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No puede ser aplicada por ahora la polémica Ley 1-24 que crea la DNI

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Santo Domingo, R.D.- A pesar de que hay quienes creen que la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual fue promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de enero, es aplicada aunque esto realmente no ha ocurrido.

La normativa no podrá entrar en función por el momento, debido a que le hace falta su reglamento para su implementación, el cual tendrá que ser entregado al Poder Ejecutivo por las autoridades de la DNI antes del próximo 15 de abril.

“La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en un plazo de NOVENTA días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación”, reza el artículo 37 de la Ley.

Ante la inobservancia a este articulado distintos sectores y actores de la vida nacional han atribuido a la legislación en cuestión hechos aislados de detenciones de personas cuando aún no estaría lista la Dirección Nacional de Inteligencia sino que aún opera el Departamento Nacional de Investigaciones.

Tal es el caso del miembro de la prensa Aneudy Betances, quien resultó apresado la semana pasada mientras grababa frente a las instalaciones del DNI que está al lado del Palacio Nacional.

El camarógrafo en Multimedios Su Mundo explicó que se encontraba del lugar haciendo varias tomas, cuando dos agentes del Departamento Nacional de Investigaciones se le acercaron a decirle que no podía grabar en esa área y lo ingresaron a la entidad, donde, según comentó, le pidieron su documento de identidad y su equipo de trabajo.

“Me revisaron, me quitaron mi documento, hasta que duré ese tiempo de 45 minutos y después me despacharon (…). El equipo se lo llevaron a otra área y yo, como ya sabía la situación, cuando iba entrando saqué la memoria de la cámara, lo que tenía grabado para que no se me pierda, me la puse en los bolsillos, explicó.

Este hecho despertó las alarmas de sectores, quienes decían que era el primer caso de aplicación de la Ley.

Otro suceso atribuido a la aplicación de Ley que crea la DNI, el más reciente, es el del pasado viernes en la provincia San José de Ocoa, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron y maltrataron al reconocido médico y activista Wazar Gómez, mientras éste caminaba con un cartel que tenía un mensaje dirigido al presidente Luis Abinader.

Las redes sociales “explotaron” al respecto, y hasta dirigentes políticos de la oposición “tronaron” contra la Ley 1-24, al creer que ya opera.

Posición de juristas ante los tres frentes a la Ley que crea la DNI

Ante las críticas y el rechazo a la legislación que crea la DNI, se han producido tres frentes: una mesa diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios (SSD); sectores depositaron cuatro acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la normativa; y dos diputados peledeísta sometieron un proyecto de ley, de dos artículos, para derogar la pieza y se mantenga en vigencia la Ley 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el DNI esté bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, elCaribe conversó ayer con especialistas en Derecho Constitucional, quienes, tras coincidir en que las tres opciones señaladas son correctas, dieron sus recomendaciones al respecto.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán; y el catedrático Ricardo Rojas se inclinan al diálogo con los sectores para buscar un consenso y modificar la pieza. Mientras, el jurista Nassef Perdomo considera que lo ideal es que se derogue la legislación, para iniciar un proceso de discusión y aprobar una ley de consenso.

Rojas concibe que la Ley se debe dejar en manos del Poder Ejecutivo, quien ha demostrado ser una persona “extremadamente abierta”, para que avance en las gestiones de escuchar a todos los sectores de la vida nacional que proponen cambios a la norma. Entiende que derogar la ley no es una solución, porque la misma, a pesar de sus “dos o tres artículos controversiales, tiene muchísimos aspectos que son importantes y necesarios, además de que la Constitución manda a crear un Sistema Nacional de Inteligencia”.

Se recuerda que los artículos atacados ante el Tribunal Constitucional son el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 y 29. En ese sentido, el catedrático no ve que la Ley sea contraria a la Carta Magna, “no la hay”, por lo que considera que los recursos de inconstitucionalidad sometidos en la alta corte no van a tener éxito. Dijo consciente que el marco legal tiene aspectos que deben ser mejorados, los cuales no están en discusión, pero aclaró que el TC, mediantes sus fallos, no va corregirlos o mejorarlos.

“Cuando te lees el artículo 11, en su párrafo IV, te remite a la Constitución, o sea, la Ley te dice ´usted tiene que dar información con respecto a la Constitución y las leyes sectoriales . ¿Qué dice la Constitución y las leyes sectoriales?, que hace falta una autorización judicial. Lo dice. Ahora, ¿que la ley debió decir directamente ´hay que ir donde un juez y conseguir una autorización´?, es cierto, debió decirlo, pero ellos (los legisladores) lo que utilizaron fue la técnica de la remisión, que están remitiendo a la Constitución, que dice hay que buscar la autorización de un juez y están remitiendo a leyes sectoriales que dice también hay que buscar la autorización de un juez”, sostuvo el especialista al justificar el porqué, a su juicio, el artículo no es anticonstitucional.

Señaló, además, que la normativa debe ser sacada del debate político, porque “todo el mundo votó” por la misma, aunque considera que esto no da razón para que no sea mejorada.

En tanto, Servio Tulio Castaños Guzmán recomienda no esperar que el TC se pronuncie, ya que conocer una acción de inconstitucionalidad le puede llevar al órgano extrapoder desde meses hasta dos años.
“Lo importante es continuar con lo que el presidente de la República propuso: una comisión a los fines de que elaborara cuáles son las modificaciones que se le deben hacer a la Ley, un tanto como para que la misma se corresponda no solo con disposiciones constitucionales, sino que en algunos de sus artículos se ha dado lo que en Derecho se llama una especie de antinomia, o sea, esa ley contradice otras disposiciones legales como la Ley del Ministerio Público”, ponderó.

El representante de la Finjus recomienda que la propuesta de modificación a la Ley 1-24 por parte de la mesa revisora entre el Gobierno y la SDD debe estar lista la semana entrante y ser remitida al Poder Ejecutivo, para que éste se la envié al Congreso Nacional, a fin de que la pieza sea reformada. “Si hay un consenso alrededor de la Ley, es que la misma tiene que ser modificada, y eso es lo más importante ahora”, enfatizó.

En un breve comentario y contrario a sus homólogos, Nassef Perdomo cree que lo ideal es que “se derogue la Ley y se empiece un proceso de discusión para poder aprobar una ley de consenso”.

Finjus presentará mañana propuesta de modificación a la Ley 1-24

La Fundación Institucionalidad y Justicia presentará mañana martes sus observaciones en torno a la Ley 1-24, según adelantó el vicepresidente ejecutivo de la entidad. Al conversar con elCaribe, Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que la Finjus se reunirá con la comisión del Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios para dar a conocer su propuesta de reforma. Reveló que en el encuentro asistirá por primera vez el presidente Luis Abinader. “Tenemos nuestras observaciones al respecto que la daremos a conocer en el día de mañana, que es cuando se reúne por primera vez la comisión conformada con el Presidente”, expresó el representante de la Finjus.

La Ley 1-24 obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información a la DNI que pueda afectar la seguridad nacional.

Comisión revisora Ley DNI se reúne tres días

La comisión revisora de la Ley 1-24, encabezada por el Gobierno y la SSD, se reunirá esta semana en la sede del Listín Diario, los días martes 30, miércoles 31 y jueves 01 de febrero, a las 5:00 de la tarde. Están convocados Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus; Lizzie Sánchez Padilla, coordinadora de Participación Ciudadana (PC); Nuria Piera, encargada subcomisión índice Chapultepec de Libertad de Prensa de la SIP; César Dargám, vicepresidente ejecutivo del Conep; y Claudia García, directora ejecutiva de la Comtec.

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Empresa chilena dice que Rep. Dominicana figura entre países mejores posicionados de AL

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Por Jhonny Trinidad

SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.

Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.

84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.

Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.

Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.

72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.

Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).

Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).

El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.

Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).

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El marbete ya ha sido renovado por más de 600,000 conductores.

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Santo Domingo, R.D.-Desde el inicio del proceso de renovación del marbete desde el pasado 22 de octubre hasta este lunes 23 de diciembre, unos  627,885 conductores han renovado el Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) para el periodo 2024-2025.

Este registro es evidenciado por las contabilizaciones que elabora la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las cuales indican que este servicio es dirigido a 1,893,024 vehículos hábiles.
Por el pago de este tributo gubernamental, realizado por los conductores dominicanos, la DGII ha recaudado unos RD$1,070,088,000 por medio de diferentes vías.
La mayoría de los pagos se han realizado vía internet, con 601,797 pagos; luego a través de las estafetas del órgano fiscalizador ubicadas en el interior, que fueron utilizadas por 26,088 ciudadanos.
Los puntos DGII son los únicos establecimientos colocados en las provincias del interior que permanecerán en funcionamiento para permitir la renovación presencial, hasta tanto finalice el asueto navideño.

Los ciudadanos, que tienen hasta el 31 de enero del año entrante para cumplir con este requisito, disponen de 49 entidades financieras, con 859 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional.

Quienes no renueven este el marbete antes de la fecha fijada deberán pagar un recargo de RD$2,000; de acuerdo con el monto dictado por el órgano gubernamental.

Mientras que para los vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores son RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación, más RD$100.00 por concepto de cesación administrativa.

Costo del impuesto

La DGII dijo que los valores del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) permanecen invariables con relación al periodo anterior. Es decir, que para los vehículos fabricados hasta el año 2019 el monto es de RD$1,500.00. Para los vehículos fabricados del año 2020 en adelante son RD$3,000.00.

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Dominicano extraditado desde Colombia recibe 18 meses de prisión.

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Santo Domingo, R.D.-El juez coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, magistrado José Rafael D’ Asís Burgos, impuso 18 meses de prisión preventiva contra otra persona vinculada al caso Falcón, relacionado con narcotráfico y lavado de activos.

El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja contra el imputado Joel Sosa Polanco.

Jonathan Tavárez, representante legal del imputado, dice que el único delito que ha cometido su cliente es ser pariente del presunto cabecilla de la supuesta estructura.

«Ese es el único dato relevante que tiene la investigación del Ministerio Público«, sostiene el jurista.

Sosa Polanco fue extraditado a la República Dominicana desde Colombia, donde fue detenido junto a Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como cabecilla de la supuesta estructura.

La acusación establece también que la red se dedicaba al patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.

El Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago está apoderado de la acusación presentada por el Ministerio Público en octubre del 2022 y que involucra a 31 personas físicas y 39 morales.

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