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Las ‘multas fantasmas’, otra variedad de estafa en contra de la sociedad

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Numerosos conductores esperan turno en la Fiscalía de Tránsito, indagando su situación respecto a las multas.

Santo Domingo, RD.-Los dominicanos no tienen escapatoria, ya que por donde que se mueven aparece el clásico estafador, pero el asunto es mucho mas complicado y poco explicable cuando el que comete ese delito es el Estado, lo cual toma un matíz preocupante en momentos en  que  crece el número de quejas de conductores afectados por la imposición de las llamadas ‘multas fantasmas’,  sus numerosos compromisos diarios, trámites e indagaciones los lleva a estados de turbación, al verse obligados a estar en constantes movimientos a través del ministerio público y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT),  para aclarar su situación.

Los engaños en contra del ciudadano comienzan por los servicios fundamentales, como el agua, la energía eléctrica, entre otros, cuyos consumidores son estafados de forma descarada por las empresas públicas responsables de satisfacer esas necesidades, pero en el caso de las multas fantasmas  todo empieza, para la mayoría, cuando buscan la emisión de marbetes y otras gestiones legales o de asuntos impositivos, encontrándose con casos de multas de las que niegan o no recuerdan haberlas recibidos.

Una gran cantidad de ciudadanos acude a la Fiscalía de Tránsito, ubicada en el edificio de la DIGESETT, en la intersección de la avenida Expreso V Centenario y calle San Martín, en el área de Villa Juana, donde se habilitó más personal para agilizar los procesos de verificación, impugnación o conciliación en el pago de las infracciones.

Otros van al Centro de Atención al Ciudadano, del Distrito Nacional, que funciona en la torre del Malecón Center, donde, además de asistencia al ciudadano sobre las multas por infracciones de tránsito,  se trabaja con certificaciones de buena conducta y de firmas o legalización de documentos oficiales y notariales.

La queja se ha ido generalizando en la medida en que ciudadanos van a renovar el marbete de sus vehículos y se les informa que  no es posible porque tienen multas pendientes.

Por esta razón es que el llamado a renovación de marbete ha motivado a que muchos conductores se presenten ante el Ministerio Público a verificar las multas, las cuales no son reconocidas por muchos. La renovación del marbete inició el 16 de septiembre y terminará el 16 de diciembre, sin recargo.

Los ingresos por el cobro de multas son divididos así: 75 por ciento para la Procuraduría  y 25 por ciento para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

José Feliz Cuevas,  mensajero y delivery, dijo que cuando fue a la fiscalía se le informó que tiene 38 multas, desde el 2011 hasta la fecha, y que, a decir de él, no sabe de donde nacieron.Sin embargo, Cuevas,  que concha en un destartalado carro público,  admite que tiene tres multas reales, y que con el problema presentado tiene ahora que buscar 38 mil pesos para pagar las multas y poder renovar el marbete.

Dijo que otros que tienen muchas múltiples están conciliando con el Ministerio Público para conseguir una rebaja.

José Cruz Villalona, por su parte,  dice que hacía cuatro años que no venía al país y cuando acudió a renovar el marbete, se le informó que no se podía, porque primero tenía que pagar 11 multas registradas en el sistema. Y Pedro Encarnación Montero reconoció  que tiene dos multas, una por cinturón y otra por licencia vencida, pero “ahora vengo aquí y aparezco con ocho, con la rebaja tengo que pagar RD$4,667. No me siento conforme”.

Mientras que un total de 18 fiscalías de Tránsito en todo el territorio nacional, están atendiendo los casos de los ciudadanos que no reconocen multas registradas en el sistema por infracciones de tránsito.

Los fiscales del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y demás provincias del país, se informó están evaluando los casos para determinar si se infringió o no la norma de tránsito y proceder con la decisión que corresponda.

En la Procuraduría General de la República se informó que los ciudadanos pueden acudir a la Fiscalía de Tránsito más cercana a su ubicación, donde recibirán la atención que requieran de parte de los fiscales a cargo.

Agrega que los ciudadanos pueden verificar la cantidad de multas por infracciones de tránsito, accediendo a multas.pgr.gob.do y que los pagos en línea pueden ser realizados con tarjetas de crédito o débito en la dirección electrónica portal.servicios.pgr.gob.do.

Según la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, los conductores están obligados a pagar las multas para poder renovar el marbete y completar otros procesos.

En el artículo 281 de esa ley se establece que ningún conductor multado podrá renovar licencia, placa, obtener inspección técnica vehicular o revista, seguro del vehículo, certificado de buena conducta y traspaso de propiedad de un vehículo.

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Caso del Jet Set tendrá decision del juez este lunes si va o no a juicio.

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Santo Domingo.- Raymundo Mejía,  juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.

El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.

Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.

A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.

El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.

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El país es el segundo en América Latina con mas presos preventivos.

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Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con  mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada  solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

El dato, que es reseñado este domingo por  periódico Listín Diario  refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.

Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.

El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.

Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.

“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.

El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.

“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.

Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.

“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.

Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.

Otras causas del problema

El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.

Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.

La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.

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formalizan cargos contra caso Onco 14 por fraude millonario a SENASA.

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Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió  una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.

La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.

El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.

En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.

Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.

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