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Leonel Fernández insiste conteo manual a nivel presidencial
Ruben Maldonado, delegado político de Leonel Fernández ante la Junta Central Electoral (JCE), declaró que depositó una instancia ante el organismo comicial en la que solicita que se haga un conteo manual en el cien por ciento de las mesas en el nivel presidencial.
Dijo que el equipo de Fernández confía en el voto automatizado, pero el conteo manual rodea de mayor confianza el resultado de las votaciones del 6 de octubre y dejará conforme a todos los actores del proceso y la sociedad. Dijo que además el sistema automatizado es nuevo y necesita validación, porque será utilizado en las elecciones municipales, presidenciales y congresuales del 2020.
“Le dará mayor confianza a los resultados, nosotros confiamos en el sistema automatizado, pero queremos agregarle más valor para que sea aún más confiable”, subrayó. Fernández también pidió que el duplicado de la cédula se entregue hasta el 4 de octubre a las 12:00 de la noche, porque han recibido la denuncias de supuestas compras de cédulas de personas interesadas que no se vote por determinado candidato.
Ayer, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, aseguró que contar manualmente los votos de las primarias del 6 de octubre sería un caos y un trabajo casi imposible, porque se trata de un proceso en el que concurrirán dos partidos de manera simultánea con varios niveles de elección.
“Lo que pasa es que cuando tú tienes todos estos niveles de elección y tienes primarias que concurren dos partidos el mismo día y tienes dos elecciones simultaneas y tienes la cantidad de cargos de elección popular en la oferta de precandidaturas para escoger candidatos. Esa es una empresa que manualmente es imposible prácticamente de hacer, por lo menos de hacerlo en cinco días. Yo creo que sí, eso se puede hacer, pero en dos meses más o menos”, enfatizó el titular del órgano electoral.
“Yo creo que de aquí a dos meses habría un caos nacional y nosotros precisamente para enfrentar ese caos nacional que compondría la sumatoria en escrutinio de todos esos dos procesos convencionales de primarias interno de estos dos grandes partidos, es que hemos elaborado la solución de voto automatizado con ellos porque precisamente son ellos los que tienen el interés de parte y la acreditación, esos dos partidos porque son sus primarias”, agregó al ser cuestionado por la prensa sobre el pedimento de la Coalición en Defensa de la Democracia que plantea a la Junta que cuente manualmente el 100% de los votos. Precisó que el conteo manual, que se ha utilizado históricamente, ha sido un fracaso, por lo que aseguró que con la solución automatizada que la JCE utilizará en este proceso electoral, el país dará un salto de avance y se liberará al sistema político dominicano de noches tormentosas y de resultados que se ofrecían luego con muchas dudas. “¿Las dudas desaparecen de una vez?, no, pero sabiendo que el sistema manual que hemos tenido hasta ahora ha fracasado siempre, tenemos una propuesta con visión de futuro para que demos un salto”.
Castaños Guzmán ofreció estas declaraciones durante un desayuno que tuvo el pleno del órgano con los integrantes del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país. Durante la actividad, en la que estuvieron presentes las embajadoras de Estados Unidos, y Canadá, Robin Bernstein y Shauna Hemingway, respectivamente, entre otros embajadores, el titular de la Junta expuso todo el proceso seguido por la JCE para organizar las elecciones las primarias simultáneas del PLD y del PRM.
El candidato a senador de la coalición electoral Juntos Podemos que integran diez partidos políticos, Vinicio Castillo, rechazó las declaraciones del presidente de la JCE Julio César Castaños, mediante la cual se opone a que se cuenten los votos impresos depositados en las urnas en las primarias del PLD y el PRM, alegando que contarlos sería un caos. “Lamentamos profundamente que nuestro amigo Castaños Guzmán se niegue rotundamente a contar los votos físicos antes de transmitir resultados electrónicos. Es un hecho de suma gravedad, puesto que si los votos no se van a contar no tiene sentido que existan votos impresos depositados en una urna en cada colegio. Si no se va a hacer ninguna acta de los resultados físicos ni se van a contar los votos, ¿para qué las urnas? ¿para qué conservarlos? No tendría ningún sentido, si se van a dar resultados al público sin verificación previa”, apuntó.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.