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Las ‘multas fantasmas’, otra variedad de estafa en contra de la sociedad

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Numerosos conductores esperan turno en la Fiscalía de Tránsito, indagando su situación respecto a las multas.

Santo Domingo, RD.-Los dominicanos no tienen escapatoria, ya que por donde que se mueven aparece el clásico estafador, pero el asunto es mucho mas complicado y poco explicable cuando el que comete ese delito es el Estado, lo cual toma un matíz preocupante en momentos en  que  crece el número de quejas de conductores afectados por la imposición de las llamadas ‘multas fantasmas’,  sus numerosos compromisos diarios, trámites e indagaciones los lleva a estados de turbación, al verse obligados a estar en constantes movimientos a través del ministerio público y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT),  para aclarar su situación.

Los engaños en contra del ciudadano comienzan por los servicios fundamentales, como el agua, la energía eléctrica, entre otros, cuyos consumidores son estafados de forma descarada por las empresas públicas responsables de satisfacer esas necesidades, pero en el caso de las multas fantasmas  todo empieza, para la mayoría, cuando buscan la emisión de marbetes y otras gestiones legales o de asuntos impositivos, encontrándose con casos de multas de las que niegan o no recuerdan haberlas recibidos.

Una gran cantidad de ciudadanos acude a la Fiscalía de Tránsito, ubicada en el edificio de la DIGESETT, en la intersección de la avenida Expreso V Centenario y calle San Martín, en el área de Villa Juana, donde se habilitó más personal para agilizar los procesos de verificación, impugnación o conciliación en el pago de las infracciones.

Otros van al Centro de Atención al Ciudadano, del Distrito Nacional, que funciona en la torre del Malecón Center, donde, además de asistencia al ciudadano sobre las multas por infracciones de tránsito,  se trabaja con certificaciones de buena conducta y de firmas o legalización de documentos oficiales y notariales.

La queja se ha ido generalizando en la medida en que ciudadanos van a renovar el marbete de sus vehículos y se les informa que  no es posible porque tienen multas pendientes.

Por esta razón es que el llamado a renovación de marbete ha motivado a que muchos conductores se presenten ante el Ministerio Público a verificar las multas, las cuales no son reconocidas por muchos. La renovación del marbete inició el 16 de septiembre y terminará el 16 de diciembre, sin recargo.

Los ingresos por el cobro de multas son divididos así: 75 por ciento para la Procuraduría  y 25 por ciento para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

José Feliz Cuevas,  mensajero y delivery, dijo que cuando fue a la fiscalía se le informó que tiene 38 multas, desde el 2011 hasta la fecha, y que, a decir de él, no sabe de donde nacieron.Sin embargo, Cuevas,  que concha en un destartalado carro público,  admite que tiene tres multas reales, y que con el problema presentado tiene ahora que buscar 38 mil pesos para pagar las multas y poder renovar el marbete.

Dijo que otros que tienen muchas múltiples están conciliando con el Ministerio Público para conseguir una rebaja.

José Cruz Villalona, por su parte,  dice que hacía cuatro años que no venía al país y cuando acudió a renovar el marbete, se le informó que no se podía, porque primero tenía que pagar 11 multas registradas en el sistema. Y Pedro Encarnación Montero reconoció  que tiene dos multas, una por cinturón y otra por licencia vencida, pero “ahora vengo aquí y aparezco con ocho, con la rebaja tengo que pagar RD$4,667. No me siento conforme”.

Mientras que un total de 18 fiscalías de Tránsito en todo el territorio nacional, están atendiendo los casos de los ciudadanos que no reconocen multas registradas en el sistema por infracciones de tránsito.

Los fiscales del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y demás provincias del país, se informó están evaluando los casos para determinar si se infringió o no la norma de tránsito y proceder con la decisión que corresponda.

En la Procuraduría General de la República se informó que los ciudadanos pueden acudir a la Fiscalía de Tránsito más cercana a su ubicación, donde recibirán la atención que requieran de parte de los fiscales a cargo.

Agrega que los ciudadanos pueden verificar la cantidad de multas por infracciones de tránsito, accediendo a multas.pgr.gob.do y que los pagos en línea pueden ser realizados con tarjetas de crédito o débito en la dirección electrónica portal.servicios.pgr.gob.do.

Según la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, los conductores están obligados a pagar las multas para poder renovar el marbete y completar otros procesos.

En el artículo 281 de esa ley se establece que ningún conductor multado podrá renovar licencia, placa, obtener inspección técnica vehicular o revista, seguro del vehículo, certificado de buena conducta y traspaso de propiedad de un vehículo.

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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha  convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.

Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.

Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.

También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.

El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.

En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.

“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.

La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.

En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.

47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.

Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.

“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.

¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?

La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.

A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.

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El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.

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Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza,  presidente del PRM,  reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.

Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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Autoridades desmantelan red de trata de personas en Puerto Plata.

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Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.

Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.

La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.

Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.

También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.

Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.

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