Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Nacionales
Narcos dejaron muchos rastros a agentes de la DEA
Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Justo de esto se ocupan, día y noche, las agencias de inteligencia y la justicia de Estados Unidos, que en su momento oportuno habrán de arruinarles todo, llevándoles a su más aterrador destino: Extradición y cárcel.
Siempre afrontan los peligros y protegen sus negocios, hasta el extremo de matar, pero temen más que “el mismo diablo a la cruz” alcanzar el despreciable escenario de extradición y la cárcel en territorio estadounidense.
Y es que terminar en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos es una cuestión angustiante para los narcos. Desde su arresto, su presencia en audiencias y de final el viaje en condición de extraditados, el rostro de los dominicanos reclamados por ese país siempre dibuja la misma estampa de turbación.
Allí habrán de cumplir sus penas en aislación casi total del mundo exterior, las visitas sometidas a controles y una angustiosa vigilancia. Aquí, en contrario, sería otra historia contada a cánticos y rituales, pero en ese lugar el poder y el dinero no tuercen las reglas ni el orden.
Y eso lo saben de ellos al dedillo los fiscales estadounidenses que dirigen allí la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal pública. Conocen de sus debilidades, individuos fáciles de domar y que, cuando caen en las manos poderosas de la justicia, se convierten en primeras piezas de dominó, lista para, a primer toque, forzar la caída del resto.
El descuido casi total de los narcos dominicanos mientras manejan sus negocios de tráfico de drogas ha quedado nueva vez en evidencia tras el desmantelamiento de la red liderada por César ‘El Abusador’ Emilio Peralta.
Mientras centraba su atención en su quehacer criminal, esta cofradía desatendió detalles que son, a lo justo, el patrón básico de trabajo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), basado en la colección de datos de inteligencia por sus agentes, trabajo de infiltración, data con confecciones y delaciones negociadas con individuos capturados, para reducirles sus condenas.
También recurre a las interceptaciones telefónicas y, como estrategia brillante, fomentan planes de intrigas entre grupos rivales, para crear fricciones y enfrentamientos, en lo que parece aplicar tres de cinco factores críticos del libro “El Arte de la guerra”, del escritor y estratega militar chino Sun Tzu: Ataque, alianzas, estrategia.
Otro dato clave para acabar con las estructuras criminales es la concesión de libertad de operaciones a grupos de narcos, que a su vez aportan datos de sus contrarios para sacarlos del mercado y asumir sus puestos.
A pesar de sus habilidades para manejar el negocio de narcotráfico, inadvirtieron que conversaciones comprometedoras tratadas a través de sus móviles les fueron grabadas en al menos 25 interceptaciones legales de agencias de Estados Unidos y entes locales.
Sus movimientos eran puntualmente monitoreados. Sus torpes figureos a través de redes sociales fueron el colmo. De entre los menos expuestos y ostentosos figura Toño Leña, que, contrario a la vestimenta, autos y viajes de “El Abusador” al exterior, lucía vestido con ropa de bajo costo.
El encontronazo entre Toño Leña y El Abusador, por deudas de drogas, fue usado como elemento útil para agitar sus conflictos, generar un enfrentamiento, debilitarlos, vigilarnos y, finalmente, dar el golpe demoledor para arruinar su existencia como grupo criminal. Gran parte de cuanto conocen los fiscales dominicanos sobre estas estructuras de narcotráfico les llega de las agencias de investigación antidrogas local y, casi exclusivamente, de los organismos estadounidenses.
Los aportes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) son poderosamente decisivos en toda acción planificada aquí contra el narcotráfico .
Los dominicanos en fila de extradición a Estados Unidos, deben atravesar un complicado proceso, antes y después de ser enviados a ese país.
Justicia y delación
La justicia de Estados Unidos se basa en los beneficios de la delación. El poder de un fiscal le permite imputar a un narco y decidir una negociación en términos jurídicos.
Los fiscales tratan con los imputados el caso de las penas, que, en el caso de declararse culpables de los cargos se les reducen, igual si delata a otro. Regularmente ha ocurrido que cuando un narco dominicano logra acuerdos, con penas negociadas, se produce por estos hechos. Así, mientras hacen su tiempo en prisión, las autoridades empiezan a perseguir y arrestar a los delatados. Ese es el efecto del negocio.
Para poner en marcha una negociación, el acusado firma una autorización a un abogado para que lo represente ante un fiscal en Estados Unidos. Tras ser alcanzado el trato, sustentado en confesar todo su caso y delatar a otros, advertido de que, si miente, el acuerdo se va al suelo y entonces le cae encima la máxima total.
Todo acordado, el narco aceptando las condiciones, entonces el fiscal trata con el juez la aprobación o no del preacuerdo. Si es aceptado por el magistrado, el fiscal recurre al “Blitz Committee”, donde se define cuál agencia asume el caso en contra del acusado.
Este preacuerdo es estudiado por el comité, luego le entrega al abogado defensor del narco una carta de inmunidad, que le permite a éste reunión libre con el fiscal y agentes federales para conversar sobre su caso.
Ya ante las autoridades federales, el acusado negocia el mínimo de su pena e informa lo que está dispuesto a revelar en juicio.
De llegar a algún acuerdo, de inmediato empieza el proceso de extradición y el juicio en Estados Unidos. Todo esto va acompañado de beneficios tales como cambio de identidad, acceso al programa de protección para el narco y su familia y de libertad inmediata.
El mayor temor de un narco es la extradición, y esto lo revelan dos de los más violentos narcotraficantes de la historia. Uno está muerto y otro entre rejas en Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua: Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, dijo en su momento Pablo Escobar.
Una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos es causante de miedo y temor, en una aislación casi total del exterior, con visitas controladas y permanentemente vigiladas. Allí, la afrenta del poder y el dinero tiene puertas cerradas, porque mancha la dignidad, el honor y la credibilidad.
INVESTIGACIONES LA DEA
La Administración para el Control de Drogas(DEA) es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en ese país, además del lavado de activos. Comparte jurisdicción con el FBI en el ámbito interno, pero es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidrogas en el extranjero.
El FBI
El Buró Federal de Investigaciones es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.El artículo 28 del Código estadounidense autoriza, en su sección 533, al secretario de Justicia a “designar a funcionarios para descubrir delitos […] contra los Estados Unidos”. Tiene jurisdicción investigadora sobre más de 200 categorías de delitos federales.
LISTINDIARIO.COM
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.