Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Nacionales
Narcos dejaron muchos rastros a agentes de la DEA
Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Justo de esto se ocupan, día y noche, las agencias de inteligencia y la justicia de Estados Unidos, que en su momento oportuno habrán de arruinarles todo, llevándoles a su más aterrador destino: Extradición y cárcel.
Siempre afrontan los peligros y protegen sus negocios, hasta el extremo de matar, pero temen más que “el mismo diablo a la cruz” alcanzar el despreciable escenario de extradición y la cárcel en territorio estadounidense.
Y es que terminar en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos es una cuestión angustiante para los narcos. Desde su arresto, su presencia en audiencias y de final el viaje en condición de extraditados, el rostro de los dominicanos reclamados por ese país siempre dibuja la misma estampa de turbación.
Allí habrán de cumplir sus penas en aislación casi total del mundo exterior, las visitas sometidas a controles y una angustiosa vigilancia. Aquí, en contrario, sería otra historia contada a cánticos y rituales, pero en ese lugar el poder y el dinero no tuercen las reglas ni el orden.
Y eso lo saben de ellos al dedillo los fiscales estadounidenses que dirigen allí la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal pública. Conocen de sus debilidades, individuos fáciles de domar y que, cuando caen en las manos poderosas de la justicia, se convierten en primeras piezas de dominó, lista para, a primer toque, forzar la caída del resto.
El descuido casi total de los narcos dominicanos mientras manejan sus negocios de tráfico de drogas ha quedado nueva vez en evidencia tras el desmantelamiento de la red liderada por César ‘El Abusador’ Emilio Peralta.
Mientras centraba su atención en su quehacer criminal, esta cofradía desatendió detalles que son, a lo justo, el patrón básico de trabajo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), basado en la colección de datos de inteligencia por sus agentes, trabajo de infiltración, data con confecciones y delaciones negociadas con individuos capturados, para reducirles sus condenas.
También recurre a las interceptaciones telefónicas y, como estrategia brillante, fomentan planes de intrigas entre grupos rivales, para crear fricciones y enfrentamientos, en lo que parece aplicar tres de cinco factores críticos del libro “El Arte de la guerra”, del escritor y estratega militar chino Sun Tzu: Ataque, alianzas, estrategia.
Otro dato clave para acabar con las estructuras criminales es la concesión de libertad de operaciones a grupos de narcos, que a su vez aportan datos de sus contrarios para sacarlos del mercado y asumir sus puestos.
A pesar de sus habilidades para manejar el negocio de narcotráfico, inadvirtieron que conversaciones comprometedoras tratadas a través de sus móviles les fueron grabadas en al menos 25 interceptaciones legales de agencias de Estados Unidos y entes locales.
Sus movimientos eran puntualmente monitoreados. Sus torpes figureos a través de redes sociales fueron el colmo. De entre los menos expuestos y ostentosos figura Toño Leña, que, contrario a la vestimenta, autos y viajes de “El Abusador” al exterior, lucía vestido con ropa de bajo costo.
El encontronazo entre Toño Leña y El Abusador, por deudas de drogas, fue usado como elemento útil para agitar sus conflictos, generar un enfrentamiento, debilitarlos, vigilarnos y, finalmente, dar el golpe demoledor para arruinar su existencia como grupo criminal. Gran parte de cuanto conocen los fiscales dominicanos sobre estas estructuras de narcotráfico les llega de las agencias de investigación antidrogas local y, casi exclusivamente, de los organismos estadounidenses.
Los aportes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) son poderosamente decisivos en toda acción planificada aquí contra el narcotráfico .
Los dominicanos en fila de extradición a Estados Unidos, deben atravesar un complicado proceso, antes y después de ser enviados a ese país.
Justicia y delación
La justicia de Estados Unidos se basa en los beneficios de la delación. El poder de un fiscal le permite imputar a un narco y decidir una negociación en términos jurídicos.
Los fiscales tratan con los imputados el caso de las penas, que, en el caso de declararse culpables de los cargos se les reducen, igual si delata a otro. Regularmente ha ocurrido que cuando un narco dominicano logra acuerdos, con penas negociadas, se produce por estos hechos. Así, mientras hacen su tiempo en prisión, las autoridades empiezan a perseguir y arrestar a los delatados. Ese es el efecto del negocio.
Para poner en marcha una negociación, el acusado firma una autorización a un abogado para que lo represente ante un fiscal en Estados Unidos. Tras ser alcanzado el trato, sustentado en confesar todo su caso y delatar a otros, advertido de que, si miente, el acuerdo se va al suelo y entonces le cae encima la máxima total.
Todo acordado, el narco aceptando las condiciones, entonces el fiscal trata con el juez la aprobación o no del preacuerdo. Si es aceptado por el magistrado, el fiscal recurre al “Blitz Committee”, donde se define cuál agencia asume el caso en contra del acusado.
Este preacuerdo es estudiado por el comité, luego le entrega al abogado defensor del narco una carta de inmunidad, que le permite a éste reunión libre con el fiscal y agentes federales para conversar sobre su caso.
Ya ante las autoridades federales, el acusado negocia el mínimo de su pena e informa lo que está dispuesto a revelar en juicio.
De llegar a algún acuerdo, de inmediato empieza el proceso de extradición y el juicio en Estados Unidos. Todo esto va acompañado de beneficios tales como cambio de identidad, acceso al programa de protección para el narco y su familia y de libertad inmediata.
El mayor temor de un narco es la extradición, y esto lo revelan dos de los más violentos narcotraficantes de la historia. Uno está muerto y otro entre rejas en Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua: Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, dijo en su momento Pablo Escobar.
Una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos es causante de miedo y temor, en una aislación casi total del exterior, con visitas controladas y permanentemente vigiladas. Allí, la afrenta del poder y el dinero tiene puertas cerradas, porque mancha la dignidad, el honor y la credibilidad.
INVESTIGACIONES LA DEA
La Administración para el Control de Drogas(DEA) es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en ese país, además del lavado de activos. Comparte jurisdicción con el FBI en el ámbito interno, pero es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidrogas en el extranjero.
El FBI
El Buró Federal de Investigaciones es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.El artículo 28 del Código estadounidense autoriza, en su sección 533, al secretario de Justicia a “designar a funcionarios para descubrir delitos […] contra los Estados Unidos”. Tiene jurisdicción investigadora sobre más de 200 categorías de delitos federales.
LISTINDIARIO.COM
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.