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Las ‘multas fantasmas’, otra variedad de estafa en contra de la sociedad

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Numerosos conductores esperan turno en la Fiscalía de Tránsito, indagando su situación respecto a las multas.

Santo Domingo, RD.-Los dominicanos no tienen escapatoria, ya que por donde que se mueven aparece el clásico estafador, pero el asunto es mucho mas complicado y poco explicable cuando el que comete ese delito es el Estado, lo cual toma un matíz preocupante en momentos en  que  crece el número de quejas de conductores afectados por la imposición de las llamadas ‘multas fantasmas’,  sus numerosos compromisos diarios, trámites e indagaciones los lleva a estados de turbación, al verse obligados a estar en constantes movimientos a través del ministerio público y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT),  para aclarar su situación.

Los engaños en contra del ciudadano comienzan por los servicios fundamentales, como el agua, la energía eléctrica, entre otros, cuyos consumidores son estafados de forma descarada por las empresas públicas responsables de satisfacer esas necesidades, pero en el caso de las multas fantasmas  todo empieza, para la mayoría, cuando buscan la emisión de marbetes y otras gestiones legales o de asuntos impositivos, encontrándose con casos de multas de las que niegan o no recuerdan haberlas recibidos.

Una gran cantidad de ciudadanos acude a la Fiscalía de Tránsito, ubicada en el edificio de la DIGESETT, en la intersección de la avenida Expreso V Centenario y calle San Martín, en el área de Villa Juana, donde se habilitó más personal para agilizar los procesos de verificación, impugnación o conciliación en el pago de las infracciones.

Otros van al Centro de Atención al Ciudadano, del Distrito Nacional, que funciona en la torre del Malecón Center, donde, además de asistencia al ciudadano sobre las multas por infracciones de tránsito,  se trabaja con certificaciones de buena conducta y de firmas o legalización de documentos oficiales y notariales.

La queja se ha ido generalizando en la medida en que ciudadanos van a renovar el marbete de sus vehículos y se les informa que  no es posible porque tienen multas pendientes.

Por esta razón es que el llamado a renovación de marbete ha motivado a que muchos conductores se presenten ante el Ministerio Público a verificar las multas, las cuales no son reconocidas por muchos. La renovación del marbete inició el 16 de septiembre y terminará el 16 de diciembre, sin recargo.

Los ingresos por el cobro de multas son divididos así: 75 por ciento para la Procuraduría  y 25 por ciento para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

José Feliz Cuevas,  mensajero y delivery, dijo que cuando fue a la fiscalía se le informó que tiene 38 multas, desde el 2011 hasta la fecha, y que, a decir de él, no sabe de donde nacieron.Sin embargo, Cuevas,  que concha en un destartalado carro público,  admite que tiene tres multas reales, y que con el problema presentado tiene ahora que buscar 38 mil pesos para pagar las multas y poder renovar el marbete.

Dijo que otros que tienen muchas múltiples están conciliando con el Ministerio Público para conseguir una rebaja.

José Cruz Villalona, por su parte,  dice que hacía cuatro años que no venía al país y cuando acudió a renovar el marbete, se le informó que no se podía, porque primero tenía que pagar 11 multas registradas en el sistema. Y Pedro Encarnación Montero reconoció  que tiene dos multas, una por cinturón y otra por licencia vencida, pero “ahora vengo aquí y aparezco con ocho, con la rebaja tengo que pagar RD$4,667. No me siento conforme”.

Mientras que un total de 18 fiscalías de Tránsito en todo el territorio nacional, están atendiendo los casos de los ciudadanos que no reconocen multas registradas en el sistema por infracciones de tránsito.

Los fiscales del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y demás provincias del país, se informó están evaluando los casos para determinar si se infringió o no la norma de tránsito y proceder con la decisión que corresponda.

En la Procuraduría General de la República se informó que los ciudadanos pueden acudir a la Fiscalía de Tránsito más cercana a su ubicación, donde recibirán la atención que requieran de parte de los fiscales a cargo.

Agrega que los ciudadanos pueden verificar la cantidad de multas por infracciones de tránsito, accediendo a multas.pgr.gob.do y que los pagos en línea pueden ser realizados con tarjetas de crédito o débito en la dirección electrónica portal.servicios.pgr.gob.do.

Según la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, los conductores están obligados a pagar las multas para poder renovar el marbete y completar otros procesos.

En el artículo 281 de esa ley se establece que ningún conductor multado podrá renovar licencia, placa, obtener inspección técnica vehicular o revista, seguro del vehículo, certificado de buena conducta y traspaso de propiedad de un vehículo.

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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