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Los Colegios son entes del Estado y por su carácter de obligatoriedad no deben ser dañados por el partidarismo político.
Por Elba García
El periódico La República ha hecho un ejercicio profundo por demostrar de qué forma han impactado negativamente los partidos políticos toda la vida nacional, entre cuyas víctimas ahora también aparecen los colegios profesionales.
La característica principal de los colegios es la obligatoriedad, es decir, que es un requisito imprescindible pertenecer a éstos para el ejercicio de los académicos de que se trate, lo cual quiere decir que sin importar la militancia política del profesional debe estar registrado en ellos para legalmente tener el disfrute de la carrera.
En tal sentido, el Colegio Dominicano de Abogados fue de los primeros que se creó en el país en la tercera etapa de lucha por crear este instrumento legal, que entre sus propósitos está el ejercicio ético del derecho a través del código en esta materia que es consustancial a esta figura jurídica.
Pero hay dos detalles preocupantes y por lo menos uno de ellos parece ser un error del legislador y es darles carácter gremial a algunos colegios y en segundo lugar permitirse lo que ocurre ahora en el CARD que los partidos políticos actúen en su interior con la presentación de planchas en las elecciones para escoger sus autoridades, pese a que está textualmente prohibido en el artículo 4 de la Ley 3-19 que lo crea.
Aunque esta tolerancia se observa principalmente en los colegios médico y el de abogados, cuyas elecciones se convierten, principalmente en el segundo, en una guerra frontar entre los diferentes partidos políticos que buscan tener su control en fragrante violación de la norma.
Las elecciones del Colegio de Abogados fueron monopolizadas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, sin quitarles responsabilidad al PLD y al PRD, los cuales han llegado hasta lo indecible para desnaturalizar las funciones de este ente del Estado dominicano.
Los candidatos de las planchas auspiciadas por los mencionados partidos han hecho hasta lo imposible para alzarse con el triunfo, pero resulta que esta conducta contraproducente no puede ni debe ser tolerada por las instituciones que tienen la misión de dejar claro qué se puede y qué no se puede hacer en el seno de los colegios profesionales.
Entre las cosas que no deben ser está convertir el colegio de abogados en un nido de la politiquería, porque lo aparta de sus funciones como entidad del derecho público y de la misión de garantizar un ejercicio ético de sus miembros.
Naturalmente, lo primero que debía ocurrir frente al desastre que se origina en el Colegio de Abogados es tomar acciones en virtud de la ley que lo crea para impedir que en su seno se exprese, como ocurre ahora, la actividad partidista, aunque fuera de él cualquiera de sus miembros pueda militar o participar en la vida política nacional, ya que se trata de un derecho constitucional de todos los ciudadanos.
La Ley que crea la Colegiación de los Abogados en ningún lugar habla de la permisión de la actividad política partidista en su seno, pero sí la prohíbe textualmente, lo cual quiere decir que lo que ocurre en el referido ente constituye una aberración en perjuicio de este tipo de organización.
Sin embargo, es de primer orden establecer que la naturaleza de los colegios profesionales es obligar a todos los profesionales del área de que se trate a ser miembros del mismo para poder ejercer la profesión, cuyo mandato deja claro que esta organización no puede estar al servicio de un partido político, que tal vez la mayoría de sus integrantes no simpatizan con él, pero además que esta entidad tiene poderes públicos y en consecuencia no puede ser utilizada por ninguna organización de este tipo en beneficio de sus postulados.
Los colegios son corporaciones de derecho público interno de carácter autónomo, es decir, se trata de un desplazamiento del Estado para que los profesionales de las diferentes disciplinas de las ciencias se autos regulen y disciplinen para que puedan utilizar su poder hasta para prohibir el ejercicio profesional, cuya prerrogativa podría ser utilizada en contra de aquel con la se tiene alguna diferencia política partidista.
Nadie puede descartar que la plancha que salga triunfadora pueda recurrir a la retaliación y perseguir, sobre la base de acusaciones falsas, a aquel que forma parte de una corriente política partidista contraria.
De manera, que se deben interponer los recursos legales pertinentes ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para obligar a sus miembros al cumplimiento de la Ley 3-19 en lo referente a su artículo 4, a fin de evitar que lo que ocurre ahora se vuelva a repetir, ya que los colegios son instituciones públicas que no deben estar supeditadas a la influencia de ningún partido político.
Es vital corregir la deficiencia en la interpretación de la ley de colegiación de los abogados para evitar que una institución tan útil para la vida institucional del país, sobre todo porque su Código de Etica es una forma de llevar salud moral a la sociedad y transparentar las funciones del profesional del derecho en el sistema de justicia nacional, no cumpla el papel que justifica su existencia en la vida democrática de la nación.
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Trump, indultos y petróleo venezolano: una política que pone a prueba coherencia antidrogas de Estados Unidos
El perdón presidencial a condenados por narcotráfico y la participación de un empresario investigado por presunto lavado de dinero en un histórico acuerdo energético con Venezuela abren un debate sobre credibilidad institucional, seguridad nacional y los límites entre pragmatismo económico y principios jurídicos.
La política de la administración de Donald Trump frente al narcotráfico, el crimen organizado y Venezuela enfrenta una de sus contradicciones más difíciles de explicar ante la sociedad estadounidense: mientras la Casa Blanca insiste en una política de máxima presión contra las organizaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas, el presidente ha utilizado su facultad constitucional de clemencia para beneficiar a personas condenadas por graves delitos relacionados con narcóticos y, al mismo tiempo, su Gobierno impulsa un gigantesco acuerdo petrolero con Venezuela en el que participa un empresario que ha estado bajo investigación por presunto lavado de activos.
El debate trasciende las simpatías o diferencias partidistas. La cuestión fundamental es qué impacto puede producir en la confianza pública cuando el Gobierno proclama una política particularmente severa contra determinados delitos, pero simultáneamente adopta decisiones que pueden ser percibidas como excepciones a ese mismo discurso.
Uno de los ejemplos más relevantes ocurrió el 1 de diciembre de 2025, cuando Trump concedió un indulto al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. Hernández había sido condenado por un tribunal federal estadounidense a 45 años de prisión, además de una multa de ocho millones de dólares, después de ser hallado culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de armas en apoyo de esa conspiración. El registro oficial del Departamento de Justicia confirma el indulto.
El caso resultó particularmente polémico debido a la magnitud de las acusaciones probadas judicialmente. Un análisis del Washington Post señaló que Hernández había sido condenado por participar en una estructura que facilitó el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. El mismo análisis indicó que Trump había concedido clemencia durante sus dos administraciones a numerosas personas involucradas en delitos relacionados con drogas.
Un mensaje difícil de conciliar
El poder presidencial de indulto está expresamente reconocido en el sistema constitucional estadounidense y distintos presidentes lo han utilizado con criterios muy diversos.
El problema político no radica necesariamente en la existencia de esa facultad, sino en la coherencia entre el discurso oficial y la manera en que se ejerce.
Estados Unidos mantiene desde hace décadas enormes recursos destinados al combate contra las drogas, el lavado de activos y las organizaciones criminales transnacionales. Miles de agentes, fiscales y funcionarios federales trabajan precisamente para investigar, procesar y obtener condenas contra quienes participan en esas actividades.
Cuando una persona condenada después de una investigación y juicio federal recibe posteriormente un indulto presidencial, una parte de la sociedad puede legítimamente preguntarse qué mensaje reciben fiscales, investigadores, víctimas y ciudadanos que esperan una aplicación consistente de la ley.
Eso no convierte automáticamente el indulto en ilegal. Pero sí abre una discusión sobre credibilidad institucional y política criminal.
El petróleo venezolano cambia el escenario
La controversia adquiere una nueva dimensión con el acuerdo petrolero anunciado por la administración Trump con las autoridades interinas venezolanas.
La Casa Blanca anunció que Estados Unidos obtendrá control mayoritario sobre una estructura relacionada con más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, mediante un esquema en el que participa North American Blue Energy Partners (NABEP). Según la administración estadounidense, el acuerdo busca fortalecer la seguridad energética, aumentar el acceso a crudo y contribuir a la recuperación de la industria petrolera venezolana.
Reuters informó que el proyecto contempla 17 campos petroleros y una estructura de participación entre el Gobierno estadounidense, NABEP y la estatal venezolana PDVSA. El acuerdo pretende aumentar considerablemente la producción venezolana y garantizar suministros para Estados Unidos.
Pero el protagonismo de NABEP ha generado preguntas debido a la trayectoria de quien dirige la empresa, el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Betancourt: investigaciones, señalamientos y ausencia de condena
Aquí es fundamental hacer una precisión jurídica.
Betancourt no debe ser presentado como una persona condenada por lavado de activos.
Diversos medios estadounidenses han informado que fue objeto de investigaciones relacionadas con presunto lavado de dinero y corrupción. El Washington Post señaló que había sido considerado durante años como posible objetivo de investigaciones y sanciones estadounidenses, aunque nunca fue sancionado y ha negado consistentemente cualquier irregularidad.
El Financial Times también informó sobre investigaciones en España y Suiza y señaló que Betancourt nunca llegó a enfrentar cargos formales.
Axios, al examinar su participación en el nuevo acuerdo petrolero, hizo referencia igualmente a una investigación de larga duración relacionada con lavado de dinero.
La distinción es esencial: ser investigado o señalado no equivale a ser culpable.
Sin embargo, desde el punto de vista político, el hecho de que una figura con ese historial de investigaciones adquiera un papel estratégico en uno de los mayores proyectos internacionales de la administración abre preguntas legítimas sobre los criterios utilizados por Washington para seleccionar sus socios.
¿Pragmatismo o doble estándar?
La administración Trump puede argumentar que la política exterior exige pragmatismo.
Estados Unidos necesita garantizar suministros energéticos, reconstruir relaciones estratégicas y competir por recursos en un escenario internacional marcado por conflictos, volatilidad de precios y rivalidades geopolíticas.
Desde esa perspectiva, Washington puede considerar que trabajar con actores capaces de operar eficazmente dentro de Venezuela responde a intereses superiores de seguridad energética.
De hecho, personas cercanas a Betancourt sostienen que su experiencia en el difícil sector petrolero venezolano explica por qué fue incorporado a la operación.
Pero sus críticos plantean otra lectura: que Washington estaría utilizando criterios diferentes dependiendo de cuáles sean sus intereses políticos o económicos.
Esa percepción podría convertirse en uno de los principales costos sociales del acuerdo.
El impacto sobre la confianza pública
En Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero no es solamente un asunto internacional.
La epidemia de opioides y otras drogas sintéticas ha provocado centenares de miles de muertes y ha afectado profundamente a comunidades enteras.
Por esa razón, cuando un Gobierno adopta un discurso extremadamente severo contra el narcotráfico, pero después concede clemencia a personas condenadas por delitos vinculados con drogas, la contradicción puede tener efectos sobre la confianza pública.
Los críticos de Trump ya han cuestionado esa inconsistencia. Tras el indulto a Hernández, legisladores opositores plantearon públicamente cómo podía reconciliarse esa decisión con una política que simultáneamente justificaba operaciones severas contra presuntos narcotraficantes.
Los seguidores de Trump, por otra parte, pueden interpretar esos indultos como decisiones individuales que no modifican la política general contra las drogas o como correcciones de procesos judiciales que consideran cuestionables.
La división refleja un fenómeno más amplio: la creciente politización de la percepción sobre el sistema de justicia estadounidense.
También hay interrogantes jurídicos sobre el acuerdo
El debate no se limita a las personas involucradas.
Expertos consultados por Reuters han planteado dudas sobre la estructura jurídica y transparencia del acuerdo petrolero. Entre otras cuestiones, señalan la ausencia de un proceso competitivo para seleccionar determinados participantes y preguntas sobre los mecanismos de supervisión legislativa y contractual.
Según Reuters, el convenio permitirá a Estados Unidos acceder a una cantidad extraordinaria de reservas venezolanas mediante una estructura empresarial y gubernamental todavía compleja y objeto de análisis jurídico.
El Gobierno estadounidense presenta la iniciativa desde una perspectiva completamente diferente: como un acuerdo histórico para garantizar energía de bajo costo y reforzar la seguridad energética del país.
El desafío de la coherencia
El verdadero problema para Washington podría terminar siendo menos petrolero que institucional.
Toda política criminal necesita coherencia para conservar legitimidad.
Un Gobierno puede modificar prioridades, negociar con adversarios e incluso utilizar constitucionalmente el poder de indulto. Pero cuanto mayor sea la distancia entre el discurso utilizado para justificar una política y las excepciones que posteriormente se introduzcan, mayor será la necesidad de ofrecer explicaciones transparentes.
Estados Unidos ha construido buena parte de su influencia internacional sobre la defensa del Estado de derecho, la persecución del lavado de activos y la cooperación internacional contra el narcotráfico.
Por eso, las decisiones de Washington no se evalúan únicamente por sus resultados económicos.
También se examinan por el precedente que crean.
El nuevo acuerdo petrolero con Venezuela puede terminar proporcionando ventajas energéticas considerables a Estados Unidos. También podría contribuir a reactivar una industria venezolana profundamente deteriorada.
Pero el Gobierno de Trump tendrá que responder una pregunta que difícilmente desaparecerá:
¿Puede Estados Unidos exigir al resto del mundo una lucha inflexible contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción mientras concede indultos a personas condenadas por delitos graves de drogas y establece alianzas estratégicas con figuras que han estado bajo investigaciones relacionadas con delitos financieros?
La respuesta no dependerá únicamente de la legalidad de cada decisión.
Dependerá también de algo más difícil de recuperar cuando se pierde: la confianza de la sociedad en que la ley y la política exterior responden a reglas coherentes y no únicamente a las necesidades del momento.
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Dominicanos en Nueva York: una comunidad que transforma la ciudad sin romper sus vínculos con la tierra que dejó atrás
La diáspora dominicana ha dejado de ser únicamente una comunidad de inmigrantes para convertirse en una fuerza económica, cultural, social y política. Mientras sus integrantes construyen nuevas generaciones en Estados Unidos, República Dominicana continúa recibiendo los frutos de una relación que atraviesa fronteras.
Por Elba García
Basta caminar por determinados sectores de Nueva York para comprender que la presencia dominicana en esta ciudad no puede explicarse únicamente mediante estadísticas migratorias.
El español que se escucha en las calles, los restaurantes, supermercados, salones de belleza, barberías, empresas de transporte y pequeños establecimientos comerciales forman parte de una presencia construida durante décadas.
Washington Heights e Inwood fueron durante mucho tiempo símbolos visibles de esa identidad. El Bronx se convirtió igualmente en un importante espacio de asentamiento dominicano.
Pero detrás de esa expresión cultural existe una historia mucho más profunda: la de generaciones de hombres y mujeres que emigraron buscando mejores oportunidades y terminaron transformando no solamente sus propias vidas, sino también comunidades enteras a ambos lados del Caribe.
Una comunidad que está cambiando
La fotografía demográfica de los dominicanos en Nueva York está experimentando modificaciones importantes.
Un estudio del Latino Data Project del Center for Latin American, Caribbean and Latino Studies de CUNY encontró que la población dominicana en la ciudad alcanzó aproximadamente 761,333 personas en 2021, pero descendió hasta 663,169 en 2024, una reducción cercana al 13 %.
La interpretación del fenómeno resulta especialmente interesante porque el descenso no parece explicarse fundamentalmente por una desaparición de la inmigración dominicana.
El estudio apunta más bien hacia un desplazamiento de dominicanos desde Nueva York hacia otras localidades de Estados Unidos.
Es decir, podría estar cambiando la geografía de la diáspora.
Nueva York continúa siendo un gran referente de la dominicanidad en el exterior, pero ya no necesariamente concentra el crecimiento de décadas anteriores.
Inmigrantes dominicanos entre los grupos más numerosos
Otra manera de observar la dimensión de esta presencia aparece en el informe oficial The Newest New Yorkers 2026, elaborado por el Departamento de Planificación Urbana de Nueva York.
Utilizando datos correspondientes a 2023, el informe contabilizó 391,480 residentes de la ciudad nacidos en República Dominicana. Los nacidos en China sumaban 399,911, colocando a ambos países prácticamente a la cabeza de la población inmigrante neoyorquina.
Existe una diferencia importante: hablar de personas nacidas en República Dominicana no equivale a contabilizar a toda la comunidad de origen dominicano. Los hijos y descendientes nacidos en territorio estadounidense forman parte de una realidad demográfica mucho mayor.
Esa segunda y tercera generación plantea además una cuestión decisiva para el futuro: cómo conservar una identidad dominicana mientras se pertenece plenamente a la sociedad estadounidense.
Mucho más que remesas
Desde República Dominicana, la relación con la diáspora suele observarse a través de las remesas.
Y existen razones económicas para ello.
Durante 2025, República Dominicana recibió US$11,866.3 millones en remesas, un crecimiento de 10.3 % respecto de 2024.
La tendencia continúa en 2026. Entre enero y julio ingresaron US$7,316.4 millones, un aumento interanual de 6.4 %. Solo durante julio, Estados Unidos originó el 81.4 % de los recursos formales recibidos, equivalentes a US$814.7 millones.
Son cifras extraordinarias.
Pero reducir la diáspora a los dólares que envía sería desconocer buena parte de su verdadero aporte.
Cada remesa contiene una historia de trabajo. Detrás de ella puede existir un taxista, una enfermera, un comerciante, una trabajadora doméstica, un profesional, un empresario o una persona que sostiene simultáneamente obligaciones económicas en Estados Unidos y República Dominicana.
Una economía dominicana dentro de Nueva York
La presencia dominicana también ha contribuido a transformar la economía de determinados barrios neoyorquinos.
Investigaciones académicas sobre el empresariado dominicano han documentado su participación histórica en bodegas, supermercados, taxis y servicios de transporte, así como la manera en que esos negocios fueron adquiriendo representación y organización política.
Muchos comenzaron con pequeñas operaciones familiares.
Detrás de algunos establecimientos hubo jornadas interminables, ahorro, créditos, sacrificios y redes familiares que permitieron convertir pequeños emprendimientos en patrimonios construidos durante años.
Ese proceso constituye otra forma de integración.
El dominicano no solamente llegó a trabajar a Nueva York: también creó negocios, empleos y espacios comunitarios.
Del poder económico al poder político
La evolución de la comunidad también puede observarse en la política.
La Legislatura del Estado de Nueva York ha reconocido públicamente las contribuciones de dominicanos y dominico-estadounidenses en ámbitos como educación, cultura, economía, música, literatura, deportes y gobierno.
El ascenso político de figuras de origen dominicano constituye una expresión de una transformación más amplia.
La generación que inicialmente buscaba sobrevivir en una sociedad desconocida dio paso a hijos y nietos que participan en elecciones, instituciones públicas, universidades, empresas, organizaciones comunitarias y espacios de decisión.
La diáspora dejó de ser exclusivamente receptora de políticas públicas.
Ahora también participa en su formulación.
Dos países dentro de una misma identidad
Quizás uno de los aspectos más interesantes de la experiencia dominicana en Nueva York sea la convivencia permanente entre dos identidades.
Hay dominicanos que llevan décadas fuera del país y continúan siguiendo diariamente las noticias nacionales, enviando dinero, adquiriendo propiedades, ayudando a familiares y regresando periódicamente.
Sus hijos, aunque hayan nacido en Estados Unidos, pueden crecer escuchando merengue y bachata, comiendo platos dominicanos y manteniendo vínculos emocionales con una nación en la que quizá nunca hayan residido permanentemente.
La distancia geográfica no necesariamente ha producido ruptura.
Ha producido una dominicanidad transnacional.
El nuevo desafío
Sin embargo, la comunidad enfrenta nuevos retos.
El costo de la vivienda, la movilidad hacia otros estados, las transformaciones del mercado laboral, las diferencias generacionales y el debate migratorio estadounidense pueden modificar el mapa tradicional de la diáspora.
El descenso registrado en la población dominicana de Nueva York entre 2021 y 2024 podría constituir una primera señal de esa transformación.
La pregunta ya no es únicamente cuántos dominicanos viven en Nueva York.
La pregunta es hacia dónde se está moviendo la comunidad y cómo cambiará su relación con República Dominicana durante las próximas décadas.
Porque Nueva York fue durante generaciones la gran extensión de República Dominicana en Estados Unidos.
Y aunque esa geografía comience a cambiar, los vínculos económicos, familiares, culturales y emocionales construidos durante décadas difícilmente desaparecerán.
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Motoconchismo en República Dominicana: entre el sustento de miles de familias y el desafío de la seguridad vial
Una actividad que resuelve necesidades de transporte y genera ingresos, pero cuya informalidad y elevada exposición a los accidentes obligan al país a replantear su regulación
Por Elba García
Para una parte importante de la población dominicana, el motoconcho representa mucho más que una motocicleta estacionada en una esquina esperando pasajeros. Es fuente de ingresos, transporte rápido, conexión entre comunidades y, en numerosos sectores donde el transporte colectivo resulta insuficiente, una alternativa prácticamente indispensable.
Sin embargo, detrás de esa utilidad social y económica existe una realidad preocupante: la motocicleta ocupa un lugar central en la grave problemática de seguridad vial que enfrenta la República Dominicana.
El motoconchismo se encuentra así entre dos realidades difíciles de separar. Por un lado, proporciona sustento a miles de trabajadores y facilita la movilidad de ciudadanos; por otro, su crecimiento desorganizado, la informalidad de una parte del sector y el incumplimiento de las normas de tránsito aumentan los riesgos tanto para conductores como para pasajeros y peatones.
Un país sobre dos ruedas
La magnitud del fenómeno puede apreciarse observando la composición del parque vehicular dominicano. Al cierre de 2025, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabilizaba 3,846,694 motocicletas, equivalentes al 57.9 % de los 6,640,871 vehículos registrados en el país. En apenas un año, la cantidad de motocicletas aumentó en 314,727 unidades, un crecimiento de 8.9 %.
No todas esas motocicletas están destinadas al motoconcho, naturalmente, pero las cifras permiten dimensionar hasta qué punto este vehículo se ha integrado a la movilidad cotidiana de los dominicanos.
En barrios urbanos, municipios y comunidades rurales, el motoconcho llega allí donde muchas veces no lo hacen los autobuses, carros públicos o corredores organizados. Permite recorrer distancias cortas con rapidez y, para muchas personas que no poseen vehículo propio, constituye la forma más inmediata de llegar al trabajo, la escuela, un centro médico o una parada de transporte colectivo.
Esa flexibilidad explica parte de su permanencia y expansión.
Fuente de trabajo y supervivencia
El otro rostro del motoconcho es económico.
Para numerosos trabajadores, conducir una motocicleta para transportar pasajeros constituye una oportunidad de obtener ingresos sin depender de un empleo asalariado tradicional. En una economía donde la informalidad laboral continúa teniendo un peso significativo, la motocicleta se convierte en una herramienta de trabajo relativamente accesible.
La actividad también produce un movimiento económico indirecto: talleres de reparación, venta de repuestos, neumáticos, lubricantes, combustible y otros servicios relacionados dependen en alguna medida del enorme universo de motocicletas que circula diariamente.
Por eso, cualquier política pública destinada a enfrentar los problemas del motoconchismo debe evitar una simplificación: el motoconchista no puede ser considerado únicamente como un problema de tránsito. Es también un trabajador y un prestador de un servicio que responde a una necesidad real de movilidad.
El precio humano de la motocicleta
Pero los beneficios económicos y sociales conviven con una realidad dramática.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó en julio de 2026 que durante 2025 fallecieron 2,992 personas en siniestros de tránsito en República Dominicana y más del 65 % de las víctimas eran motociclistas.
La cifra no significa que todas esas víctimas fueran motoconchistas, pero demuestra la vulnerabilidad extraordinaria de quienes utilizan motocicletas en las vías dominicanas.
El problema tampoco se limita a las muertes. El Plan Estratégico Institucional 2025-2028 del INTRANT señala que entre 2021 y 2024 se registraron 473,850 personas lesionadas en accidentes de tránsito, una carga considerable tanto para las familias como para el sistema sanitario y la economía nacional.
Cada accidente grave puede representar hospitalización, cirugía, rehabilitación, incapacidad laboral, pérdida de ingresos y, en los casos más extremos, la muerte de quien sostiene económicamente a una familia.
Informalidad: el gran desafío
Una de las principales debilidades históricas del motoconchismo ha sido la informalidad.
Paradas improvisadas, motocicletas sin las condiciones adecuadas, conductores sin la documentación requerida, ausencia de identificación uniforme y poca capacitación vial han dificultado convertir esta actividad en un verdadero servicio organizado de transporte.
En 2026 las autoridades intensificaron las acciones para cambiar esa realidad.
Entre el 3 y el 24 de junio, el INTRANT y otros organismos estatales intervinieron 488 paradas de motoconcho en diferentes puntos del territorio nacional como parte de un proceso de regularización. Las jornadas incluyeron levantamiento documental, fiscalización y depuración de operadores.
Uno de los resultados destacados por la institución fue el incremento de 107.5 % en la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas, al pasar de 1,843 en marzo a 3,824 en junio de 2026.
La tendencia evidencia que la fiscalización, cuando está acompañada de mecanismos que permitan cumplir la normativa, puede conducir progresivamente hacia la formalización.
Seguridad ciudadana y confianza
La regulación tiene otra dimensión: la seguridad del pasajero.
Quien aborda un motoconcho entrega temporalmente su seguridad a una persona que muchas veces desconoce. De ahí la importancia de establecer mecanismos efectivos de identificación de los operadores y de las motocicletas utilizadas para prestar el servicio.
Un sistema organizado permitiría saber quién conduce, si posee licencia vigente, si la motocicleta está debidamente registrada y si cumple con los requisitos establecidos por las autoridades.
Eso protegería al pasajero, pero también al propio motoconchista responsable, porque contribuiría a diferenciar al trabajador formal de quien utiliza una motocicleta al margen de las normas.
El casco no puede ser opcional
La transformación del sector tampoco puede descansar exclusivamente sobre operativos policiales.
Debe acompañarse de educación vial permanente y de una cultura de prevención. El uso correcto del casco protector tanto por el conductor como por el pasajero, el respeto a los semáforos, la prohibición de circular en sentido contrario, el control de velocidad y la eliminación de maniobras temerarias tienen que convertirse en prácticas habituales.
El motoconchista profesional debería asumir que transportar una persona implica una responsabilidad adicional: no solamente llegar rápido, sino llevar al pasajero seguro hasta su destino.
De igual manera, los usuarios deben comprender que aceptar viajar sin casco o con un conductor que viola reiteradamente las normas también los coloca innecesariamente en peligro.
¿Eliminar o transformar?
Plantear la desaparición del motoconchismo no parece responder a la realidad social dominicana.
La actividad cumple una función que el sistema de transporte público todavía no ha podido sustituir completamente, especialmente en sectores periféricos y comunidades donde las rutas tradicionales no llegan con suficiente frecuencia.
El desafío consiste entonces en transformar el motoconcho informal en un servicio regulado, identificable y seguro.
Esto requiere registro de operadores, licencias correspondientes, motocicletas en condiciones técnicas adecuadas, uso obligatorio de equipos de protección, capacitación periódica, organización de las paradas y una fiscalización que sea constante y no solamente producto de operativos ocasionales.
También supone incorporar al propio sector a las soluciones. Las asociaciones de motoconchistas pueden desempeñar un papel importante en la organización de paradas, identificación de conductores y promoción del cumplimiento de las normas.
Entre necesidad y transformación
El motoconchismo dominicano refleja, en cierto modo, las contradicciones del sistema nacional de movilidad.
Surgió y se expandió porque había una necesidad. Generó empleos porque había personas que necesitaban trabajar. Creció en numerosos lugares porque el transporte convencional no podía responder completamente a la demanda.
Pero aquello que nació como una solución espontánea necesita evolucionar.
República Dominicana no tiene que escoger entre proteger el trabajo de los motoconchistas o garantizar la seguridad vial. Ambas cosas pueden y deben coexistir.
Formalizar el sector, capacitar a sus trabajadores y hacer cumplir la ley permitiría conservar sus beneficios económicos y sociales mientras se reducen sus consecuencias negativas.
El verdadero problema, por tanto, quizás no sea la existencia del motoconcho. El problema es permitir que un servicio utilizado diariamente por miles de ciudadanos continúe funcionando sin alcanzar los niveles de organización y seguridad que exige una sociedad moderna.