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Leyes del régimen electoral penden del síndrome de la improvisación que caracteriza a todos los entes y órganos del Estado dominicano.
Por Elba García
Históricamente la República Dominicana ha estado sometida a la incertidumbre por las debilidades de las leyes del régimen electoral, las cuales cada cierto tiempo son modificadas, pero que lamentablemente no terminan de consolidar un sistema que preserve y proteja un aspecto vital de la democracia como es el de elegir y ser elegible.
La República Dominicana es una nación llena de sobresaltos, de incertidumbres, de falta de certezas, porque generalmente todo es el resultado de la improvisación, de la falta de planificación, cuyas características tienen incluso una razón profundamente cultural.
La democracia criolla ha tenido una serie de tropiezos durante sus procesos electorales por medidas administrativas y legislativas provenientes de la Junta Central Electoral (JCE) y de las cámaras legislativas, unas porque desnaturalizan las normas y otras porque el ánimo que prevalece en el Congreso Nacional es la politiquería y satisfacer intereses que nada tienen que ver con la democracia.
Estos asuntos son debilidades que han marcado la democracia dominicana, la cual en vez de buscar implementar un régimen legal-electoral que perdure en el tiempo, lo que hace es crear legislaciones que deben ser variadas o modificadas cada vez que se acerca un proceso electoral.
La explicación de esta conducta es precisamente por la causa citada más arriba, la politiquería, porque cada partido con incidencia en el Congreso Nacional o sin ella busca impactar en las cámaras legislativas con el único fin de favorecer los intereses de sus miembros o los grupos que lo conforman.
En la contienda electoral del 2020 fueron desastrosas las violaciones cometidas, las cuales provocaron la anulación de las elecciones municipales, pero incluso en las propias presidenciales se dieron situaciones de desconocer la Constitución de la República por parte de todos los partidos que conforman el sistema que los sustenta.
Fueron tantas las violaciones que en ese proceso no se respetó lo que tanto se había debatido como es la cuota de género, ya que partidos como el Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) incurrieron en todas las ilegalidades imaginables para acomodar las elecciones a sus intereses.
Pero esta es una debilidad que arrastra la democracia dominicana desde hace décadas cuando el presidente Joaquín Balaguer sostenía que si perdía ganaba, si empataba ganaba y si ganaba ganaba, porque la Junta Central Electoral era un órgano dirigido por personajes muy vinculados al Partido Reformista Social Cristiano y cuando menos por tener una notable cercanía con los grupos en el poder.
En el curso de los años los cambios que se han producido en el contexto electoral son prácticamente insignificantes, porque lo más reciente en términos de las normas fueron las aprobaciones de las leyes 15-19 y la 33-18, las cuales fueron manejadas con una gran premura y que por esa razón ni aquellos que las propiciaron crearon las herramientas para defenderse como parcelas políticas.
Al final de la jornada todo mundo ha perdido con las referidas legislaciones, es decir, no sólo los partidos, que son los propiciadores del gran desorden en esta materia, sino la propia democracia nacional, dado que lo ocurrido afectó mucho la credibilidad del sistema electoral.
Estas dos leyes han sufrido una serie de mutilaciones por parte del Tribunal Constitucional por estar al margen de la Carta Magna, pero éstas todavía mantienen el país en una incertidumbre que hay quienes se aventuran a decir que por los errores cometidos las mismas no garantizan unas elecciones transparentes y creíbles.
Es un problema que se constituye en la más grande amenaza a un ejercicio como es el comicial que representa la mayor expresión del derecho al voto y de un derecho constitucional de elegir y ser elegible, porque con esas legislaciones prevalecen más las trampas que el mandato saludable de las normas.
Ahora a menos de una semana para el cierre de la actual legislatura en el Congreso Nacional, los diputados se apresuran a la creación de una comisión especial para debatir las reformas que se buscan a las leyes del régimen electoral.
Este jueves, momentos previos a que llegaran los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), tanto el presidente de la Cámara de Diputados, como el de la comisión especial, no aseguraron que la pieza vaya a ser aprobada en esta legislatura.
Las dudas aparentemente se despejaron con lo dicho por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, de que que habría tiempo para su aprobación, pero solo si se extiende la actual legislatura.
Pero en iguales términos se expresó el presidente de la comisión especial, diputado Elias Wessin Chávez, quien agregó que no tiene dudas de que el proyecto de modificación no va estar listo para el cierre de la legislatura.
Otro que se mostró muy cuidadoso al respecto fue presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuya respuesta fue prácticamente poco optimista.
“Ayer definimos una ruta crítica de trabajo con relación a esta ley, pero luego de nosotros ver el camino definitivo que vamos a tomar y determinar las opiniones podremos establecer conclusiones de esa naturaleza. Mientras soberana la comisión y el pleno”, comentó Pacheco.
La actual legislatura termina el 12 del presente mes de enero, pero se hacen esfuerzos para que la misma pueda extenderse, sobre todo ante la gran prioridad e importancia de que las leyes del régimen electoral sean adecuadas al sistema.
El presidente de la JCE afirmó que respondieron todas las dudas de los diputados y se mostró confiado en que “quedaron sensibilizados” tras culminar la conversación.
Todo se produce pese a que el pleno de la JCE depositó en las cámaras legislativas una serie de propuestas de modificación de las leyes 15-19 y 33-18 el 22 de abril de 2022, pero las mismas todavía están en el limbo, ya que el Senado introdujo algunos cambios en estas normas, pero éstos fueron considerados inaceptables por amplios sectores de la vida nacional, los cuales están pendientes de ponderación en la Cámara de Diputados.
El presidente de la JCE recordó que con las propuestas de modificación de ambas leyes había decidido ejercer su facultad constitucional de iniciativa legislativa, conforme a lo establecido en el artículo 96, numeral 4, de la Constitución de la República.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.