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Candidatos a conformar JCE no muestran preocupación por corrupción en partidos.

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Continúan su curso las entrevistas a los aspirantes a miembros y a presidir la Junta Central Electoral (JCE), las cuales han mostrado una legítima preocupación por el registro civil como derecho fundamental y  de otros aspectos técnicos en lo que respecta al manejo de las elecciones generales que se celebran en el país cada cuatro años.

Todo el mundo sabe que la República Dominicana avanza y por igual retrocede en los aspectos institucionales y legales, lo cual la ubica con una cantidad enorme de fraudes en contra del Estado y de la sociedad, por lo que en los actuales momentos el país vive una especie de reclamo ciudadano para evitar que la nación continúe por el camino que va.

Se habla de una cantidad impresionante de hechos de estafas y robos de los recursos públicos y de hecho así es aunque la comprobación y condena por ellos se han vuelto prácticamente imposible por la existencia de una justicia acomodada por no decir cómplice con lo mal hecho.

Román Jáquez Liranzo, Presidente del Tribunal Superior Electoral

Román Jáquez Liranzo, Presidente del Tribunal Superior Electoral

Sin embargo, la preocupación social por la corrupción parece no llegar, lo cual se comprueba en las entrevistas a los aspirantes a ser miembros y a dirigir la JCE, a los que serian las nuevas autoridades nacionales  a través de  un órgano tan vital para la democracia.

Es muy poco lo que se ha preguntado sobre los fondos que  reciben los partidos políticos, cuya mayoría hasta falsifica documentos para justificar unos gastos que no se han hecho y que el dinero en su mayor parte se queda en los bolsillos de sus dirigentes, lo cual convierte esta acción en tan bochornable como la que más, porque en realidad se trata de dinero del pueblo dominicano.

La Ley 33-18 establece que los fondos deben distribuirse en el orden siguiente: un 50 por ciento para asuntos administrativos, un 10 por ciento para educación y un 40 por ciento para la campaña de los candidatos a cargos electivos, pero resulta que la mayoría de las organizaciones beneficiarias no se acogen al ordenamiento jurídico electoral.

Los fondos que reciben los partidos  ya han hecho multimillonarios a una cantidad significativa de actores de la clase política nacional, ya que la Junta Central Electoral no cuenta con una supervisión seria y estricta de un mal que han convertido a estas organizaciones en negocios .particulares.

No se ha visto hasta ahora ninguna preocupación con el tema, porque lo menos que debía hacerse es que la Cámara de Cuentas realice las auditorias correspondientes a la contabilidad de los partidos para determinar lo que todo el mundo sospecha, pero que nadie lo toma en serio.

Lo lamentable de todo esto es que los dirigentes de los partidos, la mayoría de los cuales no les rinde cuenta ni  a sus propios dirigentes de qué hace con el dinero recibido de la JCE, poco le importa lo que piense la gente y se la pasan entrostrándoles a otros las violaciones que cometen al ordenamiento jurídico nacional, pese a que ellos son también violadores del sistema legal.

Estos partidos, que están llenos de delincuentes, pequeños y grandes, no sacan nisiquiera una votación que genere un mínimo de respeto en el seno de la sociedad dominicana y regularmente recurren a unas alianzas que sólo persiguen aumentar sus ingresos mediante la ocupación de algunos puestos públicos como paga por hacer la función de visagra electoral.

Son miles y miles de millones que vota el Estado dominicano a través del financiamiento de los partidos políticos sobre la base de financiar la democracia cuando en realidad de lo que se trata es de alimentar económicamente a vividores y delincuentes vestidos muchas veces de hombres serios y amantes de la patria.

Se espera que en curso de las próximas entrevistas de los aspirantes a miembros y a presidente de la Junta Central Electoral (JCE) se asuma el problema con mayor seriedad y que sin prejuicio se pueda perseguir mediante  la justicia penal a todo el que usa los partidos para acumular fortunas mediante el financiamiento del Estado.

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Síndrome de improvisación reflejado en el  DR-CAFTA  amenaza seguridad alimentaria nacional.

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Por Elba García

El país está expuesto a poner en peligro su seguridad alimentaria con la entrada en vigencia de  la fase que se inicia  en el 2025 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la Republica Dominicana, DR.CAFTA, la cual abre las puertas del   territorio nacional al arroz procedente de la potencia del norte, cuyas consecuencias serían la desaparición del productor local.

El día 24 de septiembre del año 2001, en el marco de la IX Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, se realizó una reunión entre cinco países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos con el objeto de discutir posibles medios para profundizar las relaciones bilaterales de comercio e inversión.

En este sentido, el 27 de noviembre de ese año se iniciaron las discusiones de carácter técnico en el marco de la fase exploratoria identificada posteriormente como Dialogo de Política Comercial CA-USA, las cuales tuvieron lugar en enero del 2002.

Sin embargo, no es hasta noviembre el 2003, a unos cuantos meses de que concluyera el proceso de negociación de CAFTA, que el Consejo sobre Comercio e Inversión de Estados Unidos y República Dominicana se reúnen para que se produjera la eventual incorporación del país al proceso de negociación del Tratado y cuya decisión al respecto es hecha pública el 12 de enero del 2004 y terminó el 15 de marzo de 2004 y ya en abril del mismo año se publica el borrador de los acuerdos.

La cuestión es que en este proceso de discusión de la incorporación del país al DR-CAFTA nunca se tomaron en cuestión una serie de asuntos que son vitales para la seguridad alimentaria de los dominicanos, como por ejemplo un producto tan importante en su dieta diaria como el arroz, lo cual demuestra que las autoridades nacionales fueron asaltadas por la cultura de la improvisación que caracteriza a la nación.

El arroz es un componente por excelencia de la canasta básica alimenticia de República Dominicana y en consecuencia es tradicionalmente el plato más consumido al mediodía (arroz, habichuela y carne), que  le dicen la “bandera”, en alusión a los colores del símbolo patrio, que son blanco, rojo y azul.

El arroz, según un informe publicado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), cuyo nombre científico es “Oriza sativa”, es el segundo alimento más importante en el mundo, sólo superado por el trigo.

La República Dominicana es un país autosuficiente en el cultivo de arroz, con una producción promedio anual que, de acuerdo con estadísticas del Banco Agrícola, ronda los 12.3 millones de quintales en la última década (2011 al 2020), muy cercano a su consumo interno.

Pese a la autosuficiencia nacional, el país no ha superado esa condición en la producción de arroz, ya que no ha tenido avances en cuanto a la productividad, rendimiento y potencial para convertirse en exportador del cereal, dado que no existe una cultura en esta materia como resultado de la falta de planes del Estado al respecto.

Durante el lustro de 2005 al 2010 el rendimiento promedio de producción de arroz en el país era de 4.23 quintales por tarea, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, mientras que para la década de 2011 al 2020 apenas aumentó a 4.51, prácticamente sin variación.

Empero, aunque la producción de arroz ha aumentado ligeramente en durante los años (2018-2020), con un promedio de 13.5 millones de quintales, no ha habido  una mejoría en el rendimiento (4.56 quintales por tarea), sino por el uso de mayores extensiones de terreno de siembra.

Eso queda demostrado al observar los tres años anteriores (2015-2017), cuando el promedio de producción anual fue de 12.3 millones de quintales, pero fruto de un rendimiento de 4.68 quintales por tarea.

El arroz (Oriza sativa) es el segundo alimento de mayor importancia a nivel mundial, después del trigo y es el alimento básico para la mitad de la población mundial. La producción mundial de arroz para el año 2016 fue de 472.25 millones de toneladas, siendo China (144.9 millones TM) e India (106,500,000 los mayores productores mundiales, seguidos por Indonesia (37.2 millones TM) y Blangladesh (34.6 millones TM) (https://www.produccionmundialarroz.com; IDIAF).

La República Dominicana es considerado como un país autosuficiente en la producción de arroz, un cultivo básico en la alimentación del pueblo dominicano, ya que de acuerdo al Ministerio de Agricultura, de un total de consumo estimado en 12.4 millones de quintales, el país mantiene una producción promedio de unos 11.2 millones de quintales y una importación de solo unos 421,000 quintales promedio (2005-2013). La producción de arroz en el país mantiene un promedio de rendimiento de 4.23 QQs/tarea, siendo el consumo per cápita en el país de unas 127 libras, uno de los promedios de consumo más alto de América Latina.

La producción de arroz se hace fundamentalmente bajo sistema de riego (98% de la producción) por unos 30,000 productores, en una superficie de 2,9 millones de tareas (1 tarea=15.9 ha). De ese total de productores, el 45% corresponde a parceleros de la Reforma Agraria, en parcelas pequeñas de entre 20 a 75 tareas. El 55% restante de productores de arroz son parceleros del sector privado.

República Dominicana es un país autosuficiente en el cultivo de arroz, con una producción promedio anual que, de acuerdo con estadísticas del Banco Agrícola, ronda los 12.3 millones de quintales en la última década (2011 al 2020), muy cercano a su consumo interno.

Pero aunque es un país autosuficiente en la producción de arroz, República Dominicana no ha avanzado en cuanto a productividad, rendimiento y potencial para convertirse en un exportador de ese cereal.

Sin embargo, aunque la producción de arroz viene aumentando ligeramente en los últimos tres años (2018-2020), con un promedio de 13.5 millones de quintales, no ha sido por una mejoría en el rendimiento (4.56 quintales por tarea), sino por el uso de mayores extensiones de terreno de siembra.

Eso queda demostrado al observar los tres años anteriores (2015-2017), cuando el promedio de producción anual fue de 12.3 millones de quintales, pero fruto de un rendimiento de 4.68 quintales por tarea.

Las regiones agropecuarias productoras de arroz, según datos del IICA y el Ministerio de Agricultura, son ocho, las cuales se indican a continuación:  Norte, Norcentral, Noroeste, Nordeste, Este, Central, Sur y Suroeste en 21 de las 31 provincias del país.

Las variedades de arroz que más se usan para el cultivo en el país son Prosequisa 4 y 5, Juma 57 y 67, Idiaf 1, Jaragua, Yocahu, Puita, Cristal 100, Esmeralda, entre otras.

las estadísticas del Banco Agrícola indican que durante el primer cuatrimestre del año 2020 se registró una producción de 3.7 millones de quintales de arroz con la particularidad de que el rendimiento supera los promedios anteriores con 5.08 quintales por tarea.

Sin embargo, eso puede tener su explicación en el ciclo productivo, ya que los rendimientos varían de acuerdo con la época de producción y las regiones de mayores extensiones de siembra, según detallan expertos.

En República Dominicana hay dos etapas de siembra para la producción de arroz, la primera de las cuales es conocida como la “cosecha de primavera”, que se desarrolla desde diciembre hasta abril de cada año, mientras que la otra es la “cosecha de invierno” que abarca los meses de junio, julio y agosto.

Un informe publicado por el Instituto Dominicano de Investigaciones Agrícolas y Forestales (IDIAF) destaca que en la siembra de primavera el ciclo vegetativo del cultivo es superior entre 10 y 20 días con respecto a la de invierno.

La presión de enfermedades es menor, por lo que en la siembra se obtienen mejores rendimientos, que se estima superan en un 20% los de la época productiva de invierno.

Muchos productores realizan una “siembra temprana” en noviembre, con el objetivo de conseguir mejores precios, ya que cuando se cosecha en marzo-abril los inventarios del grano almacenado están reducidos.

Sin embargo, la siembra en esa etapa muestra una mayor incidencia de plagas y enfermedades que afectan los niveles de rendimiento.

En el mes de abril, el Banco de Reservas anunció el Programa de Pignoración de Arroz para la cosecha 2021-2022, que respaldó a cientos de productores con RD$6,000 millones en financiamientos, a una tasa preferencial de 7% anual.

El administrador general de la institución financiera, Samuel Pereyra, expresó que el programa garantiza que los productores reciban el pago a tiempo por parte de los molineros, lo que permite que el precio al consumidor se mantenga estable sin afectar la rentabilidad.

El Banco de Reservas lidera el Programa Nacional de Pignoración de Arroz con una participación de un 55% del total de los recursos aportados para la cosecha del alimento más consumido por los dominicanos, además de ser la más importante actividad agropecuaria creadora de empleos en las zonas rurales de las 21 provincias donde se produce.

Los detalles proporcionados más arriba dan la certeza de que amén de tratarse del producto más importante de los dominicanos, el cual tiene además un gran contenido político, no se entiende por qué las autoridades no salieron en defensa del arroz para evitar la liquidación de un sector productivo tan vital para la vida nacional.

Republica Dominicana podría sufrir las mismas consecuencias de lo ocurrido con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual prácticamente borró del aparato productivo de la nación azteca a los productores de maíz, materia prima vital para la dieta diaria del nacional de este país.

El país se expone a partir del año 2025 que sean borrados del mapa nacional los productores de arroz y que este producto sea de factura de importación, lo cual podría implica que en principio llegue a precios más bajos, pero que después se encarezca por las maniobras a las  que incluso recurren los importadores,  los cuales no tienen limites las ansias de acumulación  y la vocación especulativas de este sector.

Evidentemente, que las autoridades nacionales no alcanzan a ver los riesgos que implica dejar que se imponga la improvisación y la falta de visión para que desaparezca del aparato productivo nacional los productores de arroz como consecuencia de la firma de un tratado en el que no se prevén una serie de consecuencias que se podrían derivar del mismo, porque este se lleva de paro renglones tan importantes que constituyen una parte que forma parte  de la cultura alimenticia nacional.

En razón de que  el  Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta) ya está en un punto de renegociación como lo dispone el artículo 3.18 del mismo, se impone  a partir de ahora replantear aquellos asuntos que fueron manejados con cierta ligereza y en consecuencia sugerir la creación de una comisión  para revisar la implementación y operación del acuerdo con respecto al comercio de mercancías agrícolas.

La posibilidad de que  las partes establezcan  una Comisión de Revisión Agrícola que deberá evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial, la operación de las medidas de salvaguardia agrícola y su posible extensión, a fin de salir en protección de la producción agrícola nacional, principalmente de los productores de arroz.

Algunos economistas con mucha experiencia en tratados estiman que llegó el momento de que el país haga nuevas negociaciones de acuerdo a su realidad  para proteger a productores tan importantes como los de arroz.

Desde hace mucho tiempo que los productores agropecuarios dominicanos reclaman una revisión del acuerdo, pero aunque se han dado algunos amagos hasta el momento no se ha llegado a nada concreto.

El DR-Cafta se firmó en el 2004 en el gobierno de Hipólito Mejía y entró en vigencia en República Dominicana en el 2006 y desde entonces se han hecho ciertos cuestionamientos sobre las condiciones en que fue firmado.

Un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales, P. José Luis Alemán (CEESPA) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), publicado tras cumplirse la primera década de su puesta en vigencia en el 2004, indica que ha valorado que la República Dominicana simplemente se adhirió al tratado sin agotar un proceso de negociación.

“En agosto de 2003, el gobierno de EEUU aceptó incorporar a RD al DR-CAFTA mediante una simple adhesión (docking), negociando solamente las listas de acceso a mercado y los tiempos de desgravación, y sin tocar los temas de las disciplinas comerciales -es decir- los temas vinculados al desarrollo. Quedó así desde el inicio descartada toda posibilidad de lograr un “trato especial y diferenciado” por los niveles de desarrollo”, establece el citado estudio.

Los autores reseñan una publicación que señala que las autoridades dominicanas (de entonces) aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que el acuerdo tendría sobre la economía del país, las leyes que deberían ser modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a remover, la modificación del entorno comercial, entre otros aspectos.

“Lo más paradójico de todo fue que el DR-CAFTA no fue una imposición estadounidense, sino todo lo contrario, es decir, que grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local fueron los que abogaron a favor de una adhesión, no una negociación”, dice el documento.

Agrega que aquí se renunció unilateralmente a cualquier posición en el ámbito internacional que pudiera generar el más mínimo desagrado de los funcionarios estadounidenses.

Los autores señalan que para la firma del tratado no hubo estudios de impacto, ni una revisión de los textos en materia de disciplinas comerciales.

 Indican que todo se hizo de manera precipitada, solo se negociaron los anexos y las listas de acceso a mercado. Con esas solas excepciones el resto consistió en una mera adhesión.

Ahora, sin lugar a dudas, República Dominicana tiene una nueva oportunidad para realmente negociar el acuerdo o en su defecto las consecuencias serán lamentables durante los años y décadas por venir.

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No ejecución de sentencias del T.C. crea desconfianza en el sistema de justicia y amenaza la seguridad jurídica.

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Por Elba García

En la celebración del onceavo cumpleaños del Tribunal Constitucional su presidente, doctor Milton Ray Guevara, ha puntualizado algo que todo el país sabe y es que el flagelo de la corrupción ha golpeado el patrimonio publico y ha estremecido la conciencia nacional, pero habría que agregar que ha creado toda una cultura en esta materia.

El doctor Ray Guevara ha destacado en su discurso que el Tribunal Constitucional ha obtenido la certificación bajo la Norma Internacional sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, pero de igual modo el magistrado de la alta corte se ha quejado de que este instrumento opera bajo condiciones muy precarias y que tanto es así que el acto de celebración de su fecha aniversaria tuvo que celebrarse en un salón de la Suprema Corte de Justicia por no tener uno que garantice la solemnidad que demanda esta instancia legal.

Esta queja del T.C.  representa una especie de contradicción entre los logros de esta alta corte y la atención que debía merecer para continuar su eficiente trabajo desde un nivel de dignidad que garantiza que el país continúe por el sendero de la institucionalidad y de la solución de todas o por lo menos de la mayoría de las fallas que afectan el país en lo referente a sus normativas jurídicas.

El presidente del Tribunal Constitucional habló de la necesidad de prevenir y eliminar prácticas fraudulentas y mitigar riesgos de soborno y de ese modo asegurar la sostenibilidad de una cultura fundamentada en valores en los procesos jurisdiccionales, financieros,, administrativos, de recursos humanos, tecnología de la información y la comunicación, planificación, fortalecimiento institucional, entre otros.

La audiencia solemne de rendición de cuentas con motivo de su aniversario, sirvió para que  el presidente del Tribunal Constitucional afirmara que tienen que predicar con el ejemplo, dotándose de mecanismos para prevenir y sancionar practicas constitutivas de la corrupción.

El magistrado expresó que con el respeto del debido proceso, robustecido por las decisiones del Tribunal Constitucional, no es posible que el poder jurisdiccional no trate de dar el ejemplo, al servir de aliado esencial de los poderes públicos en el combate contra la impunidad y la corrupción.

Un punto generador de mucha esperanza tiene que ver con la labor jurisdiccional del referido órgano que consiste en proteger la soberanía y la nacionalidad dominicana, cuya sentencia numero 0315/15  declaró no conforme con la Constitucional el acuerdo sobre el status del personal de los Estados Unidos en la Republica Dominicana, así como las condiciones necesarias para otorgar la nacionalidad.

Llena de orgullo, naturalmente al margen de cualquier nacionalismo irracional,  escuchar del Tribunal Constitucional hablar de la protección de la dominicanidad y de la soberanía nacional, cuyos perfiles para adquirirla han quedado claramente delimitados por decisiones de la alta corte.

De igual modo, fortifica escuchar hablar de la protección y reconocimiento de los derechos fundamentales que defienden la Constitución y el estado de derecho, así como de cuidar el patrimonio cultural e histórico de la nación.

Sin embargo, el lado oscuro de un panorama que luce muy esperanzador con las sentencias del Tribunal Constitucional, tiene que ver con el hecho de alrededor de 92 sentencias pendientes de ejecución, de las que 58 corresponden a ineficiencia de entidades del gobierno central y autónomos, lo que llevará a la alta corte a partir de la próxima semana a emplazar a esas instituciones a cumplir con el fallo y para cuyo fin se les otorgará un plazo razonable.

Esta situación revela que hay un desarrollo desigual en lo que respecta a mejorar los niveles de institucionalidad que son imprescindibles en el país para mejorar el estado de derecho y la democracia dominicana, ya que  los órganos y entes públicos no caminan al mismo nivel del Tribunal Constitucional y con la responsabilidad que demanda la sociedad.

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Cada día se confirma que el Estado no existe o que por lo menos su eficiencia deja mucho que desear.

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Por Elba García

El crimen y el delito de baja monta se multiplican exponencialmente como resultado de que la impunidad se legitima y el Ministerio Público mira para otro lado cuando se trata de este tipo de caso, lo cual es motivo de alta preocupación de la sociedad dominicana.

Son innumerables los casos de querellas y denuncias en contra de los que se dedican a la violación de la Ley 3143 sobre trabajo hecho y no realizado y sobre estafa estipulado en el  el articulo 405 del Código Penal Dominicano.

Diversos sectores de la sociedad cifraron sus esperanzas de que la debilidad mostrada por el Ministerio Público para combatir el raterismo o delitos de no mucha trascendencia disminuiría con la llegada a la Procuraduría General de la República de Miriam German Brito, pero la multiplicación de los mismos se ha convertido en una de las principales causas de preocupación de los dominicanos.

La actitud poco activa y no diligente del Ministerio Público no ha sufrido ningún cambio a propósito de la llegada a este órgano de la magistrada German Brito, quien a pesar de que, sin lugar a dudas, ha imprimido una energía poco vista para castigar los delitos y crímenes de cuello blanco, pero esto mismo no ha ocurrido con los demás hechos que ponen en duda hasta el estado de derecho, el cual es consustancial a la democracia y de cualquier nación civilizada.

El asunto toma ribetes tan graves que los fiscales, sobre todo los que están en los distritos judiciales distantes de la capital dominicana, como por ejemplo Santiago, muestran una dejadez  con las querellas o denuncias presentadas por victimas de robos y de otros tipos de delitos, donde no hay forma de que éstas caminen, ya que incluso los magistrados que manejan los casos se encargan de desanimar a los querellantes para que continúen con el proceso.

Recientemente son grandes las quejas de víctimas que se agotan en el proceso porque los magistrados que manejan su caso les dan un tratamiento a su denuncia o querella como si se buscara que el delincuente se salga con la suya y que su violación de la ley se quede en la impunidad.

El asunto toma una dimensión  que el Ministerio Público, más que perseguir el crimen y el delito,  los estimula y los promueve con su actitud complaciente con el que incurre en acciones antijuridicas.

Se estima que un 80 ó 90 por ciento de las denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas  no tienen ningún resultado, ya que los fiscales responsables de poner a caminar el proceso lo que hacen es entorpecerlos o obstaculizarlos.

Otra opción que la gente toma con mucha regularidad es no presentar ninguna denuncia o presentar alguna querella, porque de antemano no tendría ninguna respuesta al respecto, lo cual motiva las estafas e incluso los robos con o sin violencia.

La deficiencia, negligencia, incapacidad o complicidad de los miembros del Ministerio Público estimula la delincuencia e institucionaliza la impunidad, cuyo comportamiento promueve la vía de hecho o hacer justicia por su propia mano, lo cual coloca en el contexto de una sociedad incivilizada a la República Dominicana.

Naturalmente, todo ello es parte de un problema integral que padece el país que no se resuelve con denuncia y quejas al respecto, aunque puedan ayudar en algo, sino con una mejoría de los niveles de institucionalidad que padece el Estado dominicano.

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