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Más pruebas presentan ante juez contra Jean Alain Rodríguez.

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Santo Domingo.-Durante la audiencia preliminar que se conoce en el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que dirige el juez Amauris Martínez, surgieron nuevos elementos en contra por parte del Ministerio Publico contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros implicados en la red de corrupción administrativa desmantelada con la operación Medusa.

Los fiscales continuaron la lectura de los cargos a partir de la página 2,884, que incluye presuntas irregularidades atribuidas al exprocurador en el proceso de compra y contrataciones de servicios e irregularidades durante su gestión en el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD).

Uno de los procesos cuestionados, en los que el Ministerio Público afirma se incurrió en prácticas corruptas, fue la adquisición de mascarillas N95 sin válvula y lentes de protección, para ser utilizados en la Procuraduría General de la República y sus dependencias.

Los fiscales indican que aportan copia de la «Información General del Proceso de referencia: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0129», con la cual dicen prueban que la Procuraduría General de la República adjudicó irregularmente 10 servicios a la entidad Complementos ER S.R.L., por intermediación del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, y que también participó con la compañía Lirtec S.R.L., que era manejada por él.

Precisan que registraron diez transferencias bancarias por el monto total de RD$13, 877, 872.54.

Indicaron que los procesos eran adjudicados a la entidad Complementos ER S.R.L., mucho tiempo antes de iniciar el procedimiento en la Procuraduría General de la República.

También, que los precios de los servicios brindados por compra de equipos, fueron multiplicados en las cotizaciones, comparándolo con el precio real del mercado.

«Se evidencia similitudes en los contratos de dos de los procesos adjudicados, donde los motivos, precios, y fecha son la misma, a pesar de que los procesos tienen fecha diferente, la fundamentación y la documentación que reposan son las misma.», señala la acusación leida por los fiscales.

Irregularidades en CEI-RD

Sobre irregularidades en el CEI-RD, el Ministerio Público se refirió a la comunicación de fecha 31 de marzo del 2022, emitida por Angelina Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, dirigido a Wilson Manuel Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Indican que en esa comunicación, la funcionaria emite información en repuesta a una comunicación de la PEPCA del 20 de enero del 2022, sobre requerimiento de un informe de la nómina de empleados contratados y fijos, copias certificadas de los estados financieros, informe de los pagos a la Tesorería de Seguridad Social (TSS) y de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), desde el 16 de agosto de 2012 hasta el 16 de agosto de 2016, del CEI-RD.

Puntualiza que las informaciones solicitadas no pudieron ser certificada en vista de que no están firmado y no existe veracidad de los mismos y que en cuanto los periodos entre 2012 hasta 2016 no se identificaron archivos.

“En cuantos los pagos de la Tesorería de la Seguridad Social y los impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos no se encontraron en los archivos soporte de los mismos, con los cuales probamos el modus operandis del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez mientras ejerció las funciones de Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), en el período 2012-2016.”, señala la acusación.

Igualmente, sostiene que hubo irregularidades administrativas y financieras en la gestión de Jean Alain en el CEI-RD, y que la actual gestión estaba imposibilitada de certificar los estados financieros mensuales, porque no se encontraron firmados cuando asumieron.

Además, sostiene que no pueden precisar si se trata de las versiones finales, además que los informes financieros digitales no existen porque fueron borrados.

Con relación a los informes de ejecución presupuestaria en el periodo 2012-2016, precisa la acusación leida por los fiscales, que no fueron identificados en los archivos de la institución.

“No existen soportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y de la Dirección General de Impuestos Internos, desde el 16 de agosto del 2012 al 16 de agosto del 2016”, afirman los fiscales.

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Buscan con Proyecto de ley que hombres usen apellido de sus esposas en la cédula

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Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.

El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.

En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.

El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.

Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.

La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.

El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.

Asimismo, en caso de divorcionulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.

En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a

En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.

La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.

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Mujer golpeada por coronel Madé en Los Mina se querella en su contra.

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Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional,  interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.

La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.

Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.

Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.

  • Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.

El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.

Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.

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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026

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Santo Domingo, R.D.-Agentes de la  Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.

La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.

Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.

Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.

Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.

Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.

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