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Tragedia del Jet Set revela falta de planificación estratégica y la improvisación del Gobierno de R.D.
Por Elba García
A más de una semana del desplome del techo de la discoteca del Jet Set que dejó un saldo hasta ahora de 226 personas muertes y casi igual cantidad de heridos, todavía no se sabe que provocó la desgracia que ha consternado a la sociedad dominicana.
De lo que sí el pueblo dominicano o por lo menos la mayoría de la gente está segura es que en este caso está comprometida la responsabilidad penal y civil del Estado y de los propietarios del establecimiento.
En lo que respecta al Estado dominicano hay que decir que su responsabilidad por omisión es algo del diario vivir y no hay forma de que nada le sirve escarmiento, porque la realidad es de que se trata de un problema profundamente cultural.
Tras lo ocurrencia de la desgracia ha salido a la luz pública la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y de Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones Públicas y Privadas (ONESVIE), la cual fue creada mediante el decreto No. 715-01, emitido por el presidente Hipólito Mejía en el año 2001, pero que nadie conocía hasta la ocurrencia de la tragedia del Yet Set.
Esta oficina que no luce que tenga los técnicos competentes para hacer el trabajo que está en el marco de su competencia, pero además es como si hubiera estructurado al vapor para responder a los hechos producidos y si funcionaba realmente no tenía ninguna operatividad, sólo gente trabajando sin rendir ninguna labor.
Sin embargo, hay que darle el margen de la duda, ya que esta hace el levantamiento en el lugar de la tragedia, pese a que el Estado ha perdido toda su credibilidad, porque nadie cree en lo que hace.
A este respecto el reconocido geólogo Osiris de León advirtió sobre la falta de respaldo técnico y jurídico de los informes preliminares que han circulado tras el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set.
Este profesional de la geología enfatizó que las teorías planteadas hasta el momento son simplemente hipótesis carentes de fundamento técnico, al no incluir evaluaciones detalladas de columnas, vigas, losas y demás componentes estructurales.
«Por el momento, esos informes que circulan son simples ejercicios de opinión pública, sin ninguna fuerza profesional y jurídica ante un tribunal«, afirmó.
El profesional solicitó paciencia mientras avanzan las investigaciones formales, señalando que los resultados de estas auditorías serán cruciales para que los tribunales puedan determinar responsabilidades.
Dijo que es indispensable realizar análisis exhaustivos de laboratorio y auditorías forenses certificadas para determinar con precisión las causas del colapso.
De León no les quitó importancia a «Las hipótesis, las cuales siempre son interesantes cuando vienen de personas técnicamente autorizadas, pero destacó que en casos de gran dimensión, los tribunales trabajan con auditorías forenses certificadas por profesionales e instituciones de gran experiencia forense y de alta experiencia en casos similares, las cuales que quizás tengan que ser repetidas varias veces por más de un equipo técnico de alto nivel, porque siempre hay alguien que acepta los resultados y alguien que cuestiona y no los acepta», advierte.
El experto citó que factores como la carbonatación del concreto, la exposición al salitre, las vibraciones sísmicas y del tránsito, así como sobrecargas y modificaciones estructurales, podrían haber contribuido al desastre.
Empero, subrayó que estas hipótesis sólo pueden ser confirmadas mediante evaluaciones científicas rigurosas y modelado computacional de las condiciones de la estructura al momento de la tragedia.
«Se esperan muchos números resultantes de muchas pruebas de laboratorio y de modelos computacionales digitales que permitan simular las condiciones reales de la estructura al momento de fallar y las cargas, propias o añadidas, que pudieron romper su precario estado de equilibrio isostático, quizás agravado por el tiempo, por el salitre, por la carbonatación, por las vibraciones sísmicas y del tránsito, por sobrecargas, y por cualquier otro detalle no visible desde la calle, pero hay detalles visibles al microscopio y medibles en las pruebas de compresión simple y en los cálculos de los módulos elásticos».
El colapso de la discoteca Jet Set ha generado una gran consternación nacional, y las palabras de De León reflejan la urgencia de un enfoque técnico responsable para esclarecer los hechos y evitar tragedias similares en el futuro.
El presidente Luis Abinader luego del derrumbe en la discoteca Jet Set, declaró que el Gobierno está comprometido a esclarecer los hechos y a prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro y admitió la existencia de un vacío legal que debe ser abordado para garantizar mayor seguridad en las infraestructuras.
Admitió que no existe una supervisión obligatoria para las obras privadas, lo que representa un desafío que debe ser atendido. El mandatario informó que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) está trabajando en un proyecto de ley, que busca establecer medidas más estrictas para la supervisión de infraestructuras privadas y públicas.
En otro orden, garantizó que el Gobierno no interferirá en el proceso judicial relacionado con el colapso del techo de la discoteca. Subrayó el compromiso de su administración con el respeto a los procesos legales y la justicia, asegurando que no habrá injerencia gubernamental en las investigaciones ni en las decisiones judiciales.
Pese a las palabras del presidente Abinader, quien se supone que fue elegido para corregir el nivel de improvisación de que adolece el Estado dominicano, plantea ahora buscar una solución a un problema, así como hay otros que en su momento saldrán la superficie, que se conoce y que ha sido debatido ampliamente por los medios de comunicación, lo cual deja claro que en términos de políticas públicas todos los gobierno de los últimos años han tenido el mismo comportamiento, fundamentado en la improvisación y la falta de planificación estratégica.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.