Santo Domingo, RD.-La República Dominicana desde inicios del siglo 21 ha extraditado hacia Estados Unidos a varias personas que han estado vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, cuyos datos estan contenidos en un reportaje publicado por el periodico Listín DiarioNacionales
Capos dominicanos del narcotráfico terminan extraditados a Estados Unidos
Santo Domingo, RD.-La República Dominicana desde inicios del siglo 21 ha extraditado hacia Estados Unidos a varias personas que han estado vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, cuyos datos estan contenidos en un reportaje publicado por el periodico Listín DiarioEl diario más importante del país establece que los últimos dos en llegar a territorio estadounidense para ser juzgados fueron José Jesús Tapia Pérez “Bola Negra” y Baltazar Mesa “El Maestro”, dos de los implicados en la presunta red de narcotráfico y lavado de activos de César Emilio Peralta “El Abusador”, ambos entregados a Estados Unidos por medio de los decretos 285 y 286-19, del 2 de septiembre del 2019.
Los dos imputados aceptaron la extradición de forma voluntaria y posteriormente fueron escoltados hasta la Base Aérea de San Isidro por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y entregados a la Administración para el Control de Drogas (DEA).
A Tapia Pérez se le acusa de “asociación delictuosa con conocimiento de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención, el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada se importaría a los Estados Unidos”.
Mientras que Mesa es señalado por las autoridades de los Estados Unidos como uno de los líderes de una organización de transportación y comercialización de cocaína con sede en la República Dominicana.
Dentro del grupo de los pedidos en extradición están pendientes César el Abusador, quien está prófugo; Sergio Gómez, a quien le será conocido el proceso el primero de octubre y Jeifry del Rosario Gautier (Toñito Leña), quien cumple prisión por otro caso y se espera a que le retiren la acusación por ese caso para proceder al proceso de extradición.
Narcotraficantes extraditados
Vinculando también a la red de Cesar el Abusador, está Ramón Antonio del Rosario Puente, mejor conocido como “Toño Leña”, quien fue nombrado como un importante traficante de drogas para los Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro.
Aunque su nombre ha vuelto a sonar, Toño Leña ha estado en la palestra pública desde 1997 cuando fue apresado por dos alijos de 1,407 kilos de cocaína.
En su momento fue uno de los hombres más buscados por las autoridades dominicanas por el tráfico de drogas, principalmente por ser considerado como un zar de la droga en la zona este del país y por estar vinculado en 2010 con la fuga del narcotraficante puertorriqueño José Figueroa Agosto.
Ese mismo año fue deportado desde Venezuela hacia República Dominicana, donde fue enviado a cumplir prisión preventiva en la cárcel de Monte Plata. Un año después, en diciembre de 2011, el Poder Ejecutivo dispuso mediante el decreto 752-11 su extradición hacia Estados Unidos, por acusaciones de tráfico de drogas.
Cumplió una condena de seis años de prisión en Puerto Rico, acusado por tráfico de cocaína y luego de ser puesto en libertad fue arrestado en mayo del 2018 por las autoridades colombianas.
Actualmente está en espera de extradición a los Estados Unidos por cargos de conspiración de tráfico de narcotráficos.
Otro narcotraficante que fue extraditado a territorio estadounidense fue Quirino Paulino Castillo, quien el 18 de diciembre de 2004 le fue decomisado un alijo de 1,387 kilos de cocaína, en una operación conjunta de la DNCD y la DEA.
Más adelante, en febrero del 2005, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó la extradición de Paulino Castillo, por cargos de conspiración para introducir los 1,387 kilos de cocaína decomisados en el país.
En Estados Unidos cumplió una condena de 10 años y fue liberado en enero de 2014 por la jueza Kimba Wood, según contó su abogado Freddy Castillo.
Vinculados al caso Quirino también fueron extraditados a Estados Unidos y retornados al país luego de cumplir condenas, el excoronel Lidio Nin Terrero, Tirso Cuevas Nin, José Arismendy Almonte Peña y Ernesto Guevara Díaz (Maconi).
Sobre este último, Guevara Díaz (Maconi) fue extraditado a Estados Unidos en al año 2009, condenado a 78 meses de prisión por una Corte de Puerto Rico, que le redujo 12 meses, luego de que este se declarara culpable de traficar un alijo de más de cien kilos de cocaína en el 2002.
Luego, en enero de 2018, Maconi fue arrestado junto a Dante Meraldo Medina y Dante Wilfredo Medina Ozuma, dominicanos, a quienes se les imputa ser miembros de una organización de narcotraficantes vinculada al alijo de 1,570.41 kilos de cocaína confiscados en el interior de la embarcación de carga KALUBA
Mientras que Nin Terrero, extraditado en 2005, cumplió 67 meses de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable en mayo de 2008 ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que encabeza la juez Kimba Wood, como parte de las negociaciones con la fiscalía federal.
Nin Terrero se desempeñaba como jefe de la cárcel del “15 de Azua” al momento de su arresto y tenía a su cargo custodiar el cargamento de la cocaína incautado en diciembre de 2004.
Junto con él fue arrestado el chofer del camión, Tirso Cuevas Nin, extraditado en la misma fecha, cuyo retorno al país se produjo en marzo de 2009, luego de cumplir 48 meses de los 51 a los que fue condenado.
En cuanto a José Arismendy Almonte Peña, mejor conocido como Joselito.com, bachatero y supuesto empresario, fue extraditado luego de que las autoridades norteamericanas le decomisaron 153 kilos de cocaína a finales de marzo del 2003.
Yubel Enrique Méndez Méndez, alias Oreganito, fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2010 luego de formar parte de la red de José David Figueroa Agosto.
El ex jefe de operaciones de la DNCD, Francisco Antonio Hiraldo Guerrero fue extraditado en marzo de 2013, luego de ser acusado de pertenecer a una red de narcotraficantes que transportaba cocaína hacia los Estados Unidos.
La República Dominicana firmó el 19 de junio de 1909 el Tratado de Extradición con Estados Unidos, que entró en vigor a partir del 2 de agosto de 1910. En el año 2016 fue oficializado un nuevo tratado de extradición entre ambos países.
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.