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Como en los mejores tiempos de guerra EE. UU. moviliza en el AILA tropas y equipos militares.
Santo Domingo, R.D.-Un campamento en los mejores tiempos de guerra ha sido instalado por tropas militares de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), próximo a la pista 17, por donde han arribado al menos tres aeronaves de gran tonelaje, como parte del acuerdo firmado con el gobierno dominicano.
En toda esa área permanecen estacionados vehículos cisterna de combustible, autobuses, camionetas, vehículos livianos, así como equipos de comunicación y otros accesorios de uso militar.
Todo el movimiento logístico es ejecutado bajo supervisión militar y con acceso restringido.
De acuerdo con informaciones obtenidas por medios de comunicación a través de una fuente confiable, los aviones continúan aterrizando y despegando de forma escalonada desde la referida pista, mientras personal militar estadounidense se mantiene coordinando la descarga y distribución de las cargas, las cuales son trasladadas directamente al campamento improvisado establecido en el área.
Las cargas transportadas incluyen vehículos, equipos de comunicaciones, alimentos y otros suministros especializados, vinculados al plan de ayuda humanitaria que despliegan las autoridades estadounidenses con la cooperación del Gobierno dominicano.
Estos movimientos militares forman parte de un plan de ayuda humanitaria y apoyo logístico coordinado entre los gobiernos de ambos países, en una operación que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y un marcado hermetismo oficial.
Entre las aeronaves observadas figuran los imponentes C-5 Super Galaxy y C-17 Globemaster III, reconocidos por su enorme capacidad de carga y su uso en misiones especiales de carácter humanitario, logístico y estratégico.
En las áreas cercanas a la cabecera de la pista 17 del AILA se pudo observar, a cierta distancia, un amplio despliegue de seguridad compuesto por personal militar estadounidense y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), quienes trabajan de manera coordinada durante las operaciones de aterrizaje, descarga y despacho de los equipos.
No se permite el acceso a representantes de los medios de comunicación acreditados en el aeropuerto ni a empleados civiles de la terminal, como parte del protocolo de seguridad implementado.
Un ejecutivo de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) explicó que la concesionaria no tiene participación directa en las operaciones que realizan las autoridades estadounidenses, limitándo su rol a facilitar la operatividad normal de la terminal aérea bajo las disposiciones del Estado dominicano.
Se informó que la primera de las aeronaves, un C-5 Super Galaxy, aterrizó en la Base Aérea de San Isidro, mientras que un C-17 Globemaster III lo hizo en el AILA el pasado domingo, en vuelos que se produjeron de manera simultánea.
El pasado 26 de noviembre, el gobierno dominicano autorizó de manera temporal el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el AILA, para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
El anuncio lo hizo el presidente Luis Abinader, tras una reunión a puertas cerradas con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, celebrada en el Palacio Nacional.
SANTO DOMINGO.- Los abogados de Gonzalo Castillo, imputado en el caso Calamar por presunta corrupción, afirmaron este jueves que están “totalmente preparados” para presentar los argumentos de defensa con los que demostrarán la verdad ante la acusación del Ministerio Público contra el exministro de Obras Públicas.
La jurista Laura Acosta declaró que la defensa ha mantenido una conducta de colaboración con el tribunal y que no existe razón atribuible a su representado ni a sus abogados que justifique nuevos aplazamientos.
“Estamos listos para que este caso se conozca de una vez y por todas”, expresó la togada.
Acosta consideró razonable la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de verificar, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la condición de salud del exsenador Rafael Calderón, imputado que no se presentó a la audiencia y que posee una licencia médica por 30 días.
La jurista sostuvo que la defensa ha actuado con total disposición para que el procedimiento avance, recordando que han presentado propuestas de calendario de audiencias y han facilitado toda la documentación requerida. “Hemos sido colaboradores con el tribunal para que esto avance”, dijo.
También enfatizó: “Dejamos a la mejor apreciación del tribunal la decisión de separar o no al exsenador Calderón”.
“Esta es ya la tercera vez que se retrasa el inicio de nuestra defensa. Hemos estado listos desde hace tiempo. No pedimos su separación por coherencia, pero el tribunal debe prever qué ocurrirá si no puede reincorporarse en treinta días. El nuevo Código Procesal Penal ofrece herramientas para actuar con prudencia y garantizar la continuidad del proceso, y este escenario exige esa valoración”, resaltó.
Durante la audiencia de hoy, el Ministerio Público favoreció un aplazamiento hasta mañana viernes a las 2:00 de la tarde. Para la defensa, este nuevo retraso no responde a acciones propias, sino a circunstancias externas que, aseguraron, no deben seguir afectando el derecho de su representado a que la acusación sea conocida en un tiempo razonable.
El equipo legal de Castillo está integrado por Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas.
DAJABON.- Un grupo de ciudadanos haitianos protestó este miércoles en el puente fronterizo donde exigió justicia por la muerte de la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar en Santiago.
Los manifestantes se presentaron con pancartas y bocinas, manteniendo la concentración durante varios minutos por lo que miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronterizo Terrestre (CESFRONT), desplegó un amplio dispositivo de seguridad en el área.
Stephora falleció el 14 de noviembre en una hacienda de Gurabo, provincia de Santiago, donde participaba en una salida recreativa con otros estudiantes. Informes preliminares indicaron que murió por ahogamiento.
CUATRO MIEMBROS DEL CENTRO FUERON ARRESTADOS
El Ministerio Público arrestó a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci en relación al homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión a la que la llevó el centro educativo.
Las arrestadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Según el Ministerio Público “las 9:44 de la mañana, la víctima se adentra a la piscina, caminando confiada la cual se encontraba sin ningún tipo de señalización y al momento en que llega a la mitad de la misma, se percató de que el nivel de agua era diferente y de inmediato, empezó a hundirse y hacer señas de auxilio con los brazos muestra de que se estaba ahogando”.
an/am
Moca.– La audiencia para conocer la medida de coerción contra los siete agentes penitenciarios acusados de planificar y facilitar la fuga del recluso Beilin Antonio de Peña, alias “El Buda”, fue aplazada para el próximo lunes 15 de este mes.
El aplazamiento se produjo a solicitud del Ministerio Público, a fin de permitir que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) se constituyera formalmente en parte acusadora dentro del proceso.
Un abogado en representación de la entidad se presentó en el conocimiento de la medida cautelar, dejando establecida la intención de participar como actor civil en el caso.
Se les atribuyen los delitos de asociación de malhechores, obstrucción de la justicia y diversas violaciones al Código Penal dominicano, al supuestamente colaborar en la evasión del interno.
La escape de “El Buda” ocurrió el 21 de noviembre de 2025 desde el Centro de Rehabilitación La Isleta, en un hecho que dejó al descubierto presuntas fallas internas y la posible participación directa del personal penitenciario.
El conocimiento de la medida de coerción se reanudará el lunes 15, donde la jueza podría decidir si impone prisión preventiva, garantía económica u otra medida cautelar contra los agentes imputados.