Opinión
La “tragedia del siglo” y otras que le precedieron sin las medidas correctoras
Por Narciso Isa Conde
La “tragedia del siglo” ha conmovido con razón la sociedad dominicana e impactado la sociedad mundial. Algo terrible y muy doloroso: muchas muertes, muchas pérdidas valiosas, mucha gente afectadas, muchos sufrimientos…muchas razones para el duelo y las lágrimas.
Así la asume nuestro Movimiento Caamañista-MC, sin dejar de estimular reflexiones imprescindibles si es que queremos que esta sociedad y su heroico pueblo salgan del pantano en que la ha sumido una clase dominante-gobernante insensible e hipócrita, y su cadena de gobiernos e instituciones irresponsable
Ciertamente el reciente colapso del techo de la discoteca Jet Set, durante una presentación del reconocido y admirado merenguero Rubby Pérez, ha sido la que más vidas ha costado a la sociedad: hasta el momento 218 fallecidos y más de 260 heridos. Es posiblemente la más dramática de las tragedias de los últimos años,
Hay que llorarla con el corazón en la mano, pero no es suficiente hacerlo.
· IR A LAS CAUSAS FUNDAMENTALES DE ESA Y OTRAS TRAGEDIAS
Hay que ir más lejos y reflexionar sobre las causas y responsabilidades en ella y en otras que le precedieron.
Recordemos que esa misma discoteca sufrió un incendio el 25 de julio del 2023, que, según la administración del establecimiento, se produjo a consecuencia de un rayo que impactó el cuarto de plantas. Entonces no se reportaron víctimas
Recordemos otras del pasado reciente que pasaron sin las respuestas necesarias para cortar la cadena:
1. –El incendio en la discoteca Jazzys Elite Club el 27 de noviembre de 2006, ubicada en la avenida España del ensanche Isabelita, resultó en lamerte de nueve personas. El siniestro se originó por el sobrecalentamiento de cables eléctricos, y la falta de medidas de seguridad, como puertas cerradas con candado, contribuyó a la tragedia.
2. El incendio en la discoteca Roof Club en San Francisco de Macorís el 4 de febrero de 2022, en que un fuego destruyó gran parte de esa discoteca, Aunque había clientes en el establecimiento al momento del incendio la mayoría logró salir a tiempo.
3. El incendio en el Mercado Nuevo de Villas Agrícolas (5 de enero de 2015): Un incendio consumió la nave central del Mercado Nuevo de Villa Agrícolas, afectando almacenes y dejando pérdidas millonarias. Alrededor de 1,700 personas se quedaron sin trabajo debido al siniestro.
4.-El incendio en el mercado binacional de Dajabón (12 de octubre de-2023), que arrasó con al menos 28 puestos en el mercado fronterizo de Dajabón, afectando principalmente comercios de textiles, y otro incendio en ese mismo mercado de Dajabón el 25 de noviembre de 2024, que devoró cinco cubículos, incluyendo dos cafeterías y puestos de ropa usada. Este fue el sexto incendio registrado en el mercado.
5.-El derrumbe en el túnel de la Avenida 27 de febrero esq. Máximo Gómez, que cobró la vida de nueve personas. La explosión en San Cristóbal (14 de agosto de 2023): en la fábrica Vidal Plast, ubicada en el Mercado Viejo de San Cristóbal, causó la muerte de al menos 37 personas y dejó alrededor de 60 heridos. La detonación generó ondas de choque que destruyeron varias empresas y locales comerciales en un radio de un kilómetro.
6.-El accidente aéreo de Helidosa el 15 de diciembre de 2021 en que un avión ejecutivo de la referida empresa se estrelló poco después de despegar desde el aeropuerto de El Higüero resultando en la muerte de las nueve personas a bordo, incluyendo un productor musical
7.-El accidente en Azua (1 de septiembre de 2024). Durante las festividades patronales en el pueblo de Bastidas, un camión cargado de aguacates embistió a una multitud que se encontraba en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, dejando un saldo oficial de seis muertos y 41 heridos.
· ALTO A LA IMPUNIDAD.
¿Cuáles son las causas de esos hechos y dónde las responsabilidades?
¿Que se contrató y qué se hizo?
¿La dieron mantenimiento?
¿Quiénes inspeccionaron y fiscalizaron esas construcciones e instalaciones?
¿Cuál ha sido el comportamiento de las instituciones correspondientes del Estado y de la propia justicia frente a las empresas o personas responsables?
Todo parece indicar que no hay sistema de supervisión ni control sobres esas obras y esos establecimientos, y si lo hay sirven para poco o son vulnerable al soborno. Sonido, estructuras, electricidad, no son normadas o se violan sin reparos las normas
Incluso procesos que se han iniciado, se han estancado.
Al parecer prima el afán desmedido de lucro de propietarios y contratistas por encima de la vida y la seguridad de la gente. Los usuarios son clientes, no personas, en el contexto de un sistema en que el estado y sucesivos gobiernos son manipulados en función de proteger intereses y gestiones privadas plagadas de ventajismos, tráfico de influencia y otras formas de corrupción.
La impunidad recurrente estimula ese mal proceder, que incluye hasta no invertir para reparar fallas acumuladas, corriendo el riesgo de catástrofes de esas magnitudes.
Y si en un caso tan grave como el de Jet Set no se va a la raíz de la tragedia, pueden estar seguros/as que pronto dejará de ser la “TRAGEDIA DEL SIGLO”, porque será superada por otra de mayor magnitud.
Por la Comisión de Seguimiento del Movimiento Caamañista.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.