Opinión
Lo peor
Por Melvin Mañón
La ciudad capital está decorada con basura por todas partes. Esquinas, calles, parques, retenedores, jardines, aceras, avenidas. Es un solo basurero. Mientras eso sucede, el síndico que se inventó las estúpidas piscinas, depredó de árboles la ciudad y los parques del malecón para hacer ruido y consumir drogas legales y prohibidas, sigue rompiendo aceras que estaban bien para hacer otras que solamente son más altas, más caras y menos peatonales.
El mismo síndico que no recoge la basura ni respeta áreas verdes, insiste en colocar lámparas de luz que cualquier profano sabe que no durarán pero sigue haciéndolo ajeno e indiferente a todo reclamo, sugerencia o protesta y ni hablar de los pasos peatonales negados a la Universidad del Caribe ni la clínica de o centro de pediatría en Gázcue.
Todo el alcantarillado sanitario de la ciudad está obstruido por los plásticos y la basura que él no recoge y que arrastran las aguas, pero a él no le importa. El dinero y la trampa están en obras, en romper aceras, rotondas, parques, plazas y volver a construirlas o dejarlas a medio talle como el parque Hostos. No importa que sea el peor síndico en la historia de una ciudad que ha conocido toda una colección de síndicos ineptos, miserables y corruptos; pero como este nadie. Sin embargo, hay algo aun peor que las canalladas del síndico.
El procurador de la república que rehúsa investigar la corrupción de Leonel Fernández y para quién no hubo ni un solo acto doloso en los peores ocho años dominicanos, se mete con las prostitutas que llegaron al mundo primero que él y todos nosotros; se ensaña con mujeres pobres, putas y sinvergüenzas solamente porque están política y socialmente desamparadas pero, donde están los verdaderos, grandes y peligrosos delincuentes y criminales no hace ni dice nada. Pero hay algo peor que la conducta irresponsable y cobarde de este señor, a quien cometí el error grave de tomar por serio durante varios años.
No podía faltar educación y dos dramas: el 4% que tampoco ahora cumplen y la miserable conducta que niega a los maestros un aumento de sueldos mientras la titular de la cartera se auto asigna un aumento a su antojo. Al día de publicar esto, la ejecución presupuestaria es un 28% de lo previsto, la más baja en varios años y, como señalan los activistas por el 4%, tampoco habrá cumplimiento en el “Plan de Jornada Extendida, de Alfabetización de Adultos, la Atención a Infantes de Cero a Cuatro Años, de Atención a Vulnerabilidades y Construcción de Aulas”.
No comparto esa agenda, pero ilustra los niveles de incumplimiento y como en todos los demás casos, el desprecio del PLD por la opinión ajena, la falta de sensibilidad y compasión, la arrogancia y la prepotencia de los ineptos que se creen iluminados y en posesión de un mandato que no hemos otorgado pero que nuestra sumisión posibilita.
Danilo Medina, al igual que su procurador, rehúsa investigar los actos de corrupción, las denuncias, las querellas, la evidencia pública y notoria establecida no solamente por el rumor, sino por los reportajes, las fotografías, los testimonios de beneficiarios o víctimas de esos actos. El mismo señor que en lugar de cumplir con su deber nos obliga a pagar el dispendio de su predecesor ahora sale con el anuncio de que va a continuar con el metro y proseguir con el descuartizamiento de la cordillera central. En ambos casos, se asume un costo tan descomunal que la sola mención de los números ofende. Pero ese mismo señor le niega en la práctica el aumento que piden los sindicatos, las medicinas y equipos que requieren los hospitales, el bacheo que exigen las carreteras y mantiene una policía que no es corrupta porque esté tan mal pagada, ciertamente, pero que, a no dudarlo, debería estar mucho mejor pagada para disponer al menos de un asidero en base al cual exigirle mejor comportamiento. Ese señor que dice horrorizarse por las condiciones que encontró en el hospital Darío Contreras, que brinca charcos para hacerle creer a la gente que se conduele de su suerte, ese señor no es mejor que su predecesor, es solamente diferente en el estilo, en el atuendo, en los modales. Es como el otro, con agravantes. Con todo lo malo que esta situación ya es hay, sin embargo, algo todavía peor, más malo.
Peor que todo lo anterior es la tolerancia del cuerpo social. Peor que Danilo, su procurador, su síndico y su ministra de educación, más malo que todos y cada uno de ellos somos nosotros que todavía lo permitimos, que no hemos sido capaces de paralizarles el país de punta a punta y, sin tirar un tiro, de soliviantar cada fibra de lo que queda de este país para ponerle freno a esta canalla.
Malos son los periodistas vendidos, los funcionarios corruptos, los jueces venales, los policías delincuentes, los legisladores mercenarios, los políticos vendidos. Todo eso es malo, pero nosotros, nuestra inacción, nuestra tolerancia, nuestra sumisión, son peores. Toda esta gente abusa de nosotros de múltiples formas porque se lo hemos permitido. Cuando en Brasil millones de personas obligan al gobierno a calificar la corrupción como un delito muy grave, aquí le aceptamos al Lic. Medina y su penosa escogencia de procurador que rehúse investigar los crímenes y delitos que están a la vista de todos.
El Lic. Danilo Medina, no lo dudo, se cree y nos hace creer que es mejor, más honesto, más serio, más trabajador que Leonel pero no hay evidencia que lo apoye. Por ahora Sr. Medina usted es solamente diferente, no mejor. Y en la justificada demonización de Leonel Fernández no debería caer la gente en la inmerecida beatificación de Danilo Medina.
En el naufragio de la nación dominicana, al PLD y gente como Leonel, Danilo y otros se le imputa un delito grave porque ellos tenían la responsabilidad y la obligación jurada de defender y proteger las leyes de la república. En su momento, tendrán que responder por ello como deberán hacerlo, pero de otra manera y ante otras instancias, muchos otros en partidos llamados opositores sin serlo y muchas voces silenciadas por la complicidad o el miedo.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?