Nacionales
Leonel Fernández insiste conteo manual a nivel presidencial
Ruben Maldonado, delegado político de Leonel Fernández ante la Junta Central Electoral (JCE), declaró que depositó una instancia ante el organismo comicial en la que solicita que se haga un conteo manual en el cien por ciento de las mesas en el nivel presidencial.
Dijo que el equipo de Fernández confía en el voto automatizado, pero el conteo manual rodea de mayor confianza el resultado de las votaciones del 6 de octubre y dejará conforme a todos los actores del proceso y la sociedad. Dijo que además el sistema automatizado es nuevo y necesita validación, porque será utilizado en las elecciones municipales, presidenciales y congresuales del 2020.
“Le dará mayor confianza a los resultados, nosotros confiamos en el sistema automatizado, pero queremos agregarle más valor para que sea aún más confiable”, subrayó. Fernández también pidió que el duplicado de la cédula se entregue hasta el 4 de octubre a las 12:00 de la noche, porque han recibido la denuncias de supuestas compras de cédulas de personas interesadas que no se vote por determinado candidato.
Ayer, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, aseguró que contar manualmente los votos de las primarias del 6 de octubre sería un caos y un trabajo casi imposible, porque se trata de un proceso en el que concurrirán dos partidos de manera simultánea con varios niveles de elección.
“Lo que pasa es que cuando tú tienes todos estos niveles de elección y tienes primarias que concurren dos partidos el mismo día y tienes dos elecciones simultaneas y tienes la cantidad de cargos de elección popular en la oferta de precandidaturas para escoger candidatos. Esa es una empresa que manualmente es imposible prácticamente de hacer, por lo menos de hacerlo en cinco días. Yo creo que sí, eso se puede hacer, pero en dos meses más o menos”, enfatizó el titular del órgano electoral.
“Yo creo que de aquí a dos meses habría un caos nacional y nosotros precisamente para enfrentar ese caos nacional que compondría la sumatoria en escrutinio de todos esos dos procesos convencionales de primarias interno de estos dos grandes partidos, es que hemos elaborado la solución de voto automatizado con ellos porque precisamente son ellos los que tienen el interés de parte y la acreditación, esos dos partidos porque son sus primarias”, agregó al ser cuestionado por la prensa sobre el pedimento de la Coalición en Defensa de la Democracia que plantea a la Junta que cuente manualmente el 100% de los votos. Precisó que el conteo manual, que se ha utilizado históricamente, ha sido un fracaso, por lo que aseguró que con la solución automatizada que la JCE utilizará en este proceso electoral, el país dará un salto de avance y se liberará al sistema político dominicano de noches tormentosas y de resultados que se ofrecían luego con muchas dudas. “¿Las dudas desaparecen de una vez?, no, pero sabiendo que el sistema manual que hemos tenido hasta ahora ha fracasado siempre, tenemos una propuesta con visión de futuro para que demos un salto”.
Castaños Guzmán ofreció estas declaraciones durante un desayuno que tuvo el pleno del órgano con los integrantes del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país. Durante la actividad, en la que estuvieron presentes las embajadoras de Estados Unidos, y Canadá, Robin Bernstein y Shauna Hemingway, respectivamente, entre otros embajadores, el titular de la Junta expuso todo el proceso seguido por la JCE para organizar las elecciones las primarias simultáneas del PLD y del PRM.
El candidato a senador de la coalición electoral Juntos Podemos que integran diez partidos políticos, Vinicio Castillo, rechazó las declaraciones del presidente de la JCE Julio César Castaños, mediante la cual se opone a que se cuenten los votos impresos depositados en las urnas en las primarias del PLD y el PRM, alegando que contarlos sería un caos. “Lamentamos profundamente que nuestro amigo Castaños Guzmán se niegue rotundamente a contar los votos físicos antes de transmitir resultados electrónicos. Es un hecho de suma gravedad, puesto que si los votos no se van a contar no tiene sentido que existan votos impresos depositados en una urna en cada colegio. Si no se va a hacer ninguna acta de los resultados físicos ni se van a contar los votos, ¿para qué las urnas? ¿para qué conservarlos? No tendría ningún sentido, si se van a dar resultados al público sin verificación previa”, apuntó.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.