Opinión
Leonel arroja leña al fuego nacional
Por Juan Bolívar Díaz
El discurso con que el expresidente Leonel Fernández trató de justificar el inmenso déficit fiscal en que terminó su Gobierno constituye una autoincriminación al revelar su desprecio por la Constitución de la República y todo el sistema normativo del manejo de las finanzas públicas.
La pieza fue inoportuna, ya que subestimó la inteligencia de los dominicanos y echó combustible sobre la indignación generada por el déficit estimado en 187 mil millones de pesos y el paquete fiscal que busca conjurarlo, contribuyendo a mantener un movimiento de protestas que afecta el inicio del Gobierno de Danilo Medina.
Agita la indignación. Si el doctor Leonel Fernández no subestimara la capacidad de razonar de la mayoría de los dominicanos se habría economizado el discurso que pronunció el martes 13, que solo operó como un balde de combustible sobre el fuego de la indignación nacional por el inmenso abuso de las finanzas públicas implicado en el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos con que entregó el Gobierno.
Fue un discurso inoportuno en momento en que el presidente Danilo Medina salía del país y que solo serviría para incentivar un movimiento de protestas sin precedentes y un rechazo generalizado en todos los sectores sociales que el Gobierno ha manejado con discreción esperando que baje la marea que ha afectado su arranque.
Es que resulta imposible justificar un gasto que superó más de ocho veces los RD$22,500 millones que el Congreso Nacional le había autorizado como déficit en la Ley de Presupuesto aprobada para el año en curso, criticado por los analistas económicos y políticos, el empresariado y los más variados sectores sociales, además de la dispersa y condicionada oposición política, y cuando su propio ministro de Economía durante ocho años, Temístocles Montás, había proclamado al presentar el ajuste que “las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit”.
Ni un solo economista, articulista o analista independiente, ni tampoco algún dirigente empresarial o social había avalado el discurso hasta ayer sábado, aunque el doctor Fernández había obtenido el apoyo del Comité Político de su partido, parte del Comité Central y de 105 diputados, mientras indignados manifestantes acosaban “como cuerpo del delito” su Fundación Global. Los reclamos de sanción por el déficit se extendieron en el país y en ciudades de Estados Unidos y Europa, atrayendo la atención de importantes medios de comunicación, resaltando la CNN que le ha dedicado horas, cuestionando los niveles de corrupción imperantes, citando el Foro Económico Mundial que le atribuye la peor evaluación entre 144 países.
Múltiples manipulaciones. El discurso de Leonel Fernández estuvo fundado en múltiples manipulaciones de cifras y circunstancias, al extremo que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien lo fuera también en sus 12 años de Gobierno, hubo de precisar que no fueron 49 mil millones de pesos los que recibió esa institución este año para cubrir sus obligaciones financieras, sino tan solo 11 mil millones, una diferencia de 38 mil millones. Aunque la Ley de Presupuesto le asignó 23 mil 783 millones de pesos.
Pero la más grosera manipulación fue el tratar de equiparar el déficit fiscal incurrido por Fernández, sin prioridad, planificación ni transparencia y decidido por él solo, con los déficits fiscales de Estados Unidos, Europa o Japón, que son planificados y aprobados por el Congreso. Llegó al extremo de citar el riesgo del “abismo fiscal” que afrontaría el Gobierno norteamericano desde enero, justo cuando el presidente Obama negocia acuerdos con el Congreso, porque él solo no puede pasarse con un dólar sin exponerse a un juicio político. En ningún país donde se respete el orden institucional se le ocurre a un Presidente pasarse ocho veces del déficit aprobado en una ley de presupuesto y menos porque necesite ganar una elección o sembrar para volver.
Por demás, Fernández pretende ignorar que los graves problemas económicos de España, Portugal, Grecia, Italia, son preponderantemente fruto de los déficits fiscales acumulados, los que en los últimos 6 años de su gobierno alcanzan 400 mil millones de pesos. Trató de justificar el déficit en la caída este año de las recaudaciones, cuando las mismas se han elevado en 15% en relación al año pasado, con un incremento de 42 mil millones de pesos, al pasar de 279 mil millones a unos 321 mil millones. La reducción es en relación a un presupuesto que desde antes de su aprobación fue denunciado como sobrestimado en ese renglón y subestimado en el déficit del sector eléctrico, al que se destinó apenas US$270 millones, cuando en el 2011 pasó de US$900 millones y este año se proyecta en US$1,270 millones.
Leonel se auto incriminó. El doctor Leonel Fernández se auto incriminó al admitir que incurrió en un déficit de 187 mil millones de pesos, cuando solo tenía autorización legal para 22,500 millones. Como cuenta con la fidelidad del Ministerio Público y de las cortes judiciales, se considera por encima de la Constitución y de todo el sistema legal que pauta la disposición y fiscalización de las finanzas públicas. Asume lo público como privado al plantear que “Cuando alguien compra ¨fiao¨ o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda”
Participación Ciudadana recordó que el artículo 236 de la Constitución establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, y citó el artículo 123 del Código Penal que sanciona con prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”.
Entre las leyes que pudieron ser violadas PC señala las Orgánica del Presupuesto, de Contabilidad Gubernamental, del Sistema de Administración Financiera del Estado, la de Planificación de la Inversión Pública, de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, la de la Contraloría General, de Crédito Público y las de los ministerios de Hacienda y de Economía. Además la de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y la de Función Pública.
El argumento de que el déficit fue por la reducción del ingreso presupuestado (11 por ciento) se cae cuando se cuantifica un incremento del gasto que según Bernardo Vega montaría a 144 mil millones de pesos, 43 por ciento más que en el 2011, y con 100 mil millones de pesos más de lo presupuestado más de la mitad en inversión para su gloria personal de inaugurar decenas de obras, muchas de las cuales todavía requieren recursos para ponerlas en operación, incluyendo emblemáticas como la segunda línea del Metro, el Merca Santo Domingo, o el Instituto Tecnológico Superior. Hasta agosto, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó 145 por ciento de su presupuesto de todo el año, y el de la Presidencia 105 por ciento. La deuda pública se incrementó en 1,278.4 millones de dólares (7.3 por ciento) solo en el trimestre julio-septiembre pasado.
Con el agravante de la premeditación, ya que el doctor Fernández avisó en septiembre de 2011, en Nueva York, que se proponía gastar 40 mil millones de pesos para asegurar el triunfo electoral de su partido este año. Lo que no dijo es cuánto consumiría para volver a la presidencia en el 2016. Se ha documentado que el 60 por ciento del gasto excesivo ocurrió entre el 21 de mayo y el 16 de agosto. En el proceso quedó evidente que se desarrollaban dos campañas electorales del mismo partido de Gobierno.
Fue notable que Leonel Fernández no se refiriera a las acusaciones de malversación y corrupción.
Una penosa subestimación
Ya hace años el presidente Fernández había dicho que su oposición política carecía de capacidad para conceptualizar, pero con el tiempo parece haberlo extendido a la generalidad de los dominicanos, como puso de manifiesto en los siguientes aspectos:
1.- Pretendió justificar el paquete tributario en el consenso nacional de años sobre la necesidad de una “reforma fiscal integral”, citando los reclamos del CONEP, cuando es precisamente por no reunir integralidad y por considerársele un nuevo parche fiscal, que el empresariado y todos los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) lo han rechazado.
2.- Equiparó el “pacto fiscal” dispuesto por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que, según la misma, debería lograrse por consenso en el desestimado CES, con la imposición al vapor de la mayoría congresual de su partido.
3.- Comparó la presión fiscal dominicana con la de los países desarrollados, donde el estado de bienestar ofrece servicios de calidad en agua potable, energía, educación, salud, pensiones y seguridad ciudadana que el Estado dominicano no ofrece y tienen costo adicional para los usuarios. Citó el artículo 36 de la END tratando de justificar la celeridad del parche tributario, aunque el mismo indica que “en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria”.
4.- Citó muy parcialmente las recomendaciones del FMI del 13 de diciembre del 2011 que incluían “medidas de ajuste equivalentes a 3.5 por ciento del PIB”, equiparándolo con mayores tributos, cuando puede ser también por vía de la reducción del dispendio y la corrupción como reclama la sociedad.
Algunos datos de gestión económica
• Los ingresos fiscales crecieron de 128 mil a 321 mil millones de pesos entre el 2004 y 2012, un 151 por ciento.
• Del 2006 al 2012 los ingresos crecieron 69 por ciento pero el gasto 150 por ciento.
• La deuda pública total casi se duplica de US$13,322 millones en 2005 a US$25,890 millones en 2012.
• Las exportaciones crecieron 40 por ciento de 2004 al 2011, pero las importaciones se incrementaron en 121 por ciento.
• Entre el 2003 y 2007 se acumuló un déficit fiscal de 18,284 millones de pesos, con promedio anual de 3,657 millones; del 2008 al 2012 fue de 394, 861 millones de pesos, promedio anual de 78,861 millones de pesos.
• La deuda del Banco Central pasó de 85 mil 600 millones de pesos en 2004 a 267 mil millones de pesos en 2012, creciendo en 181 mil 600 millones de pesos, un 212 por ciento.
Fuentes: Fernando Alvarez Bogaert, HOY, 14 de Noviembre. El último dato es de la Comisión Económica del PRD.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!