Opinión
Los López Pilarte, el PRM y la alcaldía de La Vega
Por Narciso Isa Conde
Miki López es el cabecilla de la familia López Pilarte de la Provincia de La Vega.
Rosa Amalia Pilarte es su esposa, electa diputada en los comicios del 2020 y recientemente condenada a solo 5 años de prisión por lavado de activos.
El Ministerio Público (MP) calculó su fortuna personal de Rosa Amalia en 4 mil 500 millones de pesos e identificó todas las empresas carpetas de su propiedad empleadas para esas operaciones sucias, cuyas transacciones financieras ascendieron a los 7 mil millones de pesos.
Esa familia es sumamente ostentosa: mansión majestuosa, mucho lujo, muchos vehículos de “alta gama”, helicópteros, helipuerto, muchas propiedades y derroche de dinero.
En las investigaciones desplegadas por el MP de La Vega y la Procuraduría General de la República (PGR), y en el curso de los procesos judiciales, que incluyen a la ex diputada y a una parte de la familia, se pudieron obtener otras informaciones de alta gravedad.
Se informa que el dinero lavado procede del principal cartel de tráfico de éxtasis en el país, cuyo vínculo es Miki Pilarte, conectado con su jefe operativo, Pablo Antonio Martínez Javier, actualmente prófugo de la justicia; posiblemente protegido por enclaves de poder, como acontece en casos así.
Mike López, además, años atrás estuvo relacionado con Miguel Gutiérrez, otro narco-diputado del PRM, que sirvió de instrumento para financiar, con dinero del Cartel del Cibao, la campaña electoral del PRM en Santiago en los comicios del 2020.
La barra de la defensa del exdiputado Miguel Gutiérrez, quien fue apresado en Miami y procesado por narcotráfico en Estados Unidos, pagó en julio del 2023 un total de RD$11 millones a Miguel Arturo López (Micky), para finalizar una litis judicial que ambos tenían en los tribunales de Santiago en el año 2014.
Miguel Gutiérrez fue condenado y sigue preso en EEUU. La DEA, por ese y otros casos, debe contar con muchos datos relacionados con la vertiente de la narco-política anexa al PRM.
La conexión del PRM con esa familia y ese mundo es tan fuerte, que su dirección provincial de La Vega, logró conectar directamente a los López Pilarte con la alta dirección nacional del PRM.
Esas conexiones se prestan, de parte de los López Pilarte, a presionar o chantajear a dirigentes del PRM involucrados en ese delicado caso; exigiéndoles –como manda la ley mafiosa- alguna modalidad de defensa y de contención del proceso judicial en su contra, a cambio de ciertos silencios.
Igual –en otro aspecto- sucede con las informaciones obtenidas por la DEA, las cuales aumentan el poder de chantaje de EEUU sobre el gobierno del PRM, para obtener todo tipo de concesiones.
· “QUIEN CALLA, OTORGA”.
Kelvin Cruz -uno de los dirigentes más influyentes en el PRM y en el electorado de La Vega- fue electo Alcalde de esa Ciudad en las votaciones del 2016 y reelecto en las del 2O20 y 2024.
Es, además, uno de los dirigentes preferidos de Abinader, contemplado a breve plazo para ser designado en un alto cargo en la dirección del PRM.
Tanto sus campañas, como sus gestiones municipales, han sido muy abundantes y dadivosas.
Ellas, curiosamente, han coincidido con las evidentes e intensas conexiones de la dirección provincial del PRM, primero, y de la dirección nacional, después, con esa poderosa narco-familia vegana.
El PRM postuló en el 2020 a Rosa Amalia y a su hijo Miguel López, ambos fueron electos a diputada y a regidor respectivamente, a puros papeletazos.
Kelvin siempre estuvo acompañado de sus indiscutibles habilidades, pero también de esos vínculos, esos recursos y esa “generosidad”; y así logró, con muchos votos y por largo tiempo, convertirse en Alcalde a través de tres elecciones.
Eso podría explicar su insólita declaración del pasado 29 de mayo, que ahora procedo a reproducir, en la versión publicada por el DIARIO LIBRE:
«Lo que yo conozco de esa familia, es que ellos no son narcotraficantes ni activan con el tema de lavado», dijo este miércoles (29 de mayo 2024) el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, sobre la diputada Rosa Amalia Pilarte López, condenada ayer a cinco años de prisión por lavado de activos.
El ejecutivo municipal asegura que de lo único que se le puede acusar es de ser «evasores y usureros».
A su juicio, a esa familia la quieren tomar como chivo expiatorio.
«Lamentablemente, a veces quieren escoger chivos expiatorios para poner la bandera a ondear grandemente en nuestro país», externó.
Solo una fuerte presión o el poder del chantaje, podría explicar esta comprometedora defensa de lo indefendible; sobre todo luego de conocerse, desde hace muchos meses, las andanzas delictivas de Miki López y de una parte de su familia, con muchos detalles, evidencias y pruebas.
Pero hay algo más delicado.
Esa conexión de la dirección vegana del PRM con esa narco-familia la condujo a involucrar a su candidato presidencial 2020, Luis Abinader.
Las fotografías, -tomadas durante las visitas del candidato Abinader a la mansión de esa familia- revelan que lo hizo en tres ocasiones y que por lo menos, en una de ellas, fue trasladado en el helicóptero de la empresa de Miki López.
Las fotos fueron publicadas en el portal familiar y han sido difundidas en redes y espacios televisivos como Tiro al Blanco, como en el que participa Ricardo Nieves y en otros más.
Esas conexiones se prestan, de parte de los López Pilarte, a presionar o chantajear a los dirigentes del PRM directamente involucrados en ese delicado caso; exigiéndole alguna modalidad de defensa y detención del proceso judicial en su contra.
Abinader, que no debe ignorar nada de esto, designó recientemente ministro de deportes a Kelvin Cruz, de quien supe estuvo previamente muy interesado en dejar la Alcaldía y salir de La Vega; algo que enrarece aún más su caso y el cuadro general de esa relación.
Ese traslado ha motivado la actual crisis de gestión en esa Alcaldía, en la que lo mejor que ha podido hacer la vice Amparo Custodio, militante del Frente Amplio-FA, es renunciar y no solo por las razones expuesta por ella y el FA, sino también por el sucio embrollo que afecta esa entidad. Hizo bien la alta dirección del F.A. en respaldarla.
Nadie más que el presidente Luis Abinader debería estar interesado en aclarar su rol en esa relación y en sus consecuencias, pero hasta ahora no lo ha hecho.
Mientras, su delfín, Kelvin Cruz, no tiene otra ruta que no sea despejar con demostraciones consistentes las legítimas sospechas que se derivan de su injustificable defensa de lo indefendible.
Pero mientras tanto, de cara a la juventud del país, el presidente ha nombrado ministro de deportes a un dirigente político con esa cola pendiente de esclarecer.
Ambos, desde roles distintos, de hecho, están emplazados a explicar muy bien el carácter de esa engorrosa y delicada relación; teniendo bien presente que “quien calla, otorga”.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.