Opinión
Las preguntas en La Semanal Presidencial
Oscar López Reyes
Una cifra apreciada de pobladores cree, sostenidamente, que los periodistas que cada lunes acuden a La Semanal con el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional, van a acomodarle la silla y formularle preguntas generosas, cruzando arroyos sin nadar, como ositos mansos y tolerantes, para que toque la Quinta Sinfonía de Beethoveen. En las transmisiones (video y audio en vivo por internet o streaming), a los receptores se le presenta el chance de verificar si ciertamente ellos portan audífonos con baterías potentes o sulfatadas.
Como prueba al canto, el conversacional público del jefe de Estado con periodistas no se encuadra en un guion, con interrogantes elaboradas por los estamentos de relacionamiento oficial, como para que el mandatario pueda levantar un elefante con una sola mano. No. Son libres, como el vientecillo que arrulla los frontispicios del edificio neoclásico -inaugurado el 16 de agosto de 1947- escenario del acercamiento septenario.
Antes de las 5 de la tarde, el primer ejecutivo de la Nación sube a la ancha y larga tarima y se sitúa frente a un pódium en el Gran Salón de las Cariátides que, en sus 600 metros cuadrados, embelesa con sus 24 esculturas femeninas de mármol (cariátides) y 26 espejos en molduras de caoba y cornisas de oro.
En dos micrófonos chiquitos, la autoridad superior del país informa el tema a tratar, que ya ha sido documentado por la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), que también lo ilustra sobre las potenciales interpelaciones en función de los tópicos que están en el tapete.
El presidente de la República empieza leyendo un texto, apoyado por imágenes desde una pantalla, con dos cámaras televisivas emplazadas a sus diestras. A su frente se ubican unos 40 periodistas, que cubren la fuente del Palacio Nacional; productores de TV, radio, digitales y articulistas. En el fondo (zona Oeste) se estacionan unos 20 camarógrafos de medios, que rara vez se sirven el café y el agua dispuestos a la entrada del salón.
A su izquierda (franco Sur) se sientan altos funcionarios invitados que se pronuncian con retóricas en su buen desempeño, pero la mayoría de esos burócratas parece como si quiméricamente han ido a agarrar caracoles, porque se tragan las palabras con sus cerebros fijados con prudencia hacia los balcones, pisos pulidos de caoba y lámparas de cristal. También se posicionan invitados especiales, como estudiantes, deportistas y socorristas.
Los periodistas no usan camuflajes y, para despejar su condición de vampiros, cuando les toca el turno dialogante se identifican con sus nombres y los medios que los acreditan y, sin gritar como el pasajero de un autobús, interaccionan improvisadamente, lejos de pautas estatales. Como termómetro de lo antes dicho, chequee usted que, corrientemente, el presidente de la República bromea y enmienda la plana a periodistas ante malentendidos o si se tornan imprecisos o -muy contadas veces-, insolentes.
Con el buen temperamento de un galán que se recrea en el parque, el piloto-protagonista trasbordo no pierde el hilo en su plática, en la cual, por lo general, no muestra adversidad. Excepcionalmente, su lenguaje corporal destella cierta sorpresa oculta, y contesta con precisión y seguridad. Con frecuencia solicita a funcionarios acompañantes con expertis en el tema focalizado para que amplíen los cuestionamientos, y cuando está distante la respuesta, promete investigar el presumido contratiempo señalado.
Un estorbo de La Semanal son los señalamientos precedidos por discursos cansones, que se apartan de las reglas académicas periodísticas, porque dislocan en la insustancialidad y consumen minutos. También han sido vedadas -condicionadamente- la referencia de asuntos de naturaleza político-electoral, que son inconvenientes en este conglomerado politizado.
Por igual, dificulta que un periodista suelte dos y tres indagaciones, que pudieran enredar al entrevistado -que hace anotaciones muy breves y refleja buena retentiva- y quitan la oportunidad a otros colegas para intervenir, particularmente para los que cubren la fuente palaciega, que son los más dinámicos e interesantes de La Semanal.
Cuando el presidente Abinader Corona termina la exposición de la cuestión central, se abre el turno de las consultas, con una duración de más o menos 30 minutos, y que versa sobre el leitmotiv enfocado y otros de relevancia nacional. Los periodistas elevan entre 10 y 12 averiguaciones, que son de curiosidad colectiva o del órgano de prensa que representan.
La Semanal, que ha pasado a ser el pilar troncal de la política de comunicación del Gobierno, ha tenido un impacto significativo y son muchos los dominicanos que esperan las 4:30 de la tarde de cada lunes para conectarse con el canal de YouTube y las cuentas de Facebook, X e Instagram de la Presidencia, así como otras plataformas digitales, Radio Televisión Dominicana y uno que otro canal privado.
Cuatro jefes de Estado de América Latina banderean como novedosa estrategia de gobernanza conversatorios mediáticos, para ilustrar a la comunidad con transparencia informativa sobre sus ejecutorias. El primero fue “Las Mañaneras” (todos los días a las 7 de la mañana, desde el Palacio Nacional) de José Manuel López Obrador, presidente de México, desde el tres de diciembre de 2018, continuado ahora por su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.
El segundo proyecto fue iniciado por Abinader el 28 de agosto del 2023-; el tercero- desde el 18 de julio de 2024- está a cargo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien cada jueves efectúa una rueda de prensa, a partir de las 8:30 de la mañana, en el auditorio del presidencial Palacio de las Garzas. El cuarto ha sido la Conferencia Semanal de Prensa del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, los miércoles a las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno.
El presidente Abinader ha asumido con tanto compromiso su Semanal con la Prensa que evade otras actividades oficiales para no interrumpirla. La de mayor suspenso se puso sobre el carril el 22 de septiembre de 2025, con una duración de siete minutos y 48 segundos, porque tenía que viajar a Nueva York para participar en una cena oficial en el ámbito del programa de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El apresuramiento no permitió ni una sola interrogante, ni que se tomaba su acostumbrada botellita de agua.
¿Es susceptible que La Semanal sea mejorada y relanzarla?
Lógicamente que sí. Por ese discernimiento, he aquí 8 recomendaciones:
1.- Que la última pregunta sea hecha al jefe de Estado, de manera remota, por un ciudadano humilde, que se identifique y diga en cuál pueblo o sector de la capital se encuentra.
2.- Que en la Semanal sean invitados periodistas especializados en economía, educación, salud, agropecuario, ecología, deporte, sociales y espectáculos, cuando sean tratadas temáticas concernientes a esos campos.
3.- Que en el interior/exterior sean los periodistas residentes los únicos que planteen incógnitas, como ocurrió en La Semanal de Santiago del 29 de septiembre de 2025. Estos reporteros y analistas, que representan a medios locales y nacionales, son los que conocen a fondo los rompecabezas de sus comunidades.
4.- Que los periodistas hagan preguntas directas y breves, sin recuentos redundantes, que son un menoscabo de tiempo.
5.- Que antes de formular preguntas, algunos se edifiquen bien y se aseguren lo que van a preguntar, para no ponerlos en la sustantividad.
6.- Que el presidente de la República cite por sus nombres, apellidos y cargos a los funcionarios que le acompañan, y no informalmente, para que los que presencian por distintas plataformas sepan de quién se trata.
7.- Que el gobernante responda una sola pregunta por cada expositor, para evitar que se explayen hasta con tres interpelaciones, y que no se entrecruce la estructura lineal del mensaje de contestación.
8.- Que en cada Semanal sean invitados articulistas y delegaciones de periodistas de provincias.
La Semanal dejó de ser bisoño, y ha navegado impactando en un mar de leva, con soplos huracanados por los cuatro costados. No entraña una sobreexposición del presidente de la República, y se tiende como un momento para hacer aclaraciones y prevenir rumores y malas interpretaciones.
Al árbol que da frutos se le tira piedras, y a los adversarios el triunfo incomoda y empuja hacia el ataque. En el camino, los huecos se van rellenando, hasta que la paloma abra el pico y coma con más facilidad.
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El autor: Presidente Asoc. Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep)
y expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y Asoc. Escuelas
de Comunicación Social (AdecomRD).
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.