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Leyes del régimen electoral penden del síndrome de la improvisación que caracteriza a todos los entes y órganos del Estado dominicano.
Por Elba García
Históricamente la República Dominicana ha estado sometida a la incertidumbre por las debilidades de las leyes del régimen electoral, las cuales cada cierto tiempo son modificadas, pero que lamentablemente no terminan de consolidar un sistema que preserve y proteja un aspecto vital de la democracia como es el de elegir y ser elegible.
La República Dominicana es una nación llena de sobresaltos, de incertidumbres, de falta de certezas, porque generalmente todo es el resultado de la improvisación, de la falta de planificación, cuyas características tienen incluso una razón profundamente cultural.
La democracia criolla ha tenido una serie de tropiezos durante sus procesos electorales por medidas administrativas y legislativas provenientes de la Junta Central Electoral (JCE) y de las cámaras legislativas, unas porque desnaturalizan las normas y otras porque el ánimo que prevalece en el Congreso Nacional es la politiquería y satisfacer intereses que nada tienen que ver con la democracia.
Estos asuntos son debilidades que han marcado la democracia dominicana, la cual en vez de buscar implementar un régimen legal-electoral que perdure en el tiempo, lo que hace es crear legislaciones que deben ser variadas o modificadas cada vez que se acerca un proceso electoral.
La explicación de esta conducta es precisamente por la causa citada más arriba, la politiquería, porque cada partido con incidencia en el Congreso Nacional o sin ella busca impactar en las cámaras legislativas con el único fin de favorecer los intereses de sus miembros o los grupos que lo conforman.
En la contienda electoral del 2020 fueron desastrosas las violaciones cometidas, las cuales provocaron la anulación de las elecciones municipales, pero incluso en las propias presidenciales se dieron situaciones de desconocer la Constitución de la República por parte de todos los partidos que conforman el sistema que los sustenta.
Fueron tantas las violaciones que en ese proceso no se respetó lo que tanto se había debatido como es la cuota de género, ya que partidos como el Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) incurrieron en todas las ilegalidades imaginables para acomodar las elecciones a sus intereses.
Pero esta es una debilidad que arrastra la democracia dominicana desde hace décadas cuando el presidente Joaquín Balaguer sostenía que si perdía ganaba, si empataba ganaba y si ganaba ganaba, porque la Junta Central Electoral era un órgano dirigido por personajes muy vinculados al Partido Reformista Social Cristiano y cuando menos por tener una notable cercanía con los grupos en el poder.
En el curso de los años los cambios que se han producido en el contexto electoral son prácticamente insignificantes, porque lo más reciente en términos de las normas fueron las aprobaciones de las leyes 15-19 y la 33-18, las cuales fueron manejadas con una gran premura y que por esa razón ni aquellos que las propiciaron crearon las herramientas para defenderse como parcelas políticas.
Al final de la jornada todo mundo ha perdido con las referidas legislaciones, es decir, no sólo los partidos, que son los propiciadores del gran desorden en esta materia, sino la propia democracia nacional, dado que lo ocurrido afectó mucho la credibilidad del sistema electoral.
Estas dos leyes han sufrido una serie de mutilaciones por parte del Tribunal Constitucional por estar al margen de la Carta Magna, pero éstas todavía mantienen el país en una incertidumbre que hay quienes se aventuran a decir que por los errores cometidos las mismas no garantizan unas elecciones transparentes y creíbles.
Es un problema que se constituye en la más grande amenaza a un ejercicio como es el comicial que representa la mayor expresión del derecho al voto y de un derecho constitucional de elegir y ser elegible, porque con esas legislaciones prevalecen más las trampas que el mandato saludable de las normas.
Ahora a menos de una semana para el cierre de la actual legislatura en el Congreso Nacional, los diputados se apresuran a la creación de una comisión especial para debatir las reformas que se buscan a las leyes del régimen electoral.
Este jueves, momentos previos a que llegaran los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), tanto el presidente de la Cámara de Diputados, como el de la comisión especial, no aseguraron que la pieza vaya a ser aprobada en esta legislatura.
Las dudas aparentemente se despejaron con lo dicho por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, de que que habría tiempo para su aprobación, pero solo si se extiende la actual legislatura.
Pero en iguales términos se expresó el presidente de la comisión especial, diputado Elias Wessin Chávez, quien agregó que no tiene dudas de que el proyecto de modificación no va estar listo para el cierre de la legislatura.
Otro que se mostró muy cuidadoso al respecto fue presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuya respuesta fue prácticamente poco optimista.
“Ayer definimos una ruta crítica de trabajo con relación a esta ley, pero luego de nosotros ver el camino definitivo que vamos a tomar y determinar las opiniones podremos establecer conclusiones de esa naturaleza. Mientras soberana la comisión y el pleno”, comentó Pacheco.
La actual legislatura termina el 12 del presente mes de enero, pero se hacen esfuerzos para que la misma pueda extenderse, sobre todo ante la gran prioridad e importancia de que las leyes del régimen electoral sean adecuadas al sistema.
El presidente de la JCE afirmó que respondieron todas las dudas de los diputados y se mostró confiado en que “quedaron sensibilizados” tras culminar la conversación.
Todo se produce pese a que el pleno de la JCE depositó en las cámaras legislativas una serie de propuestas de modificación de las leyes 15-19 y 33-18 el 22 de abril de 2022, pero las mismas todavía están en el limbo, ya que el Senado introdujo algunos cambios en estas normas, pero éstos fueron considerados inaceptables por amplios sectores de la vida nacional, los cuales están pendientes de ponderación en la Cámara de Diputados.
El presidente de la JCE recordó que con las propuestas de modificación de ambas leyes había decidido ejercer su facultad constitucional de iniciativa legislativa, conforme a lo establecido en el artículo 96, numeral 4, de la Constitución de la República.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.