Opinión
Legisladores, vergüenza deberían tener
Por Rosario Espinal
Cuando los legisladores de un país aprueban el aumento de las penas a menores de edad como mecanismo disuasivo de la delincuencia, estamos ante políticos incapaces de asumir sus responsabilidades con ética y coraje.
La aprobación la semana pasada por la Cámara de Diputados de un aumento de las penas máximas de 3 a 10 años de reclusión a menores que delinquen en edades entre 13 y 15 años, y de 5 a 15 para los de 16 a 18 años, es un acto de irresponsabilidad política, aunque lo aplauda la mayoría de la población, que con justa razón, se siente aterrada por la delincuencia.
Durante largo tiempo se ha debatido en muchas sociedades el papel de la pena en el combate a la criminalidad. Muchos han creído que al aumentar las penas, los delincuentes potenciales desistirán por miedo a una larga condena.
La evidencia científica es inconclusa porque nunca se ha podido aislar la magnitud de la pena de otras condiciones. Por ejemplo, la disminución de la delincuencia en Estados Unidos en la década de 1990, donde se ha cacareado que fue por más encarcelamientos y mayores penas, se produjo en medio de prosperidad económica, del uso de nuevas tecnologías de investigación policial y el envejecimiento de la población. Además, Estados Unidos es el país con más presos per cápita en el mundo.
Volviendo al caso dominicano y a los menores, es cierto que muchos niños y jóvenes, sobre todo de familias de bajos ingresos, están insertos en la delincuencia, fenómeno que se ha agudizado por el avance del narco y del micro-tráfico.
Pero independientemente de la capacidad que hayan desarrollado para delinquir, la investigación sicológica indica que los menores de edad tienen menor desarrollo cognitivo para establecer la relación entre acción y peligro. Por eso muchas veces los jóvenes incurren en acciones que a los adultos les parecen descabelladas o aberrantes.
Pensemos en estas preguntas: ¿tiene un niño dominicano de 14 años conocimiento del Código del Menor? ¿Es su predisposición racional discernir que si mata para robar le pondrán 10 años de cárcel en vez de tres? ¿Lo piensa cuando se involucra en una ganga criminal para obtener dinero y poder? Probablemente la respuesta a todas estas preguntas sea un no, y por eso, el argumento de que mayores penas a los menores será un disuasivo tiene un débil sustento.
Asumamos por un instante que los niños y jóvenes delincuentes tienen una racionalidad altamente desarrollada. Si así fuera, entonces pensarán que si caen presos encontrarán la forma de salir de la cárcel antes de cumplir la condena como hacen otros. Ahí tampoco actuaría como disuasivo la magnitud de la pena.
Si la cárcel se concibe como rehabilitación, no sólo castigo, ¿cuánto tiempo se necesita para rehabilitar un menor de edad: un año, tres, cinco o diez? Y si el objetivo no es rehabilitación, ¿qué hará la sociedad dominicana con esos niños y jóvenes cuando salgan de la cárcel?
Antes de enviar muchos niños y jóvenes presos por muchos años por sus actos delictivos, que sin duda son nocivos, deberían primero ir presos los adultos responsables de no haber invertido lo suficiente en la educación pública para ofrecer oportunidades de desarrollo a la niñez y la juventud dominicana, los responsables del auge del narco y del micro-tráfico, y los responsables de no haber forjado una economía con más y mejores empleos.
Vergüenza deberían tener los legisladores de establecer mayores condenas a menores, en vez de legislar para mejorar las condiciones de vida en la sociedad dominicana. Atención congresistas: la fiebre no está en la sábana.
Artículo original publicado en el periódico HOY
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.