Opinión
Las podridas entrañas del cartel dominico-brasileño
Por Narciso Isa Conde
Consumado el viraje al centro-derecha del cogollo dirigencial del Partido de los Trabajadores-PT de Brasil, en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, se fue conformando a nivel nacional e internacional una especie de cartel de la corrupción, que articuló enclaves estatales, facciones políticas y grupos empresariales con fuerte gravitación en las políticas públicas y los programas corporativos. En el centro de esa articulación ha operado la política como negocio, pasando el PT a gobernar con los métodos de las derechas tradicionales.
Ese viraje del PT incluyó un pacto de gobernabilidad con sectores del gran empresariado brasileño y de las derechas políticas, relaciones económicas privilegiadas con ODEBRECHT, el uso del emporio PETROBRAS y del financiamiento del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO-BNDES (estatal) a su favor y a favor de otros sectores privados, y el sobredimensionamiento del rol de JOAO CERGUIERA FILHO DE SANTANA y de su firma POLIS-PROPAGANDA, como asesor de imagen e instrumento inicial para abrir mercados políticos afines y también como producto de exportación destinado a favorecer candidaturas presidenciales en el exterior, en interés de futuras negociaciones.
La cúpula del PT de Brasil optó -sobre todo al iniciarse el segundo periodo (2000) del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana-PLD- por una relación política preferencial con la alta dirección de ese partido, que previamente se había neo-liberalizado y corrompido en alianza con el Partido Reformista Social-Cristiano liderado por Balaguer; relación que abrió paso a una fuerte, duradera y rentable CONEXIÓN del corrompido y corruptor cártel brasileño en REPÚBLICA DOMINICANA.
Esta CONEXIÓN se desplegó durante los ocho años siguientes de la presidencia de Leonel Fernández, enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su actual gestión de gobierno.
• EL GURÚ, EL LOBBISTA, EL IMPERIALISMO EMERGENTE Y SU SOCIO MENOR.
JOAO SANTANA es el “gurù” brasileño del marketing empresarial y electoral, “hacedor de presidentes” y asesor de gobiernos y consorcios; asociado a ODEBRECHT y al presidente Lula. Este personero del marketing ha hecho la delicada función de avanzada brasileña de penetración en otros países en interés de ayudar a “fabricar” conexiones para obtener ventajas empresariales; no siempre alcanzables, por lo variadas de las calidades entre sus interlocutores.
BRASIL, en ese plano, actúa movido por el plan de expansión trasnacional como imperialismo emergente. Y ODEBRECHT, como unas de las principales constructoras a escala mundial, colocándose a la cabeza de ese esfuerzo, sin reparar en escrúpulos.
LULA, desde la presidencia hizo de intermediario y cuando salió de ella se dispuso a hacer de “lobista político”, sin reparar en la consecuencias.
LEONEL fue el primer socio político menor y el principal beneficiario económico en dominicana hasta el 2012, con logros significativos iniciales para ODEBRECHT y para otras empresas dominicanas y brasileñas, destacándose casos como el ACUEDUCTO DEL NORDESTE y los SUPERTUCANOS.
• DANILO POR LEONEL/VINO LULA EN GIRA Y JOAO SE QUEDÒ.
El descarte de LEONEL como referente presidencial dominicano entre el 2011 y 2012, a consecuencia de su descrédito y de su desgaste político, y ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana; descarte en el que de seguro gravitó la valoración mercadológica de JOAO SANTANA y la POLIS a favor de DANILO, quien visitó BRASIL, ganó el favor de sus líderes y estableció los vínculos con su futuro asesor, con LULA, DILMA y los ejecutivos de ODEBRECH, desplazando a LEONEL como socio menor del CARTEL BRASILEÑO.
Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vistas en Santo Domingo)
Un encendido agradecimiento de DANILO a él y a sus patrocinadores, hecho después de la “victoria”, al instante de recibir el certificado de la Junta Central Electoral-JCE como ganador, no dejas dudas sobre la profundidad y los condicionantes de esa asesoría:
…¨he tenido dudas si…si…doy este agradecimiento pero se que no tendré otro escenario para hacerlo es una persona que no está presente aquí, al señor Joao Santana presidente de la institución Polis quien fue nuestro asesor en esta campaña electoral y que nunca dudó de nuestra victoria (aplausos) y en esa institución quiero agradecer también al grupo de personas empresarios y profesionales que hicieron posible que esa institución viniera a la República Dominicana para dirigir esta campaña¨.
Asegurado el triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el “presidente electo” en el 2012, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECHT; esto dentro de un recorrido que incluía a Cuba y EEUU, costeado por la Constructora a través de la empresa DAG BAHÌA.
ODEBRECH ha admitido que invitó y financió a LULA a viajar para ayudar en diversos eventos a la expansión de las empresas brasileñas y afirmó que éste ha sido clave para lograr en Cuba su participación en lo del Puerto Mariel, ascendente a 1000 millones de dólares.
• LAS PLANTAS A CARBÓN DE ODEBRECHT: LICITACIÒN AMAÑADA.
Tres meses después de la visita de LULA a República Dominicana, se anunció la LICITACIÒN de las PLANTAS A CARBON de PUNTA CATALINA y en septiembre de ese año se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del BANCO estatal de Brasil (BNDES).
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTAN en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECHT clasificaba para:
• Construir dos unidades de 360 mw (720 mw en total).
• A un precio de 2,040 millones de dólares, 540 más que el tope de referencia y 1,140 más que la empresa china competidora: la OAK RIDGE, que ofertó hacerla en 900 millones. Cada kw instalado de la brasileña costaría 2,830, mientras la empresa china lo ofrecía a no más de 1,350 dólares.
En el 2007 otra empresa china, la SICHOUN, ofertó construir dos plantas a carbón en Manzanillo y Palenque para un total de 1250 mw en 1,250 millones de dólares, para vender el KW a 2,8 centavos. Y esa oferta la dejaron en el olvido.
En el 2013 el Senado aprobó al vapor otro préstamo de 632 millones para el financiamiento de las plantas de Punta Catalina, que se le suma al concertado con el BNDES. Esa gestión se hizo con cuatro bancos del exterior: DEUSTCHE, SANTANDER, ING GENERAL y UNICREDIT SPA.
Esto todavía no cubre todo el financiamiento, pero el proceso de construcción continúa en medio de esa incertidumbre.
Inmediatamente después, el 17 de noviembre, vino a entrevistarse con el Presidente Medina, el señor LUIZ DULCI, ex -ministro de la presidencia de Lula y actual director de su instituto, quien a nombre de Dilma se dedicó a darle aliento a los jugosos negocios comunes.
En abril del 2015 el CONGRESO NACIONAL autorizó el préstamo brasileño a favor de ODEBRECH-GRUPO ESTRELLA para las plantas de PUNTA CATALINA.
• JOAO Y LULA: ODEBRECHT EN AMERICA Y AFRICA.
JOAO SANTANA dirigió las campañas de LULA, DILMA, FUNES, DANILO, EDUARDO DOS SANTO (ANGOLA), DOMINGO ARIAS, la ultima de CHAVEZ y la de MADURO. Asesoró los gobiernos de LULA y FUNES y actualmente asesora a DANILO MEDINA, a DOMINGO ARIAS y a los gobiernos de GHANA y ANGOLA.
LULA, en combinación con ODEBRECHT, le puso especial atención a BRASIL, DOMINICANA, CUBA y VENEZUELA, GHANA y ANGOLA, con perfiles distintos.
En BRASIL el tráfico de influencia y la práctica de soborno estalló en el caso de PETROBRAS y el BNDES, forzando al procesamiento de los dueños de ODEBRECHT y ANDRADE; mientras trece senadores del PT, 22 diputados, dos gobernadores, el ahora ex tesorero del PT y ex funcionarios del Poder Ejecutivo son investigados por su presunta participación en una red que habría movido unos 4.000 millones de dólares en la última década.
LULA y JOAO están amenazados de ser investigados si se refuerzan las evidencias de su participación en ese concierto para delinquir.
Al JOAO se le está por investigar una vez se precisen las irregularidades en una operación triangular de envío desde ANGOLA de unos 16 millones de dólares con destino a BRASIL y pasando por Dominicana.
Un punto sensible para LULA es lo relativo a su rol en el otorgamiento de préstamos blandos a ODEBRECHT y otras empresas en el periodo 2011-2014. Solo al exterior se destinaron 8,000 millones de dólares, mil de ellos asignados recientemente a proyectos de ODEBRECHT.
En DOMINICANA explotó el escándalo tocando la figura del PRESIDENTE, mientras algo similar acontece en GHANA.
En PANAMA, una vez proyectado el escándalo general e inmediatamente después de serios problemas en las obras del CANAL, el gobierno de Arias se ha visto forzado a prometer investigar si ha habido sobrevaluaciones y trampas en las contrataciones de ODEBRECHT, que ascienden a los 4,285 millones, entre ellos 1,452 en las obras del METRO.
Las autoridades colombianas se pronunciaron en igual sentido, anunciando fuertes sanciones en caso de comprobarse sobrevaluaciones.
En Cuba y Venezuela no hay denuncias de irregularidades, pero sería conveniente que las autoridades revisen todo lo relativo a ODEBRECHT.
OBRAS ASIGNADAS A ODEBRECHT EN DOMINICANA (2002-2015).
•3 EN EJECUSIÓN:
• Central Termoeléctrica Punta Catalina.
• Carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa: Tramo Ocoa – Piedra Blanca.-Tramo 2: San José de Ocoa – Rancho Arriba – Piedra Blanca.
• Carretera Miches – Sabana de la Mar.
• 12 FINALIZADAS:
• Carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa: Tramo Ocoa – Piedra Blanca.
• Eco-vías de Santiago.
• Corredor Vial del Este.
• Corredor Duarte I
• Corredor Duarte II: Av. Ecológica con Av. Charles de Gaulle.
•Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal.
•Carretera El Río – Jarabacoa.
•Hidroeléctrica de Palomino.
• Carretera Casabito.
• Acueducto Samaná.
• Hidroeléctrica de Pinalito.-
•Acueducto de la Línea Noroeste.
Si nos guiamos por la sobrevaluación de las plantas a carbón, a esos más de mil millones de sobrevaluación, que implica robo y endeudamiento externo a la vez habría que sumarle estafas con porcentajes del 30 al 50% en las obras ejecutadas y por ejecutar. Los funcionarios, que hacen las veces de nuevas alcancías y más poder concentran en la conexión dominicana con el cartel brasileño, ahora al servicio del presidente Medina y su proyecto de reelección, son el ministro de obras públicas y comunicaciones, Gonzalo Castillo y el vice-presidente de la corporación estatal de electricidad, Jiménez Bichara (Santo Domingo, RD. 9-07-2015 Tiro al Blanco No. 32, Julio 2015).
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.