Opinión
Las babas de la justicia (el caso de Marino Zapete)
Por Andrés L. Mateo
UNO
¿Cómo vino a ser que Marino Zapete terminara siendo un acusado, en un caso en el cual él divulga el resultado de una investigación?
Como si la víctima persiguiera el cuchillo. Como si el ahorcado tuviera que avergonzarse ante el verdugo porque el nudo de la soga en el cuello le sacó una lágrima al expirar. Como si el bestiario político dominicano castigara al que denuncia el crimen y no al criminal.
Uno no hace discursos de deseos sobre la realidad. La hurga, la investiga. ¿Qué esperar de una justicia con un Jean Alain designado para que toda la corrupción gubernamental quede impune? Un Presidente que obstruye la acción de la justicia (Punta Catalina), y cuyo nivel de cinismo sobrepasa lo inimaginable. El lastre de una justicia secuestrada nos hace a todos sospechosos. Cualquiera de nosotros puede ser Marino Zapete. Nadie está al margen de verse ante un tribunal, sin las garantías jurídicas establecidas por la constitución y las leyes. Basta y sobra que el bestiario político se vea afectado para que te arrojen encima toda la basura procesal de una justicia secuestrada.
DOS
¿Cómo entender que un juez rechace las pruebas testimoniales a descargo que le ha presentado un acusado, incluso por anticipado, a través de la secretaria del tribunal, sin siquiera cubrir el simulacro de la indagación? El juez ni siquiera a escuchado las declaraciones de los testigos aportados por Zapete para construir la pertinencia del rechazo o aceptación de las mismas. Nada más parecido al juicio estrambótico y desencuadernado de José K, el personaje inolvidable del absurdo de Frank Kafka en su novela “El proceso”. ¿ Cómo podría defenderse de una acusación un acusado al que el juez le rechaza sus testigos sin oírlos, sin ni siquiera presentarlos a juicio; negándole su derecho a la defensa? ¿Qué mueve a una justicia de la que se espera una investigación frente a una denuncia documentada y termina juzgando al denunciante, protegiendo a los que la investigación señala como indiciados?
TRES
Es el bestiario político actuando sin control. Nos lo podría explicar la lectura del ataque a Mirían Germán. ¿Por qué, si con el control mayoritario de los consejeros se podía mandar para su casa Mirían Germán, se eligió un cerco despiadado e inmoral que empleó los organismos de inteligencia del Estado, la persecución, la escucha telefónica, la invención de cargos inexistentes contra un allegado de la magistrada, la adjudicación de riquezas inconmensurables que se demostró ella no poseía, y hasta la adulteración de un documento oficial de la embajada norteamericana, borrándole la afirmación de que esa persona no tenía causa pendiente? Simplemente, porque más que Mirían Germán el bestiario político que controla la justicia le interesaba combatir, aplastar, el símbolo de independencia que ella representaba. Todos los jueces quedaban notificados, informados, de que cualquier intento de independencia sería aplastado. Ese fue el combate más inmoral y degradado de la justicia corrompida que nos rige. En una justicia verdadera lo que Marino Zapete denuncia se abriría hacia la investigación, en una justicia simulada, con jueces serviles y dóciles al bestiario político, te amenazan con la prisión.
CUATRO
¿Cuándo construiremos los dominicanos una democracia de verdad y sin ladrones?
Esa aspiración pasa por el fortalecimiento de la justicia. A su regreso de un viaje a su país, Mario Vargas Llosa escribió un artículo titulado “Jueces y Presidentes”, justamente porque la justicia peruana ha llevado a los tribunales a cuatro presidentes de ese país por malos manejos de los fondos públicos. Lleno de efluvio positivo y de efusividad escribe: “Vuelvo animado y optimista con la sensación de que, por primera vez en nuestra historia republicana, hay una campaña eficaz y valiente de jueces y fiscales pasa sancionar de veras a los mandatarios y funcionarios deshonestos, que aprovecharon sus cargos para delinquir y enriquecerse”. Lo contrario de lo que ocurre aquí. Quien dirige el organismo persecutor de la justicia , el procurador general de la República, es un miembro del comité central del partido, lo mismo que el Presidente de la Suprema Corte de justicia. Son los mismos que intentaron desacreditar a Mirian Germán para intimidar a todos los jueces. El mismo bestiario político que ahora lleva a los tribunales a quien denuncia, y no investiga a sus conmilitones denunciados.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!