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Opinión

Leonel Fernández y su cacareada Constitución

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Cuando el presidente Leonel Fernández introdujo el tema de la reforma constitucional a su regreso al poder en el 2004, no sentí entusiasmo.

Tenía la convicción de que nuevamente el motivo principal de la reforma era cambiar el sistema de elección presidencial, aunque ese objetivo se enmascarara en una reforma integral; y además, las reformas constitucionales que se realizan cuando predomina una fuerza política (cualquiera sea su orientación) producen textos que expresan fundamentalmente los intereses del grupo dominante. En este caso eran fuerzas conservadoras.

Para ilustrar mi planteamiento voy a referirme a tres artículos aprobados en la Constitución de 2010 que representan retranques para el avance de los derechos democráticos en República Dominicana: el Artículo 124 sobre la elección del presidente, el Artículo 37 sobre la vida, y el Artículo 18 sobre la nacionalidad.

La Constitución de 1966 estableció la elección presidencial consecutiva e indefinida afín al proyecto continuista de Joaquín Balaguer. Para sacar a Balaguer del poder se aprobó en 1994 una reforma constitucional que estableció la elección presidencial indefinida pero no consecutiva. Balaguer se fue en 1996.

En el 2002, Hipólito Mejía impulsó la modificación constitucional de la elección presidencial para repostularse en el 2004. Estableció la reelección consecutiva una vez y nunca jamás.

El nunca jamás impedía la repostulación de Fernández después de 2008, razón por la cual en la reforma constitucional de 2010 se estableció nuevamente en el Artículo 124 la elección presidencial indefinida no consecutiva. Ahora Fernández, Mejía y cualquier otro presidente puede aspirar por siempre.

El problema principal con esta fórmula de elección presidencial en países de tradición personalista y baja institucionalidad como República Dominicana, es que fomenta el caudillismo contrario a la institucionalidad democrática.

El Artículo 37, mejor conocido como el Artículo 30 en el ante-proyecto de reforma, indica que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Esta definición de la vida corresponde a una agenda religiosa conservadora que busca prohibir el aborto en toda circunstancia.

Las religiones tienen derecho de predicar a sus feligreses lo que deseen, pero en una sociedad democrática no pueden imponer sus dogmas a toda la población, y es a toda la población que una Constitución representa y para quien se aprueban las leyes.

La interpretación liberal que hacen abogados como Eduardo Jorge Prats y Cristóbal Rodríguez de que el Artículo 37 no prohíbe el aborto es correcta, pero el uso real que dan las fuerzas conservadoras dominicanas a ese Artículo es de prohibición absoluta del aborto.

Como en República Dominicana ni los gobiernos ni las cortes tienen independencia real de las jerarquías religiosas, el Artículo 37 establece de hecho una violación a los derechos de las mujeres a la vida y a una vida digna.

El caso reciente de “Esperancita” muestra cómo el derecho a la vida de una mujer puede estar en peligro ante la cobardía e ineficiencia de las autoridades públicas para ofrecer tratamiento adecuado cuando peligra la vida de la embarazada.

El Artículo 18 sobre la nacionalidad representa para República Dominicana un gran reto nacional e internacional. Niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano. Pero resulta que República Dominicana ha permitido por décadas una migración masiva de haitianos para el trabajo por bajos salarios en la agricultura y la construcción.

Muchos de esos inmigrantes se quedan en el país y procrean, pero sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos nacidos en República Dominicana nunca tendrán derecho a ser dominicanos, según la Constitución de 2010. ¿Qué harán con ellos las huestes conservadoras, los lincharán?

Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.

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Opinión

Cuando el conocimiento y el intelecto se diluyen en el estiércol.

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Por Edgard Paniagua Miguel

La sabiduría y la inteligencia no se deben confundir con el conocimiento.
La sabiduría es la aplicación correcta de lo que se conoce o se tiene de un referente moral correcto (el temor a Dios), es lo que se deriva del análisis de nuestra mente, que nuestra inteligencia halla hecho de las cosas. Todo siempre orientado hacia el bien.
La humanidad nos ha dado  muchos ejemplos de personas inteligentes y con conocimiento enciclopédico, pero que han puesto parte esa capacidad al servicio del mal o lo han mezclado con el (mal).
En RD se desarrolló un programa radial de gran audiencia, allí se desplegaba mucho conocimiento, se manejaban muchas informaciones importantes culturales, políticas y religiosas, no solo del País si no del mundo.
En ese programa radial que tuvo cautivo a casi todo el País y desde donde se desplegaba tanta cultura y conocimiento, tenía unos  ingredientes adicionales: la vulgaridad, el desenfreno de la lengua, la destrucción y vilipendio de las personas elegidas, sean simples oyentes, compañeros de cabina, propietario del medio, Presidentes o Padre de la Patria.
Si fue una estrategia  para ganar audiencia el asunto de la vulgarización, el uso cada vez mayor de palabras ociosas, pues resultó ser que se les fue de las manos; pues la mayor influencia que ha dejado dicho programa al País ha sido lo que se le ha mal denominado la cultura Alofoque.
A esa cultura debe denominarse la cultura “Z” puesto que fue desde la letra  “Z” que se sembró la semilla, se germinó y luego se cosechó y se instaló en la Radio y TV Dominicana.
Todos gozaban de las humillaciones y de las palabras ociosas que desde allí se vertían , tanto los compañeros de cabina como la gran audiencia nacional.
No había ley ni autoridad que pudiera objetar lo que desde allí se decía, ni siquiera los propietarios del medio, pues el descontrol se apoderaba de los comunicadores y las palabras ociosas llenaban todo el espacio posible.
No había sabiduría en ello, no había inteligencia tampoco, allí había una memorización de conocimiento enciclopédico diluido en el estercolero de las palabras ociosas.
Y esa semilla sembrada germinó, fue cosechada y replicada por la nueva generación de  usuarios de la radio y tv. ; a los que se le ha mal llamado, cultura alofoque.
La influencia no fue para que las nuevas generaciones adquieran  cultura y conocimiento, NO, lo que marcó el paso fue la vulgaridad, la destrucción de personas, la intimidación y el miedo, puesto que tenían en sus manos el poder de destruir y construir, dioses eran.
El asunto se fue de la mano, y hoy la Nación tiene como referencia esa conducta impropia heredada de la cultura “Z”.
En ese programa se cumplió lo siguiente:
“He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.”
De todo lo bueno que el Medio pudo y puede tener, su mayor legado ha sido la cultura que he denominado “Z”.
Finalmente esto no ha sido nada nuevo en la propia humanidad puesto que en la Sagradas Escrituras se nos ha advertido acerca del tema del uso de la lengua con bastante precisión e ilustración.
En el libro Sagrado el asunto va más allá de las consecuencias terrenales del mal uso de la lengua, allí se nos advierte el hecho de que cada ser humano tendrá que dar cuentas ante Dios de toda palabra ociosa que de su boca halla salido.
El temor verdadero a Dios, hace que el hombre tenga dominio propio de su lengua y hasta de sus pensamientos…
Seamos sabios!
Léase en la Biblia: Santiago capitulo 3

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Opinión

Entre el Desierto Moral y el Progreso Vacío.

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Por Isaías Ramos

Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.

El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.

Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.

El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.

La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.

En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.

El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.

En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.

¡Despierta, RD!

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Opinión

El Estatuto de Roma y la  Cooperación de los Estados

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente  con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.

La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo  y eficiente de la Corte.

El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en  el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.

El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar  que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación  especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.

En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios  que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder  tan rápido  como sea posible  a los requerimientos de la Corte.

Los Estados deben de considerar  que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad  con  el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.

El Estatuto de Roma  no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.

Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes  estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y  crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte  en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.

Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad  con el artículo 12.

Finalmente, los Estados  que no sean parte deberán cooperar plenamente  una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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