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Los Colegios son entes del Estado y por su carácter de obligatoriedad no deben ser dañados por el partidarismo político.
Por Elba García
El periódico La República ha hecho un ejercicio profundo por demostrar de qué forma han impactado negativamente los partidos políticos toda la vida nacional, entre cuyas víctimas ahora también aparecen los colegios profesionales.
La característica principal de los colegios es la obligatoriedad, es decir, que es un requisito imprescindible pertenecer a éstos para el ejercicio de los académicos de que se trate, lo cual quiere decir que sin importar la militancia política del profesional debe estar registrado en ellos para legalmente tener el disfrute de la carrera.
En tal sentido, el Colegio Dominicano de Abogados fue de los primeros que se creó en el país en la tercera etapa de lucha por crear este instrumento legal, que entre sus propósitos está el ejercicio ético del derecho a través del código en esta materia que es consustancial a esta figura jurídica.
Pero hay dos detalles preocupantes y por lo menos uno de ellos parece ser un error del legislador y es darles carácter gremial a algunos colegios y en segundo lugar permitirse lo que ocurre ahora en el CARD que los partidos políticos actúen en su interior con la presentación de planchas en las elecciones para escoger sus autoridades, pese a que está textualmente prohibido en el artículo 4 de la Ley 3-19 que lo crea.
Aunque esta tolerancia se observa principalmente en los colegios médico y el de abogados, cuyas elecciones se convierten, principalmente en el segundo, en una guerra frontar entre los diferentes partidos políticos que buscan tener su control en fragrante violación de la norma.
Las elecciones del Colegio de Abogados fueron monopolizadas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, sin quitarles responsabilidad al PLD y al PRD, los cuales han llegado hasta lo indecible para desnaturalizar las funciones de este ente del Estado dominicano.
Los candidatos de las planchas auspiciadas por los mencionados partidos han hecho hasta lo imposible para alzarse con el triunfo, pero resulta que esta conducta contraproducente no puede ni debe ser tolerada por las instituciones que tienen la misión de dejar claro qué se puede y qué no se puede hacer en el seno de los colegios profesionales.
Entre las cosas que no deben ser está convertir el colegio de abogados en un nido de la politiquería, porque lo aparta de sus funciones como entidad del derecho público y de la misión de garantizar un ejercicio ético de sus miembros.
Naturalmente, lo primero que debía ocurrir frente al desastre que se origina en el Colegio de Abogados es tomar acciones en virtud de la ley que lo crea para impedir que en su seno se exprese, como ocurre ahora, la actividad partidista, aunque fuera de él cualquiera de sus miembros pueda militar o participar en la vida política nacional, ya que se trata de un derecho constitucional de todos los ciudadanos.
La Ley que crea la Colegiación de los Abogados en ningún lugar habla de la permisión de la actividad política partidista en su seno, pero sí la prohíbe textualmente, lo cual quiere decir que lo que ocurre en el referido ente constituye una aberración en perjuicio de este tipo de organización.
Sin embargo, es de primer orden establecer que la naturaleza de los colegios profesionales es obligar a todos los profesionales del área de que se trate a ser miembros del mismo para poder ejercer la profesión, cuyo mandato deja claro que esta organización no puede estar al servicio de un partido político, que tal vez la mayoría de sus integrantes no simpatizan con él, pero además que esta entidad tiene poderes públicos y en consecuencia no puede ser utilizada por ninguna organización de este tipo en beneficio de sus postulados.
Los colegios son corporaciones de derecho público interno de carácter autónomo, es decir, se trata de un desplazamiento del Estado para que los profesionales de las diferentes disciplinas de las ciencias se autos regulen y disciplinen para que puedan utilizar su poder hasta para prohibir el ejercicio profesional, cuya prerrogativa podría ser utilizada en contra de aquel con la se tiene alguna diferencia política partidista.
Nadie puede descartar que la plancha que salga triunfadora pueda recurrir a la retaliación y perseguir, sobre la base de acusaciones falsas, a aquel que forma parte de una corriente política partidista contraria.
De manera, que se deben interponer los recursos legales pertinentes ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para obligar a sus miembros al cumplimiento de la Ley 3-19 en lo referente a su artículo 4, a fin de evitar que lo que ocurre ahora se vuelva a repetir, ya que los colegios son instituciones públicas que no deben estar supeditadas a la influencia de ningún partido político.
Es vital corregir la deficiencia en la interpretación de la ley de colegiación de los abogados para evitar que una institución tan útil para la vida institucional del país, sobre todo porque su Código de Etica es una forma de llevar salud moral a la sociedad y transparentar las funciones del profesional del derecho en el sistema de justicia nacional, no cumpla el papel que justifica su existencia en la vida democrática de la nación.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.