Análisis Noticiosos
Leyes que protegen a las mujeres para combatir el hambre en el mundo
Unos 200 parlamentarios de 64 países se dieron cita en Chile para impulsar legislación y políticas públicas en sus Parlamentos nacionales ante la crisis alimentaria y el avance de la “comida chatarra” que se propaga por el planeta y que afecta sobre todo a las mujeres
Llay Llay (Chile).-Mónica y sus compañeras se han vuelto a calzar el forro polar rojo esta mañana para despachar sus lechugas y cebollas en los puestos callejeros de la comarca chilena del Llay Llay, en el centro del país. Como ocurre todos los viernes desde hace seis años. Tal vez a primera vista no lo parece, pero el suyo es un acto de resistencia. Resisten a los precios disparados de los insumos del campo, a la pertinaz sequía, a la macroindustria que ha cubierto de aguacates sus campos y chupado su agua y a los bolsillos adelgazados de sus vecinos, golpeados por la inflación y abocados a comprar como dicen ellas “comida chatarra” más barata. Resisten porque es su modo de vida y porque ellas también tienen que comer.
En esta comuna de Llay Llay, condenada a la sequía durante más de una década, donde antes corría el agua ahora hay cementerios de vacas. Aún aguantan las cabras y los cabreros, pero muchas otras familias ya no tienen empleo. Hubo hombres que emigraron en busca de ingresos y las mujeres se quedaron cultivando. En los cerros han cavado pozos profundos y plantado aguacates para la exportación. Cada vez hay menos terrenos agrícolas y gente que los cultive. La cosecha es menor e importan más. “Antes nosotras vendíamos rápidamente las cosas, pero ahora la gente no anda con mucho dinero por la inflación”, explica Margarita, una de las agricultoras, junto a sus impresionantes lechugas. Además del agua, el precio de los insumos también se ha disparado. Si hace dos años compraban nutrientes como el nitrógeno por 12.000 pesos el saco, ahora les cuesta 45.000. Como en otras comunas del país y como confirma el alcalde Eduardo González, la obesidad, la otra cara de la malnutrición, avanza. “Cuando uno los ve en el supermercado, los carros llevan pura comida chatarra”, explica Enríquez.
El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”,
“El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”, recordó, al margen del encuentro, Anton Leis, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, promotora de la cita chilena. Porque si en algo coincidieron los parlamentarios es en que hacen falta normas que den continuidad y en la necesidad de dejar instaladas políticas de Estado más allá del Gobierno de turno que conlleven un gasto presupuestario que pueda ser fiscalizado. En América Latina y El Caribe por ejemplo, los Parlamentos nacionales ya han adoptado 80 leyes de lucha contra el hambre. Hay ejemplos como el de Guatemala o el de Honduras, con leyes por las que alimentan a millones a los niños en las escuelas, o como la colombiana, que establece que el 30% de las compras de comida públicas que irán a parar a hospitales o al ejército procederán de pequeños agricultores. O la de Paraguay, que rescata los alimentos de las grandes superficies a punto de caducar. O la pionera chilena, con un etiquetado frontal para reducir la obesidad. Los parlamentarios acordaron en Valparaíso incluir el enfoque de género en sus iniciativas legislativas.
María Eugenia Arancibia vende sus verduras en el mercado de Llay Llay, en el centro de Chile, en junio de 2023ANA CARBAJOSA VICENTE
El proceso no siempre es fácil. “Fue muy duro, pero lo logramos”, cuenta la diputada hondureña Teresa Calix. “Involucramos a maestros, universidades y llevamos a los niños al congreso a decir a los diputados: ‘tenemos hambre, queremos comer’. Los niños se dormían en las clases por debilidad”, recuerda la parlamentaria, que ahora trabaja en una ley de agricultura familiar. Calix achaca parte del problema a que muchos diputados no conocen su realidad. “Son solo de escritorio y eso es un gran problema”, resume.
Los avances son, sin embargo, a todas luces insuficientes. La diputada chilena Carolina Marzán, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, tiene claro que “hay alimentos suficientes para alimentar a la población, pero todavía hay inseguridad alimentaria y las mujeres son las que más lo sufren”. Explica que “la realidad con la pandemia cambió. Tuvimos un retroceso tremendo. Las mujeres retrocedieron muchísimo en lo que se había avanzado”.
Las cifras dejan claro que la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3, según los últimos datos de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, publicados en abril. Eso supone un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2019. “Durante la pandemia de la covid-19, la inseguridad alimentaria aumentó más rápido en el caso de las mujeres, y las pérdidas de empleo tanto en la producción agrícola primaria como en los segmentos no agrícolas de los sistemas agroalimentarios fueron mucho más acusadas en la población femenina que en la masculina. Las mujeres se vieron obligadas a agotar sus activos y ahorros, más limitados, antes que los hombres”, indica el informe de la FAO. El 22% de las mujeres perdieron su empleo en el sistema agroalimentario no agrícola en el primer año de la pandemia, en comparación con solo el 2% de los hombres. El informe calcula que si se cerrara la brecha de género en la productividad agrícola y se suprimiera la diferencia salarial en los sistemas agroalimentarios, el PIB mundial aumentaría un 1%. Con ello, la inseguridad alimentaria mundial se reduciría en alrededor de dos puntos porcentuales, y 45 millones de personas dejarían de pasar hambre.
La inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3%, según los últimos datos de la FAO.
En los países en desarrollo, la mitad de los trabajadores del campo son mujeres y producen entre el 60% y el 80% de los alimentos. Sin embargo, son propietarias de menos de un quinto de las tierras en esos países. Las mujeres, además, ganan en promedio un 18,4% menos que los hombres en el empleo asalariado en la agricultura.
Tres hijas para heredar
Claudia Brito, experta en género y sistemas sociales de la FAO, constata que desde 2015 estamos en un proceso de retroceso paulatino. “Sabemos que la mayoría de ese aumento son mujeres”. Considera que un factor fundamental es que las políticas sociales están enfocadas en el mundo urbano y no llegan al campo de la misma manera que a la ciudad. También recuerda que los cuidados siguen imponiendo una carga desproporcionada a las mujeres y las penaliza a la hora de conseguir un empleo y explica además que uno de los problemas es la falta de acceso a la tierra de las mujeres. “Que la mujer tenga tierra es fundamental porque le da espacio para tener voz y voto en los espacios comunitarios”. Es lo que llama la “violencia patrimonial”. “Hay que cambiar las leyes de titularidad. Las mujeres no heredan la tierra. La tierra es clave porque te permite acceder a un crédito, abrir un negocio y te da seguridad”. Detalla que Colombia y Paraguay sí tienen leyes destinadas a las mujeres rurales, pero que hay que tener además fondos específicos para acceso a la tierra y cotitularidad como han hecho Uruguay y México. El porcentaje de hombres con derechos de propiedad sobre tierras agrícolas es el doble que el de las mujeres en casi medio centenar de países estudiados por la FAO.
Es lo que cuenta María Eugenia Arrancibia, una de las agricultoras de Llay Llay. “Tenemos una herencia de papá y ahora estamos en proceso de subdivisión cada hermano con su propiedad. Pero nosotras somos tres hijas y si los maridos no quieren firmar a nosotras no nos entregan la tierra. Ellos son como administradores de nuestras tierras. Es una ley muy machista. Si es de nuestros padres, debe ser nuestra”. Arancibia ha cumplido ya los 65 y, pese a la guerra que le da la artrosis en la rodilla, sigue sacando lustrosas verduras de sus bancales.
Coincide con ella Norma Don Juan Pérez, indígena y representante de la Alianza por la Soberanía alimentaria de América Latina y el Caribe, que acudió a la cita de Valparaíso para recordar a los parlamentarios lo que sucede fuera de los despachos. “Las mujeres no estamos representadas. No podemos tomar decisiones cuando se convocan las consultas, por ejemplo, sobre infraestructuras o financiación. La titularidad sigue siendo para el hombre. Para tu marido, para tu hijo, cuando en realidad muchas son titulares del facto porque los maridos han emigrado o trabajan fuera”, cita
Escuchó también con atención los discursos de los políticos reunidos en Valparaíso Juana Labraña, una cabrera chilena de 55 años. Reconocía el diagnóstico que hacían los parlamentarios porque lo vive a diario en sus campos desecados, sin pasto para el ganado. En cuanto a las soluciones, se perdía un poco en los vericuetos legislativos, pero tenía muy claro cuáles son sus necesidades: “No tienen que darnos comida. Tienen que darnos créditos para hacer invernaderos y sistemas de riego”.
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Análisis Noticiosos
El déficit comercial de E.U se disparó un 60% en febrero por los aranceles de Trump
Las importaciones crecieron con fuerza al acelerar las empresas las compras para evitar la subida de impuestos del presidente
Washington.-Los aranceles de Donald Trump están teniendo por ahora el efecto contrario al deseado por el mandatario. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer altos impuestos a las importaciones de mercancías de todo tipo han provocado una aceleración de las compras. El déficit comercial ya pulverizó récords en enero y en febrero sigue disparado, según los datos provisionales publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ese desfase contribuye también a lastrar a la economía estadounidense, a la que no le están sentando nada bien las políticas de Trump.
El déficit comercial internacional fue de 147.914 millones de dólares en febrero, según los datos con ajuste estacional. Aunque supone una ligera reducción frente a la cifra sin precedentes de enero, es la segunda cifra más alta de la serie histórica y aumenta un 60% frente a los 92.309 millones del mismo mes del año anterior.
El tirón de las importaciones y del déficit se concentra en los suministros industriales (donde se incluye el petróleo), bienes de capital y de consumo. Los datos avanzados por el censo no desglosan la evolución de las importaciones, las exportaciones y el déficit por países, datos que se publicarán más adelante.
Los aranceles decretados por el presidente apenas habían entrado en vigor en marzo. Dentro de su errática política comercial, Trump aplazó los gravámenes a los productos mexicanos y canadienses poco antes de que entrasen en vigor, después de haberlos aprobado. En cambio, en el caso de China sí entró en vigor un impuesto del 10% a todas las importaciones antes de que el presidente rectificase y dejase exentos a la mayoría de los envíos, los de menos de 800 dólares, tras provocar el colapso aduanero con su improvisación y falta de preparativos.
Trump ha seguido dando pasos adelante y atrás en la guerra comercial que ha declarado a todo el mundo. En marzo entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y el aluminio, se aplicó otro 10% adicional a las importaciones chinas (excluidas las de pequeño volumen) y entraron en vigor fugazmente los aranceles a México y Canadá, antes de otra rectificación que dejó exentos hasta el 2 de abril a los productos acogidos al Tratado entré México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Esta misma semana, Trump ha autorizado imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de todos los países que compren petróleo a Venezuela y, además, ha aprobado aranceles del 25% a la importación de automóviles y componentes a aplicar desde el 3 de abril con unas mínimas excepciones. El arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedanes, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camiones ligeros, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos). Cabe ampliar los aranceles a piezas adicionales si es necesario, según la Casa Blanca.
Los importadores de automóviles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Además, las piezas de automóvil que cumplan con el TMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense.
Con todo, la gran andanada de la guerra comercial llega en teoría la semana próxima (sujeta siempre a los caprichos y cambios de humor del presidente). Trump ha bautizado el 2 de abril como “Día de la Liberación”. Se espera que en esa fecha se apliquen los que la Administración estadounidense llama de forma engañosa “aranceles recíprocos”. Es una cifra arbitraria fijada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para las importaciones de cada país o bloque comercial.
Trump quiso este miércoles quitar hierro a las medidas a adoptar. “Vamos a ser muy indulgentes”, dijo en el Despacho Oval. “Creo que la gente se va a sorprender mucho. En muchos casos, será inferior al arancel que nos han estado cobrando durante décadas. Otros países no nos han tratado bien, pero nosotros vamos a ser amables. Así que creo que la gente se llevará una grata sorpresa”, añadió. La credibilidad del presidente en materia comercial está muy en entredicho tras sus medidas erráticas y sus declaraciones contradictorias.
Los criterios no parecen ser realmente los aranceles que los demás países imponen a Estados Unidos, sino más bien la cuantía del déficit comercial. Así, aunque los aranceles europeos son menores que los estadounidenses, Trump quiere castigar a la Unión Europea por su éxito en el intercambio comercial alegando falsamente que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es proteccionista o que la UE pone otras barreras no arancelarias a los productos estadounidenses.
Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la materia, se reunió el martes con Lutnick en Washington para intentar negociar, pero sin éxito. Šefčovič se volvió a Bruselas con la impresión de que Estados Unidos impondrá la semana próxima aranceles de doble dígito, quizá incluso del 20%, a los productos europeos.
“El trabajo duro continúa. La prioridad de la UE es un acuerdo justo y equilibrado en lugar de aranceles injustificados. Compartimos el objetivo de la fortaleza industrial en ambos lados”, tuiteó Šefčovič tras el encuentro con Lutnick y otros altos cargos estadounidenses.
Mientras, el discurso de Trump ha generado incertidumbre y confusión entre los agentes económicos. Las grandes empresas han alertado de los riesgos que supone una guerra comercial para sus ingresos, sus márgenes y su negocio, pero también para la evolución de la economía internacional. También hay compañías que temen una disrupción en su cadena de suministros. La confianza de los consumidores se ha hundido y las expectativas de inflación se han disparado. La economía de Estados Unidos, cuyo producto interior bruto creció un 2,8% en 2024, está perdiendo fuelle.
La Oficina de Análisis Económico ha ratificado este jueves, en su tercera lectura, esa tasa del 2,8% para el conjunto del año 2024, aunque ha revisado ligeramente al alza el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre, que pasa del 2,3% al 2,4% anualizado por un menor peso de las importaciones.
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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
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