Análisis Noticiosos
La vida sin plata de Patricia y otros 19 millones de colombianos
El 40% de la población subsiste con menos de medio salario mínimo mensual. La crisis mundial rebaja las posibilidades de reducir la pobreza
Bogotá.– Patricia Rodríguez llega sonriente, dispuesta a abrir las puertas de su casa para mostrar cómo vive. La vivienda es humilde, de madera color naranja y tejas de aluminio sobre las que pega el sol ardiente del mediodía en Altos de Cazucá. El barrio está en la parte alta de las lomas cercanas a la zona que divide a Bogotá de Soacha (Cundinamarca), un municipio con más 500.000 habitantes, vecino de la capital. Se sabe cuándo se cruza del último barrio del suroccidente de la ciudad a Cazucá por una especie de frontera invisible: las vías son polvorientas, sin pavimentar. A sus 43 años, esta mujer desempleada es cabeza de un hogar de seis personas. Solo una de sus hijas tiene trabajo estable. Forma parte del 40% de la población en Colombia, 19,6 millones de habitantes, que subsiste con menos de medio salario mínimo mensual.
“La invito a mi sala”, dice entre risas mientras extiende su mano señalando una banca rectangular de madera desgastada y dos llantas de carro que sirven de sillas improvisadas en el exterior de la vivienda. Se sienta en una de ellas para contar su historia. “Llegué a vivir aquí cuando tenía 17 años; me cansé del maltrato físico que había en mi casa y decidí irme. Tuve que dejar el colegio cuando estaba por terminar”, recuerda esta madre soltera. Desde allí, se contempla la vista de Bogotá. No hay ningún otro lujo.
Patricia Rodriguez en la puerta de su vivienda.NATHALIA ANGARITA
Viven en un terreno de invasión, donde no pagan servicios públicos y cocinan con cilindro de gas. “En gastos todo se me ocupa, no me queda derecho ni para un par de zapatos. En una quincena doy lo del mercado y en la otra, pago deudas”, dice Carol Michell, de 23 años. Su mamá y hermana se le miden al ‘rebusque’, una forma de ingenio a la que recurren millones de colombianos para tratar de conseguir su sustento. “En mi caso es trabajar en casas de familia o hacer turnos en restaurantes, en una gallera, una discoteca o lavar overoles en tiendas de venta de pescado”, dice la madre de la joven. “Es terrible vivir del diario. Muy berraco”, agrega.
Solo pueden comprar lo básico: granos como lentejas o fríjoles y arroz. “Carne, pollo o pescado, eso acá no se ve”. La plata tampoco alcanza para gastos personales. “El perfumito no se puede, eso es un lujo. Usamos una crema que huela rico y ahí estamos bien. Son cosas básicas porque a todo el mundo le gusta vivir, vestir y oler bien. Esos son gastos que no podemos tener”, dice Rodríguez, quien trabajó como operaria de producción hasta que llegó la pandemia. La han rechazado en dos empleos por su edad y ahora se dedica al cuidado de su abuela y su nieta mientras Carol Michell trabaja.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
La niña de tres años, Yoselyn Prada, se entretiene adentro de la casa con muñequitos de plástico regados sobre el cemento rústico. Juega con una raqueta pequeña y una pelota que de vez en cuando lanza hacia los adultos buscando atención. Su tía, Karen Liseth Serrato, también cuida de ella. La joven de 21 años podría estar a la mitad de su carrera, pero no ha podido continuar con el estudio después del bachillerato por falta de recursos. “Me gustaría estar estudiando belleza, pero se necesita dinero. El SENA (institución técnica y tecnológica) es gratis, pero hay que tener algo flexible y estable para pagar el transporte y los implementos”, dice. Como no tiene experiencia, tampoco encuentra empleo. “Estoy enviando hojas de vida para poder trabajar”.
Solo el 54% de los estudiantes que se gradúan de secundaria en el país accede a la educación superior. Los cupos en las universidades públicas son escasos comparados con el número de egresados y únicamente logran iniciar su carrera quienes obtienen los mejores resultados en las pruebas de ingreso. Para entrar a las universidades privadas, donde los costos son elevados, es necesario contar con el dinero suficiente. El desempleo juvenil es otro dolor de cabeza. La tasa de desocupación para los jóvenes de 15 a 28 años entre marzo y mayo fue de 19%, casi el doble de la tasa nacional de 11,3% para el mismo trimestre.
Una balanza desigual
En Colombia, el futuro de un niño o niña está marcado por el lugar o las condiciones económicas del hogar donde nace. Entre menos dinero tenga, más se debe esforzar por superar barreras para alcanzar sus metas. “Un niño que nace en un hogar pobre tiene una probabilidad muy alta de seguir siendo pobre buena parte de su vida por características de origen que no tienen nada qué ver con su talento o esfuerzo. La desigualdad de oportunidades en temas como acceso a una educación de calidad es la primera trampa de pobreza”, afirma Roberto Angulo, economista experto en el tema y socio fundador de la firma Inclusión.
En la casa de Patricia Rodríguez se refleja esa realidad en más de una generación. Su familia ha recibido ayuda del Estado por la emergencia del coronavirus, pero no piden dinero sino oportunidades. “Hay gente que tiene la opción de surgir y no da opciones a otros, sino que sencillamente sigue adelante sin importarle a quién dejó atrás. Muchas veces nos juzgan por el lugar donde vivimos”, lamenta.
El hijo menor de Patricia, Dylan Serrato, de 14 años, quiere ser agente de investigación criminal cuando se gradúe del colegio. Su madre también dedica tiempo a ser líder de la comunidad y voluntaria de la fundación SOS Paz Cazucá, que ofrece refuerzo escolar y talleres culturales a niños y jóvenes del sector para que mejoren sus habilidades, ocupen su tiempo libre y eviten caer la delincuencia. “No tenemos nada, pero lo damos todo”, afirma Margarita Torres, coordinadora de la fundación.
La mayor riqueza, dice Patricia Rodríguez, es el amor de la familia. “Hay gente que tiene muchísima plata pero que no tiene esa satisfacción personal. Nosotros nos tendemos la mano y eso genera felicidad”. Comparten el afecto y también el espacio reducido de la vivienda. Duermen en tres camas sencillas. Una de ellas está reservada para la abuela, Emperatriz Gutiérrez, una mujer calmada y risueña que cocinaba con leña en las fincas donde trabajó durante su juventud. En las otras dos camas duermen las otras cinco personas de la familia.
“A pesar de las condiciones hay que mirar hacia adelante. Siempre hay barreras que uno se encuentra en el camino, pero no hay nada imposible”, sostiene Carol Michell. Su máximo anhelo, dice, es que el futuro de su hija Yoselyn sea diferente, que esté definido por sus sueños y no por su lugar de nacimiento.
La crisis mundial del costo de vida
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la crisis del costo de vida en países en desarrollo, intensificada por la guerra en Ucrania, ha empujado a millones de ciudadanos a la pobreza a una velocidad más rápida que durante la pandemia. En solo tres meses, 71 millones de personas han caído en esta condición como resultado directo del aumento de los precios de los alimentos y la energía a nivel global.
En Colombia, además de la población que vive en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, otro 31% de los habitantes, alrededor de 15 millones de personas, está en situación de vulnerabilidad, es decir, tienen un rango de ingresos que implica alta probabilidad de caer en la pobreza. Si bien se proyecta que el país liderará el crecimiento económico de América Latina este año, la inflación es una fuerza en contra de la dinámica de recuperación que se ha logrado tras los efectos de la pandemia. Esto dificulta aún más salir de la pobreza y hace más fácil entrar a esta condición.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
“La salida de la pobreza con enfoque de ingresos va a estar complicada porque así los hogares hayan recuperado su puesto de trabajo y estén generando ingresos, la inflación se está comiendo todas esas ganancias y, por consiguiente, la posibilidad de que Colombia retorne a niveles de pobreza que tenía antes de la pandemia va a ser muy difícil este año”, sostuvo el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), Juan Daniel Oviedo, en reciente entrevista con este medio.
Elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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Análisis Noticiosos
Estudio asegura que jardines Suizos esconden toneladas de oro de sus propietarios
Agencia Efe
Ginebra.- Las familias suizas acumulan en total, a modo de inversión segura, unas 200 toneladas de oro valoradas en 15,000 millones de francos (16,000 millones de euros), y una parte de ellas han sido enterradas en los jardines de sus propiedades, revela un estudio publicado por la Universidad de San Galo (este del país).
A esta conclusión han llegado los autores del estudio del que se hace eco este jueves la televisión nacional RTS, realizado mediante encuestas a unos 3,000 residentes en el país, a los que se les preguntó si poseían reservas de oro y dónde las guardaban, lo que dio resultados inesperados.
Un 15 % indicaron que guardaban su oro en un lugar secreto de la vivienda y un 5 % enterrado en el jardín, lo que en este último caso equivaldría a 10 toneladas del metal precioso valoradas en 750 millones de francos (800 millones de euros).
El estudio se refiere únicamente al oro en lingotes o en monedas y excluye el utilizado en joyas y otros objetos.
Aunque dos tercios de los encuestados en el estudio consideran que el oro es un valor seguro para la inversión, son más los ciudadanos del país que invierten en el sector inmobiliario o en el bancario.
Los encuestados con reservas de oro aseguraron que no venderían estas peculiares fortunas más que en caso de absoluta necesidad, pese a que actualmente el precio del oro se encuentra en valores récord que se aproximan ya a los 2.800 dólares (2.600 euros) por onza (medida de peso de metales preciosos equivalente a unos 31 gramos).