Opinión
Leonel Fernández y su cacareada Constitución
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13 años agoon
Cuando el presidente Leonel Fernández introdujo el tema de la reforma constitucional a su regreso al poder en el 2004, no sentí entusiasmo.
Tenía la convicción de que nuevamente el motivo principal de la reforma era cambiar el sistema de elección presidencial, aunque ese objetivo se enmascarara en una reforma integral; y además, las reformas constitucionales que se realizan cuando predomina una fuerza política (cualquiera sea su orientación) producen textos que expresan fundamentalmente los intereses del grupo dominante. En este caso eran fuerzas conservadoras.
Para ilustrar mi planteamiento voy a referirme a tres artículos aprobados en la Constitución de 2010 que representan retranques para el avance de los derechos democráticos en República Dominicana: el Artículo 124 sobre la elección del presidente, el Artículo 37 sobre la vida, y el Artículo 18 sobre la nacionalidad.
La Constitución de 1966 estableció la elección presidencial consecutiva e indefinida afín al proyecto continuista de Joaquín Balaguer. Para sacar a Balaguer del poder se aprobó en 1994 una reforma constitucional que estableció la elección presidencial indefinida pero no consecutiva. Balaguer se fue en 1996.
En el 2002, Hipólito Mejía impulsó la modificación constitucional de la elección presidencial para repostularse en el 2004. Estableció la reelección consecutiva una vez y nunca jamás.
El nunca jamás impedía la repostulación de Fernández después de 2008, razón por la cual en la reforma constitucional de 2010 se estableció nuevamente en el Artículo 124 la elección presidencial indefinida no consecutiva. Ahora Fernández, Mejía y cualquier otro presidente puede aspirar por siempre.
El problema principal con esta fórmula de elección presidencial en países de tradición personalista y baja institucionalidad como República Dominicana, es que fomenta el caudillismo contrario a la institucionalidad democrática.
El Artículo 37, mejor conocido como el Artículo 30 en el ante-proyecto de reforma, indica que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Esta definición de la vida corresponde a una agenda religiosa conservadora que busca prohibir el aborto en toda circunstancia.
Las religiones tienen derecho de predicar a sus feligreses lo que deseen, pero en una sociedad democrática no pueden imponer sus dogmas a toda la población, y es a toda la población que una Constitución representa y para quien se aprueban las leyes.
La interpretación liberal que hacen abogados como Eduardo Jorge Prats y Cristóbal Rodríguez de que el Artículo 37 no prohíbe el aborto es correcta, pero el uso real que dan las fuerzas conservadoras dominicanas a ese Artículo es de prohibición absoluta del aborto.
Como en República Dominicana ni los gobiernos ni las cortes tienen independencia real de las jerarquías religiosas, el Artículo 37 establece de hecho una violación a los derechos de las mujeres a la vida y a una vida digna.
El caso reciente de “Esperancita” muestra cómo el derecho a la vida de una mujer puede estar en peligro ante la cobardía e ineficiencia de las autoridades públicas para ofrecer tratamiento adecuado cuando peligra la vida de la embarazada.
El Artículo 18 sobre la nacionalidad representa para República Dominicana un gran reto nacional e internacional. Niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano. Pero resulta que República Dominicana ha permitido por décadas una migración masiva de haitianos para el trabajo por bajos salarios en la agricultura y la construcción.
Muchos de esos inmigrantes se quedan en el país y procrean, pero sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos nacidos en República Dominicana nunca tendrán derecho a ser dominicanos, según la Constitución de 2010. ¿Qué harán con ellos las huestes conservadoras, los lincharán?
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.
Por Isaías Ramos
En teoría, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En la práctica dominicana, sin embargo, se ha convertido en un simulacro donde el pueblo elige, pero no decide; vota, pero no gobierna. Donde las élites deciden, pero no rinden cuentas.
Según la Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023, el 67.3% de los dominicanos considera que el país está gobernado por unos pocos grupos poderosos para su propio beneficio.
¿Y aún nos preguntamos por qué reina la desconfianza?
La respuesta está en un rechazo profundo y creciente que socava la esencia misma del régimen democrático. No se trata solo de que la gente desconfíe de los partidos: es que no se siente representada por ellos. Las élites políticas, atrincheradas en sus privilegios, han convertido la política en un mecanismo para blindar sus intereses, bloquear la movilidad social, perpetuar la pobreza y sofocar cualquier intento de transformación institucional real.
Como explican Acemoglu y Robinson, cuando las instituciones son capturadas por élites extractivas, las democracias dejan de servir al bien común y se transforman en estructuras de control, diseñadas para proteger y beneficiar a unos pocos, mientras mantienen a todo un pueblo excluido y oprimido.
El reciente proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo sobre “la libertad de expresión y los medios audiovisuales” es una señal alarmante de hasta dónde esta partidocracia está dispuesta a llegar para silenciar, someter y desmovilizar a la ciudadanía.
Y es ahí donde entra el papel histórico de las candidaturas independientes.
En un contexto como el nuestro, las candidaturas independientes no son una opción decorativa: son una necesidad democrática y constitucional. Son el único instrumento legítimo para rescatar el espíritu de la Carta Magna, que consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, y cuya promesa de justicia social, igualdad de oportunidades y soberanía popular ha sido traicionada por los partidos tradicionales.
Los partidos políticos dominicanos han dejado claro que no están interesados en desmontar el sistema de privilegios que los sostiene. Han ignorado el mandato constitucional de gobernar para todos; han convertido el Congreso en un mercado de favores y el Poder Ejecutivo en un comité privado al servicio de intereses particulares.
Han secuestrado la democracia, sustituyendo la voluntad del pueblo por acuerdos de cúpula, clientelismo, manipulación mediática y marketing emocional.
Por eso, desde el Frente Cívico y Social (FCS), hacemos un llamado urgente a cada ciudadano y ciudadana a despertar, organizarse y recuperar lo que por derecho le pertenece: su voz, su voto y su país.
Este no es el momento de resignarse, sino de resistir.
No es tiempo de silencio, sino de conciencia.
No es momento de confiar en los mismos, sino de confiar en nosotros.
En el FCS estamos convencidos de que construir un nuevo contrato social no es un sueño imposible: es un deber histórico. Una candidatura verdaderamente independiente, libre de ataduras partidistas, comprometida con el bien común y con la Constitución en la mano, es hoy la única vía para romper el círculo de exclusión, desigualdad y mentira que oprime a la nación.
La representación verdadera no puede seguir siendo una ilusión. Si el sistema no responde al pueblo, el pueblo tiene el deber de reformarlo desde sus cimientos. La democracia no se defiende obedeciendo a quienes la traicionan, sino rebelándose —pacífica, legal y moralmente— contra todo lo que la convierte en una farsa.
Es tiempo de levantar la voz, de defender la dignidad y de organizar la esperanza.
Porque la historia no la cambian las élites: la cambia un pueblo cuando deja de esperar… y se levanta a conquistar su destino.
¡Despierta, RD!
jpm-am
Opinión
Solicitud de detención y entrega de una persona a la Corte Penal Internacional
Published
1 día agoon
mayo 22, 2025Por Rommel Santos Díaz
La solicitud de detención y entrega de una persona a la Corte Penal Internacional deberá formularse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el artículo 87 del Estatuto de Roma.
La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detención de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma deberá contener los elementos siguientes o ir acompañada de :
- a)Información suficiente para la identificación de la persona buscada y datos sobre su probable paradero;
- b)Una copia de la orden de detención; y
- c)Los documentos, las declaraciones o la información que sean necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos no podrán ser más onerosos que los aplicables a las solicitudes de extradición conforme a tratados o acuerdos celebrados por el Estado requerido y otros Estados y, de ser posible, serán menos onerosos, habida cuenta del carácter específico de la CPI.
Cabe destacar que la solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los siguientes elementos o ir acompañada de:
- a)Copia de la orden de detención dictada en su contra;
- b)Copia de la sentencia condenatoria;
- c)Datos que demuestran que la persona buscada es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria; y
- d)Si la persona que se busca ha sido condenada a una pena, copia de la sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una indicación de la parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.
Finalmente, a solicitud de la Corte Penal Internacional, un Estado Parte consultará con ésta, en general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de acuerdo con el artículo 91 del Estatuto de Roma. En esas consultas, el Estado Parte comunicará a la Corte los requisitos específicos de su derecho interno.
Por Narciso Isa Conde
Me refiero a la “cumbre” integrada por el presidente actual y tres expresidentes, los cuatro magníficos gobernadores de colonia, garantes de impunidades mayores y responsables de la bestialidad policial-militar contra migrantes.
Un problema económico-social de dimensión mundial, como lo es la migración, lo tratan a base de la fuerza militar.
Los cuatro protagonistas de esa enlodada cumbre hace tiempo permitieron un despliegue ascendente de odio contra los negros pobres, ya inmigrantes o descendientes, ya nativos; dado que, en su manera de pensar colonialmente, los negros ricos no son negros, ni lo son los dominicanos negros enriquecidos.
¡ A los negros pobres le hacen la guerra!
Los cuatro exculparon a Trujillo, a Balaguer y a sus cortesanos de todos sus delitos, incluidos delitos migratorios: asesinatos, corrupción, tráfico de personas, semi-esclavitud, sobre-explotación y quemas de viviendas.
Los cuatro le dieron continuidad al robo de la memoria histórica y de la verdad sobre las relaciones dominico-haitianas, para engañar a las nuevas generaciones, crear un falso nacionalismo anti-haitiano y exculpar a EEUU de sus crímenes contra la autodeterminación de ambas naciones y la dignidad de sus pueblos.
La agenda de su fangosa cumbre, destinada a consagrar en el Ministerio de Defensa la impunidad de los cuatro y el espíritu de guerra contra Haití, es la llamada “crisis haitiana”; pero resulta que esa crisis no es propiamente haitiana: es una crisis creada en territorio haitiano por EEUU, Francia y Canadá y por mafias oligárquicas y políticas a su servicio.
Ninguno de los cuatro tiene valor y dignidad para reconocerlo así y enfrentarla como tal.
Saben que EEUU y su “comunidad internacional” han intervenido a Haití 11 veces en lo últimos 30 años; y lejos de mejorar la situación, la han empeorado.
Saben que las bandas terroristas la formaron y la armaron la CIA, el MOSSAD y los paramilitares colombianos.
Saben todo eso y callan.
Saben que los/as trabajadores/as aportan a RD mucho más de lo que reciben de ella.
Conocen bien que no es lo mismo migrar que “invadir”, pero repiten permanentemente esa mentira.
Que ni son una “carga”, ni se trata de “un pueblo inferior”, como pregonan sus partidos, funcionarios y la cáfila neofascista que ellos alientan y protegen junto a sus grupos paramilitares, ex generales asesinos y mega-ricos inescrupulosos.
Durante 30 años los cuatros han favorecido que la frontera sea un gran negocio de jefes militares, empresarios inescrupulosos y políticos canallas.
La anunciada “coincidencia en la política oficial hacia Haití” es porque los cuatro comparten todo eso y cosas peores; y porque compiten a quien es más neofascista, más hostil contra el pueblo haitiano y más dócil ante los Biden y los Trump.
Están descalificados para tratar humanamente y con medidas socialmente justas la cuestión migratoria a la que le han puesto el traje de “crisis haitiana”, pese a ser creada criminalmente por EEUU. ¡Cobardes!
Los cuatro, con las gafas y sin las gafas de calieses, tienen un enorme parecido.