Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Nacionales
Narcos dejaron muchos rastros a agentes de la DEA
Santo Domingo, RD.- Mientras su ego y poder engrandecen, disfrutando de una radiante vida de príncipes con sus espléndidos negocios de droga, amasando dinero y propiedades, y gozando de los encantos del ambiente de la alta sociedad, narcos dominicanos parecen desestimar detalles vitales para su estabilidad y coexistencia, sin percibir los riesgos de tal ofuscación.Justo de esto se ocupan, día y noche, las agencias de inteligencia y la justicia de Estados Unidos, que en su momento oportuno habrán de arruinarles todo, llevándoles a su más aterrador destino: Extradición y cárcel.
Siempre afrontan los peligros y protegen sus negocios, hasta el extremo de matar, pero temen más que “el mismo diablo a la cruz” alcanzar el despreciable escenario de extradición y la cárcel en territorio estadounidense.
Y es que terminar en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos es una cuestión angustiante para los narcos. Desde su arresto, su presencia en audiencias y de final el viaje en condición de extraditados, el rostro de los dominicanos reclamados por ese país siempre dibuja la misma estampa de turbación.
Allí habrán de cumplir sus penas en aislación casi total del mundo exterior, las visitas sometidas a controles y una angustiosa vigilancia. Aquí, en contrario, sería otra historia contada a cánticos y rituales, pero en ese lugar el poder y el dinero no tuercen las reglas ni el orden.
Y eso lo saben de ellos al dedillo los fiscales estadounidenses que dirigen allí la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal pública. Conocen de sus debilidades, individuos fáciles de domar y que, cuando caen en las manos poderosas de la justicia, se convierten en primeras piezas de dominó, lista para, a primer toque, forzar la caída del resto.
El descuido casi total de los narcos dominicanos mientras manejan sus negocios de tráfico de drogas ha quedado nueva vez en evidencia tras el desmantelamiento de la red liderada por César ‘El Abusador’ Emilio Peralta.
Mientras centraba su atención en su quehacer criminal, esta cofradía desatendió detalles que son, a lo justo, el patrón básico de trabajo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), basado en la colección de datos de inteligencia por sus agentes, trabajo de infiltración, data con confecciones y delaciones negociadas con individuos capturados, para reducirles sus condenas.
También recurre a las interceptaciones telefónicas y, como estrategia brillante, fomentan planes de intrigas entre grupos rivales, para crear fricciones y enfrentamientos, en lo que parece aplicar tres de cinco factores críticos del libro “El Arte de la guerra”, del escritor y estratega militar chino Sun Tzu: Ataque, alianzas, estrategia.
Otro dato clave para acabar con las estructuras criminales es la concesión de libertad de operaciones a grupos de narcos, que a su vez aportan datos de sus contrarios para sacarlos del mercado y asumir sus puestos.
A pesar de sus habilidades para manejar el negocio de narcotráfico, inadvirtieron que conversaciones comprometedoras tratadas a través de sus móviles les fueron grabadas en al menos 25 interceptaciones legales de agencias de Estados Unidos y entes locales.
Sus movimientos eran puntualmente monitoreados. Sus torpes figureos a través de redes sociales fueron el colmo. De entre los menos expuestos y ostentosos figura Toño Leña, que, contrario a la vestimenta, autos y viajes de “El Abusador” al exterior, lucía vestido con ropa de bajo costo.
El encontronazo entre Toño Leña y El Abusador, por deudas de drogas, fue usado como elemento útil para agitar sus conflictos, generar un enfrentamiento, debilitarlos, vigilarnos y, finalmente, dar el golpe demoledor para arruinar su existencia como grupo criminal. Gran parte de cuanto conocen los fiscales dominicanos sobre estas estructuras de narcotráfico les llega de las agencias de investigación antidrogas local y, casi exclusivamente, de los organismos estadounidenses.
Los aportes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) son poderosamente decisivos en toda acción planificada aquí contra el narcotráfico .
Los dominicanos en fila de extradición a Estados Unidos, deben atravesar un complicado proceso, antes y después de ser enviados a ese país.
Justicia y delación
La justicia de Estados Unidos se basa en los beneficios de la delación. El poder de un fiscal le permite imputar a un narco y decidir una negociación en términos jurídicos.
Los fiscales tratan con los imputados el caso de las penas, que, en el caso de declararse culpables de los cargos se les reducen, igual si delata a otro. Regularmente ha ocurrido que cuando un narco dominicano logra acuerdos, con penas negociadas, se produce por estos hechos. Así, mientras hacen su tiempo en prisión, las autoridades empiezan a perseguir y arrestar a los delatados. Ese es el efecto del negocio.
Para poner en marcha una negociación, el acusado firma una autorización a un abogado para que lo represente ante un fiscal en Estados Unidos. Tras ser alcanzado el trato, sustentado en confesar todo su caso y delatar a otros, advertido de que, si miente, el acuerdo se va al suelo y entonces le cae encima la máxima total.
Todo acordado, el narco aceptando las condiciones, entonces el fiscal trata con el juez la aprobación o no del preacuerdo. Si es aceptado por el magistrado, el fiscal recurre al “Blitz Committee”, donde se define cuál agencia asume el caso en contra del acusado.
Este preacuerdo es estudiado por el comité, luego le entrega al abogado defensor del narco una carta de inmunidad, que le permite a éste reunión libre con el fiscal y agentes federales para conversar sobre su caso.
Ya ante las autoridades federales, el acusado negocia el mínimo de su pena e informa lo que está dispuesto a revelar en juicio.
De llegar a algún acuerdo, de inmediato empieza el proceso de extradición y el juicio en Estados Unidos. Todo esto va acompañado de beneficios tales como cambio de identidad, acceso al programa de protección para el narco y su familia y de libertad inmediata.
El mayor temor de un narco es la extradición, y esto lo revelan dos de los más violentos narcotraficantes de la historia. Uno está muerto y otro entre rejas en Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua: Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, dijo en su momento Pablo Escobar.
Una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos es causante de miedo y temor, en una aislación casi total del exterior, con visitas controladas y permanentemente vigiladas. Allí, la afrenta del poder y el dinero tiene puertas cerradas, porque mancha la dignidad, el honor y la credibilidad.
INVESTIGACIONES LA DEA
La Administración para el Control de Drogas(DEA) es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en ese país, además del lavado de activos. Comparte jurisdicción con el FBI en el ámbito interno, pero es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidrogas en el extranjero.
El FBI
El Buró Federal de Investigaciones es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.El artículo 28 del Código estadounidense autoriza, en su sección 533, al secretario de Justicia a “designar a funcionarios para descubrir delitos […] contra los Estados Unidos”. Tiene jurisdicción investigadora sobre más de 200 categorías de delitos federales.
LISTINDIARIO.COM
Nacionales
Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas
Por redacción
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.
El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.
“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.
El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.
Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas
Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.
Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.
El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.
La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.
Cuestiona exhibición de armas en redes sociales
Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.
El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.
Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.
Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.
Policía también exhorta a entregarse
Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.
Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.
La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.
Debate por actuaciones policiales
El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.
Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.
El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.
Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.
Por redacción
Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.
La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.
Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.
Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.
Investigación continuará
Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.
El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.
No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.
Ocho imputados cumplirán prisión preventiva
El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Arresto domiciliario para otros procesados
El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.
En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.
Garantías de un millón de pesos
El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.
Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.
Ministerio Público atribuye varios delitos
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.
Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Caso fue declarado complejo
Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.
El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.