Opinión
La tecnocracia choca con la realidad política y obliga al presidente Abinader a enmendar
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Luis Abinader rectificó el primer tropiezo de su gobierno al anunciar que no habrá incremento de ningún impuesto en el presupuesto del próximo año y que se buscará consensuar los pactos Fiscal y Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para aplicarlos a partir del 2022, por lo cual merece reconocimiento. .
No es que los gravámenes propuestos fueran desproporcionados, es que la población no está dispuesta a nuevas contribuciones mientras no se profundice el iniciado desmonte de la malversación, se documente y comunique mejor sus alcances y avancen en el procesamiento de algunos de los responsables de la corrupción que agobió la sociedad.
Fue un error del equipo económico del gobierno el plantear una pequeña reforma tributaria sin considerar aspectos fundamentales en el orden político como en una coyuntura de crisis sanitaria con graves repercusiones económicas y sociales que determinan una atmósfera de rechazo a mayores contribuciones.
Pero fue peor que los incrementos impositivos “se metieran de contrabando” en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 y que trascendieran sin la menor explicación, lo que permitió que fueran sobrestimados, cuando en realidad no afectarían a más del 80 por ciento de la población, en nada a los de menores ingresos. El paquetito apena representaría unos 20 mil millones de pesos adicionales, una proporción insignificante que serviría para dilatar el pacto fiscal a que está obligado el gobierno.
De los cinco o seis renglones afectados, el más significativo que podría generar más de la mitad de los ingresos adicionales, era el impuesto de 1 por ciento a los activos netos del sector financiero, señalado entre los menos afectados por la crisis, o entre los pocos beneficiados. Tampoco afectaría a las clases medias ni a los más pobres el gravamen del 8 por ciento a las ganancias adicionales determinadas por la pandemia en algunos sectores empresariales.
Reacción desproporcionada
La falta de explicación contribuyó a la enérgica reacción de rechazo, incluso desproporcionada para el costo de los impuestos planteados, que se centró en el gravamen del 3 por ciento a los pagos personales en dólares, y el cobro de impuesto sobre la renta a salarios navideños exentos del mismo.
Se estima entre 6 y 7 por ciento la proporción de la población que hace pagos en dólares, importando directamente o por viajes. La pandemia ha incrementado las compras por internet, básicamente de sectores medio-altos y altos, en desmedro del comercio y del empleo nacional. Para estos y el que viaja y paga sobre 20% de propina en restaurantes y bares, un 3 por ciento de impuesto no debería considerarse abusivo.
En cuanto al salario navideño, la confusión fue doble, pues se creyó que era a todos los empleados, cuando se planteaba mantener el actual nivel de exención en el impuesto sobre la renta, que es de 34 mil 700 pesos, lo que dejaba fuera al 85 por ciento de los asalariados, porque ganan hasta esa suma. Y a quienes perciben más de eso, se les mantenía el nivel de exención, cobrándole sólo sobre el excedente. Por ejemplo, quienes ganan hasta 52 mil pesos, sólo pagarían 15 por ciento sobre el excedente de 34 mil 700, es decir sobre 17 mil 300, lo que arrojaría un descuento de 2 mil 595 pesos. Son menos del 10 por ciento de los asalariados en los registros de la tesorería de la Seguridad Social.
Convendría saber que en muchas empresas y hasta en organismos estatales, incluso del gobierno central como es el caso del mismísimo Ministerio de Hacienda, no se paga como “regalía navideña” un solo salario, sino varios. Hay empresas donde se evade impuestos manteniendo sueldos bajos a los mandos medios y altos que se compensan hasta con 6 sueldos navideños, libres de impuestos. Eso se llama evasión fiscal.
Un comprensible rechazo
Los funcionarios, sean técnicos, tecnócratas o políticos, deberían comprender que en la población dominicana prevalece una actitud subjetiva que rechaza todo nuevo impuesto, sobre todo en la influyente clase media que mueve todos los medios de comunicación y prevalece en las redes sociales. Esa actitud está determinada en gran medida por los altos y persistentemente crecientes niveles de malversación y de corrupción en la administración pública y de evasión de los más ricos, diagnosticados en los últimos años.
El fenómeno de la Marcha Verde debería estar fresco en la memoria de todos. Eso no significa que ante el primer tropiezo de un gobierno que está tratando de reducir la malversación y combatir la corrupción, con nuevos mecanismos, millares vayan a lanzarse a las plazas o a marchar por las avenidas, como pretendieron algunos. Pero sí implica el rechazo hasta irracional, subjetivo, que lleva a proclamar que no se necesitan más impuestos. Hay mucha gente de altos ingresos y empresas de enormes ganancias que tienen que contribuir más para reducir la enorme desigualdad, la pobreza extrema y las exclusiones.
Desde luego, la cultura política nacional es tan primitiva y grotesca que a menos de dos meses de instaurado un gobierno, hay quienes están dispuestos a agitarle las aguas para debilitarlo, aunque tengan que esperar casi cuatro años para sustituirlo, condenando a toda la sociedad a seguir en el atraso. Entre estos resaltan los que tienen cuentas pendientes y quieren anular las posibilidades de que les facturen. Pero también personas que por ignorancia se suman a la irracionalidad y exigen milagros aun cuando “el mundo está patas arriba” por la pandemia que ya cobra un millón de vidas, con un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos, que acarrea el riesgo de “una generación perdida”, como proclamó esta semana Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional.
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La rápida reacción de Abinader
Fue relevante la rápida reacción del presidente Luis Abinader ante el generalizado rechazo a la limitada reforma tributaria, sobre todo por haber sido incluida en el proyecto de presupuesto para el 2020 sin previa justificación, demostrativa de sensibilidad ante la opinión pública, primero advirtiendo que no habría imposición y tres días después, en discurso del jueves, anunciando que no habrá nuevos impuestos en el presupuesto del próximo año.
En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández en 1996, también se intentó iniciar con un presupuesto que incluía impuestos no previamente debatidos, pero la diferencia es que ignoró el rechazo generalizado, aunque el partido gobernante sólo tenía un senador y 14 diputados. Como no modificaron el proyecto, el Congreso opositor lo rechazó y en consecuencia el gobierno tuvo que manejarse en el 1997 con el presupuesto del año anterior.
Esta vez el PRM y sus aliados podrían reunir votos para aprobar un presupuesto, pero Abinader ha cumplido su promesa de buscar consenso para las grandes decisiones de su gobierno. Tal vez consciente de que una imposición de unos 20 mil millones de pesos adicionales, no sólo mellaría muy rápido su popularidad, sino que dificultaría más el Pacto Fiscal que evadió el presidente Danilo Medina, aunque fue mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en el 2012, antes de iniciarse su doble período de 8 años.
Abinader anunció que el Pacto Fiscal, y el también pendiente Pacto Eléctrico, se empezarán a discutir con la meta de alcanzar consenso en seis meses para aplicarlos a partir del 2022. Enfatizó esfuerzos por reducir la malversación, combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto, priorizando salud, educación y asistencia social, pese a la contracción por la pandemia, y señaló que encontró las arcas agotadas, en la peor crisis económica en 60 años, y que sólo en pagos de deudas a sus contratistas el gobierno anterior erogó al final 40 mil millones de pesos. José Rijo, director de Presupuesto, precisó luego que en julio, su último mes completo, el gobierno de Medina gastó 102 mil millones de pesos, reducidos a la mitad, 55 mil millones, en septiembre, el primer mes entero del nuevo gobierno.
Sanciones y recuperaciones
En el rechazo a nuevos impuestos reflejado en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, se incluye la indignación porque “todavía no hay un solo preso de la corrupción”, lo que implícitamente respondió de nuevo el presidente Abinader, reclamando auditorías y acción del ministerio público, pero descartando circo. La precipitación podría ser contraproducente, pues sin fundamentos de pruebas, serviría para dictámenes de no ha lugar que harían imposible las sanciones correspondientes.
Aún logrando condenas, no es fácil “recuperar lo robado”, como reclama la indignación social, porque generalmente está escondido en paraísos fiscales, a nombre de otras personas, en inversiones y empresas, cuya incautación implica mucho tiempo y recursos. Así quedó demostrado en el caso de las quiebras bancarias, donde el Estado apenas recuperó un mínimo de lo malversado e invertido para solventar la crisis financiera 2002-04.
El nuevo gobierno ha empezado a reducir la malversación y ha creado mecanismos independientes de prevención y persecución de la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer para recuperar la confianza de la sociedad en el Estado. El partido gobernante y el Congreso Nacional deberían ayudar al presidente, quien ha impuesto austeridad en el Palacio Nacional y renunció a los gatos de representación. Los barrilitos y confrecitos de los legisladores resaltan en la indignación social. Ya son casi dos mil los “diplomáticos”, vicecónsules, subdirectores y subadministradores suspendidos, pero quedan muchos más y en organismos estatales todavía hay demasiados privilegios que reducir.-
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.