Opinión
Los López Pilarte, el PRM y la alcaldía de La Vega
Por Narciso Isa Conde
Miki López es el cabecilla de la familia López Pilarte de la Provincia de La Vega.
Rosa Amalia Pilarte es su esposa, electa diputada en los comicios del 2020 y recientemente condenada a solo 5 años de prisión por lavado de activos.
El Ministerio Público (MP) calculó su fortuna personal de Rosa Amalia en 4 mil 500 millones de pesos e identificó todas las empresas carpetas de su propiedad empleadas para esas operaciones sucias, cuyas transacciones financieras ascendieron a los 7 mil millones de pesos.
Esa familia es sumamente ostentosa: mansión majestuosa, mucho lujo, muchos vehículos de “alta gama”, helicópteros, helipuerto, muchas propiedades y derroche de dinero.
En las investigaciones desplegadas por el MP de La Vega y la Procuraduría General de la República (PGR), y en el curso de los procesos judiciales, que incluyen a la ex diputada y a una parte de la familia, se pudieron obtener otras informaciones de alta gravedad.
Se informa que el dinero lavado procede del principal cartel de tráfico de éxtasis en el país, cuyo vínculo es Miki Pilarte, conectado con su jefe operativo, Pablo Antonio Martínez Javier, actualmente prófugo de la justicia; posiblemente protegido por enclaves de poder, como acontece en casos así.
Mike López, además, años atrás estuvo relacionado con Miguel Gutiérrez, otro narco-diputado del PRM, que sirvió de instrumento para financiar, con dinero del Cartel del Cibao, la campaña electoral del PRM en Santiago en los comicios del 2020.
La barra de la defensa del exdiputado Miguel Gutiérrez, quien fue apresado en Miami y procesado por narcotráfico en Estados Unidos, pagó en julio del 2023 un total de RD$11 millones a Miguel Arturo López (Micky), para finalizar una litis judicial que ambos tenían en los tribunales de Santiago en el año 2014.
Miguel Gutiérrez fue condenado y sigue preso en EEUU. La DEA, por ese y otros casos, debe contar con muchos datos relacionados con la vertiente de la narco-política anexa al PRM.
La conexión del PRM con esa familia y ese mundo es tan fuerte, que su dirección provincial de La Vega, logró conectar directamente a los López Pilarte con la alta dirección nacional del PRM.
Esas conexiones se prestan, de parte de los López Pilarte, a presionar o chantajear a dirigentes del PRM involucrados en ese delicado caso; exigiéndoles –como manda la ley mafiosa- alguna modalidad de defensa y de contención del proceso judicial en su contra, a cambio de ciertos silencios.
Igual –en otro aspecto- sucede con las informaciones obtenidas por la DEA, las cuales aumentan el poder de chantaje de EEUU sobre el gobierno del PRM, para obtener todo tipo de concesiones.
· “QUIEN CALLA, OTORGA”.
Kelvin Cruz -uno de los dirigentes más influyentes en el PRM y en el electorado de La Vega- fue electo Alcalde de esa Ciudad en las votaciones del 2016 y reelecto en las del 2O20 y 2024.
Es, además, uno de los dirigentes preferidos de Abinader, contemplado a breve plazo para ser designado en un alto cargo en la dirección del PRM.
Tanto sus campañas, como sus gestiones municipales, han sido muy abundantes y dadivosas.
Ellas, curiosamente, han coincidido con las evidentes e intensas conexiones de la dirección provincial del PRM, primero, y de la dirección nacional, después, con esa poderosa narco-familia vegana.
El PRM postuló en el 2020 a Rosa Amalia y a su hijo Miguel López, ambos fueron electos a diputada y a regidor respectivamente, a puros papeletazos.
Kelvin siempre estuvo acompañado de sus indiscutibles habilidades, pero también de esos vínculos, esos recursos y esa “generosidad”; y así logró, con muchos votos y por largo tiempo, convertirse en Alcalde a través de tres elecciones.
Eso podría explicar su insólita declaración del pasado 29 de mayo, que ahora procedo a reproducir, en la versión publicada por el DIARIO LIBRE:
«Lo que yo conozco de esa familia, es que ellos no son narcotraficantes ni activan con el tema de lavado», dijo este miércoles (29 de mayo 2024) el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, sobre la diputada Rosa Amalia Pilarte López, condenada ayer a cinco años de prisión por lavado de activos.
El ejecutivo municipal asegura que de lo único que se le puede acusar es de ser «evasores y usureros».
A su juicio, a esa familia la quieren tomar como chivo expiatorio.
«Lamentablemente, a veces quieren escoger chivos expiatorios para poner la bandera a ondear grandemente en nuestro país», externó.
Solo una fuerte presión o el poder del chantaje, podría explicar esta comprometedora defensa de lo indefendible; sobre todo luego de conocerse, desde hace muchos meses, las andanzas delictivas de Miki López y de una parte de su familia, con muchos detalles, evidencias y pruebas.
Pero hay algo más delicado.
Esa conexión de la dirección vegana del PRM con esa narco-familia la condujo a involucrar a su candidato presidencial 2020, Luis Abinader.
Las fotografías, -tomadas durante las visitas del candidato Abinader a la mansión de esa familia- revelan que lo hizo en tres ocasiones y que por lo menos, en una de ellas, fue trasladado en el helicóptero de la empresa de Miki López.
Las fotos fueron publicadas en el portal familiar y han sido difundidas en redes y espacios televisivos como Tiro al Blanco, como en el que participa Ricardo Nieves y en otros más.
Esas conexiones se prestan, de parte de los López Pilarte, a presionar o chantajear a los dirigentes del PRM directamente involucrados en ese delicado caso; exigiéndole alguna modalidad de defensa y detención del proceso judicial en su contra.
Abinader, que no debe ignorar nada de esto, designó recientemente ministro de deportes a Kelvin Cruz, de quien supe estuvo previamente muy interesado en dejar la Alcaldía y salir de La Vega; algo que enrarece aún más su caso y el cuadro general de esa relación.
Ese traslado ha motivado la actual crisis de gestión en esa Alcaldía, en la que lo mejor que ha podido hacer la vice Amparo Custodio, militante del Frente Amplio-FA, es renunciar y no solo por las razones expuesta por ella y el FA, sino también por el sucio embrollo que afecta esa entidad. Hizo bien la alta dirección del F.A. en respaldarla.
Nadie más que el presidente Luis Abinader debería estar interesado en aclarar su rol en esa relación y en sus consecuencias, pero hasta ahora no lo ha hecho.
Mientras, su delfín, Kelvin Cruz, no tiene otra ruta que no sea despejar con demostraciones consistentes las legítimas sospechas que se derivan de su injustificable defensa de lo indefendible.
Pero mientras tanto, de cara a la juventud del país, el presidente ha nombrado ministro de deportes a un dirigente político con esa cola pendiente de esclarecer.
Ambos, desde roles distintos, de hecho, están emplazados a explicar muy bien el carácter de esa engorrosa y delicada relación; teniendo bien presente que “quien calla, otorga”.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!