Opinión
Las babas de la justicia (el caso de Marino Zapete)
Por Andrés L. Mateo
UNO
¿Cómo vino a ser que Marino Zapete terminara siendo un acusado, en un caso en el cual él divulga el resultado de una investigación?
Como si la víctima persiguiera el cuchillo. Como si el ahorcado tuviera que avergonzarse ante el verdugo porque el nudo de la soga en el cuello le sacó una lágrima al expirar. Como si el bestiario político dominicano castigara al que denuncia el crimen y no al criminal.
Uno no hace discursos de deseos sobre la realidad. La hurga, la investiga. ¿Qué esperar de una justicia con un Jean Alain designado para que toda la corrupción gubernamental quede impune? Un Presidente que obstruye la acción de la justicia (Punta Catalina), y cuyo nivel de cinismo sobrepasa lo inimaginable. El lastre de una justicia secuestrada nos hace a todos sospechosos. Cualquiera de nosotros puede ser Marino Zapete. Nadie está al margen de verse ante un tribunal, sin las garantías jurídicas establecidas por la constitución y las leyes. Basta y sobra que el bestiario político se vea afectado para que te arrojen encima toda la basura procesal de una justicia secuestrada.
DOS
¿Cómo entender que un juez rechace las pruebas testimoniales a descargo que le ha presentado un acusado, incluso por anticipado, a través de la secretaria del tribunal, sin siquiera cubrir el simulacro de la indagación? El juez ni siquiera a escuchado las declaraciones de los testigos aportados por Zapete para construir la pertinencia del rechazo o aceptación de las mismas. Nada más parecido al juicio estrambótico y desencuadernado de José K, el personaje inolvidable del absurdo de Frank Kafka en su novela “El proceso”. ¿ Cómo podría defenderse de una acusación un acusado al que el juez le rechaza sus testigos sin oírlos, sin ni siquiera presentarlos a juicio; negándole su derecho a la defensa? ¿Qué mueve a una justicia de la que se espera una investigación frente a una denuncia documentada y termina juzgando al denunciante, protegiendo a los que la investigación señala como indiciados?
TRES
Es el bestiario político actuando sin control. Nos lo podría explicar la lectura del ataque a Mirían Germán. ¿Por qué, si con el control mayoritario de los consejeros se podía mandar para su casa Mirían Germán, se eligió un cerco despiadado e inmoral que empleó los organismos de inteligencia del Estado, la persecución, la escucha telefónica, la invención de cargos inexistentes contra un allegado de la magistrada, la adjudicación de riquezas inconmensurables que se demostró ella no poseía, y hasta la adulteración de un documento oficial de la embajada norteamericana, borrándole la afirmación de que esa persona no tenía causa pendiente? Simplemente, porque más que Mirían Germán el bestiario político que controla la justicia le interesaba combatir, aplastar, el símbolo de independencia que ella representaba. Todos los jueces quedaban notificados, informados, de que cualquier intento de independencia sería aplastado. Ese fue el combate más inmoral y degradado de la justicia corrompida que nos rige. En una justicia verdadera lo que Marino Zapete denuncia se abriría hacia la investigación, en una justicia simulada, con jueces serviles y dóciles al bestiario político, te amenazan con la prisión.
CUATRO
¿Cuándo construiremos los dominicanos una democracia de verdad y sin ladrones?
Esa aspiración pasa por el fortalecimiento de la justicia. A su regreso de un viaje a su país, Mario Vargas Llosa escribió un artículo titulado “Jueces y Presidentes”, justamente porque la justicia peruana ha llevado a los tribunales a cuatro presidentes de ese país por malos manejos de los fondos públicos. Lleno de efluvio positivo y de efusividad escribe: “Vuelvo animado y optimista con la sensación de que, por primera vez en nuestra historia republicana, hay una campaña eficaz y valiente de jueces y fiscales pasa sancionar de veras a los mandatarios y funcionarios deshonestos, que aprovecharon sus cargos para delinquir y enriquecerse”. Lo contrario de lo que ocurre aquí. Quien dirige el organismo persecutor de la justicia , el procurador general de la República, es un miembro del comité central del partido, lo mismo que el Presidente de la Suprema Corte de justicia. Son los mismos que intentaron desacreditar a Mirian Germán para intimidar a todos los jueces. El mismo bestiario político que ahora lleva a los tribunales a quien denuncia, y no investiga a sus conmilitones denunciados.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.