Análisis Noticiosos
La vida sin plata de Patricia y otros 19 millones de colombianos
El 40% de la población subsiste con menos de medio salario mínimo mensual. La crisis mundial rebaja las posibilidades de reducir la pobreza
Bogotá.– Patricia Rodríguez llega sonriente, dispuesta a abrir las puertas de su casa para mostrar cómo vive. La vivienda es humilde, de madera color naranja y tejas de aluminio sobre las que pega el sol ardiente del mediodía en Altos de Cazucá. El barrio está en la parte alta de las lomas cercanas a la zona que divide a Bogotá de Soacha (Cundinamarca), un municipio con más 500.000 habitantes, vecino de la capital. Se sabe cuándo se cruza del último barrio del suroccidente de la ciudad a Cazucá por una especie de frontera invisible: las vías son polvorientas, sin pavimentar. A sus 43 años, esta mujer desempleada es cabeza de un hogar de seis personas. Solo una de sus hijas tiene trabajo estable. Forma parte del 40% de la población en Colombia, 19,6 millones de habitantes, que subsiste con menos de medio salario mínimo mensual.
“La invito a mi sala”, dice entre risas mientras extiende su mano señalando una banca rectangular de madera desgastada y dos llantas de carro que sirven de sillas improvisadas en el exterior de la vivienda. Se sienta en una de ellas para contar su historia. “Llegué a vivir aquí cuando tenía 17 años; me cansé del maltrato físico que había en mi casa y decidí irme. Tuve que dejar el colegio cuando estaba por terminar”, recuerda esta madre soltera. Desde allí, se contempla la vista de Bogotá. No hay ningún otro lujo.
Patricia Rodriguez en la puerta de su vivienda.NATHALIA ANGARITA
Viven en un terreno de invasión, donde no pagan servicios públicos y cocinan con cilindro de gas. “En gastos todo se me ocupa, no me queda derecho ni para un par de zapatos. En una quincena doy lo del mercado y en la otra, pago deudas”, dice Carol Michell, de 23 años. Su mamá y hermana se le miden al ‘rebusque’, una forma de ingenio a la que recurren millones de colombianos para tratar de conseguir su sustento. “En mi caso es trabajar en casas de familia o hacer turnos en restaurantes, en una gallera, una discoteca o lavar overoles en tiendas de venta de pescado”, dice la madre de la joven. “Es terrible vivir del diario. Muy berraco”, agrega.
Solo pueden comprar lo básico: granos como lentejas o fríjoles y arroz. “Carne, pollo o pescado, eso acá no se ve”. La plata tampoco alcanza para gastos personales. “El perfumito no se puede, eso es un lujo. Usamos una crema que huela rico y ahí estamos bien. Son cosas básicas porque a todo el mundo le gusta vivir, vestir y oler bien. Esos son gastos que no podemos tener”, dice Rodríguez, quien trabajó como operaria de producción hasta que llegó la pandemia. La han rechazado en dos empleos por su edad y ahora se dedica al cuidado de su abuela y su nieta mientras Carol Michell trabaja.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
La niña de tres años, Yoselyn Prada, se entretiene adentro de la casa con muñequitos de plástico regados sobre el cemento rústico. Juega con una raqueta pequeña y una pelota que de vez en cuando lanza hacia los adultos buscando atención. Su tía, Karen Liseth Serrato, también cuida de ella. La joven de 21 años podría estar a la mitad de su carrera, pero no ha podido continuar con el estudio después del bachillerato por falta de recursos. “Me gustaría estar estudiando belleza, pero se necesita dinero. El SENA (institución técnica y tecnológica) es gratis, pero hay que tener algo flexible y estable para pagar el transporte y los implementos”, dice. Como no tiene experiencia, tampoco encuentra empleo. “Estoy enviando hojas de vida para poder trabajar”.
Solo el 54% de los estudiantes que se gradúan de secundaria en el país accede a la educación superior. Los cupos en las universidades públicas son escasos comparados con el número de egresados y únicamente logran iniciar su carrera quienes obtienen los mejores resultados en las pruebas de ingreso. Para entrar a las universidades privadas, donde los costos son elevados, es necesario contar con el dinero suficiente. El desempleo juvenil es otro dolor de cabeza. La tasa de desocupación para los jóvenes de 15 a 28 años entre marzo y mayo fue de 19%, casi el doble de la tasa nacional de 11,3% para el mismo trimestre.
Una balanza desigual
En Colombia, el futuro de un niño o niña está marcado por el lugar o las condiciones económicas del hogar donde nace. Entre menos dinero tenga, más se debe esforzar por superar barreras para alcanzar sus metas. “Un niño que nace en un hogar pobre tiene una probabilidad muy alta de seguir siendo pobre buena parte de su vida por características de origen que no tienen nada qué ver con su talento o esfuerzo. La desigualdad de oportunidades en temas como acceso a una educación de calidad es la primera trampa de pobreza”, afirma Roberto Angulo, economista experto en el tema y socio fundador de la firma Inclusión.
En la casa de Patricia Rodríguez se refleja esa realidad en más de una generación. Su familia ha recibido ayuda del Estado por la emergencia del coronavirus, pero no piden dinero sino oportunidades. “Hay gente que tiene la opción de surgir y no da opciones a otros, sino que sencillamente sigue adelante sin importarle a quién dejó atrás. Muchas veces nos juzgan por el lugar donde vivimos”, lamenta.
El hijo menor de Patricia, Dylan Serrato, de 14 años, quiere ser agente de investigación criminal cuando se gradúe del colegio. Su madre también dedica tiempo a ser líder de la comunidad y voluntaria de la fundación SOS Paz Cazucá, que ofrece refuerzo escolar y talleres culturales a niños y jóvenes del sector para que mejoren sus habilidades, ocupen su tiempo libre y eviten caer la delincuencia. “No tenemos nada, pero lo damos todo”, afirma Margarita Torres, coordinadora de la fundación.
La mayor riqueza, dice Patricia Rodríguez, es el amor de la familia. “Hay gente que tiene muchísima plata pero que no tiene esa satisfacción personal. Nosotros nos tendemos la mano y eso genera felicidad”. Comparten el afecto y también el espacio reducido de la vivienda. Duermen en tres camas sencillas. Una de ellas está reservada para la abuela, Emperatriz Gutiérrez, una mujer calmada y risueña que cocinaba con leña en las fincas donde trabajó durante su juventud. En las otras dos camas duermen las otras cinco personas de la familia.
“A pesar de las condiciones hay que mirar hacia adelante. Siempre hay barreras que uno se encuentra en el camino, pero no hay nada imposible”, sostiene Carol Michell. Su máximo anhelo, dice, es que el futuro de su hija Yoselyn sea diferente, que esté definido por sus sueños y no por su lugar de nacimiento.
La crisis mundial del costo de vida
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la crisis del costo de vida en países en desarrollo, intensificada por la guerra en Ucrania, ha empujado a millones de ciudadanos a la pobreza a una velocidad más rápida que durante la pandemia. En solo tres meses, 71 millones de personas han caído en esta condición como resultado directo del aumento de los precios de los alimentos y la energía a nivel global.
En Colombia, además de la población que vive en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, otro 31% de los habitantes, alrededor de 15 millones de personas, está en situación de vulnerabilidad, es decir, tienen un rango de ingresos que implica alta probabilidad de caer en la pobreza. Si bien se proyecta que el país liderará el crecimiento económico de América Latina este año, la inflación es una fuerza en contra de la dinámica de recuperación que se ha logrado tras los efectos de la pandemia. Esto dificulta aún más salir de la pobreza y hace más fácil entrar a esta condición.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
“La salida de la pobreza con enfoque de ingresos va a estar complicada porque así los hogares hayan recuperado su puesto de trabajo y estén generando ingresos, la inflación se está comiendo todas esas ganancias y, por consiguiente, la posibilidad de que Colombia retorne a niveles de pobreza que tenía antes de la pandemia va a ser muy difícil este año”, sostuvo el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), Juan Daniel Oviedo, en reciente entrevista con este medio.
Elpais.com
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.