Análisis Noticiosos
La vida sin plata de Patricia y otros 19 millones de colombianos
El 40% de la población subsiste con menos de medio salario mínimo mensual. La crisis mundial rebaja las posibilidades de reducir la pobreza
Bogotá.– Patricia Rodríguez llega sonriente, dispuesta a abrir las puertas de su casa para mostrar cómo vive. La vivienda es humilde, de madera color naranja y tejas de aluminio sobre las que pega el sol ardiente del mediodía en Altos de Cazucá. El barrio está en la parte alta de las lomas cercanas a la zona que divide a Bogotá de Soacha (Cundinamarca), un municipio con más 500.000 habitantes, vecino de la capital. Se sabe cuándo se cruza del último barrio del suroccidente de la ciudad a Cazucá por una especie de frontera invisible: las vías son polvorientas, sin pavimentar. A sus 43 años, esta mujer desempleada es cabeza de un hogar de seis personas. Solo una de sus hijas tiene trabajo estable. Forma parte del 40% de la población en Colombia, 19,6 millones de habitantes, que subsiste con menos de medio salario mínimo mensual.
“La invito a mi sala”, dice entre risas mientras extiende su mano señalando una banca rectangular de madera desgastada y dos llantas de carro que sirven de sillas improvisadas en el exterior de la vivienda. Se sienta en una de ellas para contar su historia. “Llegué a vivir aquí cuando tenía 17 años; me cansé del maltrato físico que había en mi casa y decidí irme. Tuve que dejar el colegio cuando estaba por terminar”, recuerda esta madre soltera. Desde allí, se contempla la vista de Bogotá. No hay ningún otro lujo.
Patricia Rodriguez en la puerta de su vivienda.NATHALIA ANGARITA
Viven en un terreno de invasión, donde no pagan servicios públicos y cocinan con cilindro de gas. “En gastos todo se me ocupa, no me queda derecho ni para un par de zapatos. En una quincena doy lo del mercado y en la otra, pago deudas”, dice Carol Michell, de 23 años. Su mamá y hermana se le miden al ‘rebusque’, una forma de ingenio a la que recurren millones de colombianos para tratar de conseguir su sustento. “En mi caso es trabajar en casas de familia o hacer turnos en restaurantes, en una gallera, una discoteca o lavar overoles en tiendas de venta de pescado”, dice la madre de la joven. “Es terrible vivir del diario. Muy berraco”, agrega.
Solo pueden comprar lo básico: granos como lentejas o fríjoles y arroz. “Carne, pollo o pescado, eso acá no se ve”. La plata tampoco alcanza para gastos personales. “El perfumito no se puede, eso es un lujo. Usamos una crema que huela rico y ahí estamos bien. Son cosas básicas porque a todo el mundo le gusta vivir, vestir y oler bien. Esos son gastos que no podemos tener”, dice Rodríguez, quien trabajó como operaria de producción hasta que llegó la pandemia. La han rechazado en dos empleos por su edad y ahora se dedica al cuidado de su abuela y su nieta mientras Carol Michell trabaja.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
La niña de tres años, Yoselyn Prada, se entretiene adentro de la casa con muñequitos de plástico regados sobre el cemento rústico. Juega con una raqueta pequeña y una pelota que de vez en cuando lanza hacia los adultos buscando atención. Su tía, Karen Liseth Serrato, también cuida de ella. La joven de 21 años podría estar a la mitad de su carrera, pero no ha podido continuar con el estudio después del bachillerato por falta de recursos. “Me gustaría estar estudiando belleza, pero se necesita dinero. El SENA (institución técnica y tecnológica) es gratis, pero hay que tener algo flexible y estable para pagar el transporte y los implementos”, dice. Como no tiene experiencia, tampoco encuentra empleo. “Estoy enviando hojas de vida para poder trabajar”.
Solo el 54% de los estudiantes que se gradúan de secundaria en el país accede a la educación superior. Los cupos en las universidades públicas son escasos comparados con el número de egresados y únicamente logran iniciar su carrera quienes obtienen los mejores resultados en las pruebas de ingreso. Para entrar a las universidades privadas, donde los costos son elevados, es necesario contar con el dinero suficiente. El desempleo juvenil es otro dolor de cabeza. La tasa de desocupación para los jóvenes de 15 a 28 años entre marzo y mayo fue de 19%, casi el doble de la tasa nacional de 11,3% para el mismo trimestre.
Una balanza desigual
En Colombia, el futuro de un niño o niña está marcado por el lugar o las condiciones económicas del hogar donde nace. Entre menos dinero tenga, más se debe esforzar por superar barreras para alcanzar sus metas. “Un niño que nace en un hogar pobre tiene una probabilidad muy alta de seguir siendo pobre buena parte de su vida por características de origen que no tienen nada qué ver con su talento o esfuerzo. La desigualdad de oportunidades en temas como acceso a una educación de calidad es la primera trampa de pobreza”, afirma Roberto Angulo, economista experto en el tema y socio fundador de la firma Inclusión.
En la casa de Patricia Rodríguez se refleja esa realidad en más de una generación. Su familia ha recibido ayuda del Estado por la emergencia del coronavirus, pero no piden dinero sino oportunidades. “Hay gente que tiene la opción de surgir y no da opciones a otros, sino que sencillamente sigue adelante sin importarle a quién dejó atrás. Muchas veces nos juzgan por el lugar donde vivimos”, lamenta.
El hijo menor de Patricia, Dylan Serrato, de 14 años, quiere ser agente de investigación criminal cuando se gradúe del colegio. Su madre también dedica tiempo a ser líder de la comunidad y voluntaria de la fundación SOS Paz Cazucá, que ofrece refuerzo escolar y talleres culturales a niños y jóvenes del sector para que mejoren sus habilidades, ocupen su tiempo libre y eviten caer la delincuencia. “No tenemos nada, pero lo damos todo”, afirma Margarita Torres, coordinadora de la fundación.
La mayor riqueza, dice Patricia Rodríguez, es el amor de la familia. “Hay gente que tiene muchísima plata pero que no tiene esa satisfacción personal. Nosotros nos tendemos la mano y eso genera felicidad”. Comparten el afecto y también el espacio reducido de la vivienda. Duermen en tres camas sencillas. Una de ellas está reservada para la abuela, Emperatriz Gutiérrez, una mujer calmada y risueña que cocinaba con leña en las fincas donde trabajó durante su juventud. En las otras dos camas duermen las otras cinco personas de la familia.
“A pesar de las condiciones hay que mirar hacia adelante. Siempre hay barreras que uno se encuentra en el camino, pero no hay nada imposible”, sostiene Carol Michell. Su máximo anhelo, dice, es que el futuro de su hija Yoselyn sea diferente, que esté definido por sus sueños y no por su lugar de nacimiento.
La crisis mundial del costo de vida
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la crisis del costo de vida en países en desarrollo, intensificada por la guerra en Ucrania, ha empujado a millones de ciudadanos a la pobreza a una velocidad más rápida que durante la pandemia. En solo tres meses, 71 millones de personas han caído en esta condición como resultado directo del aumento de los precios de los alimentos y la energía a nivel global.
En Colombia, además de la población que vive en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, otro 31% de los habitantes, alrededor de 15 millones de personas, está en situación de vulnerabilidad, es decir, tienen un rango de ingresos que implica alta probabilidad de caer en la pobreza. Si bien se proyecta que el país liderará el crecimiento económico de América Latina este año, la inflación es una fuerza en contra de la dinámica de recuperación que se ha logrado tras los efectos de la pandemia. Esto dificulta aún más salir de la pobreza y hace más fácil entrar a esta condición.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
“La salida de la pobreza con enfoque de ingresos va a estar complicada porque así los hogares hayan recuperado su puesto de trabajo y estén generando ingresos, la inflación se está comiendo todas esas ganancias y, por consiguiente, la posibilidad de que Colombia retorne a niveles de pobreza que tenía antes de la pandemia va a ser muy difícil este año”, sostuvo el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), Juan Daniel Oviedo, en reciente entrevista con este medio.
Elpais.com
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.