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Leonel no se rinde y busca evitar que la JCE proclame a Gonzalo Castillo.

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El expresidente Leonel Fernández insiste a través de los miembros de su equipo político que agotará todas las vías legales para demostrar el alegado fraude ejecutado contra su líder en las primarias celebradas por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el pasado día 6.

Los leonelistas se reunieron ayer, para evaluar la posibilidad de impugnar el resultado de las elecciones primarias del pasado domingo. El encuentro se celebró en la sede de Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), tras ser convocados al encuentro para definir la estrategia a seguir.

Rubén Maldonado, delegado de Fernández ante la Junta Central Electoral (JCE), dijo que se están haciendo todas las diligencias posibles para invalidar los resultados de las elecciones primarias, las que calificaron como un “fraude colosal”, y que para ello recurrirán nuevamente al Tribunal Superior Electoral Electoral (TSE).

Maldonado sostuvo que las fuerzas del PLD que están con el exmandatario seguirán a su lado bajo cualquier circunstancia.

“Nosotros estamos firmes al lado del presidente Leonel Fernández y estamos esperando que él tome la decisión que tenga que tomar. Por ahora la decisión que estamos tomando es la de recurrir este resultado en término legal para probarle al país y al mundo que hemos sido víctimas de un fraude colosal, un fraude nunca visto en la sociedad dominicana”, precisó el también expresidente de la Cámara de Diputados.

Con relación al fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE) en el que rechazó el recurso sometido por el expresidente Fernández que buscaba impedir que la JCE diera por concluido el proceso de las primarias del PLD y declare ganador a Gonzalo Castillo, Maldonado dijo que seguirán agotando todos los procesos legales.

El TSE rechazó a las 4:15 de la madrugada de ayer la demanda de referimiento de extrema urgencia, sometida por Leonel Fernández contra el Partido de la Liberación Dominicana, Junta Central Electoral y Gonzalo Castillo, tras considerar que la parte demandante no logró demostrar que los daños invocados sean irreparables.

La corte electoral rechazó la petición después de una larga deliberación, que comenzó en la tarde del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes.

La reunión del equipo leonelista, se produjo pocas horas despues que la Junta Central Electoral publicara los resultados del conteo manual de los votos y los publicara en su cuenta de twitter ratificando la victoria de Gonzalo Castillo.

El resultado final del conteo manual otorga 911.324 votos a Gonzalo Castillo y 884.630 sufragios a Leonel Fernández, con una diferencia de 26.694 votos a favor del primero.

Con relación al conteo manual de votos, la JCE estableció que hubo coincidencias con el automatizado.

El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Freddy Pérez, también presente en la reunión de ayer, manifestó que en todas las provincias el pueblo dominicano vio cómo se manipuló este proceso.

Dijo que como aparte del fraude informático se vio de manera clara la compra de cédulas para favorecer a Gonzalo Castillo. Reiteró que los cómputos fueron intervenidos de múltiples formas y consideró que es imposible que faltando 2000 mesas “cambiara una tendencia que estaba clara”.

El equipo de Fernández entiende que los equipos de votación de las primarias celebradas el domingo pasado fueron presuntamente manipulados para que “miles de personas” votaran por el precandidato Castillo en perjuicio de su líder.

Fernando Fernández, enlace técnico del exmandatario ante la JCE, reiteró que el expresidente Leonel Fernández está decidido a llevar su lucha hasta el final porque está convencido de haber ganado las primaras del domingo.

Fernández, asimismo, acusó al organismo comicial de estar parcializado y de actuar a favor del gobierno y su precandidato, Gonzalo Castillo, a quien los resultados de las elecciones primarias dan como ganador.

Advirtió que si la JCE procede a la proclamación de los ganadores de las primarias, “consumará un adefesio”.

“La Junta fue parcial. Ha dado muestras de que no es juez y no es imparcial. Está a favor del Gobierno y Gonzalo Castillo”, indicó.

Fernández dijo que “llegaremos hasta el final para demostrar el triunfo de Leonel Fernández”. El ex presidente Fernández convocó a sus seguidores a otra protesta frente a la sede del órgano electoral.

La vicepresidenta de Alianza País, Minou Tavárez Mirabal, dirigió una carta pública al expresidente Leonel Fernández en la que, entre otras cosas, afirma que el también presidente del PLD está siendo víctima del mismo sistema que como Presidente de la República nunca se ocupó de apoyar y desarrollar. “Verdad, profesor, que lo que es igual para todos (la ausencia de democracia, la normalización de la corruptela, el fraude crudo a pleno día, el chanchulleo a quemarropa), pica, duele, hace roncha, por no decir que apesta e indigna” expresó Minou Tavarez Mirabal en su carta.

La exdiputada de la República afirmó además que “fuimos testigos el domingo de algo que ya sabíamos: aquí las elecciones se ganan con cuartos, con cuartos y con cuartos”.

La también exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana enfatizó en que “lo que han hecho con total descaro no es nuevo. Lo hemos padecido en carne propia una y otra vez. Aceptar como válidas las violaciones de derechos -ya sean contra un adversario interno o contra terceros- termina conviertiéndose en un ogro que arrasa hasta con tus propias entrañas. Lo novedoso es verlo a usted reclamando contra las fullerías y la participación del todopoderoso Estado dominicano. Pero que hayamos vivido la experiencia de la comisión de esos delitos en procesos en los que usted actuaba bajo el manto del poder estatal no justifica que nos quedemos callados”.

 

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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