Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Nacionales
Narcos dejaron muchos rastros a agentes de la DEA
Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Justo de esto se ocupan, día y noche, las agencias de inteligencia y la justicia de Estados Unidos, que en su momento oportuno habrán de arruinarles todo, llevándoles a su más aterrador destino: Extradición y cárcel.
Siempre afrontan los peligros y protegen sus negocios, hasta el extremo de matar, pero temen más que “el mismo diablo a la cruz” alcanzar el despreciable escenario de extradición y la cárcel en territorio estadounidense.
Y es que terminar en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos es una cuestión angustiante para los narcos. Desde su arresto, su presencia en audiencias y de final el viaje en condición de extraditados, el rostro de los dominicanos reclamados por ese país siempre dibuja la misma estampa de turbación.
Allí habrán de cumplir sus penas en aislación casi total del mundo exterior, las visitas sometidas a controles y una angustiosa vigilancia. Aquí, en contrario, sería otra historia contada a cánticos y rituales, pero en ese lugar el poder y el dinero no tuercen las reglas ni el orden.
Y eso lo saben de ellos al dedillo los fiscales estadounidenses que dirigen allí la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal pública. Conocen de sus debilidades, individuos fáciles de domar y que, cuando caen en las manos poderosas de la justicia, se convierten en primeras piezas de dominó, lista para, a primer toque, forzar la caída del resto.
El descuido casi total de los narcos dominicanos mientras manejan sus negocios de tráfico de drogas ha quedado nueva vez en evidencia tras el desmantelamiento de la red liderada por César ‘El Abusador’ Emilio Peralta.
Mientras centraba su atención en su quehacer criminal, esta cofradía desatendió detalles que son, a lo justo, el patrón básico de trabajo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), basado en la colección de datos de inteligencia por sus agentes, trabajo de infiltración, data con confecciones y delaciones negociadas con individuos capturados, para reducirles sus condenas.
También recurre a las interceptaciones telefónicas y, como estrategia brillante, fomentan planes de intrigas entre grupos rivales, para crear fricciones y enfrentamientos, en lo que parece aplicar tres de cinco factores críticos del libro “El Arte de la guerra”, del escritor y estratega militar chino Sun Tzu: Ataque, alianzas, estrategia.
Otro dato clave para acabar con las estructuras criminales es la concesión de libertad de operaciones a grupos de narcos, que a su vez aportan datos de sus contrarios para sacarlos del mercado y asumir sus puestos.
A pesar de sus habilidades para manejar el negocio de narcotráfico, inadvirtieron que conversaciones comprometedoras tratadas a través de sus móviles les fueron grabadas en al menos 25 interceptaciones legales de agencias de Estados Unidos y entes locales.
Sus movimientos eran puntualmente monitoreados. Sus torpes figureos a través de redes sociales fueron el colmo. De entre los menos expuestos y ostentosos figura Toño Leña, que, contrario a la vestimenta, autos y viajes de “El Abusador” al exterior, lucía vestido con ropa de bajo costo.
El encontronazo entre Toño Leña y El Abusador, por deudas de drogas, fue usado como elemento útil para agitar sus conflictos, generar un enfrentamiento, debilitarlos, vigilarnos y, finalmente, dar el golpe demoledor para arruinar su existencia como grupo criminal. Gran parte de cuanto conocen los fiscales dominicanos sobre estas estructuras de narcotráfico les llega de las agencias de investigación antidrogas local y, casi exclusivamente, de los organismos estadounidenses.
Los aportes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) son poderosamente decisivos en toda acción planificada aquí contra el narcotráfico .
Los dominicanos en fila de extradición a Estados Unidos, deben atravesar un complicado proceso, antes y después de ser enviados a ese país.
Justicia y delación
La justicia de Estados Unidos se basa en los beneficios de la delación. El poder de un fiscal le permite imputar a un narco y decidir una negociación en términos jurídicos.
Los fiscales tratan con los imputados el caso de las penas, que, en el caso de declararse culpables de los cargos se les reducen, igual si delata a otro. Regularmente ha ocurrido que cuando un narco dominicano logra acuerdos, con penas negociadas, se produce por estos hechos. Así, mientras hacen su tiempo en prisión, las autoridades empiezan a perseguir y arrestar a los delatados. Ese es el efecto del negocio.
Para poner en marcha una negociación, el acusado firma una autorización a un abogado para que lo represente ante un fiscal en Estados Unidos. Tras ser alcanzado el trato, sustentado en confesar todo su caso y delatar a otros, advertido de que, si miente, el acuerdo se va al suelo y entonces le cae encima la máxima total.
Todo acordado, el narco aceptando las condiciones, entonces el fiscal trata con el juez la aprobación o no del preacuerdo. Si es aceptado por el magistrado, el fiscal recurre al “Blitz Committee”, donde se define cuál agencia asume el caso en contra del acusado.
Este preacuerdo es estudiado por el comité, luego le entrega al abogado defensor del narco una carta de inmunidad, que le permite a éste reunión libre con el fiscal y agentes federales para conversar sobre su caso.
Ya ante las autoridades federales, el acusado negocia el mínimo de su pena e informa lo que está dispuesto a revelar en juicio.
De llegar a algún acuerdo, de inmediato empieza el proceso de extradición y el juicio en Estados Unidos. Todo esto va acompañado de beneficios tales como cambio de identidad, acceso al programa de protección para el narco y su familia y de libertad inmediata.
El mayor temor de un narco es la extradición, y esto lo revelan dos de los más violentos narcotraficantes de la historia. Uno está muerto y otro entre rejas en Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua: Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, dijo en su momento Pablo Escobar.
Una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos es causante de miedo y temor, en una aislación casi total del exterior, con visitas controladas y permanentemente vigiladas. Allí, la afrenta del poder y el dinero tiene puertas cerradas, porque mancha la dignidad, el honor y la credibilidad.
INVESTIGACIONES LA DEA
La Administración para el Control de Drogas(DEA) es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en ese país, además del lavado de activos. Comparte jurisdicción con el FBI en el ámbito interno, pero es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidrogas en el extranjero.
El FBI
El Buró Federal de Investigaciones es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.El artículo 28 del Código estadounidense autoriza, en su sección 533, al secretario de Justicia a “designar a funcionarios para descubrir delitos […] contra los Estados Unidos”. Tiene jurisdicción investigadora sobre más de 200 categorías de delitos federales.
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Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
En ese orden, el ingeniero explicó que el objetivo actual es acelerar la ejecución de los trabajos. Para tales fines, se habilitarán tres frentes de construcción: uno desde Santiago hacia Puerto Plata, otro desde Puerto Plata hacia Santiago y un tercero desde el tramo central de la vía.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
La funcionaria también agradeció el respaldo del sector empresarial al proyecto y aseguró que el Gobierno impulsa soluciones orientadas a acompañar ese crecimiento de la región mediante la construcción y ampliación de carreteras, puentes y otras obras estratégicas.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Sin embargo, no pudieron impedir que los legisladores oficialistas le permitieran a la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader acudir a las entidades financieras internacionales.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
“Intervendrán puntos críticos en corredores troncales, infraestructuras para entornos escolares seguros e implementará acciones prioritarias para la siniestralidad”, versa el texto del documento que presentó Paulino en la sesión.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.