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La torpeza, la impericia, la improvisación y la falta de racionalidad son iguales o más peligrosas que las malas intenciones.
El manejo dado por el Gobierno a la crisis haitiana y la consecuente diferencia con las autoridades del hermano país, ha dejado lo suficientemente claro de que la República Dominicana está en medio de un gran déficit de capacidad para afrontar los problemas nacionales.
El asunto a este respecto va desde el manejo del problema haitiano hasta la conducta exhibida por el Congreso Nacional y el sistema de justicia, lo cual deja la sensación de que el país camina por una pendiente muy peligrosa, cuyas consecuencias son desde el deterioro de la imagen de la nación hasta causar daños irreparables a la economía y a otros sectores de la vida nacional.
Las declaraciones del presidente Abinader cuando tuvo que hablar de las relaciones entre China y la Republicana Dominicana, la cual colocó en un punto no preferente a la nación asiática frente a las que se mantienen con los Estados Unidos, pero no bien llegada la ola de muertes a consecuencia del Covid-19, el mandatario se vio en la necesidad de recurrir a ésta ante la indiferencia de las farmacéuticas y el propio gobierno norteamericano.
Realmente se trató de un mal manejo de un país que proclama que su política exterior es abierta e igual con todos los países del mundo y que sólo hay diferenciaciones cuando la economía y la geopolítica así lo disponen, lo cual es lo prudente y lo racional, porque no se puede, por ejemplo, colocar en el mismo nivel las relaciones con un país que hace mayores negocios con la nación que aquellos que prácticamente no tienen ninguno.
Todo ello dice que el manejo dado al problema chino-norteamericano no fue el correcto en ese momento, pero ahora en la confrontación pública con el Gobierno haitiano, las autoridades dominicanas han incurrido en una serie de errores, aunque en el fondo las medidas tomadas sean procedentes y justificadas.
Por ejemplo, la regularización y deportación del haitiano que no esté legal en el país es entendible desde la perspectiva de la soberanía que tiene el país para proceder como lo entienda correcta para normalizar esa situación, pero naturalmente va a tener una gran importancia cuándo y cómo se haga.
En tal virtud, ese simple detalle que está más asociada al derecho de actuar como lo entienda procedente el gobierno dominicano, apoyado en su derecho a la autodeterminación y la soberanía nacionales, pero la puesta en ejecución de cualquier medida al respecto debe ser con la debida observancia de los mandatos diplomáticos, comerciales y de los derechos humanos fundamentales y por tanto una cosa como las otras son muy importantes.
La revisión del Plan de Regularización puesto en práctica por el pasado gobierno no está mal que se haga, pero las autoridades deben cuidarse de que por razones políticas se vayan a cometer errores que rayen con los derechos humanos consignados en la Constitución de la República, los tratados y convenciones internacionales, y lo propio hay que agregar en el caso de las atenciones médicas en los hospitales públicos del país.
El llamado para que los empresarios no empleen a extranjeros que no tengan su documentación legal en el país y sobre la base del respeto del 80-20 que manda la legislación sobre la materia, también está muy bien, pero lo único es que se debe buscar el momento oportuno para aplicar esa media de ley, a fin de evitar aumentar las tensiones con el vecino Haití y que no se vea como una retaliación.
Naturalmente, se impone que el Gobierno abandone la mala práctica de usar a haitianos ilegales en la construcción de obras públicas, porque entonces no se tiene moral para exigir a personas físicas y morales que cumplan con ese mandato, mientras que el mismo sea violado por quien debía estar en primera fila para ajustarse a ese mandato del ordenamiento jurídica nacional para estar dentro de su propia legalidad.
Otra cosa es que frente a las afrentosas declaraciones del canciller haitiano en diferentes medios de comunicación, no se puede establecer una polémica sobre asuntos que no pueden ser abordados con una persona que busca pasar de sospechosa de tener participación en un magnicidio a patriota, cuyo propósito parece el buscado por este funcionario del hermano país.
En estas diferencias con los haitianos no se puede decir cualquier disparate, porque nos hace más daños que bien, como lo expresado en rueda de prensa por el presidente Luis Abinader cuando sostiene que la medida en contra de los estudiantes haitianos persigue evitar que los bandoleros que azotan a la hermana nación entren al territorio nacional por esa vía.
Todo indica que al presidente se le olvidó que esos pandilleros si tuvieran como agenda entrar ilegalmente al país sólo tienen que acercarse por la zona de la frontera donde con unos muy pocos centavos penetrarían al territorio nacional.
Que no vaya a creer el Gobierno que con el despliegue de 12 mil soldados en la frontera se evita que los haitianos entren al territorio nacional, porque sería auto engañarse en virtud de que el problema no es sólo tener muchos hombres bien armados, sino formar a los mismos de una visión ética que ya no existe en el país.
De manera, que resulta contraproducente hablar de que la medida tomada es para supervisar y mejorar los mecanismos de otorgamientos de los visados a los estudiantes haitianos, lo cual siempre debió existir y no ahora por el problema de las bandas y la desestabilización política y social de Haití y en consecuencia ahí estriban los errores y las improvisaciones.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.