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Los grandes perdedores de la escogencia de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC) son el Estado y toda la sociedad dominicana.
Por Elba García
El peligro de la precaria institucionalidad de que adolece la República Dominicana se ha consolidado con la elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, porque se ha impuesto a través de algunos de ellos la partidocracia y la politiquería en el sentido más amplio de la palabra.
Este periódico siempre ha estado preocupado con el papel jugado por el Tribunal Constitucional desde su fundación en el año 2010, el cual durante la presidencia de Milton Ray Guevara no ha tocado ni con el pétalo de una rosa a los partidos políticos a pesar de que son los que más daños le hacen a la sociedad dominicana por su falta de transparencia.
Sin embargo, en lo que respecta a la nulidad o declaratoria de inconstitucionalidad de una serie de artículos de muchas de las leyes nacionales hay que reconocer que el Tribunal Constitucional ha jugado un papel muy importante.
En el país nadie se atreve a negar que la influencia de los partidos políticos fue decisiva en la conformación del Tribunal Constitucional, ya que fue el resultado del conocido “Pacto de las Corbatas Azules” entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado.
Pero la escogencia de los nuevos miembros del T.C. deja mucho que desear, porque no hay mucha claridad sobre el nuevo presidente del órgano de justicia más importante del país, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien es en la actualidad juez de la Suprema Corte de Justicia y que el caso más conocido que ha manejado tiene que ver con los diputados perremeístas supuestamente involucrados en recibir dinero del narcotráfico.
Por lo menos en lo que respecta a ese escándalo parece que no ha sido tan diligente para que el proceso camine y haya un desenlace, lo que ha permitido que estos legisladores hayan terminado el periodo para el que fueron elegidos sin que se haya llegado a un fin en torno a las acusaciones que pesan en su contra.
No obstante, hay un detalle que parece relevante y es que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aunque no tiene la suficiente credibilidad para hacer denuncias como la que hizo, reveló que todo estaba montado para que precisamente el elegido fuera declarado como presidente del T.C.
Entonces con lo ocurrido parece que se ha tratado de una muerte anunciada, pero con el agravante de que el mismo candidato del PLD, que este periódico reitera que no tiene mucha credibilidad en la sociedad dominicana por sus andanzas, decía en su denuncia que este juez es un perremeísta camuflajeado.
Independientemente de lo que ha dicho Abel y de su precaria credibilidad, ha dado en el clavo y cuando se valoran una serie de detalles como que no cuadra la elección y hay serios indicios de que el Tribunal Constitucional no ha caído en las mejores manos.
En el proceso de elección, máxime en las entrevistas de los aspirantes a juez del T.C., había muchas personas calificadas y que definitivamente dejaban mejor parados a los que tenían la misión de cuidar una parte tan delicada del sistema de justicia nacional por el poder que implica el mismo.
El otro juez que también genera muchas dudas por venir de lo peor del partidarismo político es Fidias Federico Aristy Payano, quien si no traiciona la memoria era primo hermano de un personaje siniestro de la politiquería nacional, Amable Aristy Castro, fallecido hace no mucho tiempo, pero que éste no se diferencia mucho de su familiar, no precisamente por su vínculo sanguíneo con éste, sino por su propia conducta en el submundo de la partidocracia.
Hay que recordar que este Fidias fue quien sustituyó a Aristy Castro como presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), escogido por su primo cuando tuvo que decidir entre el Senado y la referida institución que agrupa a los municipios del pais y quien a su vez fue acusado de muchas irregularidades en la entidad y además fue candidato vicepresidencial en la boleta en la que apareció como aspirante a la primera magistratura de la nación el padre de Luis, Rafael Abinader.
En lo que respecta a los demás escogidos no hay mucho que decir a menos que no sea sobre su formación académica y desempeño en sus funciones públicas, pero no luce que la selección haya sido la mejor por las entrevistas realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura y la gran cantidad de profesionales del derecho experimentados que participaron de las mismas.
Los demás escogidos son Amaury Reyes, Sonia Díaz Inoa y Armi Ferreira, quienes tendrán la responsabilidad de acabar o fortalecer la poca institucionalidad con que cuenta el país o despejar con sus acciones cualquier duda que pueda existir sobre su compromiso con aquellas causas que lesionarían o beneficiarían el derecho constitucional dominicano.
Cualquiera que sea la conducta de los magistrados escogidos, ya sea si apegan a cualquier compromiso con el partidarismo político nacional y si no se actúa para adecentar estas organizaciones que muchos dicen que son el soporte de la democracia, sobre ellos recaerá la responsabilidad de la desgracia de la conducta de la partidocracia o la inclinación por el respeto de los derechos fundamentales de los dominicanos .
El manejo inescrupuloso de los partidos políticos, los cuales sustraen el dinero que reciben del Estado para financiar sus actividades y que además contaminan todo el sector público y privado de la nación, sin que nadie actúe para enderezar esa parte de la democracia nacional, que anda manga por hombro, podría implicar una profundización del principal flagelo que padecen los dominicanos.
Que nadie ponga en duda que la principal misión del Tribunal Constitucional es perseguir mediante sentencias los delitos de los partidos políticos, los cuales son los responsables de que tanta gente del bajo mundo incursione en la actividad política y que la corrupción ocupe lugares preponderantes en la vida nacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.