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Los Colegios son entes del Estado y por su carácter de obligatoriedad no deben ser dañados por el partidarismo político.
Por Elba García
El periódico La República ha hecho un ejercicio profundo por demostrar de qué forma han impactado negativamente los partidos políticos toda la vida nacional, entre cuyas víctimas ahora también aparecen los colegios profesionales.
La característica principal de los colegios es la obligatoriedad, es decir, que es un requisito imprescindible pertenecer a éstos para el ejercicio de los académicos de que se trate, lo cual quiere decir que sin importar la militancia política del profesional debe estar registrado en ellos para legalmente tener el disfrute de la carrera.
En tal sentido, el Colegio Dominicano de Abogados fue de los primeros que se creó en el país en la tercera etapa de lucha por crear este instrumento legal, que entre sus propósitos está el ejercicio ético del derecho a través del código en esta materia que es consustancial a esta figura jurídica.
Pero hay dos detalles preocupantes y por lo menos uno de ellos parece ser un error del legislador y es darles carácter gremial a algunos colegios y en segundo lugar permitirse lo que ocurre ahora en el CARD que los partidos políticos actúen en su interior con la presentación de planchas en las elecciones para escoger sus autoridades, pese a que está textualmente prohibido en el artículo 4 de la Ley 3-19 que lo crea.
Aunque esta tolerancia se observa principalmente en los colegios médico y el de abogados, cuyas elecciones se convierten, principalmente en el segundo, en una guerra frontar entre los diferentes partidos políticos que buscan tener su control en fragrante violación de la norma.
Las elecciones del Colegio de Abogados fueron monopolizadas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, sin quitarles responsabilidad al PLD y al PRD, los cuales han llegado hasta lo indecible para desnaturalizar las funciones de este ente del Estado dominicano.
Los candidatos de las planchas auspiciadas por los mencionados partidos han hecho hasta lo imposible para alzarse con el triunfo, pero resulta que esta conducta contraproducente no puede ni debe ser tolerada por las instituciones que tienen la misión de dejar claro qué se puede y qué no se puede hacer en el seno de los colegios profesionales.
Entre las cosas que no deben ser está convertir el colegio de abogados en un nido de la politiquería, porque lo aparta de sus funciones como entidad del derecho público y de la misión de garantizar un ejercicio ético de sus miembros.
Naturalmente, lo primero que debía ocurrir frente al desastre que se origina en el Colegio de Abogados es tomar acciones en virtud de la ley que lo crea para impedir que en su seno se exprese, como ocurre ahora, la actividad partidista, aunque fuera de él cualquiera de sus miembros pueda militar o participar en la vida política nacional, ya que se trata de un derecho constitucional de todos los ciudadanos.
La Ley que crea la Colegiación de los Abogados en ningún lugar habla de la permisión de la actividad política partidista en su seno, pero sí la prohíbe textualmente, lo cual quiere decir que lo que ocurre en el referido ente constituye una aberración en perjuicio de este tipo de organización.
Sin embargo, es de primer orden establecer que la naturaleza de los colegios profesionales es obligar a todos los profesionales del área de que se trate a ser miembros del mismo para poder ejercer la profesión, cuyo mandato deja claro que esta organización no puede estar al servicio de un partido político, que tal vez la mayoría de sus integrantes no simpatizan con él, pero además que esta entidad tiene poderes públicos y en consecuencia no puede ser utilizada por ninguna organización de este tipo en beneficio de sus postulados.
Los colegios son corporaciones de derecho público interno de carácter autónomo, es decir, se trata de un desplazamiento del Estado para que los profesionales de las diferentes disciplinas de las ciencias se autos regulen y disciplinen para que puedan utilizar su poder hasta para prohibir el ejercicio profesional, cuya prerrogativa podría ser utilizada en contra de aquel con la se tiene alguna diferencia política partidista.
Nadie puede descartar que la plancha que salga triunfadora pueda recurrir a la retaliación y perseguir, sobre la base de acusaciones falsas, a aquel que forma parte de una corriente política partidista contraria.
De manera, que se deben interponer los recursos legales pertinentes ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para obligar a sus miembros al cumplimiento de la Ley 3-19 en lo referente a su artículo 4, a fin de evitar que lo que ocurre ahora se vuelva a repetir, ya que los colegios son instituciones públicas que no deben estar supeditadas a la influencia de ningún partido político.
Es vital corregir la deficiencia en la interpretación de la ley de colegiación de los abogados para evitar que una institución tan útil para la vida institucional del país, sobre todo porque su Código de Etica es una forma de llevar salud moral a la sociedad y transparentar las funciones del profesional del derecho en el sistema de justicia nacional, no cumpla el papel que justifica su existencia en la vida democrática de la nación.
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Institucionalidad del país cuestionada con caso Camaleón porque ha sido permeada por el crimen organizado.
Aunque la mayoría de los casos de corrupción administrativa han implicado la penetración del crimen organizada en los órganos y entes del Estado, el caso Camaleón plantea más seria y profundamente hasta dónde la nación debe poner atención a esta debilidad institucional.
El Ministerio Público con su anuncio del desmantelamiento de una supuesta red denominada “Operación Camaleón”, ha determinado como los cabecillas de la misma se dedicaban al desfalco y estafa contra el Estado., pero además al espionaje ilegal
En esta organización criminal han sido imputados, entre otros, José Angel Gómez (Jochy) y Hugo Beras, este último exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), quienes munipularon un contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
La más grave del asunto es que Jochy Gómez, hijo del periodista Guillermo Gómez, a través de la empresa Transcore Latam, después que se le adjudicó el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fue contratada.
En la solicitud de la medida de coerción que se conocerá este martes, el Ministerio Público afirma que el imputado instaló equipos diferentes a los ofertados y además 55 cámaras de video que eran parte de un esquema ilegal de espionaje que no tenían nada ver con las necesidades y con la contrata con el Intrant.
Entre los otros equipos instalados de forma ilegal están fibras ópticas, nodos de concentración y kits de Starlink, los cuales no eran parte de la propuesta técnica original.
El Ministerio Público sostiene que las cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un esquema ilegal de espionaje para la manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento que ponen en peligro la privacidad y la seguridad, configurándose un delito contra la seguridad pública y otros crímenes conexos.
Los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, lo cual no sólo representa la comisión de ese ilícito, sino también la utilización de la tecnología para actos de extorsión.
El órgano persecutor estableciٕó durante la auditoría, que estas cámaras tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real y de igual manera almacenaban un “volumen significativo” de datos.
Sin embargo, Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información, sin especificar cuáles fueron las excusas presentadas por la compañía.
Entre otras cosas no tuvieron una explicación lógica el hecho de que los servidores que revisaron “resultaban insuficientes” para manejar la cantidad de información generada.
Lo más grave de este grupo que operaba desde dentro del Gobierno es que vendía información de inteligencia sobre la base del uso del Ministerio de Defensa y de otras instancias del Estado.
Este caso refleja lo que significa el manejo irresponsable del Estado por parte de las actuales autoridades, cuya incapacidad resulta más peligrosa que la sustracción de los fondos públicos por parte de depredadores que históricamente han estado insertados en las diferentes instancias públicas.
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Abinader conocía andanzas de Jochy Gómez, pero razones políticas estrechaban lazos entre el imputado y el Gobierno.
Se ha establecido que el presidente Luis Abinader conocía con detalles las irregularidades cometidas por el hijo del periodista de Guillermo Gómez, ya que todos los días recibía un informe de inteligencia privado desde el centro de operación de éste y que ahora es acusado de haber cometido una serie de fraudes, desfalcos, y sustracción de dinero público a través de una asociación de malhechores desde el mismo corazón del Gobierno.
El apresamiento de José Angel Gómez Canaán (Jochy), hijo del periodista Guillermo Gómez, quien es de los dueños de la empresa Transcore Latam, beneficiaria del contrato para la colocación de los semáforos en el Gran Santo Domingo, es una figura controversial y que ahora aparece envuelto en hechos seriamente comprometedores por un contrato con el Estado totalmente viciado.
Esta modalidad del hijo de Guillermo Gómez es muy común en la República Dominicana, donde una serie de personajes, que tienen vínculos muy estrechos con el Gobierno, buscan beneficiarse de contratos públicos que al final se convierten en una gran estafa en perjuicio de la sociedad.
Todo el mundo sabe que el periodista Guillermo es una ficha de primer orden del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aunque el contrato contraído con el Ministerio de Defensa por parte de su hijo, proviene del Gobierno de Danilo Medina, pero evidentemente que por la razón que sea en la continuación del mismo juega un papel importante el padre de Jochy Gómez, quien tiene otro vástago como cónsul en Panamá y que sale ahora también en defensa del imputado.
El asunto es que este caso de alguna manera proyecta la idea de que la independencia del Ministerio Público juega un papel que va mucho más allá del derecho, porque pese a que no luce que se trate de un plan político de las autoridades de turno, pero al final de cuentas se traduce en el ataque a un acto de corrupción que proviene del entorno del PRM a través del periodista Guillermo Gómez.
De cualquier modo, no se trata de una casualidad o de una coincidencia que, por ejemplo, el mismo Jochy Gómez también apareciera con un contrato con el Ministerio de Defensa para fines de asuntos de inteligencia, ya que deja claro que manos muy poderosas se mueven en el entorno del polémico personaje, lo cual no ha estado al margen del presidente Luis Abinader, quien recibía un informe de inteligencia diario de la oficina del imputado.
De acuerdo a lo establecido, en el proceso de contratación de la referida empresa y el Intrant se emitieron documentos sin la debida aprobación, todo como resultado de un trato privilegiado al oferente.
La red semafórica en cuestión que se proporcionaba sobre la base de los servicios de modernización de la misma del Gran Santo Domingo a cargo de la empresa Transcore Latam S.R.L., experimentó un aumento del valor original presentado de 104 a 1,200 millones de pesos y luego a 1,317 millones 350 mil 997 pesos, emitiéndose documentos que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones e igualmente se produjeron modificaciones mediante actos administrativos de manera extemporánea y sin el debido procedimiento.
La auditoría especial del “Proceso que iba desde febrero del 2023 hasta junio del 2024 sirvió para detectar la mayoría de las irregularidades en perjuicio del Estado.
El trabajo de investigación establece que “se observaron debilidades e inobservancias procedimentales en el examen del proceso llevado a cabo, las cuales son minuciosamente abordadas en el informe, lo que provocó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, cuyo órgano dispuso la suspensión del proceso de adjudicación.
La Contraloría General de la República para avalar la auditoría hizo un levantamiento físico de los equipos instalados y almacenados, entrevistas a los actores principales, entre los que se encuentran Hugo Beras y su abogada; Pedro Padovani, Jochy Gómez, Carlos Zabala, miembros del comité de compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de la Dirección de Tecnología, entre otros.
La Unidad Antifraude en sus conclusiones estimó que se observan “violación al debido proceso que está consignado en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación, ya que se comprobó la emisión de documentos que no tenían la aprobación de los miembros del Comité que tiene la competencia en estos casos, modificación del pliego de condiciones con actos administrativos extemporáneo y sin el aval del órgano, así como respuestas parciales a los inquietudes presentadas por los oferentes. Hubo otras modificaciones al pliego de condiciones que flexibilizaban los requerimientos técnicos exigidos, además la emisión de informes periciales definitivos aprobados por el Comité de Compras a partir de datos incongruentes, deficientes y decisiones unilaterales que revelaban un trato privilegiado al oferente.
Otro de un gran valor en lo que parece un plan bien concebido para engañar al Estado es que, aunque la empresa Transcore Latam entregó una factura en la indicaba que el proyecto estaba en un 90 por ciento de ejecución, la auditoria comprobó que no era cierto y que apenas llegaba un 20 por ciento.
Se detalla en el informe que sólo de agotó un 40 % de la ejecución de la fibra óptica en el Distrito Nacional y en lo referente a los reguladores semafóricos, sólo se habían instalado 80 de los 335 contratados, es decir, 1,245 de 1,340 cámaras para la recolección, cuya manipulación también impacta el cableado de red en algunas intersecciones, el cual no estaba completo o los dispositivos estaban desconectados.
Lo otro es que sólo se instalaron 1,172 de 1,550 semáforos de 300mm y 320 de 470 semáforos led flecha, según una publicación del periódico Diario Libre.
El trabajo de investigación llegó a la conclusión de que los porcentajes generales de terminación del proyecto no superaba más allá de un 20 % de ejecución del contrato, ya que los elementos estaban incompletos y con pocas garantías de una buena y eficiente operatividad”.
En ese contexto la Contraloría decide que, “lo más conveniente sería disolver la contratación para evitar un daño irreparable e irreversible, y entonces procede en consecuencia con una nueva licitación que incluyera al consorcio de empresas internacionales asociadas con nacionales, o empresas individuales que cumplieran los requerimientos para tales fines y en esa virtud procura que el control de la base de datos semafórica esté bajo control exclusivo. A partir de lo ocurrido es que el Intrant, por seguridad nacional”. pide que “se ejecuten las acciones pertinentes a fin de que quienes hayan incurrido en actos reñidos con las leyes tengan las consecuencias que se derivan de las irregularidades detectadas.
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El dinero que entra a las campañas electorales de los candidatos a los cargos de elección popular tiene un enigma complicado.
Los cargos en contra del alcalde de Nueva York ponen sobre la mesa el espinoso tema de las contribuciones económicas ilegales a los candidatos que terminan con la acumulación de grandes riquezas porque tienen mucha posibilidad y vocación de poder.
Es innumerables la cantidad de aspirantes a cargos políticos electivos en diferentes lugares del mundo que quedan en medio de la tentación de enriquecerse sobre la base del recibimiento de donaciones económicas ilegales.
El alcalde de la ciudad de Nueva York fue acusado el jueves de cargos federales por supuestamente aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras.
Este tipo de casos son muy comunes en el escenario político electoral y las razones son muy diversas en razón de que el que aporte de dinero mal habido se hace regularmente para buscar protección de la autoridad pública.
Un caso que ha generado muchas sospechas al respecto es la fortuna declarada por el presidente Luis Abinader, quien había dicho al periodista Jorge Ramos que sólo tenía un millón y tanto de dólares, pero que al final termino con una declaración de bienes que alcanza los miles de millones de pesos, es decir, cerca de ochenta o noventa millones de dólares.
Pero el tema no es exclusivo de la República Dominicana, sino de todos los países del hemisferio y no hay quién se atreva a negar que el fenómeno tiene un alcance mundial.
El caso del principal ejecutivo de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, toca muy de cerca al país porque él desde que obtuvo el triunfo visitó a la República Dominicana y los promotores de su traslado hasta aquí fueron activistas que están muy cerca del funcionario.
La atención que generó su aspiración entre los políticos de la comunidad criolla en la gran urbe, sirvió de base para que se produjera una visita al país del mandatario municipal, el cual fue llevado donde figuras muy cuestionables de la República Dominicana.
El hecho de que Adams tenga entre los cargos que pesan en su contra aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras, como que parece una repetición de lo que ocurre con otros que se mueven en escenarios diferentes, pero con la misma conducta de los que persiguen hacer fortunas a través de la política.
Dicen las autoridades que él abultó sus ganancias mediante las contribuciones ilegales al abusar del programa municipal de igualación de fondos, que ofrece un generoso aporte equivalente a una donación pequeña y agrega la acusación de que recibió en campaña más de diez mil dólares como resultado de certificaciones falsas.
Dicen que Adams solicitó y demandó sobornos, incluidos viajes lujosos gratis o con un gran descuento por parte de un funcionario turco que buscaba la ayuda del ejecutivo municipal y cuya cuestión está vinculada con el consulado en Manhanttan del país del personaje.
En el proceso de investigación agentes del FBI entraron a la residencia oficial de Adams y le incautaron hasta su teléfono en busca de pruebas para sustentar la acusación que pesa en su contra, cuyos cargos federales cuentan con el aval de algunos de los personajes involucrados.
Las acusaciones en contra de Adams pica y se extiende y luce que quien fuera el hombre más importante de Nueva York podría terminar con la total ruina de su carrera política y vida personal.
Sin embargo, Adams ha advertido que todo lo que ocurre con su persona parte de mentiras y que al final todo quedará aclarado.
Este caso que, de acuerdo a los informes de prensa, no involucra hasta el momento grandes cantidades de dinero, cuyos montos no se acercan ni remotamente a los sustraídos por políticos de los países latinoamericanos, donde los robos involucran sumas millonarias que sirven para medir hasta dónde los niveles de regulación y de fiscalización son deficiencias muy marcadas y que además es un arma muy poderosa para no combatir uno de los flagelos que más golpea las economías de las naciones pobres y del tercer mundo.
Las citaciones y pesquisas en lo que tiene que ver con el escándalo continúan y en el proceso habría que determinar si lo dicho por el ejecutivo municipal es parte de la misma arma de defensa que usa el candidato presidencial Donald Trump, la cual consiste en calificar los procesos en su contra como una retaliación política.
Este caso representa un precedente muy importante para todos los que van a la política con el fin de hacer riquezas económicas, máxime en los llamados países del tercer mundo, pese a que el fenómeno en menor o mayor medida tiene una connotación mundial.