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Las MYPES, mayores proveedoras Estado
SANTO DOMINGO.- Las micro y pequeñas empresas constituyen el mayor sector dentro de los proveedores de bienes y servicios al Estado dominicano, con un volumen de compra de RD$5,370,647,250.32 a junio de este año.
Esto es el 58% del total de compras que hizo el Estado en el primer semestre del año, que ascendió a RD$9 mil 255 millones 742 mil 435.36, según la Clasificación de Proveedores a junio 2012, publicada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Las micro empresas vendieron al Estado RD$3,902,723,079.52, a través de 4,576 contratos, lo que significó el 42% del total de las compras.
En el mismo informe se publica que las pequeñas empresas lograron 3,527 contratos por la suma de RD$1,467,924,170.80.
El sector gran empresa obtuvo 2,813 contratos por la cantidad de RD$1,724,433,855.99. Pese a que encabezan la lista de proveedores estatales, con un registro de 5,593. Los que menos vendieron fueron las personas físicas, que apenas lograron que el Estado les compre RD$234,503,203.88, por medio de 1,207 contratos.
La DGCP tiene registradas a 5,027 microempresas, 4,648 pequeñas empresas, 2,577 medianas empresas y 734 grandes empresas. En total hay un registro de proveedores estatales de 18,579.
De acuerdo a una nota publicada en la edición de este lunes de Diario Libre, el hecho de que las micro sean mayoritarias en el sector que vende al Estado, significa mucho para la economía de los más pobres, ya que estas empresas generalmente emplean a personas de escasos ingresos y de bajo nivel educativo.
En su discurso de toma de posesión, el presidente Danilo Medina, manifestó su interés de fortalecer las Micro, Pequeña y Medianas Empresas (Mipymes), lo que fortalecería las relación de negocios del sector.
Los que ofertan servicios representan la mayoría de los proveedores inscritos, con un 51%. Después aparecen los que ofrecen bienes con un 23%, los que hacen obras son el 17% y los que se dedican a dar consultorías significan un 9%.
Según el boletín 6-2012, referente a las Estadísticas de Compras y Contrataciones del Estado, hasta el 30 de junio la mayoría de las compras se hicieron por comparación de precios, que se aplica a adquisiciones menores.
El informe precisa que 3,815 compras se hicieron por esta vía, 938 fueron por licitación pública, 174 por licitación restringida, 12 a través de licitación internacional, y cuatro por sorteo de obras.
El Ministerio de Salud Pública, por su característica, encabeza los capítulos de compras del gobierno central. A junio de este año, su volumen de compras era de RD$3,343.130.201.47.
Le sigue la Presidencia de la República con RD$2,396,299,906. 95; después el Ministerio de las Fuerzas Armadas con RD$1,250,832,012.88; el Ministerio de Agricultura compró RD$584,358,348.61 y la Dirección General de Aduanas, que adquirió RD$381,008,206.05.
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Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.