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La vocación mafiosa ha salido con más fuerza en medio de la pandemia mientras prevalece una total impunidad.
Desde el inicio de las medidas restrictivas a propósito de la entrada al país del coronavirus las empresas con vocación mafiosa, más que hacer negocios en buena lid, se han apropiado del mercado con la comisión de una serie de abusos que constituyen en realidad crímenes de lesa humanidad.
El asunto va desde alzas abusivas que lesionan la dignidad humana, hasta la creación o fortalecimiento de mafias que operan dentro del mismo Gobierno para controlar las licitaciones de los insumos médicos, pero ahora se agrega hasta de la manipulación de la teleaudiencia, porque ahí también hay una lucha a muerte por tener mayor sintonía del público en general por razones económicas y políticas.
Las telecomunicaciones, que es un sector caracterizado por expresiones mafiosas que se salen del radar del Estado, ya que las multinacionales mantienen un engaño en contra de sus clientes sin que aparezca algún doliente frente a la situación, porque quién no sabe que en este país la mayor parte del dinero que entra a esas empresas proviene de una estafa en contra de los usuarios de sus servicios.
En la República Dominicana nunca se ha hecho una investigación profunda en torno a la irregularidad que se produce con el principal producto de las empresas de telecomunicaciones, que son las tarjetas de prepagos, las cuales no bien las usa el que la adquirió se queda sin un centavo.
Es un fraude vulgar que cometen todas las compañías de telecomunicaciones, desde Claro hasta Altice, pero no se puede dejar fuera una que pertenece a un hombre que su principal vocación en el mundo de los negocios es actuar como si contara con una patente de corso para manejarse al margen de la ley.
Es importante destacar que en lo que respecta a las tarjetas de prepagos, que son las que más compra el dominicano, ya que tienen celulares con esa modalidad y no con tarifas fijas, calculándose que alrededor de unos nueve millones de clientes las adquieren mensualmente.
Esto es lo que explica que las telecomunicaciones en algún momento haya sido el renglón más importante del Producto Interno Bruto, porque ha sido uno de los sectores que más ha crecido en el país, pero lamentablemente ha sido sobre la base de una estafa en contra del pueblo dominicano.
El engaño de las empresas de telecomunicaciones se produce a todos los niveles porque además venden servicios que nunca cumplen o dan a sus clientes, amén de que su facturación deja mucho que desear.
Sin embargo, en la actualidad a propósito de la cuarentena la gente ve mucha televisión y por lo menos uno de los propietarios de una de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones y nos referimos a Aster, perteneciente a Juan Ramón Gómez Díaz, quien la adquirió en una negociación con el Estado, se ha dedicado a boicotear o sabotear los canales que pertenecen a su competencia.
El sabotaje consiste en distorsionar el audio y el video de canales como Color Visión y Telesistema, que registran los más altos ratings a propósito de la cuarentena, a fin de que el televidente tenga que recurrir a los medios que pertenecen al grupo Telemicro.
Es una vergüenza que en el país se permita que un empresario de las telecomunicaciones busque monopolizar la teleaudiencia con maniobras tan feas y degradantes, sin que el Instituto de las Telecomunicaciones (INDOTEL) intervenga para por lo menos reducir esa vocación mafiosa de empresarios que muy poco les importa el país.
Es extraño e injustificable que en la empresa de cable perteneciente a Telemicro sus canales mantengan buen nivel de audio y de sonido, mientras su competencia esté prácticamente fuera de ese servicio mediante una distorsión que se ve a leguas que se trata de una manipulación para aumentar la teleleaudiencia de los canales que pertenecen a esa corporación.
Frente a esta vocación mafiosa de hacer negocio el más perjudicado es el cliente, que es lo mismo que decir el pueblo dominicano, ya que incluso este empresario se ha apropiado de una cantidad de emisoras de radio y canales de televisión que dañan la democracia en la República Dominicana, aunque también lo propio debía decirse de otros grupos que nadan en las mismas aguas.
Lo peor de todo es que la mayoría de esas empresas han pasado a su propiedad en circunstancias que en algún momento tendrá que explicársele al pueblo dominicano, porque las negociaciones mediante las cuales se traspasó a Aster a Juan Ramón Gómez Díaz tendrá que transparentarse y lo mismo tendrá que ocurrir con los casos de Telecentro y el canal 5, ya que último fue traspasado mediante un decreto del expresidente Leonel Fernández y el primero fue parte de los bienes decomisados al Banco Intercontinental (BANINTER) cuando se produjo su quiebra.
Las travesuras de este grupo de telecomunicaciones ya llegan a unos niveles que sólo no los ve el que no quiere, porque incluso quiere manipular hasta la preferencia de la gente por un determinado medio a través de un manejo vulgar y grosero que daña hasta la inversión extranjera directa, lo cual lesiona gravemente la economía nacional.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.