Santo Domingo, RD.-En los últimos años los casos de personas que son usadas como mulas por el narcotráfico para llevar e introducir narcóticos desde y hacia la República Dominicana, por el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) se ha reducido considerablemente.Más Noticias
Los códigos de las “mulas” para introducir y sacar droga del país
Santo Domingo, RD.-En los últimos años los casos de personas que son usadas como mulas por el narcotráfico para llevar e introducir narcóticos desde y hacia la República Dominicana, por el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) se ha reducido considerablemente.Movidos por ofertas atractivas, dominicanos y extranjeros son reclutados por narcotraficantes en la peligrosa travesía de ser “mulas” a cambio de jugosas sumas de dinero.
Cada joven reclutado según los detalles, recibe entre 800 y 1,000 dólares por viaje, además de cubrirles los gastos del pago de tickets aéreos, hotel donde se hospedará en el exterior y su alimentación durante una o varias semanas, que deben pernoctar en contacto con los narcos.
El oficio, sin embargo, en los últimos años ha ido en decadencia, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas, (DNCD). Durante el periodo marzo a octubre de este año 2019 solo han sido arrestadas en el aeropuerto Las Américas 17 personas, utilizadas para este fin.
El pasado año 2018, según datos obtenidos en el AILA, fueron apresados 22 mulas intentando llevar e introducir estupefacientes al país. Es decir que desde el pasado año se viene registrando una tendencia a la baja en esa práctica.
Estos viajeros han sido apresados con drogas en el estómago y ocultas en otras partes del cuerpo. De los 17 detenidos este año 12 corresponden a hombres y cinco mujeres, y tienen edades entre 26 y 29 años.
Entrenamientos y hablar en jerga
De acuerdos con los datos, las personas utilizadas como “mulas” antes de su entrada de lleno al oficio reciben previamente un entrenamiento de cómo transportar la droga y el comportamiento que deben exhibir ante las autoridades a su llegada a los aeropuertos de embarque y desembarque.
En las conversaciones telefónicas entre los reclutadores y los jóvenes seleccionados como “mulas” se utilizaba una jerga de palabras (códigos) para evitar ser descubiertos, como identificar el pasaporte como «el librito», la ciudad de Nueva York como «las torres», «el restaurante» para referirse a la cocaína o la heroína y si es «buen comedor» para determinar la cantidad de droga que es capaz de cargar en el estómago.
Operativos en el aeropuerto
Las estadísticas revelan que desde marzo a octubre de este año en curso los miembros de la DNCD realizaron 45 operativos en el AILA en los que decomisaron 78 kilos de cocaína, 6,475 gramos de marihuana 40.9 42 pastillas éxtasis, 72 unidades de anfetaminas y 458 unidades de otras sustancias no controladas.
Para la prevención los agentes de la DNCD utilizaron unidades caninas entrenadas para detectar estupefacientes, mediante el olfato de maletas y bultos en las zonas de abordaje de pasajeros y en los mostradores de las aerolíneas que operan en el segundo nivel de la terminal.
Igualmente, el personal del organismo que presta servicios en el aeropuerto es movido cada determinado tiempo con el propósito de que no se familiarice con las personas que hacen vida en ese lugar y de esa manera prevenir que se involucren en esa actividad.
Métodos para detectar las mulas
El trabajo de los oficiales de control de drogas se fundamenta en observar cuidadosamente el perfil de los pasajeros. Se puede ubicar fácilmente a un viajero cuando lleva droga por las características, comportamiento y gestos que hace al moverse.
Así como por presentar un perfil sospechoso, según explicó un oficial que prefirió que su nombre se mantuviera en el anonimato. Una posible “mula” que intenta salir del país por cualquiera de los aeropuertos se puede ubicar por sus características y perfil sospechoso, explicó el oficial.
Dice que suelen ser individuos que presentan una actitud nerviosa y agresiva, que se muestran casi siempre renuentes a que se les lleve a las máquinas de rayos equis. Y a que se le someta a revisiones físicas.
Según las autoridades antidrogas, las “mulas” por lo regular tienen en su pasaporte numerosos sellos de migración de entradas y salidas en un solo mes. Por lo que llaman la atención de los agentes para ser retenidos e interrogadas y sometidos a revisiones.
Los extranjeros
Las estadísticas señalan que varios ciudadanos españoles encabezaron la lista de un total de 17 extranjeros apresados en el aeropuerto Las Américas, en el intento de transportar droga a su país de origen.
Los oficiales apuntan que los argumentos más comunes usados por los jóvenes cuando son apresados con drogas en los aeropuertos son que tomaron esa decisión porque estaban desempleados y atravesando por serios problemas económicos.
Ocultamiento
Regularmente, las mulas llevaban las drogas adheridas al cuerpo, en el interior de brassieres, en bates de béisbol, en bultos, maletas, en figuras artesanales y en latas de vegetales y hasta en sus partes intimas.
Las genialidades de las mulas en su intento por esconder las drogas son dignas de un catálogo, llegando incluso algunas damas a llevarlas en preservativos introducidos en su parte más íntima. Otras aprovechan su condición de madre para introducirlas en los pañales desechables de sus bebés.
Regularmente los dominicanos y extranjeros que son apresados en el aeropuerto Las Américas, como “mulas”, proceden de países como Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile , Ecuador, Panamá, Curazao, Aruba , Haití, y San Martín.
Mientras que desde el país, pasajeros en tránsito intentan transportar los estupefacientes hacia Estados Unidos y países europeos, como Holanda, España, Italia, y otras naciones donde tienen una gran demanda de consumo y una apreciable cotización en dólares y euros por cada kilogramo.
listindiario.com
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.