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La vocación mafiosa ha salido con más fuerza en medio de la pandemia mientras prevalece una total impunidad.
Desde el inicio de las medidas restrictivas a propósito de la entrada al país del coronavirus las empresas con vocación mafiosa, más que hacer negocios en buena lid, se han apropiado del mercado con la comisión de una serie de abusos que constituyen en realidad crímenes de lesa humanidad.
El asunto va desde alzas abusivas que lesionan la dignidad humana, hasta la creación o fortalecimiento de mafias que operan dentro del mismo Gobierno para controlar las licitaciones de los insumos médicos, pero ahora se agrega hasta de la manipulación de la teleaudiencia, porque ahí también hay una lucha a muerte por tener mayor sintonía del público en general por razones económicas y políticas.
Las telecomunicaciones, que es un sector caracterizado por expresiones mafiosas que se salen del radar del Estado, ya que las multinacionales mantienen un engaño en contra de sus clientes sin que aparezca algún doliente frente a la situación, porque quién no sabe que en este país la mayor parte del dinero que entra a esas empresas proviene de una estafa en contra de los usuarios de sus servicios.
En la República Dominicana nunca se ha hecho una investigación profunda en torno a la irregularidad que se produce con el principal producto de las empresas de telecomunicaciones, que son las tarjetas de prepagos, las cuales no bien las usa el que la adquirió se queda sin un centavo.
Es un fraude vulgar que cometen todas las compañías de telecomunicaciones, desde Claro hasta Altice, pero no se puede dejar fuera una que pertenece a un hombre que su principal vocación en el mundo de los negocios es actuar como si contara con una patente de corso para manejarse al margen de la ley.
Es importante destacar que en lo que respecta a las tarjetas de prepagos, que son las que más compra el dominicano, ya que tienen celulares con esa modalidad y no con tarifas fijas, calculándose que alrededor de unos nueve millones de clientes las adquieren mensualmente.
Esto es lo que explica que las telecomunicaciones en algún momento haya sido el renglón más importante del Producto Interno Bruto, porque ha sido uno de los sectores que más ha crecido en el país, pero lamentablemente ha sido sobre la base de una estafa en contra del pueblo dominicano.
El engaño de las empresas de telecomunicaciones se produce a todos los niveles porque además venden servicios que nunca cumplen o dan a sus clientes, amén de que su facturación deja mucho que desear.
Sin embargo, en la actualidad a propósito de la cuarentena la gente ve mucha televisión y por lo menos uno de los propietarios de una de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones y nos referimos a Aster, perteneciente a Juan Ramón Gómez Díaz, quien la adquirió en una negociación con el Estado, se ha dedicado a boicotear o sabotear los canales que pertenecen a su competencia.
El sabotaje consiste en distorsionar el audio y el video de canales como Color Visión y Telesistema, que registran los más altos ratings a propósito de la cuarentena, a fin de que el televidente tenga que recurrir a los medios que pertenecen al grupo Telemicro.
Es una vergüenza que en el país se permita que un empresario de las telecomunicaciones busque monopolizar la teleaudiencia con maniobras tan feas y degradantes, sin que el Instituto de las Telecomunicaciones (INDOTEL) intervenga para por lo menos reducir esa vocación mafiosa de empresarios que muy poco les importa el país.
Es extraño e injustificable que en la empresa de cable perteneciente a Telemicro sus canales mantengan buen nivel de audio y de sonido, mientras su competencia esté prácticamente fuera de ese servicio mediante una distorsión que se ve a leguas que se trata de una manipulación para aumentar la teleleaudiencia de los canales que pertenecen a esa corporación.
Frente a esta vocación mafiosa de hacer negocio el más perjudicado es el cliente, que es lo mismo que decir el pueblo dominicano, ya que incluso este empresario se ha apropiado de una cantidad de emisoras de radio y canales de televisión que dañan la democracia en la República Dominicana, aunque también lo propio debía decirse de otros grupos que nadan en las mismas aguas.
Lo peor de todo es que la mayoría de esas empresas han pasado a su propiedad en circunstancias que en algún momento tendrá que explicársele al pueblo dominicano, porque las negociaciones mediante las cuales se traspasó a Aster a Juan Ramón Gómez Díaz tendrá que transparentarse y lo mismo tendrá que ocurrir con los casos de Telecentro y el canal 5, ya que último fue traspasado mediante un decreto del expresidente Leonel Fernández y el primero fue parte de los bienes decomisados al Banco Intercontinental (BANINTER) cuando se produjo su quiebra.
Las travesuras de este grupo de telecomunicaciones ya llegan a unos niveles que sólo no los ve el que no quiere, porque incluso quiere manipular hasta la preferencia de la gente por un determinado medio a través de un manejo vulgar y grosero que daña hasta la inversión extranjera directa, lo cual lesiona gravemente la economía nacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.