Opinión
Las preguntas en La Semanal Presidencial
Oscar López Reyes
Una cifra apreciada de pobladores cree, sostenidamente, que los periodistas que cada lunes acuden a La Semanal con el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional, van a acomodarle la silla y formularle preguntas generosas, cruzando arroyos sin nadar, como ositos mansos y tolerantes, para que toque la Quinta Sinfonía de Beethoveen. En las transmisiones (video y audio en vivo por internet o streaming), a los receptores se le presenta el chance de verificar si ciertamente ellos portan audífonos con baterías potentes o sulfatadas.
Como prueba al canto, el conversacional público del jefe de Estado con periodistas no se encuadra en un guion, con interrogantes elaboradas por los estamentos de relacionamiento oficial, como para que el mandatario pueda levantar un elefante con una sola mano. No. Son libres, como el vientecillo que arrulla los frontispicios del edificio neoclásico -inaugurado el 16 de agosto de 1947- escenario del acercamiento septenario.
Antes de las 5 de la tarde, el primer ejecutivo de la Nación sube a la ancha y larga tarima y se sitúa frente a un pódium en el Gran Salón de las Cariátides que, en sus 600 metros cuadrados, embelesa con sus 24 esculturas femeninas de mármol (cariátides) y 26 espejos en molduras de caoba y cornisas de oro.
En dos micrófonos chiquitos, la autoridad superior del país informa el tema a tratar, que ya ha sido documentado por la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), que también lo ilustra sobre las potenciales interpelaciones en función de los tópicos que están en el tapete.
El presidente de la República empieza leyendo un texto, apoyado por imágenes desde una pantalla, con dos cámaras televisivas emplazadas a sus diestras. A su frente se ubican unos 40 periodistas, que cubren la fuente del Palacio Nacional; productores de TV, radio, digitales y articulistas. En el fondo (zona Oeste) se estacionan unos 20 camarógrafos de medios, que rara vez se sirven el café y el agua dispuestos a la entrada del salón.
A su izquierda (franco Sur) se sientan altos funcionarios invitados que se pronuncian con retóricas en su buen desempeño, pero la mayoría de esos burócratas parece como si quiméricamente han ido a agarrar caracoles, porque se tragan las palabras con sus cerebros fijados con prudencia hacia los balcones, pisos pulidos de caoba y lámparas de cristal. También se posicionan invitados especiales, como estudiantes, deportistas y socorristas.
Los periodistas no usan camuflajes y, para despejar su condición de vampiros, cuando les toca el turno dialogante se identifican con sus nombres y los medios que los acreditan y, sin gritar como el pasajero de un autobús, interaccionan improvisadamente, lejos de pautas estatales. Como termómetro de lo antes dicho, chequee usted que, corrientemente, el presidente de la República bromea y enmienda la plana a periodistas ante malentendidos o si se tornan imprecisos o -muy contadas veces-, insolentes.
Con el buen temperamento de un galán que se recrea en el parque, el piloto-protagonista trasbordo no pierde el hilo en su plática, en la cual, por lo general, no muestra adversidad. Excepcionalmente, su lenguaje corporal destella cierta sorpresa oculta, y contesta con precisión y seguridad. Con frecuencia solicita a funcionarios acompañantes con expertis en el tema focalizado para que amplíen los cuestionamientos, y cuando está distante la respuesta, promete investigar el presumido contratiempo señalado.
Un estorbo de La Semanal son los señalamientos precedidos por discursos cansones, que se apartan de las reglas académicas periodísticas, porque dislocan en la insustancialidad y consumen minutos. También han sido vedadas -condicionadamente- la referencia de asuntos de naturaleza político-electoral, que son inconvenientes en este conglomerado politizado.
Por igual, dificulta que un periodista suelte dos y tres indagaciones, que pudieran enredar al entrevistado -que hace anotaciones muy breves y refleja buena retentiva- y quitan la oportunidad a otros colegas para intervenir, particularmente para los que cubren la fuente palaciega, que son los más dinámicos e interesantes de La Semanal.
Cuando el presidente Abinader Corona termina la exposición de la cuestión central, se abre el turno de las consultas, con una duración de más o menos 30 minutos, y que versa sobre el leitmotiv enfocado y otros de relevancia nacional. Los periodistas elevan entre 10 y 12 averiguaciones, que son de curiosidad colectiva o del órgano de prensa que representan.
La Semanal, que ha pasado a ser el pilar troncal de la política de comunicación del Gobierno, ha tenido un impacto significativo y son muchos los dominicanos que esperan las 4:30 de la tarde de cada lunes para conectarse con el canal de YouTube y las cuentas de Facebook, X e Instagram de la Presidencia, así como otras plataformas digitales, Radio Televisión Dominicana y uno que otro canal privado.
Cuatro jefes de Estado de América Latina banderean como novedosa estrategia de gobernanza conversatorios mediáticos, para ilustrar a la comunidad con transparencia informativa sobre sus ejecutorias. El primero fue “Las Mañaneras” (todos los días a las 7 de la mañana, desde el Palacio Nacional) de José Manuel López Obrador, presidente de México, desde el tres de diciembre de 2018, continuado ahora por su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.
El segundo proyecto fue iniciado por Abinader el 28 de agosto del 2023-; el tercero- desde el 18 de julio de 2024- está a cargo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien cada jueves efectúa una rueda de prensa, a partir de las 8:30 de la mañana, en el auditorio del presidencial Palacio de las Garzas. El cuarto ha sido la Conferencia Semanal de Prensa del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, los miércoles a las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno.
El presidente Abinader ha asumido con tanto compromiso su Semanal con la Prensa que evade otras actividades oficiales para no interrumpirla. La de mayor suspenso se puso sobre el carril el 22 de septiembre de 2025, con una duración de siete minutos y 48 segundos, porque tenía que viajar a Nueva York para participar en una cena oficial en el ámbito del programa de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El apresuramiento no permitió ni una sola interrogante, ni que se tomaba su acostumbrada botellita de agua.
¿Es susceptible que La Semanal sea mejorada y relanzarla?
Lógicamente que sí. Por ese discernimiento, he aquí 8 recomendaciones:
1.- Que la última pregunta sea hecha al jefe de Estado, de manera remota, por un ciudadano humilde, que se identifique y diga en cuál pueblo o sector de la capital se encuentra.
2.- Que en la Semanal sean invitados periodistas especializados en economía, educación, salud, agropecuario, ecología, deporte, sociales y espectáculos, cuando sean tratadas temáticas concernientes a esos campos.
3.- Que en el interior/exterior sean los periodistas residentes los únicos que planteen incógnitas, como ocurrió en La Semanal de Santiago del 29 de septiembre de 2025. Estos reporteros y analistas, que representan a medios locales y nacionales, son los que conocen a fondo los rompecabezas de sus comunidades.
4.- Que los periodistas hagan preguntas directas y breves, sin recuentos redundantes, que son un menoscabo de tiempo.
5.- Que antes de formular preguntas, algunos se edifiquen bien y se aseguren lo que van a preguntar, para no ponerlos en la sustantividad.
6.- Que el presidente de la República cite por sus nombres, apellidos y cargos a los funcionarios que le acompañan, y no informalmente, para que los que presencian por distintas plataformas sepan de quién se trata.
7.- Que el gobernante responda una sola pregunta por cada expositor, para evitar que se explayen hasta con tres interpelaciones, y que no se entrecruce la estructura lineal del mensaje de contestación.
8.- Que en cada Semanal sean invitados articulistas y delegaciones de periodistas de provincias.
La Semanal dejó de ser bisoño, y ha navegado impactando en un mar de leva, con soplos huracanados por los cuatro costados. No entraña una sobreexposición del presidente de la República, y se tiende como un momento para hacer aclaraciones y prevenir rumores y malas interpretaciones.
Al árbol que da frutos se le tira piedras, y a los adversarios el triunfo incomoda y empuja hacia el ataque. En el camino, los huecos se van rellenando, hasta que la paloma abra el pico y coma con más facilidad.
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El autor: Presidente Asoc. Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep)
y expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y Asoc. Escuelas
de Comunicación Social (AdecomRD).
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.