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Los Colegios son entes del Estado y por su carácter de obligatoriedad no deben ser dañados por el partidarismo político.
Por Elba García
El periódico La República ha hecho un ejercicio profundo por demostrar de qué forma han impactado negativamente los partidos políticos toda la vida nacional, entre cuyas víctimas ahora también aparecen los colegios profesionales.
La característica principal de los colegios es la obligatoriedad, es decir, que es un requisito imprescindible pertenecer a éstos para el ejercicio de los académicos de que se trate, lo cual quiere decir que sin importar la militancia política del profesional debe estar registrado en ellos para legalmente tener el disfrute de la carrera.
En tal sentido, el Colegio Dominicano de Abogados fue de los primeros que se creó en el país en la tercera etapa de lucha por crear este instrumento legal, que entre sus propósitos está el ejercicio ético del derecho a través del código en esta materia que es consustancial a esta figura jurídica.
Pero hay dos detalles preocupantes y por lo menos uno de ellos parece ser un error del legislador y es darles carácter gremial a algunos colegios y en segundo lugar permitirse lo que ocurre ahora en el CARD que los partidos políticos actúen en su interior con la presentación de planchas en las elecciones para escoger sus autoridades, pese a que está textualmente prohibido en el artículo 4 de la Ley 3-19 que lo crea.
Aunque esta tolerancia se observa principalmente en los colegios médico y el de abogados, cuyas elecciones se convierten, principalmente en el segundo, en una guerra frontar entre los diferentes partidos políticos que buscan tener su control en fragrante violación de la norma.
Las elecciones del Colegio de Abogados fueron monopolizadas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, sin quitarles responsabilidad al PLD y al PRD, los cuales han llegado hasta lo indecible para desnaturalizar las funciones de este ente del Estado dominicano.
Los candidatos de las planchas auspiciadas por los mencionados partidos han hecho hasta lo imposible para alzarse con el triunfo, pero resulta que esta conducta contraproducente no puede ni debe ser tolerada por las instituciones que tienen la misión de dejar claro qué se puede y qué no se puede hacer en el seno de los colegios profesionales.
Entre las cosas que no deben ser está convertir el colegio de abogados en un nido de la politiquería, porque lo aparta de sus funciones como entidad del derecho público y de la misión de garantizar un ejercicio ético de sus miembros.
Naturalmente, lo primero que debía ocurrir frente al desastre que se origina en el Colegio de Abogados es tomar acciones en virtud de la ley que lo crea para impedir que en su seno se exprese, como ocurre ahora, la actividad partidista, aunque fuera de él cualquiera de sus miembros pueda militar o participar en la vida política nacional, ya que se trata de un derecho constitucional de todos los ciudadanos.
La Ley que crea la Colegiación de los Abogados en ningún lugar habla de la permisión de la actividad política partidista en su seno, pero sí la prohíbe textualmente, lo cual quiere decir que lo que ocurre en el referido ente constituye una aberración en perjuicio de este tipo de organización.
Sin embargo, es de primer orden establecer que la naturaleza de los colegios profesionales es obligar a todos los profesionales del área de que se trate a ser miembros del mismo para poder ejercer la profesión, cuyo mandato deja claro que esta organización no puede estar al servicio de un partido político, que tal vez la mayoría de sus integrantes no simpatizan con él, pero además que esta entidad tiene poderes públicos y en consecuencia no puede ser utilizada por ninguna organización de este tipo en beneficio de sus postulados.
Los colegios son corporaciones de derecho público interno de carácter autónomo, es decir, se trata de un desplazamiento del Estado para que los profesionales de las diferentes disciplinas de las ciencias se autos regulen y disciplinen para que puedan utilizar su poder hasta para prohibir el ejercicio profesional, cuya prerrogativa podría ser utilizada en contra de aquel con la se tiene alguna diferencia política partidista.
Nadie puede descartar que la plancha que salga triunfadora pueda recurrir a la retaliación y perseguir, sobre la base de acusaciones falsas, a aquel que forma parte de una corriente política partidista contraria.
De manera, que se deben interponer los recursos legales pertinentes ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para obligar a sus miembros al cumplimiento de la Ley 3-19 en lo referente a su artículo 4, a fin de evitar que lo que ocurre ahora se vuelva a repetir, ya que los colegios son instituciones públicas que no deben estar supeditadas a la influencia de ningún partido político.
Es vital corregir la deficiencia en la interpretación de la ley de colegiación de los abogados para evitar que una institución tan útil para la vida institucional del país, sobre todo porque su Código de Etica es una forma de llevar salud moral a la sociedad y transparentar las funciones del profesional del derecho en el sistema de justicia nacional, no cumpla el papel que justifica su existencia en la vida democrática de la nación.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.
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Triunfo de inmigrante y musulmán retorna a Nueva York a su razón de ser como ciudad de ensueño mundial.
La ciudad de Nueva York, sede de la bolsa de valores y de otras riquezas inmedibles, es el hogar de muchos que prefieren las fortunas económicas e incluso a su propia tranquilidad, ha devenido en un lugar en el que luce no haber cabida para los que sueñan en los diferentes continentes del mundo con arribar de alguna manera allí. Este poder económico de la llamada ciudad de los rascacielos todavía alberga en su seno a millones de inmigrantes que tienen que dormir en subterráneos en malas condiciones y otros muchos desamparados que mal olientes se mezclan con los potentados económicos de las grandes multinacionales.
Vivir en Nueva York, pero principalmente en Manhattan, su centro financiero y cultural, no es fácil, sobre todo para el que busca sobreponerse a unos altos costos de la comida y de la renta, pero a cuya realidad generalmente tienen entrada los pobres que emigran en busca de una mejoría de vida a la también llamada babel de hierro.
La cuestión es que esa mezcla de grandes riquezas e igualmente de grandes pobrezas crean un contraste que no es tan fácil de manejar y controlar en esa gran urbe, pero las circunstancias políticas son las únicas que pueden marcar un mejor destino de uno de los estados de toda la unión americana con los estándares más caros para vivir en él.
Este martes 4 de noviembre Nueva York ha dejado claro que sigue siendo ese lugar donde las grandes esperanzas nunca se pierden y que, si bien un multimillonario puede tenerlo todo, máxime el control político del estado y de la ciudad, igual puede ocurrir con gente que viene del subsuelo económico y de los lugares más lejanos del planeta, no importa quién lo quiera detener en sus propósitos.
El mejor espejo de este fenómeno es el triunfo de Zohran Mandami, un inmigrante musulmán, nacido en Uganda, pero de ascendencia india, que ha enviado un mensaje muy contundente al ganar cómodamente la alcaldía de esta gran ciudad, cuyo presupuesto supera a todos los países latinoamericanos juntos.
Este nuevo actor de la política newyorquina ha dejado claro que allí nada es imposible, porque su hazaña es propia de hombres muy grandes, pero que sólo necesitan ese espíritu que caracteriza al inmigrante, dado que éste adquiere la ciudadanía de los Estados Unidos en el 2018, es decir, hace sólo 7 años y primero, luego de haberse graduado en la universidad, se convierte en asambleísta del estado y ahora entra a las puertas anchas de Grand Mansion como alcalde de Nueva York.
Este joven que profesa la religión musulmana se impuso en la contienda electoral frente a grandes contrincantes como Mario Cuomo, exgobernador del estado y con una ascendencia política que parte del papel jugado por su padre del mismo nombre, cuyas raíces están asociadas a la comunidad italiana de Nueva York.
Este joven de apenas 34 años no ha dejado dudas de su triunfo, pero ahora vienen grandes retos en virtud de que el presidente Donald Trump lo ha elegido como su principal frente para evitar que logre lo que ya ha prometido a la gente, sobre todo a los pobres de la ciudad que nunca duerme, que alberga en su seno a grandes multinacionales y fortunas judías, así como inmigrantes pobres de todo el planeta.
Este detalle demuestra hasta dónde Nueva York es un lugar en el que se pueden dar las cosas más inverosímiles, como convivir judíos, musulmanes y cristianos en sus barrios emblemáticos, donde prevalece un respeto entre sí que no ha sido posible en ningún otro lugar del mundo donde estos grupos religiosos son enemigos mortales.
Y entre la gran misión del nuevo alcalde de Nueva York está, no sólo contrarrestar la oposición de un magnate y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo ha amenazado si ganaba con deportarlo, sino además de conciliar grandes intereses económicos y financieros que hacen a esta gran urbe diferente y con grandes potencialidades de más crecimiento y de ser una ventana para muchos hombres y hombres de todo el planeta que sueñan con visitarla y vivir allí.
Hay prácticamente una guerra avisada entre Trump y este joven musulmán, ahora alcalde de la llamada capital del mundo, por cuya potencialidad comercial le va muy bien el nombre, lo cual luce ser una medición de fuerzas entre los intereses ultraconservadores de un mandatario con una marcada vocación dictatorial que persigue borrar la historia de un estado que ha sido el refugio de millones de latinoamericanos e inmigrantes de todo el mundo a quienes el nuevo funcionario que les ha prometido mejorar la situación de vida de sus familias.
Zohran Mandani es una inspiración para fortalecer la democracia en cualquier lugar del planeta, porque hoy representa un símbolo de lo que puede ocurrir cuando en una ciudad las reglas del juego están claramente definidas, lo que permite que los menos pudientes tengan respuestas a las dictaduras y al poder inmedible de las multinacionales.
Este triunfo del nuevo alcalde de Nueva York sienta la base para que los sectores más liberales de la llamada babel de hierro jueguen su papel histórico en una democracia que, a pesar de sus debilidades y peligros, ha dado ejemplo de fortaleza y de que no depende de la voluntad personal de un individuo.