Análisis Noticiosos
La vida sin plata de Patricia y otros 19 millones de colombianos
El 40% de la población subsiste con menos de medio salario mínimo mensual. La crisis mundial rebaja las posibilidades de reducir la pobreza
Bogotá.– Patricia Rodríguez llega sonriente, dispuesta a abrir las puertas de su casa para mostrar cómo vive. La vivienda es humilde, de madera color naranja y tejas de aluminio sobre las que pega el sol ardiente del mediodía en Altos de Cazucá. El barrio está en la parte alta de las lomas cercanas a la zona que divide a Bogotá de Soacha (Cundinamarca), un municipio con más 500.000 habitantes, vecino de la capital. Se sabe cuándo se cruza del último barrio del suroccidente de la ciudad a Cazucá por una especie de frontera invisible: las vías son polvorientas, sin pavimentar. A sus 43 años, esta mujer desempleada es cabeza de un hogar de seis personas. Solo una de sus hijas tiene trabajo estable. Forma parte del 40% de la población en Colombia, 19,6 millones de habitantes, que subsiste con menos de medio salario mínimo mensual.
“La invito a mi sala”, dice entre risas mientras extiende su mano señalando una banca rectangular de madera desgastada y dos llantas de carro que sirven de sillas improvisadas en el exterior de la vivienda. Se sienta en una de ellas para contar su historia. “Llegué a vivir aquí cuando tenía 17 años; me cansé del maltrato físico que había en mi casa y decidí irme. Tuve que dejar el colegio cuando estaba por terminar”, recuerda esta madre soltera. Desde allí, se contempla la vista de Bogotá. No hay ningún otro lujo.
Patricia Rodriguez en la puerta de su vivienda.NATHALIA ANGARITA
Viven en un terreno de invasión, donde no pagan servicios públicos y cocinan con cilindro de gas. “En gastos todo se me ocupa, no me queda derecho ni para un par de zapatos. En una quincena doy lo del mercado y en la otra, pago deudas”, dice Carol Michell, de 23 años. Su mamá y hermana se le miden al ‘rebusque’, una forma de ingenio a la que recurren millones de colombianos para tratar de conseguir su sustento. “En mi caso es trabajar en casas de familia o hacer turnos en restaurantes, en una gallera, una discoteca o lavar overoles en tiendas de venta de pescado”, dice la madre de la joven. “Es terrible vivir del diario. Muy berraco”, agrega.
Solo pueden comprar lo básico: granos como lentejas o fríjoles y arroz. “Carne, pollo o pescado, eso acá no se ve”. La plata tampoco alcanza para gastos personales. “El perfumito no se puede, eso es un lujo. Usamos una crema que huela rico y ahí estamos bien. Son cosas básicas porque a todo el mundo le gusta vivir, vestir y oler bien. Esos son gastos que no podemos tener”, dice Rodríguez, quien trabajó como operaria de producción hasta que llegó la pandemia. La han rechazado en dos empleos por su edad y ahora se dedica al cuidado de su abuela y su nieta mientras Carol Michell trabaja.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
La niña de tres años, Yoselyn Prada, se entretiene adentro de la casa con muñequitos de plástico regados sobre el cemento rústico. Juega con una raqueta pequeña y una pelota que de vez en cuando lanza hacia los adultos buscando atención. Su tía, Karen Liseth Serrato, también cuida de ella. La joven de 21 años podría estar a la mitad de su carrera, pero no ha podido continuar con el estudio después del bachillerato por falta de recursos. “Me gustaría estar estudiando belleza, pero se necesita dinero. El SENA (institución técnica y tecnológica) es gratis, pero hay que tener algo flexible y estable para pagar el transporte y los implementos”, dice. Como no tiene experiencia, tampoco encuentra empleo. “Estoy enviando hojas de vida para poder trabajar”.
Solo el 54% de los estudiantes que se gradúan de secundaria en el país accede a la educación superior. Los cupos en las universidades públicas son escasos comparados con el número de egresados y únicamente logran iniciar su carrera quienes obtienen los mejores resultados en las pruebas de ingreso. Para entrar a las universidades privadas, donde los costos son elevados, es necesario contar con el dinero suficiente. El desempleo juvenil es otro dolor de cabeza. La tasa de desocupación para los jóvenes de 15 a 28 años entre marzo y mayo fue de 19%, casi el doble de la tasa nacional de 11,3% para el mismo trimestre.
Una balanza desigual
En Colombia, el futuro de un niño o niña está marcado por el lugar o las condiciones económicas del hogar donde nace. Entre menos dinero tenga, más se debe esforzar por superar barreras para alcanzar sus metas. “Un niño que nace en un hogar pobre tiene una probabilidad muy alta de seguir siendo pobre buena parte de su vida por características de origen que no tienen nada qué ver con su talento o esfuerzo. La desigualdad de oportunidades en temas como acceso a una educación de calidad es la primera trampa de pobreza”, afirma Roberto Angulo, economista experto en el tema y socio fundador de la firma Inclusión.
En la casa de Patricia Rodríguez se refleja esa realidad en más de una generación. Su familia ha recibido ayuda del Estado por la emergencia del coronavirus, pero no piden dinero sino oportunidades. “Hay gente que tiene la opción de surgir y no da opciones a otros, sino que sencillamente sigue adelante sin importarle a quién dejó atrás. Muchas veces nos juzgan por el lugar donde vivimos”, lamenta.
El hijo menor de Patricia, Dylan Serrato, de 14 años, quiere ser agente de investigación criminal cuando se gradúe del colegio. Su madre también dedica tiempo a ser líder de la comunidad y voluntaria de la fundación SOS Paz Cazucá, que ofrece refuerzo escolar y talleres culturales a niños y jóvenes del sector para que mejoren sus habilidades, ocupen su tiempo libre y eviten caer la delincuencia. “No tenemos nada, pero lo damos todo”, afirma Margarita Torres, coordinadora de la fundación.
La mayor riqueza, dice Patricia Rodríguez, es el amor de la familia. “Hay gente que tiene muchísima plata pero que no tiene esa satisfacción personal. Nosotros nos tendemos la mano y eso genera felicidad”. Comparten el afecto y también el espacio reducido de la vivienda. Duermen en tres camas sencillas. Una de ellas está reservada para la abuela, Emperatriz Gutiérrez, una mujer calmada y risueña que cocinaba con leña en las fincas donde trabajó durante su juventud. En las otras dos camas duermen las otras cinco personas de la familia.
“A pesar de las condiciones hay que mirar hacia adelante. Siempre hay barreras que uno se encuentra en el camino, pero no hay nada imposible”, sostiene Carol Michell. Su máximo anhelo, dice, es que el futuro de su hija Yoselyn sea diferente, que esté definido por sus sueños y no por su lugar de nacimiento.
La crisis mundial del costo de vida
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la crisis del costo de vida en países en desarrollo, intensificada por la guerra en Ucrania, ha empujado a millones de ciudadanos a la pobreza a una velocidad más rápida que durante la pandemia. En solo tres meses, 71 millones de personas han caído en esta condición como resultado directo del aumento de los precios de los alimentos y la energía a nivel global.
En Colombia, además de la población que vive en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, otro 31% de los habitantes, alrededor de 15 millones de personas, está en situación de vulnerabilidad, es decir, tienen un rango de ingresos que implica alta probabilidad de caer en la pobreza. Si bien se proyecta que el país liderará el crecimiento económico de América Latina este año, la inflación es una fuerza en contra de la dinámica de recuperación que se ha logrado tras los efectos de la pandemia. Esto dificulta aún más salir de la pobreza y hace más fácil entrar a esta condición.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
“La salida de la pobreza con enfoque de ingresos va a estar complicada porque así los hogares hayan recuperado su puesto de trabajo y estén generando ingresos, la inflación se está comiendo todas esas ganancias y, por consiguiente, la posibilidad de que Colombia retorne a niveles de pobreza que tenía antes de la pandemia va a ser muy difícil este año”, sostuvo el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), Juan Daniel Oviedo, en reciente entrevista con este medio.
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Análisis Noticiosos
El déficit comercial de E.U se disparó un 60% en febrero por los aranceles de Trump
Las importaciones crecieron con fuerza al acelerar las empresas las compras para evitar la subida de impuestos del presidente
Washington.-Los aranceles de Donald Trump están teniendo por ahora el efecto contrario al deseado por el mandatario. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer altos impuestos a las importaciones de mercancías de todo tipo han provocado una aceleración de las compras. El déficit comercial ya pulverizó récords en enero y en febrero sigue disparado, según los datos provisionales publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ese desfase contribuye también a lastrar a la economía estadounidense, a la que no le están sentando nada bien las políticas de Trump.
El déficit comercial internacional fue de 147.914 millones de dólares en febrero, según los datos con ajuste estacional. Aunque supone una ligera reducción frente a la cifra sin precedentes de enero, es la segunda cifra más alta de la serie histórica y aumenta un 60% frente a los 92.309 millones del mismo mes del año anterior.
El tirón de las importaciones y del déficit se concentra en los suministros industriales (donde se incluye el petróleo), bienes de capital y de consumo. Los datos avanzados por el censo no desglosan la evolución de las importaciones, las exportaciones y el déficit por países, datos que se publicarán más adelante.
Los aranceles decretados por el presidente apenas habían entrado en vigor en marzo. Dentro de su errática política comercial, Trump aplazó los gravámenes a los productos mexicanos y canadienses poco antes de que entrasen en vigor, después de haberlos aprobado. En cambio, en el caso de China sí entró en vigor un impuesto del 10% a todas las importaciones antes de que el presidente rectificase y dejase exentos a la mayoría de los envíos, los de menos de 800 dólares, tras provocar el colapso aduanero con su improvisación y falta de preparativos.
Trump ha seguido dando pasos adelante y atrás en la guerra comercial que ha declarado a todo el mundo. En marzo entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y el aluminio, se aplicó otro 10% adicional a las importaciones chinas (excluidas las de pequeño volumen) y entraron en vigor fugazmente los aranceles a México y Canadá, antes de otra rectificación que dejó exentos hasta el 2 de abril a los productos acogidos al Tratado entré México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Esta misma semana, Trump ha autorizado imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de todos los países que compren petróleo a Venezuela y, además, ha aprobado aranceles del 25% a la importación de automóviles y componentes a aplicar desde el 3 de abril con unas mínimas excepciones. El arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedanes, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camiones ligeros, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos). Cabe ampliar los aranceles a piezas adicionales si es necesario, según la Casa Blanca.
Los importadores de automóviles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Además, las piezas de automóvil que cumplan con el TMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense.
Con todo, la gran andanada de la guerra comercial llega en teoría la semana próxima (sujeta siempre a los caprichos y cambios de humor del presidente). Trump ha bautizado el 2 de abril como “Día de la Liberación”. Se espera que en esa fecha se apliquen los que la Administración estadounidense llama de forma engañosa “aranceles recíprocos”. Es una cifra arbitraria fijada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para las importaciones de cada país o bloque comercial.
Trump quiso este miércoles quitar hierro a las medidas a adoptar. “Vamos a ser muy indulgentes”, dijo en el Despacho Oval. “Creo que la gente se va a sorprender mucho. En muchos casos, será inferior al arancel que nos han estado cobrando durante décadas. Otros países no nos han tratado bien, pero nosotros vamos a ser amables. Así que creo que la gente se llevará una grata sorpresa”, añadió. La credibilidad del presidente en materia comercial está muy en entredicho tras sus medidas erráticas y sus declaraciones contradictorias.
Los criterios no parecen ser realmente los aranceles que los demás países imponen a Estados Unidos, sino más bien la cuantía del déficit comercial. Así, aunque los aranceles europeos son menores que los estadounidenses, Trump quiere castigar a la Unión Europea por su éxito en el intercambio comercial alegando falsamente que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es proteccionista o que la UE pone otras barreras no arancelarias a los productos estadounidenses.
Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la materia, se reunió el martes con Lutnick en Washington para intentar negociar, pero sin éxito. Šefčovič se volvió a Bruselas con la impresión de que Estados Unidos impondrá la semana próxima aranceles de doble dígito, quizá incluso del 20%, a los productos europeos.
“El trabajo duro continúa. La prioridad de la UE es un acuerdo justo y equilibrado en lugar de aranceles injustificados. Compartimos el objetivo de la fortaleza industrial en ambos lados”, tuiteó Šefčovič tras el encuentro con Lutnick y otros altos cargos estadounidenses.
Mientras, el discurso de Trump ha generado incertidumbre y confusión entre los agentes económicos. Las grandes empresas han alertado de los riesgos que supone una guerra comercial para sus ingresos, sus márgenes y su negocio, pero también para la evolución de la economía internacional. También hay compañías que temen una disrupción en su cadena de suministros. La confianza de los consumidores se ha hundido y las expectativas de inflación se han disparado. La economía de Estados Unidos, cuyo producto interior bruto creció un 2,8% en 2024, está perdiendo fuelle.
La Oficina de Análisis Económico ha ratificado este jueves, en su tercera lectura, esa tasa del 2,8% para el conjunto del año 2024, aunque ha revisado ligeramente al alza el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre, que pasa del 2,3% al 2,4% anualizado por un menor peso de las importaciones.
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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
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