Análisis Noticiosos
Leyes que protegen a las mujeres para combatir el hambre en el mundo
Unos 200 parlamentarios de 64 países se dieron cita en Chile para impulsar legislación y políticas públicas en sus Parlamentos nacionales ante la crisis alimentaria y el avance de la “comida chatarra” que se propaga por el planeta y que afecta sobre todo a las mujeres
Llay Llay (Chile).-Mónica y sus compañeras se han vuelto a calzar el forro polar rojo esta mañana para despachar sus lechugas y cebollas en los puestos callejeros de la comarca chilena del Llay Llay, en el centro del país. Como ocurre todos los viernes desde hace seis años. Tal vez a primera vista no lo parece, pero el suyo es un acto de resistencia. Resisten a los precios disparados de los insumos del campo, a la pertinaz sequía, a la macroindustria que ha cubierto de aguacates sus campos y chupado su agua y a los bolsillos adelgazados de sus vecinos, golpeados por la inflación y abocados a comprar como dicen ellas “comida chatarra” más barata. Resisten porque es su modo de vida y porque ellas también tienen que comer.
En esta comuna de Llay Llay, condenada a la sequía durante más de una década, donde antes corría el agua ahora hay cementerios de vacas. Aún aguantan las cabras y los cabreros, pero muchas otras familias ya no tienen empleo. Hubo hombres que emigraron en busca de ingresos y las mujeres se quedaron cultivando. En los cerros han cavado pozos profundos y plantado aguacates para la exportación. Cada vez hay menos terrenos agrícolas y gente que los cultive. La cosecha es menor e importan más. “Antes nosotras vendíamos rápidamente las cosas, pero ahora la gente no anda con mucho dinero por la inflación”, explica Margarita, una de las agricultoras, junto a sus impresionantes lechugas. Además del agua, el precio de los insumos también se ha disparado. Si hace dos años compraban nutrientes como el nitrógeno por 12.000 pesos el saco, ahora les cuesta 45.000. Como en otras comunas del país y como confirma el alcalde Eduardo González, la obesidad, la otra cara de la malnutrición, avanza. “Cuando uno los ve en el supermercado, los carros llevan pura comida chatarra”, explica Enríquez.
El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”,
“El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”, recordó, al margen del encuentro, Anton Leis, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, promotora de la cita chilena. Porque si en algo coincidieron los parlamentarios es en que hacen falta normas que den continuidad y en la necesidad de dejar instaladas políticas de Estado más allá del Gobierno de turno que conlleven un gasto presupuestario que pueda ser fiscalizado. En América Latina y El Caribe por ejemplo, los Parlamentos nacionales ya han adoptado 80 leyes de lucha contra el hambre. Hay ejemplos como el de Guatemala o el de Honduras, con leyes por las que alimentan a millones a los niños en las escuelas, o como la colombiana, que establece que el 30% de las compras de comida públicas que irán a parar a hospitales o al ejército procederán de pequeños agricultores. O la de Paraguay, que rescata los alimentos de las grandes superficies a punto de caducar. O la pionera chilena, con un etiquetado frontal para reducir la obesidad. Los parlamentarios acordaron en Valparaíso incluir el enfoque de género en sus iniciativas legislativas.
María Eugenia Arancibia vende sus verduras en el mercado de Llay Llay, en el centro de Chile, en junio de 2023ANA CARBAJOSA VICENTE
El proceso no siempre es fácil. “Fue muy duro, pero lo logramos”, cuenta la diputada hondureña Teresa Calix. “Involucramos a maestros, universidades y llevamos a los niños al congreso a decir a los diputados: ‘tenemos hambre, queremos comer’. Los niños se dormían en las clases por debilidad”, recuerda la parlamentaria, que ahora trabaja en una ley de agricultura familiar. Calix achaca parte del problema a que muchos diputados no conocen su realidad. “Son solo de escritorio y eso es un gran problema”, resume.
Los avances son, sin embargo, a todas luces insuficientes. La diputada chilena Carolina Marzán, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, tiene claro que “hay alimentos suficientes para alimentar a la población, pero todavía hay inseguridad alimentaria y las mujeres son las que más lo sufren”. Explica que “la realidad con la pandemia cambió. Tuvimos un retroceso tremendo. Las mujeres retrocedieron muchísimo en lo que se había avanzado”.
Las cifras dejan claro que la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3, según los últimos datos de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, publicados en abril. Eso supone un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2019. “Durante la pandemia de la covid-19, la inseguridad alimentaria aumentó más rápido en el caso de las mujeres, y las pérdidas de empleo tanto en la producción agrícola primaria como en los segmentos no agrícolas de los sistemas agroalimentarios fueron mucho más acusadas en la población femenina que en la masculina. Las mujeres se vieron obligadas a agotar sus activos y ahorros, más limitados, antes que los hombres”, indica el informe de la FAO. El 22% de las mujeres perdieron su empleo en el sistema agroalimentario no agrícola en el primer año de la pandemia, en comparación con solo el 2% de los hombres. El informe calcula que si se cerrara la brecha de género en la productividad agrícola y se suprimiera la diferencia salarial en los sistemas agroalimentarios, el PIB mundial aumentaría un 1%. Con ello, la inseguridad alimentaria mundial se reduciría en alrededor de dos puntos porcentuales, y 45 millones de personas dejarían de pasar hambre.
La inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3%, según los últimos datos de la FAO.
En los países en desarrollo, la mitad de los trabajadores del campo son mujeres y producen entre el 60% y el 80% de los alimentos. Sin embargo, son propietarias de menos de un quinto de las tierras en esos países. Las mujeres, además, ganan en promedio un 18,4% menos que los hombres en el empleo asalariado en la agricultura.
Tres hijas para heredar
Claudia Brito, experta en género y sistemas sociales de la FAO, constata que desde 2015 estamos en un proceso de retroceso paulatino. “Sabemos que la mayoría de ese aumento son mujeres”. Considera que un factor fundamental es que las políticas sociales están enfocadas en el mundo urbano y no llegan al campo de la misma manera que a la ciudad. También recuerda que los cuidados siguen imponiendo una carga desproporcionada a las mujeres y las penaliza a la hora de conseguir un empleo y explica además que uno de los problemas es la falta de acceso a la tierra de las mujeres. “Que la mujer tenga tierra es fundamental porque le da espacio para tener voz y voto en los espacios comunitarios”. Es lo que llama la “violencia patrimonial”. “Hay que cambiar las leyes de titularidad. Las mujeres no heredan la tierra. La tierra es clave porque te permite acceder a un crédito, abrir un negocio y te da seguridad”. Detalla que Colombia y Paraguay sí tienen leyes destinadas a las mujeres rurales, pero que hay que tener además fondos específicos para acceso a la tierra y cotitularidad como han hecho Uruguay y México. El porcentaje de hombres con derechos de propiedad sobre tierras agrícolas es el doble que el de las mujeres en casi medio centenar de países estudiados por la FAO.
Es lo que cuenta María Eugenia Arrancibia, una de las agricultoras de Llay Llay. “Tenemos una herencia de papá y ahora estamos en proceso de subdivisión cada hermano con su propiedad. Pero nosotras somos tres hijas y si los maridos no quieren firmar a nosotras no nos entregan la tierra. Ellos son como administradores de nuestras tierras. Es una ley muy machista. Si es de nuestros padres, debe ser nuestra”. Arancibia ha cumplido ya los 65 y, pese a la guerra que le da la artrosis en la rodilla, sigue sacando lustrosas verduras de sus bancales.
Coincide con ella Norma Don Juan Pérez, indígena y representante de la Alianza por la Soberanía alimentaria de América Latina y el Caribe, que acudió a la cita de Valparaíso para recordar a los parlamentarios lo que sucede fuera de los despachos. “Las mujeres no estamos representadas. No podemos tomar decisiones cuando se convocan las consultas, por ejemplo, sobre infraestructuras o financiación. La titularidad sigue siendo para el hombre. Para tu marido, para tu hijo, cuando en realidad muchas son titulares del facto porque los maridos han emigrado o trabajan fuera”, cita
Escuchó también con atención los discursos de los políticos reunidos en Valparaíso Juana Labraña, una cabrera chilena de 55 años. Reconocía el diagnóstico que hacían los parlamentarios porque lo vive a diario en sus campos desecados, sin pasto para el ganado. En cuanto a las soluciones, se perdía un poco en los vericuetos legislativos, pero tenía muy claro cuáles son sus necesidades: “No tienen que darnos comida. Tienen que darnos créditos para hacer invernaderos y sistemas de riego”.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.