Opinión
Lenin, el capitalismo y la necesidad de organizaciones revolucionarias
Por Narciso Isa Conde
Hablo de una vanguardia compartida, unitaria, colectiva…, articuladora de las diferentes corrientes anti-sistema, antiimperialistas, anticapitalistas; portadora de un proyecto anti-neoliberal pero también pos-capitalista.
La necesidad de crear conciencia crítica y organización revolucionaria para transformar las sociedades capitalistas y derrotar el sistema imperialista nos remite inexorablemente a Lenin en lo relativo a espontaneidad y conciencia, masificación y organización, movilización por reivindicaciones y luchas con conducción estratégica y sentido de poder y de transformación revolucionaria anticapitalista.
Nos remite a la necesidad de estructurar y cualificar a los revolucionarios y revolucionarias pertenecientes a los movimientos sociales de avanzada en una fuerza política capaz de articular y conducir políticamente los diversos combates y las variadas formas de lucha hacia un proyecto de nueva sociedad, justa y solidarias.
Todo esto sin obviar los cambios acaecidos durante todo un siglo en la dinámica del capitalismo mundial, en su centro y su periferia, en la composición social de sus sociedades nacionales (dentro de sus variados niveles de desarrollo), en la cultura dominante, en el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico…para desde sus esencias válidas abrirle campo a las readecuaciones e innovaciones necesarias.
Por eso quiero detenerme, extrayéndolas con pinzas de su obra ¿QUE HACER?, en estas ideas expuestas por V.I. Lenin sobre esta temática; ideas a mí entender claves dentro sus convicciones teóricas y su exitosa práctica revolucionaria. Claves ayer y claves hoy, en tanto principios básicos del quehacer revolucionario, y estableciendo las diferencias respecto al contexto socio-político-cultural y a las condiciones específicas del capitalismo ruso al inicio del siglo XX y sin referir solamente a la clase obrera industrial.
«Hemos dicho que es preciso infundir a nuestro movimiento, muchísimo más vasto y profundo que el de los 70, la misma decisión abnegada y la misma energía que entonces. En efecto, parece que nadie ha puesto en duda hasta ahora que la fuerza del movimiento contemporáneo reside en el despertar de las masas (y, principalmente, el proletariado industrial) y su debilidad, en la falta de conciencia y de espíritu de iniciativa de los dirigentes revolucionarios. (V.I. Lenin.-Obras Escogidas. ¿Qué hacer?. Editorial Progreso, Moscú, pág, 138)
«La conciencia socialista moderna solo puede surgir de profundos conocimientos científicos… En efecto de modo que la conciencia socialista es algo introducido desde fuera en la lucha de clase del proletariado, y no algo que ha surgido espontáneamente dentro de ella.» (Obra citada, pág 146)
“Puesto que ni hablar se puede de una ideología independiente, elaborada por las propias masas obreras en el curso mismo de su movimiento, el problema se plantea así: ideología burguesa o ideología socialista.” (Obra citada, pág 147)
“La organización de obreros debe ser, primero profesional; segundo debe ser lo mas amplia posible; tercero, lo menos clandestina posible (aquí y más adelante me refiero, claro está, sólo a la Rusia autocrática). Por el contrario, la organización de los revolucionarios debe agrupar, ante todo y sobre todo, a personas cuya profesión sea la actividad revolucionaria (por eso hablo de una organización de revolucionarios socialdemócratas). Antes este rasgo común de los miembros de semejante organización debe desaparecer en absoluto toda la diferencia entre obreros e intelectuales, sin hablar ya de la diferencia entre las diversas profesiones de unos y otros. Esta organización debe ser necesariamente no muy amplia y lo mas clandestina posible.” (Obra citada, pág 205)
A mí me han ayudado mucho valorar sus reflexiones «Sobre la Reorganización del Partido» contenidas en su libro «Dos Tácticas de la Socialdemocracia en la Revolución Democrática, destinadas a cambiar modalidades organizativas del partido bolchevique en un periodo determinado, en las que Lenin plantea que la esencia de la vanguardia revolucionaria no reside en sus formas organizativas y sus métodos de trabajo y de lucha, cambiantes con las circunstancias, sino en su condición de fuerza consciente y organizada, integrada selectivamente por personas dedicadas a la emancipación de la humanidad oprimida por el capital.
Pensando este tema en los nuevos tiempos y partiendo de lo esencial en la teoría leninista de organización, comparto con un ustedes estas consideraciones sobre las vanguardias u organización de los/as revolucionarios/as en el contexto del capitalismo y el imperialismo actual y de los nuevos avances del pensamiento socialista.
Todo esto nos emplaza a la construcción de alternativas revolucionarias, de fuerzas alternativas, conscientes y organizadas; a la necesidad, por tanto, de las nuevas vanguardias revolucionarias como componentes estratégicos de los grandes frentes y movimientos transformadores; capaces primero de librar la lucha por una democracia participativa basada en un nuevo poder y una nueva institucionalidad para a continuación, creadas las premisas necesarias, avanzar en el proceso de socialización de la economía y del poder político.
Me refiero a la cuestión cardinal de la organización de los/as revolucionarios/as, de la vanguardia transformadora con capacidad de articular, hacer confluir y contribuir -desde la ciencia y al compás de las luchas- a elevar la conciencia y organización política de los pueblos y a convertir progresivamente en factor de poder a los sujetos sociales dominados, oprimidos y explotados por el capital.
Hablo de una vanguardia política revolucionaria en general, no solamente de una vanguardia obrera o de la clase obrera, porque las fuerzas del trabajo, las clases, sectores de clases, movimientos y actores sociales explotados, oprimidos y excluidos por el capitalismo en nuestra América y el mundo de hoy son mucho más diverso que el movimiento obrero industrial y, a veces, por períodos, algunos de ellos resultan ser más combativos que éste.
Hablo de una vanguardia compartida, unitaria, colectiva…, articuladora de las diferentes corrientes anti-sistema, antiimperialistas, anticapitalistas; portadora de un proyecto anti-neoliberal pero también pos-capitalista.
Me refiero a una fuerza conductora que les imprima cohesión, sentido político y vocación de construcción de poder a los movimientos y a las luchas de las clases explotadas, sectores oprimidos, fuerzas sociales excluidas, discriminadas, pueblo empobrecido y a otros sectores sociales dominados.
Me refiero a una fuerza política que pueda devenir en conductora de una gran parte de la sociedad, por la conciencia transformadora que sea capaz de crear en su seno, por la organización que construya, por las técnicas que domine, por las formas de lucha apropiadas que impulse y generalice, por la capacidad tecno-científica, teóricas y política capaz de trascender sus propias fronteras.
Sí, por su sabiduría para crear, construir, desarrollar y tomar el poder; por su capacidad para derrotar al enemigo, ya sea por su poder disuasivo o por su fuerza confrontativa y transformadora en todos los terrenos.
Por su autoridad política y moral ganada en gran parte de la sociedad; por lo que Antonio Gramsci llamó la hegemonía como autoridad bien conquistada: simpatía, organización, poder de convocatoria, liderazgo….
Vanguardias sin esos requisitos no son tales. Son aparatos políticos desvinculados del pueblo y de las clases y sectores dominados, explotados y oprimidos.
Por eso la condición de vanguardia no se decreta, sino que se gana; se conquista a través de un proceso de lucha e inserción en las bases de la sociedad, a través de una autoridad política sustentada en el respaldo voluntario de las fuerzas sociales alternativas.
· ·SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, CONCIENCIA.
El concepto vanguardia implica selección, formación, organización de lo más consciente, superación de lo espontáneo; conocimiento de la realidad, dominio de métodos de trabajo y los procesos de relación con el pueblo, capacidad de análisis científico, técnicas de investigación y de lucha, acumulación de conocimientos, recursos humanos y medios técnicos que posibiliten disputar poder y hegemonía en la sociedad civil, y en el Estado. Recursos y medios para librar las luchas civiles y militares, materiales e ideológicas necesarias.
En sociedades como las nuestras, todas las clases explotadas, todo el bloque social dominado no puede acceder espontáneamente a ese nivel cualitativo.
Es preciso primero organizar y formar lo más avanzado, sin desvincularlo del sujeto popular, sin separarlo del pueblo trabajador, de los movimientos sociales (feministas, juveniles, artísticos culturales…), de las clases y sectores excluidos y dominados por el sistema imperante; sin abandonar la relación directa con la cotidianidad de la gente, con sus luchas, con sus necesidades y anhelos.
· ·VANGUARDIA CAPITALISTA.
La necesidad de ese tipo de organización, la cual puede tener variadas formas y modalidades (según las circunstancias, los tiempos y las condiciones concretas en cada sociedad o región), tiene relación con el hecho de que el orden opresor tiene su propia vanguardia conductora, sus propias fuerzas organizadas, calificadas y conscientes para defenderse y reproducirse y atacar a sus adversarios.
Sí, el capitalismo y el imperialismo actuales tienen sus vanguardias para ejercer dominación: una vanguardia con un discurso esencialmente único, con una ideología dura (la neoliberal), con estructuras militares, con poder mediático, con capacidad tecno-científica, con medios materiales y espirituales, con capacidad de construir hegemonías y de reciclarlas.
El imperialismo y el capitalismo del siglo XXI han conformado su poder a tono con sus intereses y necesidades, procurando siempre reproducirlo y renovarlo a costa de una gran parte de la humanidad; recurriendo incluso a su estrategia de guerra global.
Tal realidad impone un enorme desafío imposible de alcanzar sin rebeldías justicieras, conciencia y organización de los/as de abajo.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.