Opinión
Las mujeres son más inteligentes: ¿lo sabía señor presidente?
Por Rosario Espinal
El pasado domingo 26 de agosto, el destacado neurólogo Dr. José Silié Ruiz, escribió en su columna del periódico Hoy un artículo titulado: “Las mujeres son más inteligentes”.
El tema vino a propósito de un estudio dado a conocer recientemente sobre los coeficientes de inteligencia de mujeres y hombres. La investigación fue realizada por el Dr. James Flynn en cinco países: Australia, Nueva Zelandia, Estonia, Argentina y Sudáfrica.
El estudio revela que en años recientes las mujeres han sobrepasado ligeramente a los hombres en los puntajes que obtienen en las pruebas de inteligencia. La razón atribuida es el mayor acceso que tienen las mujeres a los bienes que ofrece la modernidad como es la educación.
Las pruebas de inteligencia no son una panacea, y de hecho hay algunos problemas con estas mediciones. Pero tomando las precauciones de lugar, puede resultar un instrumento cognitivo útil.
Traigo el tema a colación simplemente por su dimensión política. Los resultados de este estudio deben servir para reflexionar sobre los niveles de exclusión a que todavía son sometidas muchas mujeres en el mundo, y específicamente, en República Dominicana. He aquí un ejemplo.
En su campaña electoral, el presidente Danilo Medina prometió equidad de género. Ante esta promesa, lo menos que debió hacer fue conformar un gabinete con más mujeres. Y cuando digo más mujeres, que quede claro, no significa nombrar mujeres simplemente por ser mujeres, sino mujeres calificadas para las funciones asignadas, de las que hay suficientes en el país.
Las mujeres son aproximadamente la mitad de la población dominicana, votan en la misma proporción que los hombres, votaron mayoritariamente por el PLD en 2008 y 2012, y no hay evidencia de que sean más brutas que los hombres. No obstante, alrededor del 85% de los puestos en el gabinete de Medina están ocupados por hombres.
Actualmente las mujeres asisten masivamente a las escuelas y a las universidades, y su rendimiento educativo tiende a ser mejor que el de los hombres. Entonces, ¿cuál es el obstáculo para que un presidente entienda que debe mostrar equidad en los nombramientos en las altas posiciones?
Nunca he planteado que las mujeres sean más inteligentes o más capaces que los hombres en las posiciones públicas, a pesar de lo que revela el estudio arriba mencionado. Creo que ambos tienen la misma probabilidad de lograr aciertos y cometer errores.
Lo que me parece injusto e inadmisible es seguir negando oportunidades a las mujeres, que repito, no son más brutas ni más incapaces que los hombres. Sólo el prejuicio y la enraizada práctica machista explican la persistente discriminación contra las mujeres.
En República Dominicana están dadas las condiciones para un salto hacia una sociedad más incluyente, pero ante cada promesa, ante cada esperanza, cada presidente falla. Danilo Medina no ha sido la excepción. Su gabinete tiene poquísimas mujeres.
Las compuertas de la representación política no se abren solas para nadie. No se abrieron solas para Leonel Fernández que subió de la mano de Juan Bosch y Joaquín Balaguer. No se abrieron solas para Hipólito Mejía que ascendió con el apoyo en vida de José F. Peña Gómez. No se abrieron solas para Danilo Medina que llegó con el apoyo de Leonel Fernández.
Nombrar más mujeres en las altas posiciones de la administración pública no es una dádiva, es una cuestión de justicia.
Es muy lamentable que Danilo Medina no haya tenido la voluntad de nombrar más mujeres en su gabinete, a pesar de tanto mencionar la equidad de género en la campaña y en su discurso de toma de posesión.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.