Santo Domingo, RD.-La República Dominicana desde inicios del siglo 21 ha extraditado hacia Estados Unidos a varias personas que han estado vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, cuyos datos estan contenidos en un reportaje publicado por el periodico Listín DiarioNacionales
Capos dominicanos del narcotráfico terminan extraditados a Estados Unidos
Santo Domingo, RD.-La República Dominicana desde inicios del siglo 21 ha extraditado hacia Estados Unidos a varias personas que han estado vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, cuyos datos estan contenidos en un reportaje publicado por el periodico Listín DiarioEl diario más importante del país establece que los últimos dos en llegar a territorio estadounidense para ser juzgados fueron José Jesús Tapia Pérez “Bola Negra” y Baltazar Mesa “El Maestro”, dos de los implicados en la presunta red de narcotráfico y lavado de activos de César Emilio Peralta “El Abusador”, ambos entregados a Estados Unidos por medio de los decretos 285 y 286-19, del 2 de septiembre del 2019.
Los dos imputados aceptaron la extradición de forma voluntaria y posteriormente fueron escoltados hasta la Base Aérea de San Isidro por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y entregados a la Administración para el Control de Drogas (DEA).
A Tapia Pérez se le acusa de “asociación delictuosa con conocimiento de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención, el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada se importaría a los Estados Unidos”.
Mientras que Mesa es señalado por las autoridades de los Estados Unidos como uno de los líderes de una organización de transportación y comercialización de cocaína con sede en la República Dominicana.
Dentro del grupo de los pedidos en extradición están pendientes César el Abusador, quien está prófugo; Sergio Gómez, a quien le será conocido el proceso el primero de octubre y Jeifry del Rosario Gautier (Toñito Leña), quien cumple prisión por otro caso y se espera a que le retiren la acusación por ese caso para proceder al proceso de extradición.
Narcotraficantes extraditados
Vinculando también a la red de Cesar el Abusador, está Ramón Antonio del Rosario Puente, mejor conocido como “Toño Leña”, quien fue nombrado como un importante traficante de drogas para los Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro.
Aunque su nombre ha vuelto a sonar, Toño Leña ha estado en la palestra pública desde 1997 cuando fue apresado por dos alijos de 1,407 kilos de cocaína.
En su momento fue uno de los hombres más buscados por las autoridades dominicanas por el tráfico de drogas, principalmente por ser considerado como un zar de la droga en la zona este del país y por estar vinculado en 2010 con la fuga del narcotraficante puertorriqueño José Figueroa Agosto.
Ese mismo año fue deportado desde Venezuela hacia República Dominicana, donde fue enviado a cumplir prisión preventiva en la cárcel de Monte Plata. Un año después, en diciembre de 2011, el Poder Ejecutivo dispuso mediante el decreto 752-11 su extradición hacia Estados Unidos, por acusaciones de tráfico de drogas.
Cumplió una condena de seis años de prisión en Puerto Rico, acusado por tráfico de cocaína y luego de ser puesto en libertad fue arrestado en mayo del 2018 por las autoridades colombianas.
Actualmente está en espera de extradición a los Estados Unidos por cargos de conspiración de tráfico de narcotráficos.
Otro narcotraficante que fue extraditado a territorio estadounidense fue Quirino Paulino Castillo, quien el 18 de diciembre de 2004 le fue decomisado un alijo de 1,387 kilos de cocaína, en una operación conjunta de la DNCD y la DEA.
Más adelante, en febrero del 2005, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó la extradición de Paulino Castillo, por cargos de conspiración para introducir los 1,387 kilos de cocaína decomisados en el país.
En Estados Unidos cumplió una condena de 10 años y fue liberado en enero de 2014 por la jueza Kimba Wood, según contó su abogado Freddy Castillo.
Vinculados al caso Quirino también fueron extraditados a Estados Unidos y retornados al país luego de cumplir condenas, el excoronel Lidio Nin Terrero, Tirso Cuevas Nin, José Arismendy Almonte Peña y Ernesto Guevara Díaz (Maconi).
Sobre este último, Guevara Díaz (Maconi) fue extraditado a Estados Unidos en al año 2009, condenado a 78 meses de prisión por una Corte de Puerto Rico, que le redujo 12 meses, luego de que este se declarara culpable de traficar un alijo de más de cien kilos de cocaína en el 2002.
Luego, en enero de 2018, Maconi fue arrestado junto a Dante Meraldo Medina y Dante Wilfredo Medina Ozuma, dominicanos, a quienes se les imputa ser miembros de una organización de narcotraficantes vinculada al alijo de 1,570.41 kilos de cocaína confiscados en el interior de la embarcación de carga KALUBA
Mientras que Nin Terrero, extraditado en 2005, cumplió 67 meses de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable en mayo de 2008 ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que encabeza la juez Kimba Wood, como parte de las negociaciones con la fiscalía federal.
Nin Terrero se desempeñaba como jefe de la cárcel del “15 de Azua” al momento de su arresto y tenía a su cargo custodiar el cargamento de la cocaína incautado en diciembre de 2004.
Junto con él fue arrestado el chofer del camión, Tirso Cuevas Nin, extraditado en la misma fecha, cuyo retorno al país se produjo en marzo de 2009, luego de cumplir 48 meses de los 51 a los que fue condenado.
En cuanto a José Arismendy Almonte Peña, mejor conocido como Joselito.com, bachatero y supuesto empresario, fue extraditado luego de que las autoridades norteamericanas le decomisaron 153 kilos de cocaína a finales de marzo del 2003.
Yubel Enrique Méndez Méndez, alias Oreganito, fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2010 luego de formar parte de la red de José David Figueroa Agosto.
El ex jefe de operaciones de la DNCD, Francisco Antonio Hiraldo Guerrero fue extraditado en marzo de 2013, luego de ser acusado de pertenecer a una red de narcotraficantes que transportaba cocaína hacia los Estados Unidos.
La República Dominicana firmó el 19 de junio de 1909 el Tratado de Extradición con Estados Unidos, que entró en vigor a partir del 2 de agosto de 1910. En el año 2016 fue oficializado un nuevo tratado de extradición entre ambos países.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.