Análisis Noticiosos
Riesgos de retrocesos de los derechos en la nueva Constitución chilena
El Consejo Constitucional ha visado dos normas, impulsadas por el Partido Republicano que, según el oficialismo de izquierdas, ponen en riesgo la ley de aborto tres causales. Una tercera, que proponía paridad en las elecciones, se rechazó
Santiago de Chile.- El 7 de octubre vence el plazo para que el Consejo Constitucional entregue el borrador de texto de nueva Carta Magna con las enmiendas que realizó al anteproyecto de carácter moderado que, previamente, elaboró la Comisión Experta y que fue acordado en consenso desde el oficialismo del presidente de izquierdas chileno Gabriel Boric hasta la oposición. Son varias modificaciones, buena parte impulsadas por el Partido Republicano, de la derecha radical y conservadora, que se quedó en mayo con 22 de los 50 cupos del Consejo, seguido por 11 de Chile Vamos de la derecha tradicional y que, según el oficialismo, con 17 asientos, algunas implican regresiones en los derechos de las mujeres.
Desde el oficialismo mencionan la norma aprobada que se refiere al derecho a la vida de quien está por nacer que podría colisionar con la ley interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que rige desde 2017 y, otra, la objeción de conciencia que abarca también a las instituciones y que, para la centroizquierda, además del aborto en tres supuestos, podría afectar en la entrega de la píldora del día después. Se suma un artículo, que se rechazó, y que era transitorio, que posibilitaba la paridad para que en las próximas dos elecciones parlamentarias existieran escaños reservados para cualquiera de los géneros que obtuviera menos del 40%.
Y agrega, como otra regresión, el rechazo a la norma sobre la paridad: “Se votó en contra argumentando que la meritocracia es la gran herramienta para las mujeres. Esa tesis de la meritocracia ya está superada. Esto tiene que ver con la equidad y justicia, no solo con corrientes feministas única y exclusivamente”. Es además un retroceso, dice la experta y doctora en derecho, Leslie Sánchez, del oficialismo, pues tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional son órganos que tienen una integración paritaria, del 50% por cada género. Por ello, añade, de no haber existido la paridad, “no estaríamos acá”. “La desigualdad política en Chile es histórica, no empezó ayer. Y para achicar esa brecha, tiene que ser con mandatos concretos. No puede ser voluntario”.
Este el segundo intento de Chile de cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero que ha sido reformada unas 60 veces desde 1989, incluso, desde 2005 lleva la firma del presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006). En septiembre de 2022, un 62% votó en contra de la propuesta de una convención que estaba integrada por una mayoría de izquierda radical y sin militancia. Este nuevo proceso, que se inició en marzo de 2022, ha sido cuesta arriba, pues según la mayoría de los sondeos de opinión pública no goza ni de interés ni de confianza de parte de los chilenos y que la opción de un nuevo rechazo ha ido en alza.
Pero no todo está zanjado, pues vienen otras etapas, aunque con escaso margen de negociación. Por ello, ante el escenario adverso, la clase política intenta contra el reloj salvar el proceso. Y lo que se vivirá a partir del 7 de octubre será clave. De acuerdo con el procedimiento del proceso, cuando el texto final sea entregado por el Consejo Constitucional, la Comisión Experta debe hacer un informe en el que puede hacer observaciones. Si no hay quórum, se conforma una comisión mixta.
Para republicanos, el cambio del que por el quien no es una modificación de fondo, sino que repone lo que señala la Constitución vigente “subrayando que quien crece en el seno materno, es alguien”, ha dicho su consejero, el abogado Luis Silva. Esto, mientras Beatriz Hevia, abogada y presidenta del Consejo Constitucional, del mismo partido, enfatizó que “el tema aborto se tiene que zanjar en el Congreso” y que en la propuesta “nosotros no estamos haciendo ningún cambio que pueda afectar la ley de aborto en tres causales”.
Pero en la interpretación de las abogadas del oficialismo que integran el proceso constitucional, el nuevo enunciado sí pone en riesgo la ley de aborto tres causales. “Al hablar de la vida de quien esta por nacer, reconoce titularidad de derechos al embrión, yendo más allá de la Constitución de 1980″, ha dicho Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta, independiente por el Partido Por la Democracia (PPD), de la centroizquierda oficialista, y especialista en constitucionalismo comparado y derechos humanos. Se ha sumando Antonia Rivas, de Convergencia Social, la misma colectividad de Boric: “Las mujeres en este borrador somos consideradas como aquellas que cuidan, las encargadas de la reproducción, personas a las que se nos veda el impulso para la participación política”, dijo en una entrevista en La Tercera.
Incluso, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, de la UDI, la principal carta presidencial de la derecha tradicional, quien según las encuestas supera ampliamente en las preferencias al líder repuiblicano José Antonio Kast, ha levantado la voz: “A mi juicio, no tiene ningún sentido tocar el aborto en tres causales”. Lo ha dicho en dos entrevistas que concedió hace una semana, en las que, además, advirtió que el proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”, pero que, aún así, dice que desea que se apruebe.
La aprobación de otra norma también ha suscitado una discusición jurídica, técnica y política en Chile. Es “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección”.
La controversia de la enmienda está en la ampliación a la conciencia institucional, que en Chile hasta ahora solo se aplica en la ley de aborto tres causales. “Habilita que las farmacias se nieguen a distribuir la píldora del día después”, dijo que el comisionado socialista Flavio Quezada, quien advirtió también otros efectos que, señaló, podrían afectar a las diversidades sexuales. “Afecta en forma desproporcionada a las mujeres. Fuera del ámbito clásico de la objeción en el ámbito militar, típicamente las objeciones de conciencia buscan evitar la prestación de servicios de salud y reproductivos para las mujeres. Se objeta a prescribir anticoncepción, a esterilizar y a la interrupción legal de embarazos”, agregó en el debate del pleno Verónica Undurrgaga.
Y, en una columna en el EL PAÍS, de Luis Eugenio García-Huidobro, abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), alertó que la objeción de conciencia institucional “no se circunscriben únicamente al aborto y son sumamente difíciles de anticipar”, sino que “consagra el derecho de las instituciones (personas jurídicas o morales) a oponer una objeción de conciencia para eximirse del cumplimiento de mandatos jurídicos, prerrogativa que se reconoce como parte del núcleo esencial de la libertad de pensamiento, conciencia y religión”.
El proceso constitucional chileno culmina el 17 de diciembre, cuando el texto final sea sometido a un plebiscito.
elpais.com
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.