Opinión
Los Culpables Libres de Culpa?
Por José Cabral
A propósito de la lista que ha circulado por las redes sociales sobre el caso Odebrecht, se han escuchado una serie de opiniones definitivamente desacertadas con respecto a los posibles responsables de corrupción.
En primer plano nos encontramos con posiciones de muchos comunicadores que sostienen que algunos de los que aparecen en la lista siempre los han conocido como gente seria, pero quién ha dicho que los que así hablan tienen mecanismos para determinar quién se presta a ser sobornado y quién no.
La famosa expresión de que tengo años que los conozco y nadie puede hablar de ellos, no resulta una opinión lógica y certera, porque cualquiera que cometa un acto indecoroso no lo va a pregonar como si se tratara de una conducta honesta e incuestionable.
Es importante establecer que las redes sociales pueden contener listados de corruptos y corruptores como les parezca a quien los elabora y siempre en función de los intereses que representa, porque este instrumento comunicacional se ha constituido en un poderosísimo mecanismo para difamar e injuriar.
Pero es bueno que se sepa que deben ser minuciosamente investigados tanto los funcionarios del gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como aquellos que en algún momento tuvieron el control de la administración pública durante períodos en los que otros eran los que tenían el privilegio de manejar a su antojo el presupuesto nacional.
En tal virtud, todos sin importar el color del partido a que pertenezcan y los intereses que representen, deben ser sometidos al escrutinio del ministerio público y de toda la judicatura nacional, a fin de recabar las pruebas a partir de que nadie esta libre de culpa de un flagelo que hoy azota a toda la República Dominicana.
Esto así, porque el Gobierno y la oposición han tenido y aún tienen la misma conducta en lo que tiene que ver con el manejo del Estado, ya que hay una macro corrupción que proviene del Palacio Nacional y de otros poderes del Estado, así como lo que podría llamarse una micro corrupción, cuyos responsables son muchos, por no decir todos, los partidos de la oposición.
Para una buena ilustración del problema necesariamente hay que tomar en cuenta que el comportamiento de los legisladores oficialistas y los de la oposición es muy similar, quienes se hacen cómplices de grandes y pequeños actos bochornosos y ni qué decir, por ejemplo, de los regidores, tanto los del Gobierno como los de la oposición, que se reparten vergonzosamente los patrimonios de los ayuntamientos mediante contratas y otras vertientes de la corrupción.
A caso hay alguien en la República Dominicana que pueda negar que en la pasada campaña electoral riferos y transportistas se sirvieron con la cuchara grande y que hubo igual comportamiento del partido de Gobierno y los de la oposición?
Ese bochornoso proceder de toda la clase política nacional hoy deja como resultado en el Congreso Nacional el conocimiento de un proyecto de ley de lavado de activos en el que su suerte está determinada por los riferos y los transportistas, cuyas actividades comerciales son el epicentro de cualquier transacción ilegal.
De aprobarse esta patente de corso para que los propietarios de bancas de apuestas y de loterías estén fuera del escrutinio del Estado en lo que respecta al lavado de activos, será una demostración de la contundente degradación moral de la sociedad y de su sumergimiento en el bajo mundo.
El PLD, el PRM, el PRSC y otros pequeños partidos que sirven de bisagras para que los más corruptos se alcen con el poder, no están libres de culpas, ni de responsabilidad del cuadro que caracteriza el escenario político nacional y la sociedad en su conjunto.
En el presente caso de la Odebrecht están ligados mansos y cimarrones y en lo que tiene ver con la aplicación de la ley y con la impartición de justicia nadie puede pretender que aquel que tenga un hijo delincuente y que vive con un vecino que también tiene otro con la misma conducta, busque que al vástago del que vive al lado se le aplique todo el peso de la ley, pero que al suyo no.
Este cuadro se ajusta mucho al caso Odebrecht porque la justicia debe imponerse tanto en gobiernistas como en opositores.
El enjuiciamiento de aquellos que estuvieron en el pasado en el Gobierno le daría una mayor seriedad al proceso de judicialización al caso de corrupción más grave que ha sufrido toda Latinoamérica.
Hay que estar seguros de que el enjuiciamiento de los culpables, no importa que tanto poder político tengan algunos, es el resultado de la presión a que han sido sometidas las autoridades, ya que de no haber sido así, hubiera primado la desgraciada impunidad.
Esta conclusión obedece a que el fenómeno de la corrupción es una plaga que arropa a toda la sociedad dominicana.
Es un flagelo que va de arriba hacia abajo y lo contrario, es decir, de abajo hacia arriba, porque se trata de un mal de carácter integral y generalizado y en este caso de la Odebrecht son muy pocos los políticos que están libres de responsabilidad, ya sea por comisión o por omisión.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!