimiento. .
No es que los gravámenes propuestos fueran desproporcionados, es que la población no está dispuesta a nuevas contribuciones mientras no se profundice el iniciado desmonte de la malversación, se documente y comunique mejor sus alcances y avancen en el procesamiento de algunos de los responsables de la corrupción que agobió la sociedad.
Fue un error del equipo económico del gobierno el plantear una pequeña reforma tributaria sin considerar aspectos fundamentales en el orden político como en una coyuntura de crisis sanitaria con graves repercusiones económicas y sociales que determinan una atmósfera de rechazo a mayores contribuciones.
Pero fue peor que los incrementos impositivos “se metieran de contrabando” en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 y que trascendieran sin la menor explicación, lo que permitió que fueran sobrestimados, cuando en realidad no afectarían a más del 80 por ciento de la población, en nada a los de menores ingresos. El paquetito apena representaría unos 20 mil millones de pesos adicionales, una proporción insignificante que serviría para dilatar el pacto fiscal a que está obligado el gobierno.
De los cinco o seis renglones afectados, el más significativo que podría generar más de la mitad de los ingresos adicionales, era el impuesto de 1 por ciento a los activos netos del sector financiero, señalado entre los menos afectados por la crisis, o entre los pocos beneficiados. Tampoco afectaría a las clases medias ni a los más pobres el gravamen del 8 por ciento a las ganancias adicionales determinadas por la pandemia en algunos sectores empresariales.
Reacción desproporcionada
La falta de explicación contribuyó a la enérgica reacción de rechazo, incluso desproporcionada para el costo de los impuestos planteados, que se centró en el gravamen del 3 por ciento a los pagos personales en dólares, y el cobro de impuesto sobre la renta a salarios navideños exentos del mismo.
Se estima entre 6 y 7 por ciento la proporción de la población que hace pagos en dólares, importando directamente o por viajes. La pandemia ha incrementado las compras por internet, básicamente de sectores medio-altos y altos, en desmedro del comercio y del empleo nacional. Para estos y el que viaja y paga sobre 20% de propina en restaurantes y bares, un 3 por ciento de impuesto no debería considerarse abusivo.
En cuanto al salario navideño, la confusión fue doble, pues se creyó que era a todos los empleados, cuando se planteaba mantener el actual nivel de exención en el impuesto sobre la renta, que es de 34 mil 700 pesos, lo que dejaba fuera al 85 por ciento de los asalariados, porque ganan hasta esa suma. Y a quienes perciben más de eso, se les mantenía el nivel de exención, cobrándole sólo sobre el excedente. Por ejemplo, quienes ganan hasta 52 mil pesos, sólo pagarían 15 por ciento sobre el excedente de 34 mil 700, es decir sobre 17 mil 300, lo que arrojaría un descuento de 2 mil 595 pesos. Son menos del 10 por ciento de los asalariados en los registros de la tesorería de la Seguridad Social.
Convendría saber que en muchas empresas y hasta en organismos estatales, incluso del gobierno central como es el caso del mismísimo Ministerio de Hacienda, no se paga como “regalía navideña” un solo salario, sino varios. Hay empresas donde se evade impuestos manteniendo sueldos bajos a los mandos medios y altos que se compensan hasta con 6 sueldos navideños, libres de impuestos. Eso se llama evasión fiscal.
Un comprensible rechazo
Los funcionarios, sean técnicos, tecnócratas o políticos, deberían comprender que en la población dominicana prevalece una actitud subjetiva que rechaza todo nuevo impuesto, sobre todo en la influyente clase media que mueve todos los medios de comunicación y prevalece en las redes sociales. Esa actitud está determinada en gran medida por los altos y persistentemente crecientes niveles de malversación y de corrupción en la administración pública y de evasión de los más ricos, diagnosticados en los últimos años.
El fenómeno de la Marcha Verde debería estar fresco en la memoria de todos. Eso no significa que ante el primer tropiezo de un gobierno que está tratando de reducir la malversación y combatir la corrupción, con nuevos mecanismos, millares vayan a lanzarse a las plazas o a marchar por las avenidas, como pretendieron algunos. Pero sí implica el rechazo hasta irracional, subjetivo, que lleva a proclamar que no se necesitan más impuestos. Hay mucha gente de altos ingresos y empresas de enormes ganancias que tienen que contribuir más para reducir la enorme desigualdad, la pobreza extrema y las exclusiones.
Desde luego, la cultura política nacional es tan primitiva y grotesca que a menos de dos meses de instaurado un gobierno, hay quienes están dispuestos a agitarle las aguas para debilitarlo, aunque tengan que esperar casi cuatro años para sustituirlo, condenando a toda la sociedad a seguir en el atraso. Entre estos resaltan los que tienen cuentas pendientes y quieren anular las posibilidades de que les facturen. Pero también personas que por ignorancia se suman a la irracionalidad y exigen milagros aun cuando “el mundo está patas arriba” por la pandemia que ya cobra un millón de vidas, con un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos, que acarrea el riesgo de “una generación perdida”, como proclamó esta semana Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional.
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La rápida reacción de Abinader
Fue relevante la rápida reacción del presidente Luis Abinader ante el generalizado rechazo a la limitada reforma tributaria, sobre todo por haber sido incluida en el proyecto de presupuesto para el 2020 sin previa justificación, demostrativa de sensibilidad ante la opinión pública, primero advirtiendo que no habría imposición y tres días después, en discurso del jueves, anunciando que no habrá nuevos impuestos en el presupuesto del próximo año.
En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández en 1996, también se intentó iniciar con un presupuesto que incluía impuestos no previamente debatidos, pero la diferencia es que ignoró el rechazo generalizado, aunque el partido gobernante sólo tenía un senador y 14 diputados. Como no modificaron el proyecto, el Congreso opositor lo rechazó y en consecuencia el gobierno tuvo que manejarse en el 1997 con el presupuesto del año anterior.
Esta vez el PRM y sus aliados podrían reunir votos para aprobar un presupuesto, pero Abinader ha cumplido su promesa de buscar consenso para las grandes decisiones de su gobierno. Tal vez consciente de que una imposición de unos 20 mil millones de pesos adicionales, no sólo mellaría muy rápido su popularidad, sino que dificultaría más el Pacto Fiscal que evadió el presidente Danilo Medina, aunque fue mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en el 2012, antes de iniciarse su doble período de 8 años.
Abinader anunció que el Pacto Fiscal, y el también pendiente Pacto Eléctrico, se empezarán a discutir con la meta de alcanzar consenso en seis meses para aplicarlos a partir del 2022. Enfatizó esfuerzos por reducir la malversación, combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto, priorizando salud, educación y asistencia social, pese a la contracción por la pandemia, y señaló que encontró las arcas agotadas, en la peor crisis económica en 60 años, y que sólo en pagos de deudas a sus contratistas el gobierno anterior erogó al final 40 mil millones de pesos. José Rijo, director de Presupuesto, precisó luego que en julio, su último mes completo, el gobierno de Medina gastó 102 mil millones de pesos, reducidos a la mitad, 55 mil millones, en septiembre, el primer mes entero del nuevo gobierno.
Sanciones y recuperaciones
En el rechazo a nuevos impuestos reflejado en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, se incluye la indignación porque “todavía no hay un solo preso de la corrupción”, lo que implícitamente respondió de nuevo el presidente Abinader, reclamando auditorías y acción del ministerio público, pero descartando circo. La precipitación podría ser contraproducente, pues sin fundamentos de pruebas, serviría para dictámenes de no ha lugar que harían imposible las sanciones correspondientes.
Aún logrando condenas, no es fácil “recuperar lo robado”, como reclama la indignación social, porque generalmente está escondido en paraísos fiscales, a nombre de otras personas, en inversiones y empresas, cuya incautación implica mucho tiempo y recursos. Así quedó demostrado en el caso de las quiebras bancarias, donde el Estado apenas recuperó un mínimo de lo malversado e invertido para solventar la crisis financiera 2002-04.
El nuevo gobierno ha empezado a reducir la malversación y ha creado mecanismos independientes de prevención y persecución de la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer para recuperar la confianza de la sociedad en el Estado. El partido gobernante y el Congreso Nacional deberían ayudar al presidente, quien ha impuesto austeridad en el Palacio Nacional y renunció a los gatos de representación. Los barrilitos y confrecitos de los legisladores resaltan en la indignación social. Ya son casi dos mil los “diplomáticos”, vicecónsules, subdirectores y subadministradores suspendidos, pero quedan muchos más y en organismos estatales todavía hay demasiados privilegios que reducir.-
Por Rommel Santos Díaz
El crimen organizado en torno al narcotráfico y la corrupción transnacional se ha convertido en un problema de primer orden para la región latinoamericana y del Caribe, aumentando la violencia y el conflicto que se constituyen en un serio obstáculo para el desarrollo y avance de los países de la región.
El rápido empeoramiento de la situación en los últimos años afecta gravemente a varios de los países de la región, constituyendo una amenaza concreta a la democracia y a los derechos humanos de la población latinoamericana y caribeña.
Es de conocimiento general que las organizaciones criminales han extendido sus estructuras y actividades más allá de los límites de cada país de la región, regionalización y globalización, razones por las cuales las respuestas nacionales resultan necesarias pero son insuficientes actualmente.
El carácter transnacional del crimen organizado en el siglo XXI hace imprescindible y perentorio el desarrollo de instrumentos jurídicos de cooperación internacional y de instituciones basadas en la integración regional que actúen complementariamente en apoyo de las fuerzas de seguridad y las justicias nacionales.
Se hace necesario y urgente que los estados nacionales signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios hagan efectivo el compromiso asumido antes sus propios ciudadanos y la comunidad internacional de combatir el crimen transnacional organizado.
Po todas las razones expuestas anteriormente se justifica la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado, de carácter complementario de las justicias nacionales y dedicada a la desarticulación de las cúpulas criminales que incurran en alguno de los delitos previstos por la Convención de Palermo y sus Protocolos.
Los estados de la región deben comprometerse a llevar a cabo todas las acciones posibles para apoyar esta iniciativa, comenzando por la convocatoria a la participación de los gobiernos de la región y por la aprobación de resoluciones parlamentarias de apoyo en cada uno de los países de latinoamérica y el Caribe.
Finalmente, hacer un llamado a los parlamentarios de la República Dominicana, a los fines de que se pronuncien mediante la aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado.
(tercera parte)
Por Oscar López Reyes
Ser homosexual se ramifica como una tragedia personal y familiar torturante, y basta hacer referencia de un niño que le preguntaba a su madre, bajo llanto, ¿por qué salí así?, y la progenitora le respondía en forma salomónica, mientras a los cercanos ella les decía que no podía matar a su hijo. Otro jovencito de esa preferencia convulsionó en mi presencia, y cuando superó esa impactante crisis lo encaminé -sin deseo yo de comer ese día- hasta el especializado Instituto de la Familia, para un tratamiento en dos vertientes.
El tercer drama: El niño que se quejó de su talante, creció y se declaró homosexual, con el sobrenombre de Salvadora; instaló una sastrería, paseó en horas de la noche, a mediados de 1965, por calles del sector Villa Estela de Barahona junto a sus pares Bebejo y Tony, en una exhibición con recepción de aplausos y bufonadas con la lengua.
Los tres fueron los primeros en salir del clóset en esa ciudad. Después que sus dos compañeros de trajinar fallecieron y, cansado del rechazo social, Salvadora se convirtió a evangélico, y decidió vivir en el cementerio. Vecinos y amigos me ratifican que, desde ese momento, abandonó sus conocidas andanzas. Murió en el 2011, y fue sepultado en otro camposanto.
Cuarta tragedia sumatoria: La muerte a puñaladas -por extraviadas pasiones sentimentales y engaños monetarios en “sexo servicio”- de seis miembros de la comunicación, en Santo Domingo y Santiago:
1.- El director, guionista de cine y productor de televisión Jean Luis Jorge, acuchillado mortalmente el 13 de marzo de 2000, en su apartamento.
2.- El relacionista, articulista de diarios y catedrático Víctor Gulías, victimado de 32 puñaladas el 28 de marzo de 2007, en su apartamento.
3.- El productor televisivo Miguel Bretón Mieses (Micky Bretón), ultimado de varias estocadas el 4 de noviembre de 2009, en un motel.
4.- El gerente de ventas de El Nacional, William Cordero Acevedo, encontrado en ropa interior, en un charco de sangre, el 24 de enero de 2012, en su apartamento.
5.- El presentador de noticias Claudio Nasco, fallecido violentamente el 13 de diciembre de 2013, en una cabaña. A propósito de ese asesinato, el diseñador de “Los grandes espectáculos”, Jorge David Pérez (Jorge Diep, finado el 28 de octubre de 2018) reveló en un tribunal que desde que optó seguir a Cristo se retiró de la homosexualidad.
6.- El coreógrafo y maquillista Víctor Daniel Erarte (Vitico), ahorcado con saña el 30 de octubre de 2022, en su residencia de Santiago.
Cual que sea la clasificación de la comunidad LGBTQI+: Lesbiana, Gais, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual o Pansexual, o tratase de una raíz epigenética o la predilección de género o identidad, ese engendro se empotra con barullo en el individuo, lo domina en la absoluta perdición y lo rinde en sus deseos sin límites, acatando la voluntad del atraído, en una triste y alarmante vulnerabilidad lujuriosa.
Ese desenfreno -fogoso y anárquico – sin techo en su accionar particular y comunitario, que arruina la moral pública, echa sus pétalos en el cerebro y, conforme a investigaciones científicas, abruma en variadas estructurales del hipotálamo vinculadas con el sexo biológico y la orientación sexual. Estas matizan que el tamaño y el número de células de núcleos hipotalámicos son desiguales entre hombres homosexuales y heterosexuales.
Según esos estudios, la diferenciación hipotalámica posnacimiento (“desarrollo biológico en el que las células madres se convierten en neuronas para regular el sueño, el hambre, la sed, la temperatura y el equilibrio hormonal” en unión de componentes ambientales y psicosociales pueden tener una profunda influencia en la determinación sexual del cerebro. Y puntualizan que, en una muestra de cerebros de hombres homosexuales, se localiza una zona del hipotálamo, llamada Núcleo Supraquiasmático (NSQ) –el marcapasos o reloj del cerebro- que contiene el doble de células que el NSQ de un grupo heterosexual.
Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental concuerdan en que la homosexualidad no es una enfermedad mental, ni una cuestión emocional, causado, en la homosexualidad de los varones, por una predisposición innata, coaligada esencialmente con “las variantes genéticas del receptor de andrógenos ubicadas en el cromosoma X”.
Deriva en acoso sexual, vestirse de mujer, violar a niños, abandonar la Iglesia, casarse con una persona del mismo sexo, sufrir depresión con intentos suicidas, consumir bebidas alcohólicas y drogas y, en tenebrosos celos y odios irracionales, son ahorcados y degollados con objetos punzantes en matorrales, residencias, moteles, calles y otros territorios. Ese ejercicio está tipificado, igual que la prostitución, de alto riesgo, por su exposición al salvajismo corporal, a contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS/VIH) y otras contraídas por el contacto carnal, así como la estigmatización y marginalización social.
¡Qué horizonte más lastimero y compasivo! Obliga, incuestionablemente, al auxilio en endocrinología, psiquiatría, psicología, urología, ginecología, genética y otras especialidades de la salud, conforme a las normas internacionales. En psiquiatría, sí, aunque el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya excluido la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales.
Levantando o no la bandera arcoíris, son incontables las personas -unos pertenecen a los movimientos de exgais (sostienen que ya no los son) y otros al de los ex-ex gais (se retiraron y regresaron), que se han esforzado para variar su orientación sexual. Han acudido a terapias de beber agua bendita, a los rezos de plegarias, a la hipnosis, el exorcismo y a los antidepresivos.
Indistintamente, han apelado a la administración de hormonas, a las terapias por conversión o reparativa, el choque farmacológico, el análisis aplicado de conducta, el tratamiento por electrochoque, terapia grupal, psicoanálisis, terapia Afirmativa LGBTIQ+ y de contexto específico.
Además de las terapias pseudocientíficas e ilegales buscando curar a homosexuales, también han sobresalido tratamientos quirúrgicos, como la vasectomía, la histerectomía, la castración, la cirugía del nervio pudendo, la ablación de clítoris, la ooforectomía y la lobotomía.
El consenso médico aclara que no existe evidencia experimental de que esos tratamientos, que todavía están en uso, sean efectivos para cambiar la orientación sexual, pero sí que son fraudes crueles, degradantes, dañinos y peligrosos en cuanto a que provocan percances psicológicos, espirituales, relacionales, económicos, profesionales o laborales, físicos y sexuales. Estos métodos han sido calificados como “charlatanería”, porque están prohibidos y se apartan de los sistemas éticos de salud mental.
Los métodos y técnicas empleados, y confrontados en una cosa y la otra, persiguiendo el fin preconcebido, igualmente han sido útiles para crear 6 sistemas lógicos y deductivos sobre la homosexualidad: 1) Teorías psicodinámicas, 2) Postulado del determinismo biológico y sanación genética, 3) Inferencias endocrinólogas, 4) Observaciones neurobiológicas, 5) Principios de diversidad biológica y disidencia sexual, y 6) Teoría de la homosexualidad en otras especies.
Una buena psicoterapia y la Biblia son aproximativas para surcar en ese pantano. Las descripciones precedentes invitan a preparar profesionales enfocados en el acompañamiento y la más apropiada y efectiva asistencia sanitaria de los integrantes de esa población endeble, para cuya gestión han sido fundadas numerosas instituciones y grupos delineados.
¿Cuáles? La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación de Psiquiatras Gays y Lesbianas (ahora Asociación de Psiquiatras LGTBQ), Human Rights Watch, la Unesco, el Fondo Mama Cash, QuRight Action Internacional y el Fondo para la Igualdad Global.
¿Y en República Dominicana? Operan la estatal Conavihsida y las privadas Trans Siempre Amigos (Transsa), el Voluntariado GLBT Dominicano, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (Odhpt), el Centro de Orientación e Investigación Integral (Coin) y otras entidades. Ahorita, ¿surgirá en RD un equipo de psiquiatras para explorar, como respuesta facultativa, las vivencias, la ansiedad, la depresión y otras patologías mentales del Colectivo LGBTQI+?
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El autor: expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Por Isaías Ramos
Febrero no es un mes cualquiera.
Febrero es memoria.
Es advertencia.
Es juramento.
En febrero, el pueblo dominicano dejó de obedecer manos opresoras y decidió ser dueño de su destino. No fue un gesto romántico: fue coraje frente al abuso, la expoliación y el desprecio por la dignidad humana. Por eso febrero no se celebra; febrero se honra. Honrarlo no es repetir consignas: es recordar que la independencia no fue un evento del pasado, sino una tarea permanente.
Hoy, al iniciar este Mes de la Patria, emerge una verdad incómoda: la dominación ya no llega con fusiles, sino con contratos; no con ejércitos, sino con estructuras que llaman “modernización”; no con cadenas visibles, sino con legalidades que pueden despojar cuando faltan control democrático y transparencia.
En días recientes, el país ha presenciado dos movimientos presidenciales que muchos interpretan como aislados, pero que revelan una misma lógica: el control de lo estratégico envuelto en lenguaje técnico que, si no se fiscaliza, sustituye soberanía ciudadana por opacidad.
Por un lado, se anunció la readecuación de la OPRET en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y el fortalecimiento de la ETED bajo “autonomía técnica” y “gobernanza corporativa” (Decretos 55-26 y 60-26, 30 de enero de 2026). Por otro, el Presidente eleva el tono contra AERODOM y advierte sometimientos judiciales si no se construye una nueva terminal. En apariencia, modernización de un lado y defensa del interés nacional del otro. En la práctica, activos estratégicos, contratos y poder.
Pero la Patria exige memoria, no espectáculo.
Conviene recordar lo esencial: en 2023, este Gobierno extendió por 30 años la concesión de AERODOM, del 2030 al 2060, siete años antes del vencimiento original. Decisiones que amarran al país por décadas exigen prudencia democrática, transparencia y control ciudadano. Es legítimo preguntar por qué adelantar una negociación de tan largo alcance y por qué no abrir un debate nacional amplio que blindara el interés público.
Nadie puede erigirse en justiciero de un contrato que su propio Gobierno extendió y aprobó por décadas sin explicar qué se pactó, qué obligaciones rigen y qué sanciones las garantizan. La coherencia institucional no se demuestra con amenazas: se demuestra con transparencia y rendición de cuentas verificables.
Si el Presidente aspira a autoridad moral, hay dos pruebas simples: publicar el estado del pago de la multa de cinco millones de dólares impuesta a AERODOM (con comprobantes o, si no se ha pagado, plazos y razones) y poner a disposición pública, accesible y centralizada, el contrato renovado y sus anexos. La Patria no se defiende con gestos: se defiende con documentos.
Mientras la atención pública se concentra en titulares, avanza lo verdaderamente estructural.
La conversión de la OPRET en empresa operadora, la delimitación de funciones con el fideicomiso del transporte masivo y la redefinición de la ETED no son simples ajustes administrativos: rediseñan el Estado. Modernizar puede ser necesario. Pero si se reduce el control democrático, se debilita la fiscalización y se encierra lo público en arquitecturas opacas, se abre la puerta a la captura.
El riesgo se repite: el Estado asume costos; lo rentable se vuelve concesionable; el ciudadano pasa de titular de derechos a cliente; y los servicios esenciales se convierten en plataformas de rentas, con poca claridad sobre quién decide, quién gana y quién paga.
Esto no es un error aislado. Es una visión de Estado: pérdidas socializadas, ganancias privatizadas; riesgo ciudadano, beneficio concentrado; control democrático debilitado y opacidad creciente. Es la nueva ingeniería de la dominación: elegante, legal y silenciosa. No oprime de golpe; desgasta hasta que el pueblo se acostumbra a perder.
Este modelo no es abstracto. Cuando se alinean decisiones estratégicas, contratos de largo plazo y estructuras opacas, se crean incentivos para capturar rentas y control sin debate público suficiente ni contrapesos eficaces. Y cuando el poder político y económico opera sin control democrático real, el resultado rara vez es desarrollo inclusivo.
Como ciudadanos y sujetos morales, esta responsabilidad no se delega. La libertad no se preserva sola: se defiende. Y defenderla hoy no exige odio ni caos, sino exigencia cívica sostenida. Comprender es actuar.
Desde hace años, el Foro y Frente Cívico y Social advierte que 2026 es un año clave: el punto en que este modelo puede consolidarse si la ciudadanía no exige controles y transparencia reales. El riesgo es que una minoría se quede con “el santo y la limosna”, mientras la mayoría pierde Estado, instituciones y patria como casa común.
Por eso febrero es advertencia. Porque febrero recuerda que la historia cambia cuando la conciencia se organiza.
Todavía estamos a tiempo de impedir que el Estado sea reducido a empresa y la Patria a negocio; de exigir orden con justicia, desarrollo con igualdad y progreso con dignidad; y de recordar que el Estado Social y Democrático de Derecho no es un lema, sino un mandato constitucional.
Este momento exige valentía moral y disciplina cívica. Exige contratos públicos, explicaciones claras, auditoría real y veeduría social activa. Exige, en suma, vencer convenciendo: con argumentos, verdad y memoria histórica.
Porque cuando la Patria se convierte en negocio, el silencio del pueblo se vuelve complicidad. Y la historia no absuelve a quienes, pudiendo defenderla, eligieron mirar hacia otro lado.
Despierta RD!