Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Nacionales
Narcos dejaron muchos rastros a agentes de la DEA
Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Justo de esto se ocupan, día y noche, las agencias de inteligencia y la justicia de Estados Unidos, que en su momento oportuno habrán de arruinarles todo, llevándoles a su más aterrador destino: Extradición y cárcel.
Siempre afrontan los peligros y protegen sus negocios, hasta el extremo de matar, pero temen más que “el mismo diablo a la cruz” alcanzar el despreciable escenario de extradición y la cárcel en territorio estadounidense.
Y es que terminar en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos es una cuestión angustiante para los narcos. Desde su arresto, su presencia en audiencias y de final el viaje en condición de extraditados, el rostro de los dominicanos reclamados por ese país siempre dibuja la misma estampa de turbación.
Allí habrán de cumplir sus penas en aislación casi total del mundo exterior, las visitas sometidas a controles y una angustiosa vigilancia. Aquí, en contrario, sería otra historia contada a cánticos y rituales, pero en ese lugar el poder y el dinero no tuercen las reglas ni el orden.
Y eso lo saben de ellos al dedillo los fiscales estadounidenses que dirigen allí la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal pública. Conocen de sus debilidades, individuos fáciles de domar y que, cuando caen en las manos poderosas de la justicia, se convierten en primeras piezas de dominó, lista para, a primer toque, forzar la caída del resto.
El descuido casi total de los narcos dominicanos mientras manejan sus negocios de tráfico de drogas ha quedado nueva vez en evidencia tras el desmantelamiento de la red liderada por César ‘El Abusador’ Emilio Peralta.
Mientras centraba su atención en su quehacer criminal, esta cofradía desatendió detalles que son, a lo justo, el patrón básico de trabajo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), basado en la colección de datos de inteligencia por sus agentes, trabajo de infiltración, data con confecciones y delaciones negociadas con individuos capturados, para reducirles sus condenas.
También recurre a las interceptaciones telefónicas y, como estrategia brillante, fomentan planes de intrigas entre grupos rivales, para crear fricciones y enfrentamientos, en lo que parece aplicar tres de cinco factores críticos del libro “El Arte de la guerra”, del escritor y estratega militar chino Sun Tzu: Ataque, alianzas, estrategia.
Otro dato clave para acabar con las estructuras criminales es la concesión de libertad de operaciones a grupos de narcos, que a su vez aportan datos de sus contrarios para sacarlos del mercado y asumir sus puestos.
A pesar de sus habilidades para manejar el negocio de narcotráfico, inadvirtieron que conversaciones comprometedoras tratadas a través de sus móviles les fueron grabadas en al menos 25 interceptaciones legales de agencias de Estados Unidos y entes locales.
Sus movimientos eran puntualmente monitoreados. Sus torpes figureos a través de redes sociales fueron el colmo. De entre los menos expuestos y ostentosos figura Toño Leña, que, contrario a la vestimenta, autos y viajes de “El Abusador” al exterior, lucía vestido con ropa de bajo costo.
El encontronazo entre Toño Leña y El Abusador, por deudas de drogas, fue usado como elemento útil para agitar sus conflictos, generar un enfrentamiento, debilitarlos, vigilarnos y, finalmente, dar el golpe demoledor para arruinar su existencia como grupo criminal. Gran parte de cuanto conocen los fiscales dominicanos sobre estas estructuras de narcotráfico les llega de las agencias de investigación antidrogas local y, casi exclusivamente, de los organismos estadounidenses.
Los aportes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) son poderosamente decisivos en toda acción planificada aquí contra el narcotráfico .
Los dominicanos en fila de extradición a Estados Unidos, deben atravesar un complicado proceso, antes y después de ser enviados a ese país.
Justicia y delación
La justicia de Estados Unidos se basa en los beneficios de la delación. El poder de un fiscal le permite imputar a un narco y decidir una negociación en términos jurídicos.
Los fiscales tratan con los imputados el caso de las penas, que, en el caso de declararse culpables de los cargos se les reducen, igual si delata a otro. Regularmente ha ocurrido que cuando un narco dominicano logra acuerdos, con penas negociadas, se produce por estos hechos. Así, mientras hacen su tiempo en prisión, las autoridades empiezan a perseguir y arrestar a los delatados. Ese es el efecto del negocio.
Para poner en marcha una negociación, el acusado firma una autorización a un abogado para que lo represente ante un fiscal en Estados Unidos. Tras ser alcanzado el trato, sustentado en confesar todo su caso y delatar a otros, advertido de que, si miente, el acuerdo se va al suelo y entonces le cae encima la máxima total.
Todo acordado, el narco aceptando las condiciones, entonces el fiscal trata con el juez la aprobación o no del preacuerdo. Si es aceptado por el magistrado, el fiscal recurre al “Blitz Committee”, donde se define cuál agencia asume el caso en contra del acusado.
Este preacuerdo es estudiado por el comité, luego le entrega al abogado defensor del narco una carta de inmunidad, que le permite a éste reunión libre con el fiscal y agentes federales para conversar sobre su caso.
Ya ante las autoridades federales, el acusado negocia el mínimo de su pena e informa lo que está dispuesto a revelar en juicio.
De llegar a algún acuerdo, de inmediato empieza el proceso de extradición y el juicio en Estados Unidos. Todo esto va acompañado de beneficios tales como cambio de identidad, acceso al programa de protección para el narco y su familia y de libertad inmediata.
El mayor temor de un narco es la extradición, y esto lo revelan dos de los más violentos narcotraficantes de la historia. Uno está muerto y otro entre rejas en Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua: Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, dijo en su momento Pablo Escobar.
Una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos es causante de miedo y temor, en una aislación casi total del exterior, con visitas controladas y permanentemente vigiladas. Allí, la afrenta del poder y el dinero tiene puertas cerradas, porque mancha la dignidad, el honor y la credibilidad.
INVESTIGACIONES LA DEA
La Administración para el Control de Drogas(DEA) es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en ese país, además del lavado de activos. Comparte jurisdicción con el FBI en el ámbito interno, pero es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidrogas en el extranjero.
El FBI
El Buró Federal de Investigaciones es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.El artículo 28 del Código estadounidense autoriza, en su sección 533, al secretario de Justicia a “designar a funcionarios para descubrir delitos […] contra los Estados Unidos”. Tiene jurisdicción investigadora sobre más de 200 categorías de delitos federales.
LISTINDIARIO.COM
Santo Domingo, R.D.-Sera el lunes 17 de agosto cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará lectura al fallo sobre la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La decisión, que originalmente se conocería este miércoles, fue reprogramada de manera administrativa por la secretaría del tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado además por las juezas Yisell Soto y Clara Castillo.
Los abogados del exprocurador, Carlos Balcácer y Nelly Rivas, solicitaron al tribunal declarar extinguida la acción penal y ordenar el cierre definitivo del caso, argumentando que el proceso está a punto de superar los seis años de duración, un retraso que, según sostienen, es enteramente atribuible al ministerio público.
Explicaron que la fase investigativa se extendió por casi dos años, a lo que se añadió una prórroga de cuatro meses pedidos por el órgano acusador y una intimación judicial posterior para que esta finalizara. La defensa afirma que dos tribunales ya han determinado que esas dilaciones no son responsabilidad del imputado, quien además permaneció privado de libertad durante cuatro años.
Como sustento legal, invocaron jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece en cuatro años el plazo razonable en materia penal, así como la Ley 97-25, que restringe las causales para prorrogar ese plazo a casos de fuga, rebeldía o dilaciones justificadas mediante resolución motivada emitida en su momento circunstancias que, según la defensa, no se configuran en este expediente.
El órgano acusador pidió rechazar la petición, al considerar que carece de fundamento jurídico y que ha sido el propio imputado quien ha buscado dilatar el conocimiento del proceso y de las pruebas en su contra.
El director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirta Ortiz, argumentaron que la extinción procesal es una sanción reservada para casos de inactividad o conducta defectuosa de las partes, no un recurso aplicable cuando el retraso se debe a la complejidad del expediente.
Ortiz precisó que aplazamientos por motivos de salud, intervenciones quirúrgicas, solicitudes de la propia defensa, derechos del personal judicial y la carga de trabajo de los tribunales no pueden atribuirse al órgano persecutor.
Citó como precedente la resolución del mismo tribunal del 17 de marzo de 2025 en el caso contra Juan Alexis Medina Sánchez, cuando también fue rechazada una solicitud similar.
Según la funcionaria, el retraso alegado responde a una estrategia dilatoria de las defensas, y mencionó que una de ellas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones.
Santo Domingo, R.D.-Fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos por la República Dominicana David Armando Brito Brito (El Jamaquen) acusado de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos.
Se recuerda que la Procuraduría General de la República (PGR) informó del arresto de este hombre el pasado mes de mayo, tras varios allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia en seguimiento a la Operación PT7.
La autorización de la extradición de David Armando Brito Brito se realizó a través del decreto 346-26 y salió del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde fue entregado a oficiales estadounidenses que lo trasladaron bajo custodia hacia Puerto Rico para responder en un tribunal las acusaciones que pesan en su contra.
El dominicano se enfrenta cargos de continuación de organización criminal, conspiración para importar hacia los Estados Unidos, desde un lugar fuera de su territorio, cinco kilogramos o más de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína, posesión de armas de fuego, conspiración para cometer delito de lavado de activos, entre otras acusaciones.
“La captura y posterior extradición del dominicano es parte del trabajo conjunto, la cooperación y el intercambio constante de información entre la Republica Dominicana y Estados Unidos para capturar a fugitivos buscados por cometer delitos de narcotráfico, fraudes, lavado, asesinatos, violaciones, entre otros”, explicaron las autoridades.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de la República Dominicana aclararon que el informe de la Casa Blanca titulado “La Gran Estafa del Transbordo”, el cual analiza prácticas ilegales mediante las cuales mercancías procedentes de países con aranceles más altos, especialmente China, podrían ser enviadas a terceros países para luego reexportarse a los Estados Unidos, no involucra, en términos generales al país en acciones ilícitas de esa naturaleza.
A través de un comunicado, enviado desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se informó que el informe no impone ni anuncia ningún tipo de sanción, penalidad, restricción comercial o medida arancelaria contra el país. Lo que hace es identificar riesgos potenciales asociados a determinadas rutas, productos y plataformas logísticas en más de 40 países.
El MICM señala que en el caso específico de República Dominicana, el informe la ubica dentro de un grupo de economías de menor escala que, por contar con zonas francas, infraestructura portuaria y logística, capacidad de manufactura especializada y acceso preferencial al mercado estadounidense, pudieran resultar atractivas para operadores ilícitos.
“La República Dominicana es una plataforma real de manufactura, zonas francas y logística. Aquí existen plantas, inversión, trabajadores dominicanos y procesos productivos que generan valor antes de exportar a los Estados Unidos. Una cosa es triangulación ilícita y otra muy distinta es manufactura legítima, inversión productiva y nearshoring”, expresó el Ministerio.
El MICM subrayó que comparte plenamente el objetivo de los Estados Unidos de impedir que cualquier empresa utilice territorio dominicano para evadir ilegalmente aranceles, falsear el origen de una mercancía, reetiquetar productos o vulnerar compromisos comerciales asumidos con socios estratégicos.
“Si existe alguna operación irregular, la República Dominicana es la primera interesada en identificarla, corregirla y sancionarla conforme a la ley. Nuestro país no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de mercancías, evadir aranceles o afectar la confianza de nuestros socios comerciales”, indicó la institución.
El Ministerio señaló que las empresas que participan en la cadena logística internacional, así como en los servicios y la manufactura de exportación, están sujetas a procesos de verificación, fiscalización y cumplimiento que procuran asegurar que las operaciones respondan a producción real, transformación sustancial cuando corresponda y documentación trazable.
Asimismo, el MICM informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades aduaneras y comerciales nacionales, y que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses competentes para entender los indicadores específicos señalados en el informe y fortalecer aún más la trazabilidad, los controles y los mecanismos de cooperación bilateral.
“El objetivo del Gobierno dominicano es claro: distinguir entre la triangulación ilegal y la producción legítima que ocurre cuando una empresa invierte, produce, emplea dominicanos y transforma bienes en la República Dominicana. Esa distinción es fundamental para proteger la reputación del país, defender el comercio formal y preservar la confianza de nuestros socios comerciales”, agregó el MICM.
El Ministerio reafirmó que continuará respaldando toda iniciativa orientada a proteger la integridad del comercio internacional, combatir las prácticas ilícitas y consolidar a la República Dominicana como destino confiable para la manufactura, la logística, las zonas francas, el nearshoring y las exportaciones.