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Los dos cuerpos más importantes de la sociedad, el humano y el social, amenazados de muertes en el país..
Una crisis humana como la que genera la pandemia del coronavirus deja traumas y daños definitivamente irreparables, pero lo mismo se podría decir a nivel del cuerpo social, cuya principal caracterización son en los órdenes emocionales, económicas y jurídico-legales.
En estos momentos la más peligrosa y amenazante es la humana, porque el coronavirus golpea quitándole la vida a la gente, lo cual es lo más preciado para el ser vivo y está por encima de cualquier otra cosa, porque las demás entran en un plano más bien regulador, pero después que ha llegado la muerte no hay nada que valga.
Desde esa perspectiva es normal que el principal miedo sea a perder la vida, porque después de ella no hay nada más, dado que hasta la riqueza material tiene sentido si la misma perdura para disfrutar de ella, pero no después de la muerte, pese a que mantenerla sin las normas que establece la ley también revisten una gran importancia social.
El coronavirus continúa su camino amenazante por el mundo, cuya cantidad de muertos y de contagiados llega a niveles que no tienen precedentes por lo menos en la época contemporánea, lo cual impacta a la gente de tal modo que no quiera escuchar otra cosa que no sea lo que tenga que ver con la enfermedad.
La cuestión es que la sociedad está entre la espada y la pared, en virtud de que cuando pase la pandemia, porque así tendrá que ocurrir, vendría la preocupación por vivir en paz y con las garantías legales y sociales que requiere afrontar también los asuntos que ponen en peligro el aparato institucional de la nación.
Todo el que muere a consecuencia de la pandemia, como ya ha ocurrido, no necesita otra cosa que un entierro digno, lo cual tampoco ha permitido el coronavirus, pero el que sigue vivo necesita de un estado de derecho que le garantiza el acceso a la salud, a la educación y a la justicia.
Sin embargo, lo preocupante de lo que ocurre en estos momentos es que ambas garantías están amenazadas, primero por el Covid-19 y segundo porque el país podría caer en un vacío institucional que ya no sólo ponga en peligro la existencia de mucha gente, sino también la economía y todo el andamiaje jurídico-social que termine por el caos reinante arrebatándole la vida a una buena parte de la sociedad.
El coronavirus es una realidad latente y vigente, pero el vacío institucional se podría presentar en cualquier momento, porque lo que se impone es que el dominicano tome todas las medidas que recomienda el protocolo internacional para evitar el contagio y que su vida no se ponga en peligro, pero también en el marco de la prudencia desarrollar y articular un plan para preservar el orden jurídico e institucional para no ver colapsar la nación.
Tras el paso de la pandemia la segunda batalla tiene que ver con la gran debacle económica que podría provenir a consecuencia del impacto de las medidas que se han hecho imprescindibles para contrarrestar los altos niveles de contagio, como son el aglomeramiento y la vida social, lo cual ha generado el cierre de prácticamente todas las fuentes de generación de dinero tanto interno como externamente.
Esta doble realidad demanda actuar con mucho tacto, prudencia y ecuanimidad para lograr salir bien de ambas situaciones, por lo que no pensar en la otra amenaza que está frente a todo y es que no hayan elecciones antes del 16 de agosto implica que el país podría caer en una total ilegalidad e ilegitimidad en razón de que quedaría violentada la Constitución de la República que consigna la juramentación de nuevas autoridades nacionales para la fecha señalada más arriba.
El aparato legal de la República Dominicana manda que las nuevas autoridades para que sean legitimas y legales deben haber sido escogidas en elecciones nacionales, pero si las mismas no se dieran entonces todo lo que se derive de la irregularidad no tienen ningún valor y son nulas.
Si la nación no sabe sobrellevar la pandemia con sus requerimientos legales la crisis que afectaría al país seria de una dimensión que muy difícilmente puedan tener solución hasta tanto no se corrija la ilegalidad y la ilegitimidad en que caiga la República Dominicana.
En tal virtud, para cambiar la irregularidad generada habría que entrar a producir una modificación constitucional que su secuela podría ser más dañina, es decir, la cura podría ser peor que la enfermedad.
En cualquier lugar del mundo las autoridades que no estén avaladas por la legitimidad y la legalidad, cuya última condición se lleva de paro los derechos constitucionales, porque en medio de esta situación mueren, los gobernantes quedan al margen de la comunidad internacional porque su presencia en las organizaciones multilaterales tiene que estar fundamenta en una serie de acuerdos internacionales que sólo tienen sentido frente a la vigencia integral del aparato legal.
Se podría estar hablando de una crisis de una dimensión que entonces pondría en peligro la solvencia y la preservación de la vida económica, ya que hasta para diseñar políticas públicas en esta materia tiene que ser a partir de la legalidad y la legitimidad, ya que hay un principio jurídico de que todo lo que se deriva de la violación de la ley es totalmente nulo.
Todo esto envía el mensaje que frente a la pandemia del coronavirus el dominicano tiene que sacar de abajo para la preservación, no sólo de la vida, sino también de los precarios derechos jurídicos, económicos y sociales para que el peligro de perder el último suspiro no se convierta en un laberinto que al final de la jornada no deje abierta ninguna posibilidad de sobrevivir.
En las actuales circunstancias el dominicano tiene que convertirse en un gran soldado de dos guerras, la primera la que se libra en contra del coronavirus o de la pandemia, y la segunda para evitar que desaparezca el aparato institucional, porque entonces habría un panorama mucho peor, sobre todo frente a un mundo que se verá ante grandes aprietos por la secuela dejada por el Covid-19.
Se impone que el país se dote de la gallardía para que en el curso de los próximos días se pueda vencer en los dos terrenos de batallas, el de la enfermedad que avanza quitándole la vida a mucha gente y la lucha por la preservación del precario aparato institucional, que es el único que puede garantizar la convivencia social y representar un dique de contención a la hambruna y la crisis que implica el golpe mortal de la pandemia a la mayoría de las sociedades del mundo, pero muy particularmente a la República Dominicana.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.
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Triunfo de inmigrante y musulmán retorna a Nueva York a su razón de ser como ciudad de ensueño mundial.
La ciudad de Nueva York, sede de la bolsa de valores y de otras riquezas inmedibles, es el hogar de muchos que prefieren las fortunas económicas e incluso a su propia tranquilidad, ha devenido en un lugar en el que luce no haber cabida para los que sueñan en los diferentes continentes del mundo con arribar de alguna manera allí. Este poder económico de la llamada ciudad de los rascacielos todavía alberga en su seno a millones de inmigrantes que tienen que dormir en subterráneos en malas condiciones y otros muchos desamparados que mal olientes se mezclan con los potentados económicos de las grandes multinacionales.
Vivir en Nueva York, pero principalmente en Manhattan, su centro financiero y cultural, no es fácil, sobre todo para el que busca sobreponerse a unos altos costos de la comida y de la renta, pero a cuya realidad generalmente tienen entrada los pobres que emigran en busca de una mejoría de vida a la también llamada babel de hierro.
La cuestión es que esa mezcla de grandes riquezas e igualmente de grandes pobrezas crean un contraste que no es tan fácil de manejar y controlar en esa gran urbe, pero las circunstancias políticas son las únicas que pueden marcar un mejor destino de uno de los estados de toda la unión americana con los estándares más caros para vivir en él.
Este martes 4 de noviembre Nueva York ha dejado claro que sigue siendo ese lugar donde las grandes esperanzas nunca se pierden y que, si bien un multimillonario puede tenerlo todo, máxime el control político del estado y de la ciudad, igual puede ocurrir con gente que viene del subsuelo económico y de los lugares más lejanos del planeta, no importa quién lo quiera detener en sus propósitos.
El mejor espejo de este fenómeno es el triunfo de Zohran Mandami, un inmigrante musulmán, nacido en Uganda, pero de ascendencia india, que ha enviado un mensaje muy contundente al ganar cómodamente la alcaldía de esta gran ciudad, cuyo presupuesto supera a todos los países latinoamericanos juntos.
Este nuevo actor de la política newyorquina ha dejado claro que allí nada es imposible, porque su hazaña es propia de hombres muy grandes, pero que sólo necesitan ese espíritu que caracteriza al inmigrante, dado que éste adquiere la ciudadanía de los Estados Unidos en el 2018, es decir, hace sólo 7 años y primero, luego de haberse graduado en la universidad, se convierte en asambleísta del estado y ahora entra a las puertas anchas de Grand Mansion como alcalde de Nueva York.
Este joven que profesa la religión musulmana se impuso en la contienda electoral frente a grandes contrincantes como Mario Cuomo, exgobernador del estado y con una ascendencia política que parte del papel jugado por su padre del mismo nombre, cuyas raíces están asociadas a la comunidad italiana de Nueva York.
Este joven de apenas 34 años no ha dejado dudas de su triunfo, pero ahora vienen grandes retos en virtud de que el presidente Donald Trump lo ha elegido como su principal frente para evitar que logre lo que ya ha prometido a la gente, sobre todo a los pobres de la ciudad que nunca duerme, que alberga en su seno a grandes multinacionales y fortunas judías, así como inmigrantes pobres de todo el planeta.
Este detalle demuestra hasta dónde Nueva York es un lugar en el que se pueden dar las cosas más inverosímiles, como convivir judíos, musulmanes y cristianos en sus barrios emblemáticos, donde prevalece un respeto entre sí que no ha sido posible en ningún otro lugar del mundo donde estos grupos religiosos son enemigos mortales.
Y entre la gran misión del nuevo alcalde de Nueva York está, no sólo contrarrestar la oposición de un magnate y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo ha amenazado si ganaba con deportarlo, sino además de conciliar grandes intereses económicos y financieros que hacen a esta gran urbe diferente y con grandes potencialidades de más crecimiento y de ser una ventana para muchos hombres y hombres de todo el planeta que sueñan con visitarla y vivir allí.
Hay prácticamente una guerra avisada entre Trump y este joven musulmán, ahora alcalde de la llamada capital del mundo, por cuya potencialidad comercial le va muy bien el nombre, lo cual luce ser una medición de fuerzas entre los intereses ultraconservadores de un mandatario con una marcada vocación dictatorial que persigue borrar la historia de un estado que ha sido el refugio de millones de latinoamericanos e inmigrantes de todo el mundo a quienes el nuevo funcionario que les ha prometido mejorar la situación de vida de sus familias.
Zohran Mandani es una inspiración para fortalecer la democracia en cualquier lugar del planeta, porque hoy representa un símbolo de lo que puede ocurrir cuando en una ciudad las reglas del juego están claramente definidas, lo que permite que los menos pudientes tengan respuestas a las dictaduras y al poder inmedible de las multinacionales.
Este triunfo del nuevo alcalde de Nueva York sienta la base para que los sectores más liberales de la llamada babel de hierro jueguen su papel histórico en una democracia que, a pesar de sus debilidades y peligros, ha dado ejemplo de fortaleza y de que no depende de la voluntad personal de un individuo.