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No puede ser aplicada por ahora la polémica Ley 1-24 que crea la DNI
Santo Domingo, R.D.- A pesar de que hay quienes creen que la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual fue promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de enero, es aplicada aunque esto realmente no ha ocurrido.
La normativa no podrá entrar en función por el momento, debido a que le hace falta su reglamento para su implementación, el cual tendrá que ser entregado al Poder Ejecutivo por las autoridades de la DNI antes del próximo 15 de abril.
“La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en un plazo de NOVENTA días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación”, reza el artículo 37 de la Ley.
Ante la inobservancia a este articulado distintos sectores y actores de la vida nacional han atribuido a la legislación en cuestión hechos aislados de detenciones de personas cuando aún no estaría lista la Dirección Nacional de Inteligencia sino que aún opera el Departamento Nacional de Investigaciones.
Tal es el caso del miembro de la prensa Aneudy Betances, quien resultó apresado la semana pasada mientras grababa frente a las instalaciones del DNI que está al lado del Palacio Nacional.
El camarógrafo en Multimedios Su Mundo explicó que se encontraba del lugar haciendo varias tomas, cuando dos agentes del Departamento Nacional de Investigaciones se le acercaron a decirle que no podía grabar en esa área y lo ingresaron a la entidad, donde, según comentó, le pidieron su documento de identidad y su equipo de trabajo.
“Me revisaron, me quitaron mi documento, hasta que duré ese tiempo de 45 minutos y después me despacharon (…). El equipo se lo llevaron a otra área y yo, como ya sabía la situación, cuando iba entrando saqué la memoria de la cámara, lo que tenía grabado para que no se me pierda, me la puse en los bolsillos, explicó.
Este hecho despertó las alarmas de sectores, quienes decían que era el primer caso de aplicación de la Ley.
Otro suceso atribuido a la aplicación de Ley que crea la DNI, el más reciente, es el del pasado viernes en la provincia San José de Ocoa, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron y maltrataron al reconocido médico y activista Wazar Gómez, mientras éste caminaba con un cartel que tenía un mensaje dirigido al presidente Luis Abinader.
Las redes sociales “explotaron” al respecto, y hasta dirigentes políticos de la oposición “tronaron” contra la Ley 1-24, al creer que ya opera.
Posición de juristas ante los tres frentes a la Ley que crea la DNI
Ante las críticas y el rechazo a la legislación que crea la DNI, se han producido tres frentes: una mesa diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios (SSD); sectores depositaron cuatro acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la normativa; y dos diputados peledeísta sometieron un proyecto de ley, de dos artículos, para derogar la pieza y se mantenga en vigencia la Ley 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el DNI esté bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, elCaribe conversó ayer con especialistas en Derecho Constitucional, quienes, tras coincidir en que las tres opciones señaladas son correctas, dieron sus recomendaciones al respecto.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán; y el catedrático Ricardo Rojas se inclinan al diálogo con los sectores para buscar un consenso y modificar la pieza. Mientras, el jurista Nassef Perdomo considera que lo ideal es que se derogue la legislación, para iniciar un proceso de discusión y aprobar una ley de consenso.
Rojas concibe que la Ley se debe dejar en manos del Poder Ejecutivo, quien ha demostrado ser una persona “extremadamente abierta”, para que avance en las gestiones de escuchar a todos los sectores de la vida nacional que proponen cambios a la norma. Entiende que derogar la ley no es una solución, porque la misma, a pesar de sus “dos o tres artículos controversiales, tiene muchísimos aspectos que son importantes y necesarios, además de que la Constitución manda a crear un Sistema Nacional de Inteligencia”.
Se recuerda que los artículos atacados ante el Tribunal Constitucional son el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 y 29. En ese sentido, el catedrático no ve que la Ley sea contraria a la Carta Magna, “no la hay”, por lo que considera que los recursos de inconstitucionalidad sometidos en la alta corte no van a tener éxito. Dijo consciente que el marco legal tiene aspectos que deben ser mejorados, los cuales no están en discusión, pero aclaró que el TC, mediantes sus fallos, no va corregirlos o mejorarlos.
“Cuando te lees el artículo 11, en su párrafo IV, te remite a la Constitución, o sea, la Ley te dice ´usted tiene que dar información con respecto a la Constitución y las leyes sectoriales . ¿Qué dice la Constitución y las leyes sectoriales?, que hace falta una autorización judicial. Lo dice. Ahora, ¿que la ley debió decir directamente ´hay que ir donde un juez y conseguir una autorización´?, es cierto, debió decirlo, pero ellos (los legisladores) lo que utilizaron fue la técnica de la remisión, que están remitiendo a la Constitución, que dice hay que buscar la autorización de un juez y están remitiendo a leyes sectoriales que dice también hay que buscar la autorización de un juez”, sostuvo el especialista al justificar el porqué, a su juicio, el artículo no es anticonstitucional.
Señaló, además, que la normativa debe ser sacada del debate político, porque “todo el mundo votó” por la misma, aunque considera que esto no da razón para que no sea mejorada.
En tanto, Servio Tulio Castaños Guzmán recomienda no esperar que el TC se pronuncie, ya que conocer una acción de inconstitucionalidad le puede llevar al órgano extrapoder desde meses hasta dos años.
“Lo importante es continuar con lo que el presidente de la República propuso: una comisión a los fines de que elaborara cuáles son las modificaciones que se le deben hacer a la Ley, un tanto como para que la misma se corresponda no solo con disposiciones constitucionales, sino que en algunos de sus artículos se ha dado lo que en Derecho se llama una especie de antinomia, o sea, esa ley contradice otras disposiciones legales como la Ley del Ministerio Público”, ponderó.
El representante de la Finjus recomienda que la propuesta de modificación a la Ley 1-24 por parte de la mesa revisora entre el Gobierno y la SDD debe estar lista la semana entrante y ser remitida al Poder Ejecutivo, para que éste se la envié al Congreso Nacional, a fin de que la pieza sea reformada. “Si hay un consenso alrededor de la Ley, es que la misma tiene que ser modificada, y eso es lo más importante ahora”, enfatizó.
En un breve comentario y contrario a sus homólogos, Nassef Perdomo cree que lo ideal es que “se derogue la Ley y se empiece un proceso de discusión para poder aprobar una ley de consenso”.
Finjus presentará mañana propuesta de modificación a la Ley 1-24
La Fundación Institucionalidad y Justicia presentará mañana martes sus observaciones en torno a la Ley 1-24, según adelantó el vicepresidente ejecutivo de la entidad. Al conversar con elCaribe, Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que la Finjus se reunirá con la comisión del Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios para dar a conocer su propuesta de reforma. Reveló que en el encuentro asistirá por primera vez el presidente Luis Abinader. “Tenemos nuestras observaciones al respecto que la daremos a conocer en el día de mañana, que es cuando se reúne por primera vez la comisión conformada con el Presidente”, expresó el representante de la Finjus.
La Ley 1-24 obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información a la DNI que pueda afectar la seguridad nacional.
Comisión revisora Ley DNI se reúne tres días
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.