Opinión
Los López Pilarte, el PRM y la alcaldía de La Vega
Por Narciso Isa Conde
Miki López es el cabecilla de la familia López Pilarte de la Provincia de La Vega.
Rosa Amalia Pilarte es su esposa, electa diputada en los comicios del 2020 y recientemente condenada a solo 5 años de prisión por lavado de activos.
El Ministerio Público (MP) calculó su fortuna personal de Rosa Amalia en 4 mil 500 millones de pesos e identificó todas las empresas carpetas de su propiedad empleadas para esas operaciones sucias, cuyas transacciones financieras ascendieron a los 7 mil millones de pesos.
Esa familia es sumamente ostentosa: mansión majestuosa, mucho lujo, muchos vehículos de “alta gama”, helicópteros, helipuerto, muchas propiedades y derroche de dinero.
En las investigaciones desplegadas por el MP de La Vega y la Procuraduría General de la República (PGR), y en el curso de los procesos judiciales, que incluyen a la ex diputada y a una parte de la familia, se pudieron obtener otras informaciones de alta gravedad.
Se informa que el dinero lavado procede del principal cartel de tráfico de éxtasis en el país, cuyo vínculo es Miki Pilarte, conectado con su jefe operativo, Pablo Antonio Martínez Javier, actualmente prófugo de la justicia; posiblemente protegido por enclaves de poder, como acontece en casos así.
Mike López, además, años atrás estuvo relacionado con Miguel Gutiérrez, otro narco-diputado del PRM, que sirvió de instrumento para financiar, con dinero del Cartel del Cibao, la campaña electoral del PRM en Santiago en los comicios del 2020.
La barra de la defensa del exdiputado Miguel Gutiérrez, quien fue apresado en Miami y procesado por narcotráfico en Estados Unidos, pagó en julio del 2023 un total de RD$11 millones a Miguel Arturo López (Micky), para finalizar una litis judicial que ambos tenían en los tribunales de Santiago en el año 2014.
Miguel Gutiérrez fue condenado y sigue preso en EEUU. La DEA, por ese y otros casos, debe contar con muchos datos relacionados con la vertiente de la narco-política anexa al PRM.
La conexión del PRM con esa familia y ese mundo es tan fuerte, que su dirección provincial de La Vega, logró conectar directamente a los López Pilarte con la alta dirección nacional del PRM.
Esas conexiones se prestan, de parte de los López Pilarte, a presionar o chantajear a dirigentes del PRM involucrados en ese delicado caso; exigiéndoles –como manda la ley mafiosa- alguna modalidad de defensa y de contención del proceso judicial en su contra, a cambio de ciertos silencios.
Igual –en otro aspecto- sucede con las informaciones obtenidas por la DEA, las cuales aumentan el poder de chantaje de EEUU sobre el gobierno del PRM, para obtener todo tipo de concesiones.
· “QUIEN CALLA, OTORGA”.
Kelvin Cruz -uno de los dirigentes más influyentes en el PRM y en el electorado de La Vega- fue electo Alcalde de esa Ciudad en las votaciones del 2016 y reelecto en las del 2O20 y 2024.
Es, además, uno de los dirigentes preferidos de Abinader, contemplado a breve plazo para ser designado en un alto cargo en la dirección del PRM.
Tanto sus campañas, como sus gestiones municipales, han sido muy abundantes y dadivosas.
Ellas, curiosamente, han coincidido con las evidentes e intensas conexiones de la dirección provincial del PRM, primero, y de la dirección nacional, después, con esa poderosa narco-familia vegana.
El PRM postuló en el 2020 a Rosa Amalia y a su hijo Miguel López, ambos fueron electos a diputada y a regidor respectivamente, a puros papeletazos.
Kelvin siempre estuvo acompañado de sus indiscutibles habilidades, pero también de esos vínculos, esos recursos y esa “generosidad”; y así logró, con muchos votos y por largo tiempo, convertirse en Alcalde a través de tres elecciones.
Eso podría explicar su insólita declaración del pasado 29 de mayo, que ahora procedo a reproducir, en la versión publicada por el DIARIO LIBRE:
«Lo que yo conozco de esa familia, es que ellos no son narcotraficantes ni activan con el tema de lavado», dijo este miércoles (29 de mayo 2024) el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, sobre la diputada Rosa Amalia Pilarte López, condenada ayer a cinco años de prisión por lavado de activos.
El ejecutivo municipal asegura que de lo único que se le puede acusar es de ser «evasores y usureros».
A su juicio, a esa familia la quieren tomar como chivo expiatorio.
«Lamentablemente, a veces quieren escoger chivos expiatorios para poner la bandera a ondear grandemente en nuestro país», externó.
Solo una fuerte presión o el poder del chantaje, podría explicar esta comprometedora defensa de lo indefendible; sobre todo luego de conocerse, desde hace muchos meses, las andanzas delictivas de Miki López y de una parte de su familia, con muchos detalles, evidencias y pruebas.
Pero hay algo más delicado.
Esa conexión de la dirección vegana del PRM con esa narco-familia la condujo a involucrar a su candidato presidencial 2020, Luis Abinader.
Las fotografías, -tomadas durante las visitas del candidato Abinader a la mansión de esa familia- revelan que lo hizo en tres ocasiones y que por lo menos, en una de ellas, fue trasladado en el helicóptero de la empresa de Miki López.
Las fotos fueron publicadas en el portal familiar y han sido difundidas en redes y espacios televisivos como Tiro al Blanco, como en el que participa Ricardo Nieves y en otros más.
Esas conexiones se prestan, de parte de los López Pilarte, a presionar o chantajear a los dirigentes del PRM directamente involucrados en ese delicado caso; exigiéndole alguna modalidad de defensa y detención del proceso judicial en su contra.
Abinader, que no debe ignorar nada de esto, designó recientemente ministro de deportes a Kelvin Cruz, de quien supe estuvo previamente muy interesado en dejar la Alcaldía y salir de La Vega; algo que enrarece aún más su caso y el cuadro general de esa relación.
Ese traslado ha motivado la actual crisis de gestión en esa Alcaldía, en la que lo mejor que ha podido hacer la vice Amparo Custodio, militante del Frente Amplio-FA, es renunciar y no solo por las razones expuesta por ella y el FA, sino también por el sucio embrollo que afecta esa entidad. Hizo bien la alta dirección del F.A. en respaldarla.
Nadie más que el presidente Luis Abinader debería estar interesado en aclarar su rol en esa relación y en sus consecuencias, pero hasta ahora no lo ha hecho.
Mientras, su delfín, Kelvin Cruz, no tiene otra ruta que no sea despejar con demostraciones consistentes las legítimas sospechas que se derivan de su injustificable defensa de lo indefendible.
Pero mientras tanto, de cara a la juventud del país, el presidente ha nombrado ministro de deportes a un dirigente político con esa cola pendiente de esclarecer.
Ambos, desde roles distintos, de hecho, están emplazados a explicar muy bien el carácter de esa engorrosa y delicada relación; teniendo bien presente que “quien calla, otorga”.
Por José Cabral
No hay un solo episodio de los acontecimientos importantes que registra la historia nacional que no esté marcado por el fenómeno del individualismo.
Es un asunto de una gravedad que en estos momentos es el principal obstáculo para lograr concretar planes colectivos.
Es tan grave el asunto que este mal ha penetrado todo el tejido social dominicano, dado que no hay una sola organización de la sociedad que no esté impactado por el fenómeno.
Desde la ruptura con el yugo haitiano en el 1844, hasta llegar a la guerra restauradora y finalmente al propio ajusticiamiento del dictador de Rafael Leonidas Trujillo Molina, los principales actores se pelearon entre sí y no hay mejor testimonio que lo ocurrido en la casa de Robert Read Cabral con algunos de los protagonistas del tiranicidio.
Pero de igual modo ha ocurrido con cada una de las modificaciones constitucionales que ha tenido el país, las cuales han obedecido, principalmente, a razones reeleccionistas.
Cualquier otro escenario que se tome al azar nos encontramos con el individualismo, el cual ha arruinado una serie de valores que eran consustanciales al pueblo dominicano.
Todo ha sido tomado por ese vicio, porque no puede llamarse de otra manera, el cual representa la principal retranca para lograr una sociedad más solidaria.
Las cooperativas de ahorros y prestamos, los clubes culturales y deportivos, los sindicatos, las juntas de vecinos e incluso los condominios, que se rigen por la ley sin fines de lucro, la 5038, los partidos políticos, es decir, absolutamente todo copado por los intereses personales y grupales.
El individualismo es una plaga que hoy arropa todas las instancias de la sociedad dominicana y peor aun del Estado, donde hace su impacto las ansias de poder de los actores de la vida política nacional.
Sin embargo, parece llegar un momento en que este mal se pueda combatir con resultados que podrían ser muy positivos para cambiar un paradigma que nos daña a todos.
Es un cáncer que da miedo.
Por Isaías Ramos
En teoría, el financiamiento estatal de los partidos políticos en nuestro país busca garantizar una competencia equitativa entre todas las fuerzas políticas, reducir la influencia del capital privado, los intereses extranjeros y las actividades ilícitas en la política, y aumentar la transparencia.
A pesar de los nobles objetivos delineados en la legislación, existen pruebas irrefutables de que los partidos políticos en nuestro país reciben, de manera persistente, contribuciones ilícitas, contraviniendo el artículo 64 de la Ley 33-18 (Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos).
El principal propósito del financiamiento público, según esta legislación, incluye no solo cubrir gastos operativos y de campaña, sino también fomentar la educación política y la participación ciudadana, como lo consignan los artículos 62, 36, 35, 34 y 11.
Sin embargo, los informes y críticas continuas sugieren que estos fondos se utilizan normalmente para consolidar el poder de los partidos establecidos e influir de manera indebida e ilegal en la voluntad de los electores, comprando su conciencia y dignidad humana en lugar de educarlos y movilizarlos hacia una participación informada y consciente.
A pesar de las regulaciones que exigen una contabilidad detallada y transparente, los partidos políticos incumplen estos mandatos de manera flagrante. La Junta Central Electoral, la institución encargada de regular y supervisar estos procesos, debería asegurar el cumplimiento de estas normativas.
Aún así, sus actuaciones, en muchas ocasiones, han dejado mucho que desear, mostrando una tolerancia preocupante por imponer el orden y el respeto a las leyes que rigen el financiamiento y las actividades de los partidos.
Esto no solo plantea preguntas sobre la eficacia, el empoderamiento y la independencia de la JCE como ente regulador, sino que también alimenta la percepción de impunidad y corrupción dentro del sistema político dominicano.
Los ciudadanos observan cómo sus impuestos se convierten en herramientas para manipulaciones políticas en lugar de servir como catalizadores de una democracia más robusta y participativa.
Este escenario es una traición a los principios democráticos y un claro indicativo de que el sistema de financiamiento público, en su forma actual, necesita una revisión profunda y, posiblemente, una eliminación. La experiencia nos sirve como un llamado de atención sobre los riesgos inherentes al financiamiento público de partidos políticos sin los mecanismos de control adecuados.
En el Frente Cívico y Social, estamos convencidos de que este financiamiento, en lugar de fortalecer el sistema democrático, lo debilita. De persistir y continuar con el mismo, será imperativo implementar medidas estrictas para garantizar que los recursos destinados a los partidos políticos, agrupaciones, movimientos y las candidaturas independientes se utilicen de manera transparente y con un enfoque real en el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana.
Es fundamental que la JCE ejerza un control más firme y efectivo, no solo para sancionar a quienes incumplen, sino para restaurar la fe en un sistema político que verdaderamente represente y sirva al interés público.
Solo entonces podremos esperar que los aspirantes a cargos electivos se conviertan en verdaderos servidores de la ciudadanía y no en meros administradores de recursos para perpetuar sus propios intereses.
La lucha por una democracia transparente y justa es ahora. Es imperativo que nos unamos en esta causa crítica para el futuro de nuestra nación. ¡Juntos, podemos y debemos hacer realidad nuestra constitución de un Estado Social y Democrático de Derecho!
¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte Penal Internacional. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la CPI para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la CPI
La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con la inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones de las funciones que le correspondan de conformidad con el Estatuto de Roma. El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.
El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejército de la acción penal o la sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la CPI.
El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de Estados Partes. Los fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal
El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fine un periodo mas breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un periodo de nueve años y no podrán ser reelegido
El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia . no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.
La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarnos de intervenir en una causa determinada.
El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.
Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:
La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el artículo 42 del Estatuto de Roma;
El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión.
Finalmente, el Fiscal nombrara asesores jurídicos especialistas en determinaos temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de genero y violencia contra los niños.