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Los brazaletes electrónicos, medida de coerción menos utilizada por los jueces
La Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial emitió 26,829 medidas de coerción en la que 11,388 correspondieron a prisión preventiva.
4 mujeres viven ahora en una casa, ya que sus familiares fueron agarrados por Migracion. Aqui podemos ver los brazaletes que les pusieron en los tobillos con el ccual las mantienen bajo control. FOTO MARIA FLEISCHMANN
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A pesar de que desde el año 2014 fue aprobada por el Consejo del Poder Judicial la colocación de los brazaletes electrónicos no fue hasta enero del año 2016 que comenzaron a utilizarse, calculando hasta la fecha solo 30 personas en la provincia Santo Domingo.
Mientras que la primera semana de noviembre de 2017 se colocó el primer brazalete electrónico fuera de Santo Domingo, exactamente en Puerto Plata. Se trata de Timur Aslanov Arslanova de nacionalidad rusa con ciudadanía dominicana.
La medida de coerción correspondiente a la colocación de los localizadores electrónicos sería una disposición que descongestionaría las cárceles del país, pero los jueces de la Instrucción la toman en cuenta muy poco según se colige de las estadísticas del Poder Judicial.
Según las referidas estadísticas, la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial emitió 26,829 medidas de coerción en la que 11,388 correspondieron a prisión preventiva; a pesar de que ciertamente, se trata de la última de las que deberían acoger los jueces, si se quiere descongestionar las cárceles del país.
El procedimiento que se utiliza con los servicios de la compañía MonitoReos Dominicana, que regentea Fénix Global Technologies, busca evitar que el acusado vaya a la cárcel mientras espera el juicio preliminar y de fondo en el caso de cualquier comisión delictiva.
Estas medidas de coerción han sido implementadas desde que el Consejo del Ministerio Público otorgó autorización mediante la resolución emitida en el acta número 0001 del 22 de enero del año 2016.
Previo a esta resolución el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó el reglamento para el uso y habilitación de las prestadoras del servicio de los localizadores electrónicos, cuya acta número 005 fue firmada el 29 de abril del año 2014.
Chey Rodríguez, representante de Fénix Global Technologies, explicó que los localizadores electrónicos conocidos en el país como “brazaletes o grilletes electrónicos” usualmente se utilizan en la pierna o tobillo.
“Es un brazalete que usualmente se utiliza en la pierna en el área del tobillo. El brazalete es un dispositivo que lleva tecnologías de rastreo. El nuestro que lleva el nombre de fennixSHACKLES – HyBrid 2.5 es de manufactura exclusiva nuestra. El cuál es el único en la industria de que cuenta con dos sistemas satelitales: el primero GPS del Departamento de Defensa de EEUU y el segundo GLONASS del Departamento Aeroespacial de Rusia”, detalló Rodríguez.
Dijo que el dispositivo cuenta con tecnologías alternas de rastreo como LBS (un sistema de almacenamiento de datos cuando no existe señal GPRS), y cuenta con A-GPS que es un sistema de triangulación satelital usando las torres de señal GPRS. También se ejecuta con Radio Frecuencia, la cual se utiliza cuando el beneficiario entra a su casa.
“Estás tecnologías funcionan con una batería de larga 28 horas con una sola carga. El dispositivo cuenta con algunos 12 sensores para medir rupturas y el estado del dispositivo incluyendo la aproximación de la masa corporal del beneficiario. El dispositivo cuenta con una correa de seguridad que cuenta con fibra óptica y 2 líneas de metal, siendo manufacturado con materiales 100% hipo alergénicos”, afirmó el representante de Fénix Global Technologies.
De acuerdo con la resolución del Consejo Superior del Ministerio Público toda la inversión que se haga con relación a los localizadores electrónicos debe ser del sector privado y que la empresa deberá constar con casos de éxitos, al igual que ser propietarios de su tecnología.
Asimismo, destacó que requiere unas inversiones y privatización de las operaciones del programa a una empresa con vasta experiencia. “El despliegue del proyecto es a nivel nacional”.
Resaltó que el hecho de que un hombre acusado de la comisión de delitos de uso de documentos falsos y a quien el juez presidente de los juzgados de Instrucción, José Alejandro Vargas, había impuesto la colocación de brazaletes electrónicos como medida de coerción, salió de la zona de control por lo que fue apresado por las autoridades policiales tras ser advertido por el Ministerio Público y la empresa de monitoreo de los dispositivos.
La empresa Fenix Global Technologies advirtió al Ministerio Público de la violación del perímetro del imputado quien había violado “las verjas virtuales”, establecidas en la referida medida y que le permitían estar en el programa de uso de estos localizadores electrónicos a fin de no privarse de su libertad.
Asimismo el banquero Aquiles Hernández, del antiguo Banco Providencial, fue apresado luego de que éste se había retrasado en el pago de la cuota establecida por la compañía MonitoReos Dominicana para la colocación de su brazalete electrónico, ya que es el beneficiario a quien le corresponde.
Según los datos estadísticos del Poder Judicial, la imposición de prisión preventiva como coerción representó el 42% de las decisiones tomadas por las Oficinas de Atención Permanente.
Destacó que la provincia de Santo Domingo fue la jurisdicción en la que más se impuso la prisión preventiva como coerción con un total de 2,648 casos; seguido por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se impuso la prisión preventiva en 1,785 casos.
En tercer lugar quedó la provincia de Santiago de los Caballeros con 1,021 casos y La Altagracia con 766 medidas de este tipo.
acento.com.do
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.