Opinión
Las preguntas en La Semanal Presidencial
Oscar López Reyes
Una cifra apreciada de pobladores cree, sostenidamente, que los periodistas que cada lunes acuden a La Semanal con el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional, van a acomodarle la silla y formularle preguntas generosas, cruzando arroyos sin nadar, como ositos mansos y tolerantes, para que toque la Quinta Sinfonía de Beethoveen. En las transmisiones (video y audio en vivo por internet o streaming), a los receptores se le presenta el chance de verificar si ciertamente ellos portan audífonos con baterías potentes o sulfatadas.
Como prueba al canto, el conversacional público del jefe de Estado con periodistas no se encuadra en un guion, con interrogantes elaboradas por los estamentos de relacionamiento oficial, como para que el mandatario pueda levantar un elefante con una sola mano. No. Son libres, como el vientecillo que arrulla los frontispicios del edificio neoclásico -inaugurado el 16 de agosto de 1947- escenario del acercamiento septenario.
Antes de las 5 de la tarde, el primer ejecutivo de la Nación sube a la ancha y larga tarima y se sitúa frente a un pódium en el Gran Salón de las Cariátides que, en sus 600 metros cuadrados, embelesa con sus 24 esculturas femeninas de mármol (cariátides) y 26 espejos en molduras de caoba y cornisas de oro.
En dos micrófonos chiquitos, la autoridad superior del país informa el tema a tratar, que ya ha sido documentado por la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), que también lo ilustra sobre las potenciales interpelaciones en función de los tópicos que están en el tapete.
El presidente de la República empieza leyendo un texto, apoyado por imágenes desde una pantalla, con dos cámaras televisivas emplazadas a sus diestras. A su frente se ubican unos 40 periodistas, que cubren la fuente del Palacio Nacional; productores de TV, radio, digitales y articulistas. En el fondo (zona Oeste) se estacionan unos 20 camarógrafos de medios, que rara vez se sirven el café y el agua dispuestos a la entrada del salón.
A su izquierda (franco Sur) se sientan altos funcionarios invitados que se pronuncian con retóricas en su buen desempeño, pero la mayoría de esos burócratas parece como si quiméricamente han ido a agarrar caracoles, porque se tragan las palabras con sus cerebros fijados con prudencia hacia los balcones, pisos pulidos de caoba y lámparas de cristal. También se posicionan invitados especiales, como estudiantes, deportistas y socorristas.
Los periodistas no usan camuflajes y, para despejar su condición de vampiros, cuando les toca el turno dialogante se identifican con sus nombres y los medios que los acreditan y, sin gritar como el pasajero de un autobús, interaccionan improvisadamente, lejos de pautas estatales. Como termómetro de lo antes dicho, chequee usted que, corrientemente, el presidente de la República bromea y enmienda la plana a periodistas ante malentendidos o si se tornan imprecisos o -muy contadas veces-, insolentes.
Con el buen temperamento de un galán que se recrea en el parque, el piloto-protagonista trasbordo no pierde el hilo en su plática, en la cual, por lo general, no muestra adversidad. Excepcionalmente, su lenguaje corporal destella cierta sorpresa oculta, y contesta con precisión y seguridad. Con frecuencia solicita a funcionarios acompañantes con expertis en el tema focalizado para que amplíen los cuestionamientos, y cuando está distante la respuesta, promete investigar el presumido contratiempo señalado.
Un estorbo de La Semanal son los señalamientos precedidos por discursos cansones, que se apartan de las reglas académicas periodísticas, porque dislocan en la insustancialidad y consumen minutos. También han sido vedadas -condicionadamente- la referencia de asuntos de naturaleza político-electoral, que son inconvenientes en este conglomerado politizado.
Por igual, dificulta que un periodista suelte dos y tres indagaciones, que pudieran enredar al entrevistado -que hace anotaciones muy breves y refleja buena retentiva- y quitan la oportunidad a otros colegas para intervenir, particularmente para los que cubren la fuente palaciega, que son los más dinámicos e interesantes de La Semanal.
Cuando el presidente Abinader Corona termina la exposición de la cuestión central, se abre el turno de las consultas, con una duración de más o menos 30 minutos, y que versa sobre el leitmotiv enfocado y otros de relevancia nacional. Los periodistas elevan entre 10 y 12 averiguaciones, que son de curiosidad colectiva o del órgano de prensa que representan.
La Semanal, que ha pasado a ser el pilar troncal de la política de comunicación del Gobierno, ha tenido un impacto significativo y son muchos los dominicanos que esperan las 4:30 de la tarde de cada lunes para conectarse con el canal de YouTube y las cuentas de Facebook, X e Instagram de la Presidencia, así como otras plataformas digitales, Radio Televisión Dominicana y uno que otro canal privado.
Cuatro jefes de Estado de América Latina banderean como novedosa estrategia de gobernanza conversatorios mediáticos, para ilustrar a la comunidad con transparencia informativa sobre sus ejecutorias. El primero fue “Las Mañaneras” (todos los días a las 7 de la mañana, desde el Palacio Nacional) de José Manuel López Obrador, presidente de México, desde el tres de diciembre de 2018, continuado ahora por su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.
El segundo proyecto fue iniciado por Abinader el 28 de agosto del 2023-; el tercero- desde el 18 de julio de 2024- está a cargo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien cada jueves efectúa una rueda de prensa, a partir de las 8:30 de la mañana, en el auditorio del presidencial Palacio de las Garzas. El cuarto ha sido la Conferencia Semanal de Prensa del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, los miércoles a las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno.
El presidente Abinader ha asumido con tanto compromiso su Semanal con la Prensa que evade otras actividades oficiales para no interrumpirla. La de mayor suspenso se puso sobre el carril el 22 de septiembre de 2025, con una duración de siete minutos y 48 segundos, porque tenía que viajar a Nueva York para participar en una cena oficial en el ámbito del programa de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El apresuramiento no permitió ni una sola interrogante, ni que se tomaba su acostumbrada botellita de agua.
¿Es susceptible que La Semanal sea mejorada y relanzarla?
Lógicamente que sí. Por ese discernimiento, he aquí 8 recomendaciones:
1.- Que la última pregunta sea hecha al jefe de Estado, de manera remota, por un ciudadano humilde, que se identifique y diga en cuál pueblo o sector de la capital se encuentra.
2.- Que en la Semanal sean invitados periodistas especializados en economía, educación, salud, agropecuario, ecología, deporte, sociales y espectáculos, cuando sean tratadas temáticas concernientes a esos campos.
3.- Que en el interior/exterior sean los periodistas residentes los únicos que planteen incógnitas, como ocurrió en La Semanal de Santiago del 29 de septiembre de 2025. Estos reporteros y analistas, que representan a medios locales y nacionales, son los que conocen a fondo los rompecabezas de sus comunidades.
4.- Que los periodistas hagan preguntas directas y breves, sin recuentos redundantes, que son un menoscabo de tiempo.
5.- Que antes de formular preguntas, algunos se edifiquen bien y se aseguren lo que van a preguntar, para no ponerlos en la sustantividad.
6.- Que el presidente de la República cite por sus nombres, apellidos y cargos a los funcionarios que le acompañan, y no informalmente, para que los que presencian por distintas plataformas sepan de quién se trata.
7.- Que el gobernante responda una sola pregunta por cada expositor, para evitar que se explayen hasta con tres interpelaciones, y que no se entrecruce la estructura lineal del mensaje de contestación.
8.- Que en cada Semanal sean invitados articulistas y delegaciones de periodistas de provincias.
La Semanal dejó de ser bisoño, y ha navegado impactando en un mar de leva, con soplos huracanados por los cuatro costados. No entraña una sobreexposición del presidente de la República, y se tiende como un momento para hacer aclaraciones y prevenir rumores y malas interpretaciones.
Al árbol que da frutos se le tira piedras, y a los adversarios el triunfo incomoda y empuja hacia el ataque. En el camino, los huecos se van rellenando, hasta que la paloma abra el pico y coma con más facilidad.
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El autor: Presidente Asoc. Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep)
y expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y Asoc. Escuelas
de Comunicación Social (AdecomRD).
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.